El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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La Masacre de Camargo: El recordatorio de la impunidad sistémica en México

Ana Lorena Delgadillo Pérez*

El 23 de enero de 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados y con impactos de bala en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Estado de Tamaulipas. Los hechos, que habrían ocurrido el día 22, fueron reportado por policías estatales en base a una alerta ciudadana. Desde que se dieron a conocer los hechos, se presumió que algunas de las víctimas eran migrantes guatemaltecos originarios de Comitancillo (San Marcos, Guatemala), pues personas originarias de este lugar reportaron haber recibido llamadas indicando que sus familiares eran parte de las víctimas. Las autoridades de Guatemala procedieron a la toma de muestras para su envío a México y las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades de Tamaulipas. El primero de febrero, se difundió en prensa que la Fiscalía General de República de México había iniciado también un expediente de investigación, debido a que uno de los 2 vehículos localizados era propiedad del Instituto Nacional de Migración. El 2 de febrero se dio a conocer la posible implicación de 12 policías estatales en los hechos.

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La violencia que no cesa, la protección que no alcanza

Jan Jarab

Artículo publicado originalmente en La Jornada

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Foto: AFP

En términos de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, los primeros cuatro meses de 2017 han sido escalofriantes: por lo menos seis asesinatos de periodistas, dos de activistas y dos escoltas de beneficiarios del mecanismo nacional de protección. Pero la pesadilla parece no tener fin. En los días recientes, en menos de una semana se suman dos nuevas víctimas: una protagonista del movimiento de familias de personas desaparecidas de Tamaulipas, Miriam Rodríguez, y el destacado periodista Javier Valdez en la capital de Sinaloa.

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Caso Odebrecht en el Perú: ¿Corrupción trasnacional e impunidad nacional?

David Lovatón Palacios

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

Lawyer giving gavel to businessman for money.

El andamiaje corruptor transnacional que logró construir y operar la empresa Odebrecht del Brasil durante muchos años en América Latina y otros continentes, ha sido puesto al descubierto, primero por el valiente trabajo de jueces y fiscales brasileños y luego por los millonarios acuerdos a los que esta empresa se ha visto obligada a llegar con los Gobiernos de Estados Unidos y Suiza, para no quedar como un paria empresarial y financiero en el mundo. Sus más altos directivos y propietarios ya han sido condenados o vienen siendo procesados judicialmente en el Brasil y muchos de los altos funcionarios brasileños que recibieron sobornos, vienen siendo detenidos e investigados gracias al sistema de la “delación premiada”, que permite a los responsables reducir su pena si delatan a otras personas.

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De la locura a la impunidad: la paz pendiente en El Salvador

Por: Sol Yáñez

Doctora en psicología social, catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana “Jose Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador

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Foto: El Tiempo Latino

En El Salvador, tras los acuerdos de paz y durante el postconflicto, cuando se habla del dolor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la impunidad construida -que cristaliza el trauma psicosocial-, el discurso oficial ha exigido que no se abran las heridas, que hay que olvidar. Y la respuesta de las víctimas y de sus familiares siempre ha sido la misma: ¿qué se va a abrir, si las heridas nunca se cerraron? Siguen abiertas. Esas heridas son las que convocan este artículo.

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La necesidad imperiosa de justicia en el Caso Jesuitas

Por  la Fundación de Estudios  para la  Aplicación del Derecho (FESPAD)

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Foto: Contrapunto

 

  1. Antecedentes

Uno de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, fue el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en 1989, ordenado y posteriormente encubierto por el alto mando del ejército de la época, según lo que determinó la Comisión de la Verdad, y que luego fue ratificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Junto con otras graves violaciones a derechos humanos, constituye una etapa oscura en la historia del país, que no debería olvidarse, sino más bien nunca más repetirse

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Las elecciones presidenciales en Guatemala y la justicia

Por: Fundación  Myrna Mack

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Foto:Christian Van Der Henst

 

Como se sabe ampliamente, en el mes de abril de 2015, el Ministerio Público con el acompañamiento del Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG- y la Policía Nacional Civil, capturaron a los integrantes de una red criminal de defraudación aduanera denominada “La Línea”. Dicha red era integrada por personas particulares, empresarios y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dirigidos por Juan Carlos Monzón, el entonces secretario privado de la Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.

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LO DIJO CASANDRA

Por: Jorge Israel Hernández[1] 

Foto: Daniel Cima/CIDH
Foto: Daniel Cima/CIDH

Con miras al informe final de la visita de la CIDH a México y dar seguimiento a sus recomendaciones, la presencia de casos de violaciones a los derechos humanos ocupan la prensa en una carrera contra el olvido. No es la primera vez que la CIDH hace advertencias a México, como en el informe de 1998 cuyos tópicos, 17 años después, vuelven a cobrar vigencia.

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Más CICIG, el tiempo que sea necesario

Autora: Anabella Sibrián*

IMG_2355La importancia de la CICIG, la comisión de las Naciones Unidas que coopera con la fiscalía guatemalteca desde 2007 dirigida los últimos 20 meses por el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, resurgió ante la opinión pública precisamente cuando las estructuras del crimen y la impunidad que han mantenido capturado al Estado de Guatemala creían haber ganado terreno y se preparaban para expulsarla de una vez por todas del país. Seguir leyendo