Juan Carlos Sánchez*

El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene una tensa relación con organismos internacionales responsables de supervisar las obligaciones estatales de derechos humanos. Al principio de su gestión, a finales de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo una visita in loco al país después de más de 30 años. Inicialmente, el mandatario y altas autoridades gubernamentales mostraron cierta tolerancia y apertura a esta visita, aunque el presidente no estuvo en el país debido a una coincidente misión oficial a China. Pero, luego de esa leve apertura mostrada, el tono oficial hacia la CIDH –y en menor medida hacia la ONU– ha sido de confrontación y descrédito. Seguramente, esta tirantez se debe a que muchas de estas instancias han mostrado reiteradas preocupaciones por decisiones gubernamentales que están poniendo en peligro la supervivencia misma del Estado de derecho en el país. 

La incomodidad gubernamental por estos señalamientos se expresa en una narrativa hostil hacia el escrutinio internacional, promovida por el propio presidente y su grupo político cercano, pasando por funcionarios y funcionarias de todos los Órganos de Estado, ahora alineados con el mandatario. Un tuit publicado en marzo de 2022 desde la cuenta personal del presidente, en respuesta al llamado internacional sobre la utilización de estado de excepción como mecanismo para el control de la delincuencia y violencia social, es una muestra de lo anterior: “A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ´persecución dictatorial y autoritaria´ […] no permitan que les sigamos ´violando sus derechos´”. Este tipo de mensajes altisonantes, abundan en las redes sociales y en notas periodísticas afines al gobernante.

Gobierno da la espalda a la CIDH

Desde 2021, el Estado ha faltado a tres audiencias de la CIDH. La primera, en junio de 2021, en la audiencia (oficiosa) Situación general de los derechos humanos en El Salvador. La segunda, un año después, en la audiencia sobre la Situación de derechos humanos y estado de Derecho en El Salvador. Y la tercera, en octubre de 2022, en la audiencia sobre Detenciones arbitrarias y situación de personas privadas de libertad en el estado de excepción en El Salvador. Aunque estas inasistencias ya habían sucedido antes, su frecuencia provoca inquietudes por el temor a estar frente a un patrón gubernamental que aísle al país del escrutinio internacional. Por su parte, la CIDH ha lamentado la no comparecencia estatal a estas citas, ya que son mecanismos que han aceptado los Estados, voluntaria y soberanamente, para informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 

Para la CIDH, la situación del país es preocupante, por ello, desde 2020 hasta noviembre de 2022, ha monitoreado al país en casi todos los períodos de sesiones que ha celebrado. Solo 2022 se pronunció en las siguientes ocho oportunidades: 

• En abril, pidió al Estado garantizar que las acciones de seguridad ciudadana, incluyendo las del régimen de excepción, se hagan de conformidad con los compromisos internacionales en derechos humanos. 
• En abril, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELEX), alertó sobre riesgos de criminalización a la libertad de expresión en el régimen de excepción y mostró preocupación por las reformas a leyes penales que establecen agravantes y sanciones de hasta 45 años de prisión para delitos relacionados con el crimen organizado, entre otros aspectos. 
• En mayo, urgió a todos los Estados a proteger la vida y labor de las personas defensoras de derechos humanos, mencionando en El Salvador el asesinato de una defensora de derechos de las mujeres y cuestionó la narrativa oficial estigmatizante en contra de ellas. 
• En junio, urgió de nuevo a El Salvador a que cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos en el diseño y aplicación de las políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana. 
• En junio, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, en el marco del V Informe Anual 2021, expresa su preocupación por las obstrucciones en el país, al acceso a la información pública, el manejo de la crisis sanitaria por COVID-19, la corrupción y la crisis hídrica. También se pronuncia en contra de la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la remoción de jueces/zas de septiembre de 2021, entre las/os que se encuentran tribunales ambientales. 
• En junio, la RELEX presentó el informe anual 2021 “Tendencias sobre el derecho a la libertad de expresión en el hemisferio”, en el que expresa que en El Salvador “… continúa observando un deterioro de las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión [que] se ha visto reflejado en indicios de captura gubernamental del debate público y una disminución de la pluralidad de voces […] así como la pérdida de garantías para realizar [la] labor [informativa] de forma libre y segura”.  
• En julio, emitió una resolución prorrogando las medidas cautelares, de febrero 2021, otorgadas al periódico digital El Faro.
• En noviembre, emitió otro comunicado en el que recuerda al país sus obligaciones internacionales en derechos humanos y el peligro que representa la prolongación –hasta ese momento– por siete meses del régimen de excepción. 

Preocupaciones de Naciones Unidas 

Durante 2021, Naciones Unidas publicó dos pronunciamientos sobre la situación del país: en mayo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuestionó la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al Fiscal General de la República sin el debido proceso, socavando, con ello, la democracia y el Estado de Derecho. Al mes siguiente, el entonces Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, condenó esta misma situación.

En diciembre 2021, un grupo de personas expertas de cuatro procedimientos especiales de Naciones Unidas, demandaron al país modificar la normativa discriminatoria que criminaliza el aborto y las emergencias obstétricas; ello, tras la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Manuela y otros Vs El Salvador, de noviembre de 2021. 

En enero de 2022, la RELEX y OACNUDH, expresaron preocupación por el uso estatal del software Pegasus para vigilar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador. 

En junio del mismo año, seis mandatos especiales de Naciones Unidas –incluyendo al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias– dirigieron una extensa comunicación al presidente Bukele, en la que exponen preocupaciones por la aprobación del Régimen de Excepción, el estado de emergencia en el sistema penitenciario, las reformas a las leyes penales, las capturas ilegales, las condiciones de las personas privadas de libertad, la vulneración de derechos y garantías procesales, entre otros temas. 

En julio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, responsable de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizó el séptimo examen periódico a El Salvador. En esta audiencia de revisión y en su documento de observaciones finales el Comité mostró preocupación por la violencia e intimidación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la falta de medidas de protección para personas que trabajan por los derechos de la mujer, personas LGBTIQ+, los pueblos indígenas, los derechos reproductivos y sexuales, y de quienes documentan e investigan ejecuciones extrajudiciales.

En noviembre, se celebró la audiencia de seguimiento del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En el informe final sobre El Salvador el Comité cuestiona el incumplimiento y la ausencia de información estatal sobre sus recomendaciones de 2009 y expresa preocupación acerca de graves violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción, la crisis penitenciaria, los nulos resultados en las investigaciones de los crímenes del conflicto armado, la rigidez de la normativa vigente para la interrupción de los embarazos, la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, entre otros temas.

Conclusión

El Salvador reprueba en las evaluaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Y la respuesta del presidente Nayib Bukele, más que tender puentes como lo debería hacer un jefe de estado, parece estar dinamitándolos, lo cual puede obstaculizar la posibilidad de contar con asistencia técnica y acompañamiento especializado para atender estos graves problemas nacionales. Con ello, el país se asemeja cada vez más a la actitud hostil y altanera que han tenido en su historia reciente países como los Estados Unidos en la administración Trump, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador o México, caracterizados, por tendencias autoritarios, resistencia al escrutinio internacional y recesiones democráticas.

* Juan Carlos Sánchez es especialista en derechos humanos y oficial de Programa en DPLF, basado en El Salvador.

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