Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados.