Pegasus: ¿la “legalización del espionaje” en El Salvador?

Julia Gavarrete*

English version here.

En El Salvador, 35 personas -entre periodistas y activistas- fueron intervenidas con Pegasus. Solo en el periódico El Faro, fuimos 22. Así lo revelamos el 13 de enero de 2022, luego de tres meses de haber sometido a análisis exhaustivos nuestros  celulares. Se trató de un espionaje a través de un software sofisticado denominado Pegasus, capaz de entrar a los teléfonos, infectarlos y tener acceso a todo: información, videos, fotografías, mensajes de texto. Todo significa todo. Citizen Lab y Access Now fueron las dos organizaciones que analizaron nuestros dispositivos telefónicos desde el inicio. Ambas concluyeron el “obsesivo espionaje” al que estuvo sometido la mayor parte del personal de El Faro: 17 meses de intervenciones, de junio de 2020 a noviembre de 2021, y en algunos casos de manera ininterrumpida. Desde la dirección, jefaturas editoriales, personal administrativo y periodistas intervenidos. En esos meses, quienes tuvieron acceso a nuestra información, conocieron los lugares que frecuentamos -con solo echar un vistazo a la geolocalización- y hasta de nuestros problemas familiares. Suficientes detalles como para iniciar una investigación seria para identificar quién estaría detrás y activar las alarmas de un país entero, ¿no? Lo digo de esta manera porque, al menos, eso es lo que pasó en Polonia, donde cinco casos de espionaje bastaron para generar un gran escándalo. 

La noticia de espionaje en Polonia ocurrió casi de manera paralela a la de El Salvador. Cuando en el país se revelaba que 35 personas fueron espiadas con un programa que cuesta millones de dólares y que, según NSO Group, la empresa fabricante, solo se vende a gobiernos y aparatos de seguridad del Estado, el Senado polaco ya había instalado una discusión sobre el uso del software en contra de miembros de la oposición, entre otros funcionarios. John Scott-Railton, uno de los investigadores de Citizen Lab, y quien lideró la investigación en El Salvador, fue entrevistado por el Senado de Polonia. A él se le preguntó sobre el uso de este programa y sus alcances. De ahí que el Senado pidió al gobierno de Polonia que investigara de dónde provenía el espionaje, contra quiénes se usó, además de considerar como necesidad urgente el promulgar leyes que impidan que un espionaje de este nivel vuelva a pasar. 

Seguir leyendo

Bitcoin y ciudadanía: ¿en dónde quedó la participación?

Wilson Sandoval*

Mucho se ha venido hablando del bitcoin en El Salvador. Por una parte, el Ejecutivo que controla el “poder de agenda” ha posicionado el tema desde la perspectiva “ganadora” que genera bienestar económico de la población y de “libertad e inclusión” que la ciudadanía puede tener frente a la banca tradicional, al punto de que el mismo presidente de la República se encarga desde sus redes sociales de exponer constantemente las “bondades” del activo virtual. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso organismos multilaterales también han generado debate y cuestionamiento en torno al tema, especialmente en lo que respecta a los riesgos que puede implicar el uso del bitcoin gracias a su gran volatilidad, así como de las amenazas en relación con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, más allá de continuar con los enfoques previos -centrados en el apartado económico y de gestión de riesgos del activo-, es importante hacer destacar un elemento que ha tenido poca cabida en la discusión que orbita el bitcoin: el proceso de formación de ley. Al revisar cual fue el proceso seguido para introducir a la denominada “Ley Bitcoin” en el sistema jurídico salvadoreño, es posible identificar ciertos aspectos que evidencian no solo la violación a diferentes principios que deben converger para garantizar la cabida del pluralismo de la sociedad en la aprobación de una ley, sino que también la supresión de la participación ciudadana de cara a una ley que implica un impacto directo en la economía salvadoreña y por consecuencia en la calidad de vida de las y los salvadoreños.

Seguir leyendo

Hacia la cooptación del poder judicial: ¿qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador?*

Leonor Arteaga Rubio**

El viernes 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe (ver: arts. 88 y 152.1). Esta decisión permitiría al actual presidente Nayib Bukele buscar la reelección en 2024, y de esta manera la Sala emula a otras cortes en el continente que han intervenido a través de cuestionados fallos sobre la prohibición a la limitación de la reelección presidencial, habitualmente en ausencia de un amplio consenso nacional y en beneficio del poder de turno.  

La decisión del tribunal constitucional -ahora controlado por el gobierno- se suma a otras acciones contrarias a la democracia y el Estado de derecho que ha protagonizado la actual administración desde su llegada al poder en junio de 2019 y, particularmente en los últimos meses. 

Seguir leyendo

El Salvador: acceder democráticamente al poder para anular al Estado de derecho

Juan Carlos Sánchez*

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador generó entusiasmo en algunos sectores y escepticismo en otros, sobre el rumbo por el que podría transitar la joven democracia salvadoreña bajo su mandato. No porque en la campaña presidencial se haya perfilado claramente su rostro autoritario, sino por el estilo heterodoxo, marcado por una estrategia populista, con el que encaró y derrotó a los partidos tradicionales en febrero de 2019. Estilo que provocó dudas y recelos en una parte de la población por su discurso carente de propuestas, pero que le valió la confianza de una amplia mayoría del electorado que lo colocó en tan sólo dos años y dos elecciones consecutivas –una presidencial y otra legislativa– en una posición política favorable para controlar a todo el aparato estatal, como nadie antes la había tenido por las vías institucionales. 

Aunque existían antecedentes de comportamiento poco transparentes y prácticas de nepotismo cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012–2015) y San Salvador (2015–2018), no se logró dimensionar la crisis en la que estaría sumergido El Salvador hasta los pocos meses de iniciar su mandato como Presidente. Quizás ingenuamente se cifró esperanzas en la sensatez política que venía acumulando el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, en la contención de los mecanismos institucionales de control, así como en la incidencia que podía ejercer la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Se esperaba que, como había sucedido en el pasado, estos elementos fueran suficientes para contrarrestar las amenazas que ya se advertían en quien, hasta ese momento, eran tan solo un joven con aspiraciones presidenciales. 

Seguir leyendo

The significance of the Engel list: against corruption and in defense of democracy

Katharine Valencia*

Adapted from an article originally published on Revista Factum.

Spanish version available here.

There has been much attention to the “Engel List” in Central America in recent weeks. The list of corrupt and undemocratic actors published by the US Department of State on July 1 was highly anticipated, especially after a list of corrupt Central American officials requested by Congresswoman Norma Torres was published in May. With the Torres list paving the way, a total of 55 individuals from El Salvador, Guatemala, and Honduras were included on the Engel List, including high-level judges, members of Congress, and (in the case of El Salvador) presidential administration officials. 

Many of those placed on the list or associated with those named have sought to downplay its importance or asserted a lack of evidence against them. But what does inclusion on the Engel list actually mean? How important is it from the US perspective and what weight does it have? 

Seguir leyendo

La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la «Lista Engel» en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

Seguir leyendo

A dark night for judicial independence in El Salvador*

Ursula Indacochea** y Sonia Rubio Padilla***

he night of Saturday, May 1, 2021, when the Salvadoran Congress decided to mortally wound the country’s justice system, could be a long night, one of those that darken with the passage of time. But no night lasts forever. President Nayib Bukele and the deputies of his political party Nuevas Ideas may not be aware today of the need for an independent judiciary; but the lack of legal certainty and the condemnation of the international community will inevitably be reflected in a flight of investment, the contraction of the economy, and the absence of conditions for prosperity. The experience of the region has shown, systematically, that authoritarian governments and their leaders, at some point then turn to justice for protection. And it is there that history, and the debris of justice, paid them back with the same coin.

The strategy of capture of the Constitutional Chamber

The capture of El Salvador’s Constitutional Chamber did not begin on May 1. It began long before, when from the privileged tribune of official discourse, President Bukele launched a campaign of attacks, harassment and criminalization of the highest constitutional body. From the open contempt of its rulings to the accusations of the Chamber as «corrupt» or as «guilty» of the deaths and contagions during the pandemic, Bukele was building a hostile narrative towards justice, replicated and increased by his followers in the networks. In this way, he deliberately fabricated a disease to later appear with «the cure».

Seguir leyendo

Noche oscura para la independencia judicial en El Salvador*

Ursula Indacochea** y Sonia Rubio Padilla***

La noche del sábado 1 de mayo de 2021, en que la Asamblea Legislativa de El Salvador decidió herir de muerte al sistema de justicia del país, puede ser una noche larga, de las que oscurecen con el paso del tiempo. Pero ninguna noche es eterna. El presidente Nayib Bukele y los diputados de su partido político Nuevas Ideas, quizás no sean hoy conscientes de la necesidad de un sistema de justicia independiente; pero la falta de seguridad jurídica y la condena de la comunidad internacional se reflejará inevitablemente en una fuga de la inversión, la contracción de la economía, y en la ausencia de las condiciones para la prosperidad. La experiencia de la región ha mostrado, sistemáticamente, que los gobiernos autoritarios y sus líderes, en algún momento luego voltean hacia la justicia buscando protección. Y es allí donde la historia, y los escombros de la justicia, les pagaron con la misma moneda.

La estrategia de captura de la Sala de lo Constitucional

La captura de la Sala de lo Constitucional de El Salvador no comenzó el 1 de mayo. Empezó mucho antes, cuando desde la tribuna privilegiada del discurso oficial, el presidente Bukele emprendió una campaña de ataques, hostigamiento y criminalización del máximo órgano constitucional. Desde el abierto desacato de sus sentencias, hasta los señalamientos a la Sala como “corrupta” o como “culpable” de las muertes y contagios durante la pandemia, Bukele fue construyendo a cuentagotas, una narrativa hostil hacia a la justicia, replicada y aumentada por sus seguidores en las redes. De ese modo, fabricaba deliberadamente una enfermedad para después aparecer con “la cura”.

Seguir leyendo

¿Camino a una dictadura millenial?*

Katya Salazar**

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente peruano Alberto Fujimori informaba en un mensaje a la nación su decisión dedisolver el Congreso de la República por ser un obstáculo a sus planes para enfrentar la crisis económica, el narcotráfico y el terrorismo que azotaban al país, evento recordado como el “Autogolpe” o “Fujimorazo”. Asimismo, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Construccional por las mismas razones. Según el guión que presentó esa noche al pueblo peruano, estas instituciones, integradas por los supuestos “holgazanes y corruptos de siempre”, impedían el desarrollo y pacificación del país, por lo que era necesario reformarlas. Dos años antes, Fujimori ganaba las elecciones gracias a una mayoría que vio en él la posibilidad de un cambio. Había ganado el “outsider”, enemigo del establishment y de los partidos políticos tradicionales, el de la mano dura que llegaba a poner orden en el país, cercano al pueblo, conocedor de sus necesidades y las soluciones.

Imágenes del ese autogolpe de estado ocurrido hace casi 30 años en Perú, volvieron a nuestras mentes cuando el 9 de febrero último vimos a las Fuerzas Armadas salvadoreñas entrar por la fuerza a la Asamblea Legislativa por órdenes del Presidente, invocando el articulo 87 de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la “insurrección”. Nayib Bukele, el mandatario “millenial” que llegó para darle un aire fresco a la política salvadoreña, que disfruta de los selfies y gobierna por Twitter, quería mostrarle a la Asamblea Legislativa de su país que sus amenazas iban en serio si ésta seguía negándose a aprobar un préstamo para su plan de combate a la violencia. Muchos temimos estar presenciando los momentos previos de un Fujimorazo y respiramos “aliviados” cuando el Presidente, después de ingresar a la Asamblea Legislativa y orar, informó que le había preguntado a Dios qué hacer y que éste le había dicho que tuviera paciencia, esto es, que suspendiera sus planes de cerrar al Congreso.

Este audaz acto de intimidación nunca antes visto en El Salvador, recibió una unánime condena internacional y llevó a que algunas voces lo calificaran  como el  paso inicial  en el camino a convertirse en el primer “dictador millenial” de la región.

Seguir leyendo

No. No hay una CICIES en El Salvador.

Celia Medrano*

En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).

Seguir leyendo