Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos: ¿Qué implica su ingreso a ese órgano?

Ramiro Orias A.

Luego de una ajustada votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela obtuvo una de las ochos sillas asignadas para la región latinoamericana en el Consejo de Derecho Humanos, con 105 votos sobre Costa Rica, que obtuvo 96. Aunque el gobierno venezolano, frente a su creciente aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. El ingreso  de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales dentro del sistema universal de derechos humanos.

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Una sentencia reaviva el fuego en Cataluña

Luis Pásara*

27 días antes de las nuevas elecciones parlamentarias de las que debería surgir un gobierno para España, la sentencia del Tribunal Supremo sobre los doce encausados por el procés independentista catalán, anunciada el 14 de octubre, ha tenido como principal efecto el agravamiento del conflicto existente en Cataluña. El enfrentamiento se abrió hace casi una década, a partir de otra sentencia, por la que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos del estatuto de autonomía que los catalanes y el Congreso de España habían aprobado.

Por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, se han impuesto penas de prisión de entre nueve y trece años para nueve de los condenados, a las que se suma la de inhabilitación. Las consecuencias se están sintiendo en una Cataluña que ha pasado en los días siguiente de la división interna a los desórdenes públicos, mientras allí y en el resto de España el conflicto catalán se convierte en un eje principal de la campaña electoral en curso.

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Crisis política en Perú: crónica de una disolución anunciada (pero que pudo evitarse)

David Lovatón Palacios*

El pasado 30 de septiembre será recordado como uno de los episodios políticos más inciertos en nuestra historia republicana que, felizmente, viene encontrando una solución pacífica dentro de los cauces constitucionales. Cuando en julio del 2016 asumió la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski, se instaló en el país una enrarecida y conflictiva relación entre el Gobierno y el Parlamento, pues éste último era ampliamente dominado por el fujimorismo, cuya lideresa Keiko Fujimori perdió la presidencia por muy estrecho margen y en segunda vuelta electoral. Kuczynski se quedó con el cargo por algo más de 40,000 votos –la capacidad del Estadio Nacional de Lima-, de un universo de alrededor de 23 millones de electores. La lideresa fujimorista nunca llegó a asimilar la derrota electoral y sus parlamentarios tampoco. Cabe mencionar también que en la historia republicana del Perú, los Presidentes que no contaron con mayoría parlamentaria nunca completaron su mandato producto de golpes militares.

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Protección de la Independencia Judicial en Bolivia

La sentencia constitucional plurinacional 049/2019 con relación al régimen de traslados de los jueces

Marco A. Loayza Cossío*

Uno de los legados más importantes que nos dejó la Ilustración desde un punto de vista jurídico fue la teoría de la separación de poderes que, en muchas oportunidades, fue hasta denostada por diversas corrientes políticas pero que nos demuestra que el hecho de desconcentrar el poder es la mejor garantía para un equilibrio entre los diferentes órganos y su actuación frente a la sociedad, así como una garantía personal de cualquier ciudadano o ciudadana de cara a un Estado que siempre tiende a concentrar su actividad y poder.

Donde más debe garantizarse la separación de los órganos del Estado es en el ámbito judicial ya que la independencia es un puntal de su actuación e implica dos dimensiones, la primera es la independencia institucional, que se refiere a la relación que tiene la entidad dentro del mismo Estado con los otros poderes, de los cuales debe estar completamente alejada y neutral; y por otro lado está la independencia funcional de sus servidores y servidoras públicas, que tienen el deber de juzgar y por lo tanto deben contar con la capacidad de ejercer sin ningún tipo de presión interna o externa esta vital labor para proteger los derechos de la población.

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En manos de la justicia

Luis Pásara*

Hace pocos días, en Italia fiscales y jueces contribuyeron decisivamente al descalabro de Matteo Salvini cuando dispusieron, primero, que los náufragos rescatados por el barco de la ong catalana Proactiva Open Arms debían desembarcar, abriéndosele proceso al ministro Salvini por el delito de secuestro, y luego, que el barco podía volver a navegar libremente. Las desautorizaciones que la justicia dictó respecto de las decisiones de Salvini abrieron la vía para que otros dos partidos pactasen formar gobierno, desplazando al líder ultraderechista.

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La CIDH debe enfatizar la responsabilidad judicial en la prevención de la violencia carcelaria

Investigadores Eric Archundia, Juan Morey y Miguel Sarre*

Recientemente la CIDH dio cuenta de un nuevo suceso violento en las cárceles de Brasil ocurrido el 29 de julio pasado, con el siguiente enunciado:

Es inevitable apreciar la similitud de dicho comunicado oficial con el emitido meses atrás por la propia Comisión:

Más allá de la obligada condena a los hechos y de los igualmente reiterados exhortos a los respectivos gobiernos para que se investigue lo sucedido, como ha ocurrido respecto de este y otros países de la región, la CIDH está obligada a contribuir a su no repetición. Para ello su mandato exige que vaya más a fondo en su análisis y que éste se refleje en sus distintos instrumentos.

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Adelanto de elecciones y reforma constitucional en Perú: Ante choque de poderes, que el árbitro final decida

David Lovatón Palacios*

El pasado 28 de julio el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, pronunció el tradicional mensaje a la nación en la sede del Parlamento. Fue un largo discurso por momentos  tedioso al describir las medidas que había realizado o había decidido implementar su gobierno en salud, educación, carreteras, etc. Hasta que en los últimos diez minutos del discurso soltó una nueva bomba política que no sólo hizo salir de la modorra a algunos congresistas, sino que arrancó airadas protestas y gritos de algunos parlamentarios fujimoristas: el Presidente anunció su propuesta de reforma constitucional para recortar el periodo del actual Congreso de la República y del actual Gobierno -que deben culminar el 28 de julio del 2021-, al 28 de julio del 2020.[1]

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