Las violencias invisibles contra juezas y fiscalas

Úrsula Indacochea*

Cuando en julio de 2021, la jueza Soledad Blácido ordenó al Congreso peruano suspender la elección de magistraturas al Tribunal Constitucional, ante evidencia de graves irregularidades, los diarios exhibieron la fotografía de su rostro en primer plano y los congresistas se unieron para calificarla como una “jueza de cuarta categoría” debido que ejercía el cargo en un régimen de provisionalidad. En Guatemala, la funcionaria judicial que más denuncias acumula en su contra -alrededor de 80- es Erika Aifán, valiente jueza a cargo de los complejos casos de corrupción contra las élites más poderosas del país. Para afectar su independencia, grupos de poder han llegado incluso a cuestionar su estabilidad mental, y a solicitar que se le practiquen pericias psiquiátricas. ¿Qué tienen en común estas formas de violencia? ¿Es la criminalización y la violencia contra las mujeres que integran los sistemas de justicia, diferente a la que enfrentan sus pares varones? 

El informe más reciente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, titulado “Participación de la mujer en la administración de justicia”, aborda los diversos obstáculos que afectan la mayor presencia, ascenso, y permanencia de las mujeres en los sistemas de justicia. Entre ellos, resalta la particularidad de la violencia que afecta las mujeres que se desarrollan profesionalmente en el ámbito de la justicia, que reconoce impregnada de estereotipos de género, y que tiene un poderoso impacto en sus carreras profesionales. 

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“Juicios paralelos”: razón de ser y riesgos

Luis Pásara*

Cuando me hice abogado, el tratamiento de la prensa a los procesos judiciales era relativamente conciso y  discreto. Los casos que conocía la justicia –como aquellos que eran investigados por la policía– merecían cortas notas informativas, circunscritas a dar cuenta de los avances del asunto, usualmente relegadas a páginas interiores. Salvo casos sobresalientes –en razón de los protagonistas o de circunstancias extraordinarias– los asuntos judiciales usualmente merecían poca atención. 

¿Qué ha hecho que, en estos tiempos, las notas referidas a asuntos que ocupan a los tribunales sean materia de primeras planas en los diarios y de titulares en los noticieros de televisión, que en su desarrollo parecen competir con las decisiones judiciales, incluso adelantándose a ellas? En estas notas se presta atención al curso seguido por justicia y medios de comunicación hasta llegar a la desembocadura actual, al tiempo que se propone algunas pistas para identificar las razones subyacentes a ese proceso.

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Should Argentina Exercise Universal Jurisdiction over the Rohingya case?

Naomi Roht-Arriaza*

Versión en español aquí.

Judges listened attentively as Maun Tung Khin argued, in English, before an Argentine appeals court via videolink.  He reminded the judges of attacks on his community half a world away in Myanmar, carried out by military and paramilitary forces. Villages attacked, women raped, families forced to flee as their homes were burned; it is impossible to attain justice at home, he added.  The judges thanked him, as they considered whether Argentina should accept jurisdiction over the crimes committed against Khin’s ethnic community, the Rohingya.

On November 13, 2019, the Burmese Rohingya Organization (UK) brought a case to the Argentine courts alleging that military forces committed genocide and crimes against humanity between 2012 and 2018 against Rohingya communities.  The complaint recounted a history of discrimination, denial of citizenship and oppression, escalating after 2012 to include massive attacks on communities, killings, torture, mass rape and finally displacement of Rohingya communities.  Hundreds of thousands of Rohingya fled Myanmar into neighboring Bangladesh to escape the army. The complainants asked Argentina to hear the case against the leadership of the Tatmadaw (military) under the principle of universal jurisdiction.

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¿Debería ejercer Argentina la jurisdicción universal en la causa de los rohinyás?

Naomi Roht-Arriaza*

English version here.

Los jueces escucharon atentos la declaración que prestó en inglés, por videoconferencia, Maun Tung Khin ante un tribunal de apelaciones argentino. En su testimonio, relató a los jueces los ataques que perpetraron fuerzas militares y paramilitares contra su comunidad en Myanmar, al otro lado del mundo. Describió ataques a aldeas, violaciones de mujeres, familias obligadas a huir cuando quemaron sus casas, y agregó: es imposible obtener justicia en mi país. Los jueces le agradecieron, mientras consideran si Argentina debería aceptar la jurisdicción respecto de delitos cometidos contra la comunidad étnica de Khin, los rohinyás.

El 13 de noviembre de 2019, la Burmese Rohingya Organization (Reino Unido) inició acciones ante la justicia argentina en las que alega que, entre 2012 y 2018, fuerzas militares cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra comunidades rohinyás en Myanmar.  En la demanda se describe un repertorio de hechos de discriminación, denegación de ciudadanía y opresión, que se agudizaron después de 2012, al punto de incluir ataques generalizados a comunidades, ejecuciones, torturas, violaciones sexuales masivas y, por último, el desplazamiento de comunidades rohinyás. Cientos de miles de rohinyás huyeron de Myanmar al país vecino de Bangladés para escapar del Ejército. Los demandantes solicitaron que Argentina conozca el caso contra los líderes del Tatmadaw (Ejército) al amparo del principio de jurisdicción universal.

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No hay que empezar de cero: Recomendaciones iniciales para un proceso de justicia transicional en Venezuela*

Katya Salazar** y Ramiro Orías***

¿Qué haremos con el legado de gran corrupción y graves violaciones de derechos humanos que dejará este gobierno? ¿Algún día tendremos una ‘verdad oficial’ sobre lo que ocurrió? ¿Está el sistema de justicia venezolano preparado para juzgar a los responsables de los delitos cometidos? ¿Qué reformas hay que implementar para que estos hechos no se repitan? ¿Cómo aprovechar las herramientas del derecho internacional y la experiencia comparada? 

Venezuela vive un contexto de corrupción institucionalizada, donde se han venido cometiendo graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática y generalizada[1], en el marco de un “proceso gradual de desintegración de las instituciones democráticas y de colapso del Estado de derecho[2], dando lugar a una situación de total impunidad que sólo exacerba las vulneraciones[3].

El objetivo de este artículo es esbozar algunas recomendaciones iniciales que, basadas en el marco legal de la justicia transicional y la experiencia comparada, puedan ser útiles para los dilemas que debe asumir una transición exitosa en Venezuela.

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Hacia la cooptación del poder judicial: ¿qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador?*

Leonor Arteaga Rubio**

El viernes 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe (ver: arts. 88 y 152.1). Esta decisión permitiría al actual presidente Nayib Bukele buscar la reelección en 2024, y de esta manera la Sala emula a otras cortes en el continente que han intervenido a través de cuestionados fallos sobre la prohibición a la limitación de la reelección presidencial, habitualmente en ausencia de un amplio consenso nacional y en beneficio del poder de turno.  

La decisión del tribunal constitucional -ahora controlado por el gobierno- se suma a otras acciones contrarias a la democracia y el Estado de derecho que ha protagonizado la actual administración desde su llegada al poder en junio de 2019 y, particularmente en los últimos meses. 

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El Salvador: acceder democráticamente al poder para anular al Estado de derecho

Juan Carlos Sánchez*

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador generó entusiasmo en algunos sectores y escepticismo en otros, sobre el rumbo por el que podría transitar la joven democracia salvadoreña bajo su mandato. No porque en la campaña presidencial se haya perfilado claramente su rostro autoritario, sino por el estilo heterodoxo, marcado por una estrategia populista, con el que encaró y derrotó a los partidos tradicionales en febrero de 2019. Estilo que provocó dudas y recelos en una parte de la población por su discurso carente de propuestas, pero que le valió la confianza de una amplia mayoría del electorado que lo colocó en tan sólo dos años y dos elecciones consecutivas –una presidencial y otra legislativa– en una posición política favorable para controlar a todo el aparato estatal, como nadie antes la había tenido por las vías institucionales. 

Aunque existían antecedentes de comportamiento poco transparentes y prácticas de nepotismo cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012–2015) y San Salvador (2015–2018), no se logró dimensionar la crisis en la que estaría sumergido El Salvador hasta los pocos meses de iniciar su mandato como Presidente. Quizás ingenuamente se cifró esperanzas en la sensatez política que venía acumulando el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, en la contención de los mecanismos institucionales de control, así como en la incidencia que podía ejercer la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Se esperaba que, como había sucedido en el pasado, estos elementos fueran suficientes para contrarrestar las amenazas que ya se advertían en quien, hasta ese momento, eran tan solo un joven con aspiraciones presidenciales. 

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La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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Corte Interamericana cierra la puerta a la reelección presidencial indefinida: Comentarios a la Opinión Consultiva 28/21 (Parte I)*

Daniel Cerqueira**

El pasado 13 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH). Solicitada por Colombia, la opinión interpreta los tratados relevantes del SIDH, a la luz de la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La decisión cierra la puerta a la interpretación heterodoxa que algunas cortes de la región han hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), según la cual los presidentes en ejercicio poseen un derecho humano a disputar la reelección de forma indefinida. Este artículo comenta algunos aspectos de la opinión y subraya su relevancia en un continente en donde el continuismo presidencial ha sido la antesala del debilitamiento del Estado de Derecho y de conflictos políticos y sociales, casi siempre enmarcados en graves violaciones de derechos humanos. A modo de consideraciones finales, el artículo comenta algunas imprecisiones argumentativas de la OC 28/21 que han sido recogidas en el voto disidente de los jueces Pazmiño y Zaffaroni y en parte de la doctrina.

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Dilemas para la justicia y la verdad a la luz del informe de GIEI-Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Luego de los hechos de violencia que sucedieron en Bolivia en el marco de la crisis política, electoral y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de  derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas fallecidas en diversos lugares del país.

Después de ocho meses de intenso trabajo, pese a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, el GIEI-Bolivia presentó su informe final, que refleja un enorme esfuerzo investigativo para contribuir a esclarecer esos hechos. Uno de los mayores valores de este informe, es que aborda –con mucho detalle y rigor – los principales hechos de violencia y graves violaciones de derechos humanos cometidas, tomando como norte las voces de las propias víctimas, que constituyen el centro de las preocupaciones y recomendaciones del documento, sin diferenciar su posición política o sector social. El informe concluye remarcando la necesidad de: “Reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”[1]. Sin ello no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social.

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