Hacia la cooptación del poder judicial: ¿qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador?*

Leonor Arteaga Rubio**

El viernes 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe (ver: arts. 88 y 152.1). Esta decisión permitiría al actual presidente Nayib Bukele buscar la reelección en 2024, y de esta manera la Sala emula a otras cortes en el continente que han intervenido a través de cuestionados fallos sobre la prohibición a la limitación de la reelección presidencial, habitualmente en ausencia de un amplio consenso nacional y en beneficio del poder de turno.  

La decisión del tribunal constitucional -ahora controlado por el gobierno- se suma a otras acciones contrarias a la democracia y el Estado de derecho que ha protagonizado la actual administración desde su llegada al poder en junio de 2019 y, particularmente en los últimos meses. 

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El Salvador: acceder democráticamente al poder para anular al Estado de derecho

Juan Carlos Sánchez*

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador generó entusiasmo en algunos sectores y escepticismo en otros, sobre el rumbo por el que podría transitar la joven democracia salvadoreña bajo su mandato. No porque en la campaña presidencial se haya perfilado claramente su rostro autoritario, sino por el estilo heterodoxo, marcado por una estrategia populista, con el que encaró y derrotó a los partidos tradicionales en febrero de 2019. Estilo que provocó dudas y recelos en una parte de la población por su discurso carente de propuestas, pero que le valió la confianza de una amplia mayoría del electorado que lo colocó en tan sólo dos años y dos elecciones consecutivas –una presidencial y otra legislativa– en una posición política favorable para controlar a todo el aparato estatal, como nadie antes la había tenido por las vías institucionales. 

Aunque existían antecedentes de comportamiento poco transparentes y prácticas de nepotismo cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012–2015) y San Salvador (2015–2018), no se logró dimensionar la crisis en la que estaría sumergido El Salvador hasta los pocos meses de iniciar su mandato como Presidente. Quizás ingenuamente se cifró esperanzas en la sensatez política que venía acumulando el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, en la contención de los mecanismos institucionales de control, así como en la incidencia que podía ejercer la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Se esperaba que, como había sucedido en el pasado, estos elementos fueran suficientes para contrarrestar las amenazas que ya se advertían en quien, hasta ese momento, eran tan solo un joven con aspiraciones presidenciales. 

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The significance of the Engel list: against corruption and in defense of democracy

Katharine Valencia*

Adapted from an article originally published on Revista Factum.

Spanish version available here.

There has been much attention to the “Engel List” in Central America in recent weeks. The list of corrupt and undemocratic actors published by the US Department of State on July 1 was highly anticipated, especially after a list of corrupt Central American officials requested by Congresswoman Norma Torres was published in May. With the Torres list paving the way, a total of 55 individuals from El Salvador, Guatemala, and Honduras were included on the Engel List, including high-level judges, members of Congress, and (in the case of El Salvador) presidential administration officials. 

Many of those placed on the list or associated with those named have sought to downplay its importance or asserted a lack of evidence against them. But what does inclusion on the Engel list actually mean? How important is it from the US perspective and what weight does it have? 

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La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la “Lista Engel” en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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A dark night for judicial independence in El Salvador*

Ursula Indacochea** y Sonia Rubio Padilla***

he night of Saturday, May 1, 2021, when the Salvadoran Congress decided to mortally wound the country’s justice system, could be a long night, one of those that darken with the passage of time. But no night lasts forever. President Nayib Bukele and the deputies of his political party Nuevas Ideas may not be aware today of the need for an independent judiciary; but the lack of legal certainty and the condemnation of the international community will inevitably be reflected in a flight of investment, the contraction of the economy, and the absence of conditions for prosperity. The experience of the region has shown, systematically, that authoritarian governments and their leaders, at some point then turn to justice for protection. And it is there that history, and the debris of justice, paid them back with the same coin.

The strategy of capture of the Constitutional Chamber

The capture of El Salvador’s Constitutional Chamber did not begin on May 1. It began long before, when from the privileged tribune of official discourse, President Bukele launched a campaign of attacks, harassment and criminalization of the highest constitutional body. From the open contempt of its rulings to the accusations of the Chamber as “corrupt” or as “guilty” of the deaths and contagions during the pandemic, Bukele was building a hostile narrative towards justice, replicated and increased by his followers in the networks. In this way, he deliberately fabricated a disease to later appear with “the cure”.

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Noche oscura para la independencia judicial en El Salvador*

Ursula Indacochea** y Sonia Rubio Padilla***

La noche del sábado 1 de mayo de 2021, en que la Asamblea Legislativa de El Salvador decidió herir de muerte al sistema de justicia del país, puede ser una noche larga, de las que oscurecen con el paso del tiempo. Pero ninguna noche es eterna. El presidente Nayib Bukele y los diputados de su partido político Nuevas Ideas, quizás no sean hoy conscientes de la necesidad de un sistema de justicia independiente; pero la falta de seguridad jurídica y la condena de la comunidad internacional se reflejará inevitablemente en una fuga de la inversión, la contracción de la economía, y en la ausencia de las condiciones para la prosperidad. La experiencia de la región ha mostrado, sistemáticamente, que los gobiernos autoritarios y sus líderes, en algún momento luego voltean hacia la justicia buscando protección. Y es allí donde la historia, y los escombros de la justicia, les pagaron con la misma moneda.

La estrategia de captura de la Sala de lo Constitucional

La captura de la Sala de lo Constitucional de El Salvador no comenzó el 1 de mayo. Empezó mucho antes, cuando desde la tribuna privilegiada del discurso oficial, el presidente Bukele emprendió una campaña de ataques, hostigamiento y criminalización del máximo órgano constitucional. Desde el abierto desacato de sus sentencias, hasta los señalamientos a la Sala como “corrupta” o como “culpable” de las muertes y contagios durante la pandemia, Bukele fue construyendo a cuentagotas, una narrativa hostil hacia a la justicia, replicada y aumentada por sus seguidores en las redes. De ese modo, fabricaba deliberadamente una enfermedad para después aparecer con “la cura”.

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¿Camino a una dictadura millenial?*

Katya Salazar**

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente peruano Alberto Fujimori informaba en un mensaje a la nación su decisión dedisolver el Congreso de la República por ser un obstáculo a sus planes para enfrentar la crisis económica, el narcotráfico y el terrorismo que azotaban al país, evento recordado como el “Autogolpe” o “Fujimorazo”. Asimismo, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Construccional por las mismas razones. Según el guión que presentó esa noche al pueblo peruano, estas instituciones, integradas por los supuestos “holgazanes y corruptos de siempre”, impedían el desarrollo y pacificación del país, por lo que era necesario reformarlas. Dos años antes, Fujimori ganaba las elecciones gracias a una mayoría que vio en él la posibilidad de un cambio. Había ganado el “outsider”, enemigo del establishment y de los partidos políticos tradicionales, el de la mano dura que llegaba a poner orden en el país, cercano al pueblo, conocedor de sus necesidades y las soluciones.

Imágenes del ese autogolpe de estado ocurrido hace casi 30 años en Perú, volvieron a nuestras mentes cuando el 9 de febrero último vimos a las Fuerzas Armadas salvadoreñas entrar por la fuerza a la Asamblea Legislativa por órdenes del Presidente, invocando el articulo 87 de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la “insurrección”. Nayib Bukele, el mandatario “millenial” que llegó para darle un aire fresco a la política salvadoreña, que disfruta de los selfies y gobierna por Twitter, quería mostrarle a la Asamblea Legislativa de su país que sus amenazas iban en serio si ésta seguía negándose a aprobar un préstamo para su plan de combate a la violencia. Muchos temimos estar presenciando los momentos previos de un Fujimorazo y respiramos “aliviados” cuando el Presidente, después de ingresar a la Asamblea Legislativa y orar, informó que le había preguntado a Dios qué hacer y que éste le había dicho que tuviera paciencia, esto es, que suspendiera sus planes de cerrar al Congreso.

Este audaz acto de intimidación nunca antes visto en El Salvador, recibió una unánime condena internacional y llevó a que algunas voces lo calificaran  como el  paso inicial  en el camino a convertirse en el primer “dictador millenial” de la región.

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No. No hay una CICIES en El Salvador.

Celia Medrano*

En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).

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On the path to a millennial dictatorship?*

Katya Salazar**

On April 5, 1992, then Peruvian President Alberto Fujimori informed the nation of his decision to dissolve the Congress of the Republic because it stood in the way of his plans to tackle the economic crisis, drug trafficking, and terrorism that were plaguing the country, an event remembered as the “self-coup” or “Fujimorazo.” He took over the Judiciary, the Public Prosecution Service, and the Constitutional Court for the same reasons. Under the scenario he presented that night to the Peruvian people, these institutions, made up of the “same lazy and corrupt people as always,” were holding back the country’s development and pacification, and thus needed to be reformed. Two years earlier, Fujimori had won the election thanks to a majority that viewed him as someone who could bring about change. He won as the “outsider,” the enemy of the establishment and the traditional political parties, the hard-liner who came to bring order to the country, a man of the people who understood their needs and could provide solutions.

Images of that self-coup from nearly 30 years ago in Peru came to mind when last February 9 we saw the Salvadoran Armed Forces forcibly enter the Legislative Assembly by order of the President, invoking Article 87 of the Constitution which recognizes the people’s right to “insurrection.” Nayib Bukele, the “millennial” leader who had come to give Salvadoran politics a breath of fresh air, who enjoys taking selfies and governs by Tweet, wanted to show his country’s Legislative Assembly that he intended to follow through on his threats if it kept refusing to approve a loan for his anti-violence plan. Many of us feared we were witnessing a repeat of the Fujimorazo and breathed a sigh of relief when the president, after entering the Legislative Assembly and praying, reported that he had asked God what to do and that He had told him to be patient, that is, to suspend his plans to close Congress.

This bold act of intimidation, never before seen in El Salvador, was met with unanimous international condemnation and led some to call it Bukele’s initial step on the path to becoming the region’s first “millennial dictator.”

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Autoritarismo presidencial: una amenaza a la salud de la democracia

Juan Carlos Sánchez*

Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.

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