Julia Gavarrete*

English version here.

En El Salvador, 35 personas -entre periodistas y activistas- fueron intervenidas con Pegasus. Solo en el periódico El Faro, fuimos 22. Así lo revelamos el 13 de enero de 2022, luego de tres meses de haber sometido a análisis exhaustivos nuestros  celulares. Se trató de un espionaje a través de un software sofisticado denominado Pegasus, capaz de entrar a los teléfonos, infectarlos y tener acceso a todo: información, videos, fotografías, mensajes de texto. Todo significa todo. Citizen Lab y Access Now fueron las dos organizaciones que analizaron nuestros dispositivos telefónicos desde el inicio. Ambas concluyeron el “obsesivo espionaje” al que estuvo sometido la mayor parte del personal de El Faro: 17 meses de intervenciones, de junio de 2020 a noviembre de 2021, y en algunos casos de manera ininterrumpida. Desde la dirección, jefaturas editoriales, personal administrativo y periodistas intervenidos. En esos meses, quienes tuvieron acceso a nuestra información, conocieron los lugares que frecuentamos -con solo echar un vistazo a la geolocalización- y hasta de nuestros problemas familiares. Suficientes detalles como para iniciar una investigación seria para identificar quién estaría detrás y activar las alarmas de un país entero, ¿no? Lo digo de esta manera porque, al menos, eso es lo que pasó en Polonia, donde cinco casos de espionaje bastaron para generar un gran escándalo. 

La noticia de espionaje en Polonia ocurrió casi de manera paralela a la de El Salvador. Cuando en el país se revelaba que 35 personas fueron espiadas con un programa que cuesta millones de dólares y que, según NSO Group, la empresa fabricante, solo se vende a gobiernos y aparatos de seguridad del Estado, el Senado polaco ya había instalado una discusión sobre el uso del software en contra de miembros de la oposición, entre otros funcionarios. John Scott-Railton, uno de los investigadores de Citizen Lab, y quien lideró la investigación en El Salvador, fue entrevistado por el Senado de Polonia. A él se le preguntó sobre el uso de este programa y sus alcances. De ahí que el Senado pidió al gobierno de Polonia que investigara de dónde provenía el espionaje, contra quiénes se usó, además de considerar como necesidad urgente el promulgar leyes que impidan que un espionaje de este nivel vuelva a pasar. 

Pegasus es peligroso. En México hubo algunos periodistas que fueron asesinados luego de haber sido intervenidos con Pegasus. Las investigaciones confirmaron que día antes de los crímenes, las comunicaciones de estos periodistas habían sido monitoreadas, como el caso de Cecilio Pineda, asesinado en marzo de 2017. ¿Quiénes lo espiaron? A Cecilio, como a una veintena de periodistas en México, lo espió el Gobierno de Enrique Peña Nieto el usó de este programa en contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Pero, volvamos al caso de El Salvador. Luego de la publicación que confirmó el espionaje, instancias internacionales fueron contundentes. Amnistía Internacional (AI), que validó el análisis hecho por las Citizen Lab y Access Now, por ejemplo, vio en esto una clara violación a los derechos humanos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional fue clara en que “el uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país”. “Las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”, dijo en un comunicado publicado por AI. 

Al llamado a las autoridades salvadoreñas, para que abran una investigación y garanticen la “integridad de las víctimas”, se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe (OACNUDH). 

Contrario a lo ocurrido en Polonia y lejos de lo solicitado por organizaciones internacionales, en El Salvador se “legalizó el espionaje”.  El 1 de febrero de 2022, apenas dos semanas después de que se diera a conocer que en El Salvador se espía con Pegasus, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó espiar a ciudadanos a través de “agentes digitales encubiertos”.  

Los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficialista, aprobaron cinco reformas al Código Procesal Penal (CPP) para permitirle a la Policía “realizar operaciones encubiertas digitales”, previa autorización de un juez y la Fiscalía General de la República. Pese a que se determina así, las reformas, para algunos expertos en el tema, son ambiguas -y peligrosas-, tomando en cuenta que el Estado está cooptado por el Ejecutivo y que el sistema judicial y la Fiscalía responden a una persona: el presidente. A eso se agrega que no hay garantías sobre cómo y por qué una persona podría ser intervenida. Se dice que buscarán perseguir a criminales con las reformas. Bueno, también se dice que Pegasus sirve para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y está comprobado que se usa contra disidentes.  

Las reformas al CPP establecen que ahora será evidencia para procesos penales todos los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos u otros datos que sean almacenados, recibidos o transmitidos por canales digitales o dispositivos electrónicos. Lo que estas reformas no dicen en el papel es que para extraer esta información se deba recurrir a la vigilancia y al monitoreo de las comunicaciones del blanco que ha sido seleccionado. En declaraciones emitidas a El Faro sobre estas reformas, Juan Antonio Durán, uno de los jueces más críticos del camino que ahora está tomando la Corte Suprema de Justicia respecto a favorecer al oficialismo, ve en estas una puerta abierta a la persecución: “El riesgo es que se manipulen las investigaciones de procesos, se coarte la libertad de expresión y que se utilice a la Policía para perseguir personas”.

Estamos en un contexto en el que abiertamente el presidente Bukele ha arremetido contra medios que le parecen incómodos, en el que ha acusado a medios de lavado de dinero sin tener prueba alguna, en donde el discurso de odio hacia el quehacer de la prensa va en escalada. Esto hay que decirlo. Como hay que decir que en un país se confirmó el uso de un programa de espionaje y las autoridades, en lugar de investigar, mueven las piezas para que haya posibilidad de criminalizar a toda voz crítica. No olvidemos que ese 1 de febrero, la Asamblea Legislativa estuvo a un paso de aprobar 17 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El desmantelamiento definitivo de la LAIP. Pero se frenó por diferencias; no todos los legisladores estaban dispuestos a apretar el botón, aparentemente. Pero lo más grave de estas reformas es que buena parte de la información que hasta ahora es publicada de oficio o “información oficiosa” podría pasar a ser reservada. Por otro lado, se plantean sanciones a ciudadanos que compartan información catalogada como “sensible”. 

Hasta hoy, los contratos con fondos públicos, la lista de viajes y hasta una memoria de labores institucional es información oficiosa. De aprobarse estas reformas, quien comparta algo de este nivel podría ser sancionado con cárcel, entre cinco y ocho años, como lo establecieron en otras reformas que fueron aprobadas ese mismo día a la Ley de Delitos Informáticos, que contempla como delito el obtener y transferir información considerada “de carácter confidencial”. 

Solo hay que ordenar el rompecabezas para tener el panorama completo de hacia qué apunta el gobierno salvadoreño. Recordemos lo que decía al inicio: con un programa como Pegasus, quien quiera que está detrás, tiene conocimiento de nuestros movimientos, de nuestras conversaciones, qué información nos llega y quiénes nos la comparten, de lo que estamos investigando. El clima para hacer periodismo es complejo, sí, y por eso quiero recalcar que no por eso dejaremos de hacerlo. No por eso dejaremos de acercarnos a nuestras fuentes y de buscar, ahora más que nunca, maneras seguras para hablar. Y quiero quedarme ahí: en la manera segura de acercarnos a ellas para protegerles y proteger la información que nos confían. En febrero nos quedó claro que no se trata solo de legalizar el espionaje, sino de criminalizar al periodismo y a todo aquel que busque desafiar al poder con información.

Julia Gavarrete es periodista de El Faro

Imagen: Hugo_34 vía Freepik.com