La CIDH, la Corte IDH y el Perú: mitos, mentiras y malas intenciones

Katya Salazar, Daniel Cerqueira

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Con ocasión de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se cuestionó el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, sectores de la opinión pública peruana han alzado nuevamente la voz contra este tribunal y contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando ambas instituciones por sus actuaciones “sesgadas y politizadas”. Algunas voces han sido aun más radicales, pidiendo la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objetivo de “retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)”. Estas críticas, alimentadas por el temor a que la Corte IDH cuestione la validez del indulto, están salteadas de afirmaciones falsas sobre la relación entre los órganos del SIDH y el Perú. Aquí aclaramos algunas de ellas.

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Procesos de selección de integrantes de la Corte IDH y la CIDH: ¿cómo hacerlos más transparentes y democráticos?

Katya Salazar

Artículo publicado originalmente en la revista Dfensor de abril 2017

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En sentido contrario a los principios que ambos órganos promueven para la elección de altos funcionarios judiciales a nivel nacional, los procesos de selección de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) son poco transparentes y participativos. Aunque hasta el momento la mayoría de integrantes de ambos órganos han reunido los requisitos convencionales, la poca o nula transparencia que existe en cuanto al mecanismo seguido para la selección de candidatos/as a nivel nacional ha permitido que en algunos casos la postulación de una persona dependa más de su cercanía con el poder ejecutivo del país que la postula que de sus capacidades, méritos y sobre todo su idoneidad para el cargo. Por otro lado, la forma en que se realiza la elección de nuevos integrantes de ambos órganos por la Asamblea General de la OEA es también bastante opaca y responde más a consideraciones políticas que se expresan en el intercambio de votos entre Estados, que a una evaluación seria de las capacidades del candidato o candidata y su idoneidad para el cargo, proceso que solo algunos estados realizan[1].

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La solicitud de indulto de Alberto Fujimori y el derecho internacional

Katya Salazar

Directora  Ejecutiva,  DPLF

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A pocos días de finalizar el gobierno de Ollanta Humala, el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión en 2009, presentó por segunda vez un pedido de indulto, que no es más que el perdón de lo que le resta de pena. Según la legislación peruana, existen dos tipos de indulto: el común y aquel basado en razones humanitarias. En el año 2013, familiares de Fujimori utilizaron la vía humanitaria argumentando que padecía de un cáncer que lo ponía en peligro de muerte. El entonces presidente Humala rechazó la petición porque los informes médicos no evidenciaban el estado de salud que su familia argumentaba. Recordemos que el indulto humanitario se puede otorgar en tres casos: por enfermedad terminal demostrada, no terminal pero grave o incurable y por trastornos mentales crónicos degenerativos e irreversibles. Según lo dictaminó la Comisión de Gracias Presidenciales en 2013, la salud de Fujimori no correspondía a ninguno de estos supuestos.

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Business and Human Rights: A New Challenge for the OAS?

Katya Salazar

Executive Director of DPLF

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On January 29 of this year, the Permanent Council of the Organization of American States (OAS) held a special session on the Promotion and Protection of Human Rights in Business. This session was the product of OAS General Assembly Resolution 2840 (XLIV-O/14) of June 2014,[1] which acknowledged the value of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and the need to promote this issue in the region.

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Empresas y Derechos Humanos: ¿un nuevo desafío para la OEA?

Por: Katya Salazar

Directora Ejecutiva de DPLF

Artículo publicado originalmente en el #20 de la Revista AportesDPLF

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El 29 de enero del presente año, se llevó a cabo una sesión especial sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta sesión fue resultado de lo acordado por la Asamblea General de la OEA en la Resolución 2840 (XLIV-O/14) de junio de 2014[1], que reconoció el valor de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y la necesidad de promover la temática en la región.

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La Comisión, la Corte y el Perú: Algunas aclaraciones a propósito del caso Chavín de Huántar

  

 

Por Katya Salazar y Daniel Cerqueira

Desde hace algunos meses, sectores de la opinión pública peruana vienen alzando la voz contra decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH respectivamente). Algunas voces han sido más radicales, cuestionando la vinculación misma del Estado peruano al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el cual está conformado por los órganos antes mencionados. Aunque el detonante de la última ola de ataques fue la admisión por parte de la CIDH de varias denuncias presentadas por personas condenadas por terrorismo en el Perú[1], ha sido la reciente sentencia de la Corte IDH en el caso “Chavín de Huántar” (Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros) la que ha estado en el centro de una polémica cargada de afirmaciones inexactas. Entre las numerosas afirmaciones equivocadas sobre la relación entre el SIDH y el Perú, nos limitaremos a aclarar diez:  Seguir leyendo

El desafío de elegir a los mejores

A propósito de la próxima elección de miembros de la CIDH y de la Corte IDH

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Autora: Katya Salazar*

4927039312_9238ff866d_zEl próximo 15 y 16 de junio se llevará a cabo en Washington D.C. la 45ª Asamblea General (AG) de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de los obstáculos de último momento (Haití retiró su ofrecimiento de ser el país anfitrión hace sólo tres meses y recién a fines de marzo se supo donde se desarrollaría el evento) y la poca información pública que existe sobre los contenidos y dinámica de la reunión, ésta será de suma trascendencia para el continente. Seguir leyendo

43ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA: PREVALECIÓ LA PRUDENCIA

Autoras: María  Clara Galvis y Katya Salazar

Asamblea General en Guatemala
Asamblea General en Guatemala

El día jueves 6 de junio, en la ciudad de La Antigua Guatemala, finalizó la 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este año la reunión anual de cancilleres de todos los países de América (menos Cuba) era de especial relevancia por varias razones: por un lado, el tema central de la Asamblea era la política de la región frente a las drogas[1]; un tema espinoso, donde hay posiciones bastante distintas y hasta contradictorias entre los Estados miembros de la OEA. Por otro lado, y en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta reunión “tomaría el pulso” de los Estados en torno a la reforma del Sistema, después de dos intensos años de discusión, debates, propuestas, reformas y una Asamblea General Extraordinaria realizada en marzo pasado con la que formalmente concluyó el proceso de reflexión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Adicionalmente, se esperaba la discusión y aprobación por la Asamblea de una resolución que abordaría el tema, aunque no se sabía cómo; y, lo más importante, en esta Asamblea se elegirían tres personas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2014 al 2017.

Los países que presentaron candidatos a la CIDH fueron Colombia y México (para la reelección), Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Perú. La campaña para promover a sus candidatos fue asumida con mucha energía por estos Estados. Con la finalidad de darle mayor transparencia al proceso, la OEA organizó en mayo pasado un foro público, en su sede, con todos los candidatos, quienes se presentaron y respondieron preguntas de los representantes estatales y de la sociedad civil. En este contexto, llamó la atención la gestión particularmente proactiva del canciller ecuatoriano, quien –de acuerdo con la información que se encuentra en la página web de la Cancillería ecuatoriana[2]– durante los últimos meses visitó buena parte de los países de la región para promover la continuación del diálogo sobre la CIDH y la aprobación de reformas a este órgano, y –suponemos–, para promover también su candidato a la Comisión. Junto con Bolivia, Ecuador había promovido una segunda reunión de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se llevó en Cochabamba el 14 de mayo pasado.

Ecuador había invertido considerable tiempo, recursos y personal, y llegó a la Asamblea General dando por segura la elección de su candidato y el apoyo de sus iniciativas. Pero esto no ocurrió: ni el candidato ecuatoriano fue elegido, ni la propuesta de resolución presentada por Ecuador fue aprobada.

Para leer el artículo completo haga click aquí.


[1] El  tema exacto de la reunión fue: “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”

[2] www.cancilleria.gob.ec

Comentarios sobre la sesión del Consejo Permanente con sociedad civil (7 de marzo)

Katya Salazar, DPLF. Reunion especial del Consejo Permanente, 7 de marzo de 2013.
Katya Salazar, DPLF. Reunion especial del Consejo Permanente, 7 de marzo de 2013.

Autora: Katya Salazar

El jueves 7 de marzo se llevo a cabo una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese día, por la mañana, fue conocido un proyecto de resolución para ser discutido en la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo y presentado por el Presidente del Consejo Permanente en el que se resolvía en el punto 3:

3) Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que, sobre la base de propuestas que presenten los Estados Parte de la Convención, elabore un proyecto de enmiendas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, previa consideración de los mismos, lo someta en el segundo semestre del 2014 a la consideración de la Asamblea General, en un periodo extraordinario de sesiones, para lo que estime conveniente

Durante la Sesión Extraordinaria, varias organizaciones expresamos nuestra profunda preocupación sobre este proyecto de resolución que pareciera volver a iniciar un proceso que está terminando y que además va claramente en contravía de lo expresado por diversos Estados durante las últimas semanas, tanto en foros públicos como privados, quienes de manera clara han mostrado su satisfacción con el informe de la Comisión Interamericana y con las propuestas de reforma que esta se alista a realizar. También se expresó la necesidad de culminar con el proceso en el plazo previsto, que es el 22 de marzo.

Cabe destacar que en sus respuestas, los Estados que abordaron el tema de la propuesta de resolución se distanciaron de ella, señalando que era solo una propuesta; algunos expresaron que la habían recibido ese mismo día o incluso que no la habían visto. El representante de Nicaragua (país que tiene la presidencia del Consejo Permanente) reiteró que era solo una propuesta. Por su parte, la Secretaria General de la OEA expresó al inicio de la reunión su satisfacción con el informe de la CIDH y su deseo que el proceso culmine el 22 de marzo, tal como se había acordado.

Algunas organizaciones levantaron su voz para cuestionar las limitaciones en la participación de la sociedad civil durante el proceso y en especial la falta de información sobre esta última reunión. Una medida positiva fue el acuerdo tomado por los Estados en una sesión previa de convocar a una sesión adicional con sociedad civil durante la semana de las audiencias públicas ante la CIDH (11-15 de marzo). Aunque esta nueva reunión aun no tiene fecha se reitero el compromiso de los Estados en este sentido.

Esperamos que -tal como se acordó por los propios Estados- el proceso culmine el 22 de marzo, día de la Asamblea General extraordinaria. Esto, por supuesto, no significa que los actores del sistema dejaran de reflexionar y discutir sobre cómo mejorar el desempeño del mismo, pero lo harán sobre la base de reformas concretas que responden de forma clara y contundente a las preocupaciones que los Estados tenían y que pusieron en marcha el proceso de reforma.