Presidential Elections in Peru Reveal a Deeply Divided Country

David Lovatón Palacios*

The fox from above and the fox from below– José María Arguedas

Country of Jauja a possible utopia, which is that of respectful and enriching coexistence between cultures– Edgardo Rivera Martínez

Last Sunday, June 6, the second round of elections took place in Peru between two presidential candidates who obtained the largest number of votes in the general elections on April 11: the leftist, Pedro Castillo of the Free Perú (Perú Libre) party and the right-wing, Keiko Fujimori of the Popular Force (Fuerza Popular) party. At the time of writing this article, the Peruvian National Office of Electoral Processes (Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE) had already processed 99.82% of the electoral records; the result, although very close, is clear: Castillo obtained 50.204% and Fujimori 49.796% of the votes. By a difference of only 71,441 votes, in an electoral universe of almost 25 million voters, it is most likely that Pedro Castillo will be the next president of the Republic for the 2021-2026 five-year term.

However, Fujimori and her party have still yet to recognize this result, and have announced that they will fight for each and every vote. Fujimori’s team has already officially filed appeals before the electoral justice challenging around 800 voting tables, which would imply the revision of around 500,000 votes, arguing that serious irregularities could have been committed in those voting tables to favor Pedro Castillo.

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Elecciones presidenciales en Perú evidencian un país profundamente dividido

David Lovatón Palacios*

El zorro de arriba y el zorro de abajo – José María Arguedas

País de Jauja una utopía posible, cual es la de la convivencia respetuosa y enriquecedora entre culturas – Edgardo Rivera Martínez

El pasado domingo 6 de junio tuvo lugar la segunda vuelta electoral entre dos presidenciables que obtuvieron la más alta votación en las elecciones generales del pasado 11 de abril: el izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre y la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Al momento de escribir este artículo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había procesado el 99.82% de las actas electorales; el resultado, aunque muy ajustado, es claro: Castillo obtuvo el 50.204% y Fujimori el 49.796% de la votación. Por una diferencia de tan sólo 71,441 votos, en un universo electoral de casi 25 millones de votantes, lo más probable es que Pedro Castillo será el próximo presidente de la República para el quinquenio 2021-2026.

Sin embargo, Fujimori y su partido aún no reconocen este resultado, han anunciado que pelearán voto a voto y han oficializado ante la justicia electoral la impugnación de alrededor de 800 actas que supondría la revisión de alrededor de 500,000 votos, arguyendo que se habrían cometido en esas mesas de votación graves irregularidades para favorecer a Pedro Castillo.

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El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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General Elections in Peru 2021: The pandemic has won

David Lovatón Palacios*

Spanish version here.

On April 11, the general elections took place in Peru to elect the new President and Congress for the period 2021-2026, with an absolutely unpredictable and discouraging result from a democratic perspective. The following is a brief analysis of what the two presidential candidates who have made it to the second round of elections represent and the very difficult scenarios that may arise in the next five years for Peru.

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Elecciones generales en Perú 2021: Ganó la pandemia

David Lovatón Palacios*

Versión en inglés aquí.

El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.

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Resarciendo daños en El Salvador: la experiencia de reparaciones a víctimas de la guerra

Leonor Arteaga*

¿Se puede devolver un ser querido ejecutado a su familia? ¿Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas de una tortura? ¿Cómo “regresarle” el proyecto de vida arrebatado a una persona desaparecida? Son algunas de las preguntas frecuentes que surgen cuando hablamos de “reparación” en casos de crímenes atroces, de sistema. Aunque dolorosa, la respuesta obvia es que no es posible retornar a la misma situación en la que nos encontrábamos antes de que se cometieran esas crueldades. Lo que sí es posible, y necesario, es encontrar formas de dar nuevo sentido a lo vivido, mediante acciones desde lo social y público que compensen el daño sufrido, las cuales deben tener un sustento común: el reconocimiento de lo acontecido, el valor de la persona o personas afectadas y el trato con dignidad.

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¿Se tortura en las prisiones de El Salvador? Una pregunta para la Corte Suprema

Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]

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Estado de Derecho en Perú: asediado por la pandemia y la corrupción

David Lovatón*

El 26 de abril del 2020 escribí en este mismo espacio un artículo titulado “Quarantine, State of Emergency, State of Enforcement, and the Pandemic in Peru”, con el que intenté dar cuenta de cómo el coronavirus había impactado en el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros aspectos, destaqué que, a pesar de nuestras debilidades institucionales y la precariedad de nuestro sistema de salud, esta excepcional situación no se había traducido en graves violaciones de derechos humanos ni rupturas del Estado de derecho, salvo situaciones aisladas.

Hoy, a casi un año del inicio de esta prolongada pandemia, del estado de emergencia decretado el 15 de marzo del 2020 y prorrogado todo este tiempo, de la imposición de diversos niveles de confinamiento y restricciones a libertades civiles como el libre tránsito y el derecho de reunión y una severa recesión económica, el balance es negativo no sólo porque es previsible que en marzo del presente año alcancemos la cifra oficial de 50,000 fallecidos y de alrededor de 1´300,000 contagiados,[1] sino también porque ha habido un severo debilitamiento institucional que explicaría, entre otras causas, que el Perú es uno de los países más golpeados por el covid-19 en AL.

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El sistema de controles policiales en El Salvador: ¿el gran ausente?

Leonor Arteaga y Sonia Rubio-Padilla*

En El Salvador, el enfoque represivo que ha caracterizado las políticas de seguridad pública impulsadas por sucesivas administraciones gubernamentales –de diferentes ideologías políticas– ha propiciado la comisión de torturas, ejecuciones extralegales, feminicidios y agresiones sexuales contra mujeres y población LGBTI, por parte de agentes policiales[1], que generalmente no son adecuadamente investigadas por la misma policía.  A este preocupante escenario, le agregamos las dudas que genera la figura del actual Director, Mauricio Arriaza Chicas, quién ha sido cuestionado por sus antecedentes en casos de corrupción y su rol como aliado incondicional del presidente Nayib Bukele[2], así como por representar el reposicionamiento de grupos internos que responden a intereses ilícitos.

En este contexto, poco se conoce sobre el funcionamiento de los controles internos y externos de la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar a sus miembros cuando se les atribuye la comisión de un delito o una falta disciplinaria grave. Por eso nos preguntamos: ¿cómo está formado ese sistema de controles? ¿cuál es su eficacia actual? ¿existe una intención desde el más alto nivel de mantenerlo inoperante? Responder a estas interrogantes requiere investigaciones serias y profundas; sin embargo, dada la falta de transparencia y rendición de cuentas características de la administración pública, obtener información primaria que arroje luz sobre este tema es una tarea casi imposible. Pese a ello, estamos convencidas que el esfuerzo sigue siendo válido, por eso en las siguientes líneas analizamos algunas de estas cuestiones.

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La sesgada respuesta del Estado mexicano a Naciones Unidas en torno al Tren Maya

Enrique Gallegos Madrigal

Además de todas las críticas, movilizaciones y cuestionamientos que ha desatado el megaproyecto denominado “Tren Maya” entre la ciudadanía, los pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil en México, hay que sumar el cuestionamiento de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, particularmente el que cobija el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A raíz de una comunicación enviada por posibles violaciones a derechos humanos, seis mandatos temáticos[1] del sistema de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno de México a fin de requerir información y explicaciones sobre violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; sobre la obstaculización del acceso a información pública relacionada con el proyecto; sobre la exención de estudios importantes; sobre los procesos para dar a conocer información sobre impactos ambientales, sociales, culturales y de otro tipo; sobre el estado de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la región; sobre el inminente desalojo de algunas comunidades; sobre la violación a derechos humanos en el marco de la pandemia por COVID-19; y sobre una posible militarización de tramos del referido megaproyecto.

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