From the right to prior consultation to self-determination: reflections from the DPLF experience

Daniel Cerqueira*

Article published in the 22nd edition of Aportes.

Versión en español aquí.

An important part of DPLF’s work, through its Human Rights and Natural Resources program, has been to reinforce the inclusion of international standards on free, prior, and informed consultation (FPIC) in the norms, public policies, and case law of Latin American states. We have worked to provide legal support to civil society organizations (CSOs) and indigenous movements that are working to incorporate these standards into the laws and practices of their States. To this end, we have carried out advocacy activities, published case law digests, prepared specialized studies and analyses, monitored judicial proceedings, and filed amicus curiae briefs in emblematic cases.

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Del derecho a la consulta previa a la libre determinación: reflexiones desde la experiencia de DPLF

Daniel Cerqueira*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

English version here.

Una parte importante del trabajo de DPLF, desde el programa Derechos Humanos y Recursos Naturales, ha sido fortalecer la incorporación de estándares internacionales sobre la consulta previa, libre e informada (CPLI) en normas, políticas públicas y jurisprudencia de los Estados latinoamericanos. Nuestra labor ha sido brindar un aporte jurídico a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y movimientos indígenas que trabajan por la incorporación de los referidos estándares en las normas y prácticas de sus Estados. Para ello, hemos realizado actividades de incidencia, publicado digestos de jurisprudencia, elaborado estudios y análisis especializados, hemos monitoreado procesos judiciales y presentado escritos de amicus curiae en casos emblemáticos.

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¿Derecho humano a la reelección indefinida o descontrol de convencionalidad?

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en el blog Diálogo de Derechos Humanos de la Konrad-Adenauer-Stiftung

En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) deberá emitir una opinión consultiva dirigida a precisar si el derecho a presentarse a la reelección presidencial se encuentra protegido por la Convención Americana (CADH) o si puede ser restringido por el ordenamiento de los Estados que integran el Sistema Interamericano (SIDH).

Este ensayo busca contextualizar dicho debate a partir de un análisis crítico a la manera como algunas cortes constitucionales cooptadas por gobiernos de turno han desvirtuado la figura del control de convencionalidad para fundamentar la existencia de un “derecho humano a la reelección” protegido bajo el art. 23 de la CADH.

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Democracia y Derechos Humanos: A propósito de la Sentencia en el Caso Petro Urrego Vs. Colombia

Ramiro Orias Arredondo*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en fecha 8 de julio del 2020 ha pronunciado su Sentencia en el caso Petro Urrego vs Colombia, con referencia a violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación general por el término de quince años del señor Gustavo Francisco Petro Urrego como Alcalde de Bogotá como efecto de una sanción impuesta por el Procurador General de la Nación de Colombia.

Esta sentencia es importante porque ratifica decisiones anteriores con relación a la inconvencionalidad de sanciones administrativas que restringen o limitan derechos políticos de un funcionario público que ocupan cargos de elección popular.

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Bolivia: Independencia judicial en la encrucijada

Ramiro Orias* y Úrsula Indacochea**

Bolivia enfrenta el efecto combinado de varias crisis coyunturales –política, electoral, económica, social– a la que vino a sumarse la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Un peligroso ‘coctel’ que aumenta la tensión y pone en riesgo el proceso de transición democrática y el restablecimiento de la normalidad institucional. Este escenario, además, profundiza una crisis estructural, de larga data, la crisis judicial.

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Perú: nueva crisis política de una república bicentenaria pero aún adolescente

David Lovatón Palacios*

El Perú: retrato de un país adolescente

(Luis Alberto Sánchez)

Una nueva crisis política tuvo en vilo a todo el país. En sesión del pleno del Parlamento del pasado 10 de septiembre, un congresista difundió tres (03) audios de conversaciones privadas sostenidas por el presidente de la República, sus asistentes más cercanas y un personaje de la farándula nacional. Sólo en uno de dichos audios se escuchan algunas afirmaciones del presidente que podrían acarrear una posible responsabilidad penal por obstrucción de la justicia luego, por cierto, de las respectivas investigaciones fiscales y judiciales. Sin embargo, estos audios bastaron para que, al día siguiente, un grupo importante de congresistas aprobara una moción de vacancia por la causal de “incapacidad moral permanente” contemplada en el artículo 113.2° de la Constitución. Si bien el pasado 18 de septiembre la mayoría del Parlamento rechazó esta vacancia presidencial, cualquier cosa pudo pasar y cualquier cosa aún puede ocurrir hasta las elecciones generales de abril del 2021. En forma innecesaria e irresponsable, sumaron una nueva crisis política a la catástrofe sanitaria y económica que el Perú viene padeciendo como consecuencia de la pandemia.

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Los desafíos de la transición judicial en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Este articulo fue originalmente publicado por Agenda Estado de Derecho.

El sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982; los vicios y debilidades que traía se han vistos agravados y extendidos en la última década. Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política selectiva, develan un problema con raíces más profundas, que han hecho que la justicia en Bolivia haya perdido su capacidad de cumplir su rol tutelar de los derechos de sus ciudadanos.

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The Mayan Train Raises a New Leviathan in Mexico: Civil Society Organizations

David Lovatón Palacios*

Versión en español aquí.

Mexican President Andrés Manuel López Obrador recently embraced an unfounded smear campaign against civil society organizations (CSOs) and international foundations that have supported initiatives and decisions that—on legal grounds—challenge or oppose the “Mayan Train” mega-project in the Yucatán Peninsula and other states in southeastern Mexico. It seems that the president is beginning to suffer from the binary and decidedly authoritarian political syndrome seen in many Latin American rulers: either you’re with me or you’re against me.

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El Tren Maya erige un nuevo Leviatán en México: las organizaciones de sociedad civil

David Lovatón Palacios*

English version here.

Recientemente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho suya una infundada campaña de desprestigio en contra de organizaciones de sociedad civil (OSC) y fundaciones internacionales que hemos respaldado iniciativas y pronunciamientos que -dentro del marco de la ley- cuestionan o se oponen al megaproyecto denominado “Tren Maya” en la Península de Yucatán y otros Estados del sureste mexicano. Al parecer, el presidente está comenzando a padecer del conocido síndrome político, binario y ciertamente autoritario, de muchos gobernantes latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra.

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Livre determinação indígena: entre o Direito Internacional e a tragédia

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

English version here.

O impacto da pandemia do Covid-19 para os povos indígenas e o contexto de violência e esbulho territorial nos obriga a pensar soluções desde os mais variados âmbitos jurídicos e políticos.

2020 tem sido um ano particularmente trágico para os povos indígenas em todo o planeta e, em particular, na região amazônica. Ali, a expansão do Covid-19 ocorre de forma paralela à ação oportunista de madeireiros ilegais, garimpeiros, grileiros e governos dispostos a flexibilizar a concessão de megaprojetos extrativos sob o argumento de que é necessário promover investimentos nesta região em resposta à crise econômica provocada pela pandemia.

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