La Masacre de Camargo: El recordatorio de la impunidad sistémica en México

Ana Lorena Delgadillo Pérez*

El 23 de enero de 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados y con impactos de bala en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Estado de Tamaulipas. Los hechos, que habrían ocurrido el día 22, fueron reportado por policías estatales en base a una alerta ciudadana. Desde que se dieron a conocer los hechos, se presumió que algunas de las víctimas eran migrantes guatemaltecos originarios de Comitancillo (San Marcos, Guatemala), pues personas originarias de este lugar reportaron haber recibido llamadas indicando que sus familiares eran parte de las víctimas. Las autoridades de Guatemala procedieron a la toma de muestras para su envío a México y las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades de Tamaulipas. El primero de febrero, se difundió en prensa que la Fiscalía General de República de México había iniciado también un expediente de investigación, debido a que uno de los 2 vehículos localizados era propiedad del Instituto Nacional de Migración. El 2 de febrero se dio a conocer la posible implicación de 12 policías estatales en los hechos.

Los recientes hechos ocurridos en Camargo Tamaulipas son un recordatorio imposible de ignorar: hasta ahora, no se han logrado desarticular las redes del crimen organizado -estatal y no estatal- que se beneficia del tráfico, asesinato, secuestro y desaparición de personas migrantes. Es claro el involucramiento de los diferentes niveles del Estado mexicano en estos hechos, con la participación de 12 policías del grupo de élite de la policía estatal de Tamaulipas en la masacre, y el hallazgo de una camioneta que anteriormente había sido retenida por el Instituto Nacional de Migración, en un operativo en una casa de seguridad donde había migrantes.

A pesar de que la masacre de Camargo encierra temas estructurales para nuestro país como la impunidad, la corrupción, el tráfico y la extorsión de las personas migrantes, en estos momentos a las autoridades -tanto de México como de Guatemala- les preocupa más apagar el fuego mediático que buscar soluciones de fondo. 

Este caso muestra complicidades y responsabilidades concretas que no han sido asumidas, ni por los gobiernos del pasado, ni los del presente: no se han depurado las policías estatales ni municipales en México; tampoco se ha querido depurar al Instituto Nacional de Migración. A esto se suma la falta de interés genuino de que las fiscalías funcionen e investiguen los delitos cometidos contra la población migrante.

Camargo es el recordatorio de arbitrariedades, irregularidades y violaciones a derechos humanos aún no resueltas en 4 masacres anteriores: entregas erróneas de cuerpos en la masacre de los 72 migrantes de 2010 y entregas de restos sin ningún tipo de información científica, donde hasta la fecha familias dudan que los restos recibidos sean de sus familiares y donde no se ha logrado por parte de FGR, SEGOB ni Relaciones Exteriores, un acuerdo con Guatemala para terminar con el dolor y la incertidumbre de estas familias. Camargo nos recuerda el peligro latente de la desaparición y confusión administrativa de restos, que pasaron de fosas clandestinas a fosas comunes en  la masacre de Tamaulipas 2, donde se localizaron al menos 195 restos en abril de 2011; Camargo nos recuerda el horror de haber visto, incluso por medio de un video grabado, que alguien arrojaba restos cercenados, 49 torsos, en una carretera de Cadereyta en Mayo de 2012; Camargo nos recuerda el silencio del hallazgo de 16 restos -entre ellos al menos 13 migrantes- en Güemez, Tamaulipas en el año 2015, masacre que pocos conocen y cuyas circunstancias dejan la duda permanente del involucramiento de agentes del Estado. Pensamos que ya no habría más, rogábamos por no volver a vivir estas historias de terror, en las que es tan difícil entender cómo puede ser tan despreciable para alguien, la vida de las personas.

La tragedia por la que atraviesa la población migrante en México no es responsabilidad sólo de este gobierno; la maquinara homicida, de violencia e impunidad contra la población migrante en tránsito, se construyó desde los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Andrés Manuel la permite y la continúa. Ni en el Ejecutivo, ni en la Fiscalía General ni en el INM existe un interés real para terminar con la corrupción y con la red de complicidades que lleva a estas masacres, simplemente dejan que pase, como lo hicieron gobiernos anteriores.

¿Quién recuerda a los 22 migrantes que fueron bajados de un bus en febrero de 2019? ¿Quién sabe si aparecieron, si hubo investigación y quiénes eran esos hombres encapuchados que los bajaron? Frente a estos hechos, la Fundación para la Justicia presentó una denuncia ante el entonces Subprocurador de Procedimientos Penales y Amparo de la FGR, Roberto Ochoa Romero, sosteniendo además reuniones para señalar la importancia de que se permitiera la coadyuvancia, sin que hubiera una respuesta de la institución. Caso mediático que quedó en el olvido. Eran migrantes.

Mientras las personas migrantes sigan representando una ganancia para los grupos criminales y para los servidores públicos coludidos, mientras no se ataque y se combata este beneficio económico, estos hechos seguirán ocurriendo.

La grave impunidad que rodea toda la violencia contra la población migrante, incluyendo la documentada contra la población bajo el programa “Quédate en México”, ocurre porque se niegan, ocultan o minimizan los hechos; ocurre porque se mantiene una maquinaria mortal integrada por muchas complicidades.

La reciente publicación del medio Animal Político, Tortura, asesinatos, violaciones: lo que la CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020, habla de información ocultada por dicha institución sobre graves violaciones a los derechos humanos contra las personas migrantes; recuerda los informes de 2009 y 2011 con cerca de 20,000 casos de secuestros de migrantes documentados, donde ya se hablaban de la complicidad y participación de agentes municipales, estatales, federales y del Instituto Nacional de Migración, en secuestros, desapariciones y extorsiones.

Frente a estos hechos, uno esperaría que todos los involucrados den una explicación clara y que existan acciones contundentes que pongan fin a estas atrocidades. No es suficiente que frente a los hechos de la masacre de Camargo la SEGOB emita un comunicado diciendo que ha cesado a quienes estuvieron involucrados en la retención de la camioneta encontrada incinerada: la red criminal de tráfico y trata de personas al interior del INM es mucho más grande que esas 8 personas cesadas. No es suficiente que se vincule a proceso a 12 policías de Tamaulipas, sin que se investigue a fondo la cadena de mando y de complicidades estatales y federales. No queremos un linchamiento en CNDH sobre quién o cómo se filtró la información de secuestros, violaciones, homicidios y extorsiones a personas migrantes ocurridas en 2019 y 2020; queremos, necesitamos que se haga una investigación a fondo y una recomendación general, sobre la violencia cometida contra la población migrante y la impunidad que existe alrededor en los últimos años.

A pesar de que la Secretaria de Gobernación ha anunciado que existe toda la colaboración del gobierno en la masacre de Camargo, la Fiscalía General de la República ha negado investigarlos a raíz de la presentación de una denuncia hecha por diversas organizaciones de la sociedad civil -entre ellas la Fundación para la Justicia- casas de migrantes y comités de familiares de personas desaparecidas. A menos de 24 horas de haber hecho la petición, el titular de la Unidad de Migrantes de dicha institución señaló que la competencia era local por tratarse de homicidio y que no veían que hubiera competencia federal. No será la primera vez que la FGR niegue investigar algunos de los casos que más le duelen al país y a la región.

Una violencia tan cruel, tan permanente, tan histórica y tan impune en nuestro país contra las personas migrantes, sólo se mantiene con la complicidad de muchos, con su silencio, con su falta de compromiso y con la negación de los hechos. No es solamente un actor, una institución o un gobierno: es un sistema impune.

*Directora Ejecutiva en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Fotografía de AP Photo/Oliver de Ros, File. Germán y María Tomás, con la foto de su nieto Iván Gudiel, en su casa en Comitancillo, Guatemala. Germán y María creen que Iván Gudiel fue víctima en la masacre de Camargo.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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