Estado de excepción y populismo punitivo en El Salvador

Leonor Arteaga Rubio*

Publicado originalmente en el blog Agenda Estado de Derecho del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Tras un fin de semana violento en El Salvador, con más de 80 homicidios cometidos presuntamente por pandillas, a solicitud del presidente Nayib Bukele vía Twitter y sin ninguna discusión, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de estado de excepción por 30 días -prorrogado por otros 30 días-, con el cual se suspenden derechos fundamentales como el de reunión y asociación, y otros que forman parte de las garantías judiciales: los derechos a saber los cargos que se le imputan, a contar con abogado/a, y a no confesar contra sí mismo.

Esta reacción frente a la escalada de violencia se explica, en parte, porque el gobierno de Bukele ha asentado el éxito de su política de seguridad en el descenso de la tasa de homicidios, especialmente dado que, hasta hace unos años, El Salvador ocupaba los primeros lugares en el mundo en ranking de muertes violentas. Se desconoce las razones del súbito aumento de asesinatos, pero expertos sugieren que se debe a una fractura de un pacto secreto entre este gobierno y las pandillas para reducir la violencia letal a cambio de beneficios financieros e impunidad.

Sin duda, la violencia endémica que ha enfrentado El Salvador por años, incluyendo este episodio, demandan acciones urgentes que protejan la vida y la integridad de las personas frente a la criminalidad; pero, este estado de excepción y las otras medidas represivas adoptadas han levantado alarmas nacionales e internacionales debido a que contradicen los más básicos derechos humanos. Cabe recordar, que estas recientes decisiones de la actual administración se dan en un contexto de deterioro del Estado de derecho y cooptación del sistema judicial.

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Five meanings of #1M for El Salvador

Ursula Indacochea*

Versión en español aquí.

On May 1, 2021, the Legislative Assembly of El Salvador resolved -as the first act in its first session- to remove all the magistrates and alternate magistrates of the Constitutional Chamber and the Attorney General of the Republic from their positions, and to directly appoint their replacements, placing in these positions a group of lawyers and a lawyer, respectively, related to their interests. These acts were unanimously condemned by international human rights organizations and civil society organizations throughout the region, as a repetition of the disastrous authoritarian experiences of the past and as a current threat to hemispheric democracy. One year later, the impacts of these actions have been manifold; some of them have become clearer with the passage of time. In this article I offer five approaches to these events with the purpose of making their different effects visible. 

1. Serious violations of all the guarantees of judicial independence

International human rights law guarantees judicial independence, both at the institutional level (of the judiciary as a whole) and at the personal level (of each individual judge). Various bodies, both of the United Nations system and the Inter-American system, have developed the contents of this guarantee: (i) an adequate appointment process, (ii) the guarantee of irremovability and (iii) the guarantee against external pressures. 

The events of May 1 violated all of these, without exception. The removal of high magistrates, based on the content of their decisions, without a serious cause previously established by law, and without due process, violated the guarantee of the irremovability of the members of the Constitutional Chamber. The pressures that forced the voluntary resignations of almost all the legitimate magistrates of this body -through letters with identical wording-, and the use of public force to take over the facilities of the Supreme Court of Justice and prevent them from entering their offices (in addition to installing their replacements), violated the guarantee against external pressures. Finally, the direct appointment without following the selection mechanism foreseen in the internal rules violated the guarantee of an adequate selection process.

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Cinco significados del #1M para El Salvador

Úrsula Indacochea*

English version here.

El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió –como primer acto en su primera sesión– remover de sus cargos a la totalidad de magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y designar directamente a sus reemplazos, colocando en estos cargos a un grupo de abogados y una abogada afines a sus intereses. Estos actos fueron condenados de forma unánime por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles de toda la región, como una reedición de las nefastas experiencias autoritarias del pasado y como una amenaza actual a la democracia hemisférica. Un año después, sus impactos han sido múltiples; algunos de ellos han podido verse con mayor claridad con el paso del tiempo. En este artículo ofrezco cinco aproximaciones a estos hechos con el propósito de visibilizar sus distintos efectos. 

1. Violaciones graves a todas las garantías de la independencia judicial

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza la independencia judicial, tanto a nivel institucional (del Órgano Judicial como un todo) como a nivel personal (de cada uno de los jueces y juezas de forma individual). Diversos organismos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado los contenidos de esta garantía: (i) un adecuado proceso de nombramiento, (ii) la garantía de la inamovilidad y (iii) la garantía frente a presiones externas. 

Los hechos del 1 de mayo vulneraron todas ellas, sin excepción. La remoción de altas magistraturas, basada en el contenido de sus decisiones, sin que exista una causa grave previamente establecida en la ley, y sin un debido proceso, violó la garantía de la inamovilidad de quienes integraban la Sala de lo Constitucional. Las presiones que forzaron las renuncias voluntarias de casi todos los magistrados legítimos de este órgano –mediante cartas con una redacción idéntica–, y el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia e impedirles el ingreso a sus despachos (además de instalar a sus reemplazos), violó la garantía frente a presiones externas. Finalmente, la designación directa y sin seguir el mecanismo de selección previsto en las normas internas violó la garantía que exige un adecuado proceso de selección.

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Autonomía o subordinación del Ministerio Público en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tiene en su agenda el tratamiento del proyecto de Ley N° 259/2020-2021 de Modificación a la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de julio de 2012 con el único objeto de modificar su artículo 33 en relación al proceso de designación de fiscales departamentales, estableciendo que estas autoridades intermedias del Ministerio Público pueden ser designadas por mayoría simple de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además tendrán atribuciones para evaluar, remover y aceptar la renuncia de dichos servidores públicos, cercenado las actuales atribuciones del Fiscal General de actuar en esas materias conforme a los procedimiento internos de este órgano constitucional autónomo. 

Esto significaría un enorme retroceso en los esfuerzos de reforma de la justicia en Bolivia, lo que además va en contravención a las recomendaciones y estándares internacionales pronunciados por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, que de manera específica y consistente han establecido que los Estados tienen el deber de asegurar las condiciones para que las fiscalías desarrollen investigaciones objetivas, independientes e imparciales, garantizando la autonomía de las funciones del Ministerio Público

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O Poder Judiciário contra as fake news no Brasil

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente no blog Agenda Estado de Derecho do Programa Estado de Direito para a América Latina da Fundação Konrad Adenauer.

Versión en español aquí.

Há algumas semanas, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram no país. A decisão foi tomada após o descumprimento de sucessivas ordens judiciais exigindo a suspensão de contas de pessoas do círculo político do presidente Bolsonaro que vinham difundindo notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro.

No fim das contas, o Ministro deixou sem efeito sua sentença, após o Telegram se comprometer a implementar uma nova política de combate às fake news, que inclui o monitoramento dos canais com amplo número de usuários, a possibilidade de publicar alertas sobre a veracidade duvidosa de notícias, entre outras. Esse artigo aborda alguns elementos da complexa relação entre liberdade de expressão e a necessidade de regular o uso de plataformas digitais para incentivar ações que põem em risco certos pilares básicos da democracia.

Em sua sentença, Moraes frisou as tentativas frustradas do Tribunal Superior Eleitoral de discutir formas de cooperação com a empresa Telegram, afim de adotar políticas de combate à desinformação. Ademais, destacou que “o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, – empresa que opera no território brasileiro, sem indicar seu representante – inclusive emanadas do Supremo Tribunal Federal – é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente…»

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El Poder Judicial en Brasil contra las fake news

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en el blog Agenda Estado de Derecho del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Hace algunas semanas, el Juez Alexandre de Moraes de la Suprema Corte de Brasil (Supremo Tribunal Federal) ordenó la suspensión de la App de mensajería Telegram en el país. Su decisión tuvo lugar tras el incumplimiento de resoluciones ordenando a la compañía inhabilitar las cuentas de personas del entorno político del presidente Bolsonaro, quienes venían difundiendo noticias falsas sobre el proceso electoral brasileño.

Finalmente, el juez dejó sin efecto su sentencia, luego de que Telegram se comprometiera a implementar una nueva política de combate a las fake news que incluyen el monitoreo de los canales con más usuarios, posibilidad de publicar alertas sobre la veracidad dudosa de noticias, entre otras. Este artículo aborda algunos elementos de la compleja relación entre libertad de expresión y la necesidad de regular el uso de plataformas digitales para incentivar acciones que ponen en riesgo ciertos pilares básicos de la democracia.

En su sentencia, Moraes subrayó los intentos frustrados del Tribunal Superior Electoral de Brasil de discutir formas de cooperación con la empresa Telegram para que implementara políticas de combate a la desinformación. Asimismo, destacó que “el desprecio por la legislación brasileña y el reiterado incumplimiento de inúmeras decisiones judiciales por Telegram –empresa que opera en el territorio brasileño, sin indicar su representante, emanada incluso del STF– es circunstancia incompatible con el orden constitucional vigente…”.

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El Salvador and the false discourse on judicial independence

Ursula Indacochea Prevost*

Versión en español aquí.

Last Wednesday, March 16, a public hearing was held before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to address the situation of judicial independence in El Salvador. In it, the petitioning organizations presented to this international body a reading of various decisions, facts and arbitrary reforms that occurred in 2021, as a strategy to capture the justice system, executed with the deliberate aim of neutralizing its ability to control power and protect human rights

The State, for its part, deployed an opposite narrative: all these acts would have obeyed, rather, to the objective of «strengthening and modernizing» a justice system «inefficient and conducive to widespread impunity». In this note, I intend to answer some of these arguments to demonstrate that there are reasonable grounds to consider that the state’s commitment to judicial independence is not sincere or, even, that there is a manipulation or appropriation of the discourse in defense of judicial independence, for purposes contrary to those stated.

As a starting point, it is worth briefly summarizing the civil society approach. It was argued that the Salvadoran justice system -which includes both the judiciary and the Attorney General’s Office- has been the object of a strategy of capture by the political power currently in government, executed in various stages. 

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El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

English version here.

El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

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Corte Interamericana debe ponerse al día con los estándares internacionales sobre el derecho a la libre determinación indígena

Daniel Cerqueira*

En los próximos meses la Corte Interamericana (Corte IDH) decidirá un caso más en su amplio repertorio de precedentes relacionados con la concesión de megaproyectos en territorios indígenas, en el cual confluyen actos de violencia, corrupción y daños ambientales. El caso se refiere a la violación de derechos de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente, cuyo territorio ancestral se ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Dicha comunidad reivindica la titulación colectiva de su territorio, pero no así un proceso de consulta previa, libre e informada (CPLI), en tanto la extracción de níquel en sus tierras ha sido autorizada desde hace varias décadas y es incompatible con su modo de vida y prioridades de desarrollo. El caso reviste especial importancia para que la Corte IDH se ponga al día con los desarrollos recientes sobre libre determinación indígena. 

Pasados 15 años desde que la Corte IDH dictó la emblemática sentencia en el Caso Saramaka vs. Surinam, los precedentes del Sistema Interamericano (SIDH) sobre CPLI han inspirado el marco normativo y jurisprudencial de diversos países de América Latina, de donde provienen 15 de los 24 Estados parte del Convenio 169 de la OIT, principal tratado internacional en la materia. Pese al estatus de edén jurídico de la consulta previa, la región sigue siendo la más peligrosa del planeta para los y las líderesas indígenas empeñadas en proteger sus recursos naturales. Dicha paradoja nos obliga a reflexionar críticamente sobre las narrativas basadas exclusivamente en la CPLI, y considerar otras obligaciones estatales de cara a los pueblos indígenas igualmente reconocidas por la comunidad internacional.

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Presidente Pedro Castillo en Perú: del gobierno del pueblo al (des)gobierno

David Lovatón*

El gobierno del presidente del Perú, Pedro Castillo, ha enfrentado una nueva crisis política con la renuncia del ex ministro del Interior Avelino Guillén y de la primera ministra Mirtha Vásquez. Según el artículo 133° de la Constitución peruana, si el primer ministro renuncia “se produce la crisis total del gabinete” ministerial y, en consecuencia, el presidente tiene que designar uno nuevo. Así, el 1° de febrero el presidente Castillo, por tercera vez en solo seis meses de gobierno, designó primer ministro y nuevo gabinete. La designación del premier Héctor Valer ha mostrado -una vez más- improvisación, falta de toma de decisiones y, como consecuencia, el desgobierno en varios sectores como el de la seguridad pública.

El ex ministro Avelino Guillén es un respetado ex fiscal que tuvo un papel central en el proceso judicial y posterior condena al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos y corrupción. Castillo lo convocó -precisamente- por ser un referente en la lucha anticorrupción y lo paradójico es que Guillén renunció porque el presidente no lo respaldó frente a la insubordinación del ex director general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, sobre quien pesan serias denuncias de corrupción, como el cobro de sobornos para ascensos policiales o traslados de destino del personal policial. Mirtha Vásquez le había pedido a Castillo que respalde a Guillén y, como no lo hizo, también renunció.

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