Reformas a la Ley de Antejuicio en Guatemala: La pieza que falta para blindar la impunidad

Ursula Indacochea*

Es indudable que la rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando pensamos en los sistemas de justicia y en sus más altas autoridades, es fundamental mantener ese delicado equilibrio entre la responsabilidad y la garantía de la independencia judicial. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a los Parlamentos la atribución de realizar controles previos a la investigación penal, o directamente investigar y sancionar las conductas de las altas autoridades judiciales. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que el órgano legislativo garantiza la imparcialidad de este juicio, y que los jugadores parlamentarios no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.

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Perú: el Congreso aumenta condenas dictadas por los jueces

Luis Pásara*

Publicado originalmente en La Mula.

Una persona comete o no un delito cualquiera, es procesado y condenado por ello. La persona cumple la pena impuesta por la sentencia. Un tiempo después, una ley viene a modificar la condena, incrementándola de una manera determinada. No se trata de una ley que aumenta la pena para el delito –cambio que afectará a quienes lo cometan con posterioridad a la nueva ley– sino de una ley que ordena que quienes ya fueron condenados por un delito determinado deben sufrir una sanción adicional a la que el juez les impuso.

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Reformar la justicia en Perú: Nuevo intento

Luis Pásara*

Durante el mes de julio, una catarata de escándalos recayó sobre el sistema de justicia peruano. Una sucesión de “audios” que todavía siguen apareciendo han revelado conversaciones de un juez de segunda instancia que probarían relaciones delictivas con organizaciones criminales y otra serie de grabaciones sugieren que un juez de la Corte Suprema estaría asociado a diversos asuntos impropios del cargo. El primer juez se halla en detención provisional y el segundo ha sido suspendido del cargo mientras el Congreso decide su futuro.

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Reforma judicial y referendum en el Perú: Una solución democrática

Equipo DPLF

Durante las últimas semanas, se han hecho públicos graves actos de corrupción judicial en el Perú, a partir de interceptaciones telefónicas ordenadas judicialmente. Hasta el momento, ello ha generado la remoción de todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la detención preliminar del ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y otros implicados en una red de corrupción, la suspensión provisional de un magistrado supremo, la renuncia del Presidente del Poder Judicial, el pedido de renuncia del nuevo Fiscal de la Nación por parte de diversos sectores, entre otras dramáticas medidas. Se trata de una crisis institucional de la justicia solo comparable a la que el Perú vivió a fines del año 2000 a partir de los tristemente recordados “vladivideos”.

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Los retos pendientes del Ministerio Público de Bolivia

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Una de las innovaciones adoptadas por la constitución boliviana de 2009, fue la diferenciación de roles en las funciones de defensa del Estado y la sociedad. Así, la Procuraduría General del Estado es la institución encargada de defender y precautelar los intereses del Estado, mientras que al Ministerio Público se le encomienda la defensa de los intereses generales de la sociedad, dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Sigue leyendo

De Sepur Zarco a El Mozote: en búsqueda de la justicia con sentido de mujer

Leonor Arteaga*

Publicado originalmente en El Faro.

Todas somos Sepur Zarco, repetía una frase de la Alianza rompiendo el Silencio y la Impunidad, simbolizando así la solidaridad con las mujeres que vivieron repetidos abusos, trabajos forzados y violaciones sexuales que tomaron forma de esclavitud, en la base militar del mismo nombre, que operó entre 1982 y 1986, en el marco del conflicto armado en Guatemala. Todas ellas fueron abusadas mientras sus maridos, que reclamaban la tierra, habían sido desaparecidos, detenidos o asesinados. Sigue leyendo

La justiciabilidad de los DESCA bajo la Convención Americana

Sobre la necesidad de llenar los vacíos argumentativos de la sentencia Lagos del Campo vs. Perú

Daniel Cerqueira*

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Lagos del Campo vs. Perú, relacionado con el despido de un trabajador, como consecuencia de declaraciones críticas al directorio de su empresa, durante una entrevista. Tras impugnar su despido, el señor Lagos del Campo obtuvo decisiones judiciales adversas, lo que impidió la reposición en su trabajo y el acceso a los beneficios de seguridad social. La Corte IDH declaró violados los derechos a la libertad de expresión y de asociación, protegidos en los artículos 13 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El punto más novedoso de la sentencia fue la conclusión, suscrita por cinco de los siete jueces, de que se había violado el art. 26 de la CADH, concretamente, el derecho a la estabilidad laboral.   Sigue leyendo