La reelección presidencial en El Salvador

Daniel Olmedo*

El 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de El Salvador, sin procedimiento previo, destituyó a magistrados y magistrada del tribunal constitucional: la Sala de lo Constitucional (SC). La SC de inmediato declaró inconstitucional tal destitución, pero la asamblea desobedeció la orden judicial. Nombró a otras personas en el tribunal, y estas, apoyadas de la fuerza policial, ocuparon el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hoy continúan operando como si fueran magistrados del tribunal constitucional.

Ese órgano de facto –que aquí denominaremos Sala de lo Constitucional impuesta (SCi)– ha firmado durante todo este tiempo documentos que pretende hacer pasar por legítimas resoluciones judiciales. Uno de ellos fue el emitido el 3 de septiembre de 2021 –que aquí llamaremos la presunta resolución–. En él, la SCi autorizó la reelección presidencial inmediata, aún cuando la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente. Lo mismo ya habían hecho Daniel Ortega (Nicaragua) en 2009, y Juan Orlando Hernández (Honduras) en 2015.

La vigente Constitución salvadoreña de 1983 reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia; lo que implica prohibir la reelección presidencial inmediata. Desde 1841, ocho constituciones consistentemente han recogido una postura similar; pero hubo un deleznable paréntesis: en 1939 el dictador Maximiliano Hernández Martínez aprobó una nueva Constitución y autorizó la reelección presidencial «por esta única vez». El dictador se reeligió para el período 1939-1944, pero en 1944  nuevamente volvió a reformar la Constitución para eliminar la frase «por esta única vez» que él mismo había escrito años antes. Unos meses después de reelegirse, presentó su renuncia tras la insurrección no violenta conocida como Huelga de brazos caídos[1].

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Five meanings of #1M for El Salvador

Ursula Indacochea*

Versión en español aquí.

On May 1, 2021, the Legislative Assembly of El Salvador resolved -as the first act in its first session- to remove all the magistrates and alternate magistrates of the Constitutional Chamber and the Attorney General of the Republic from their positions, and to directly appoint their replacements, placing in these positions a group of lawyers and a lawyer, respectively, related to their interests. These acts were unanimously condemned by international human rights organizations and civil society organizations throughout the region, as a repetition of the disastrous authoritarian experiences of the past and as a current threat to hemispheric democracy. One year later, the impacts of these actions have been manifold; some of them have become clearer with the passage of time. In this article I offer five approaches to these events with the purpose of making their different effects visible. 

1. Serious violations of all the guarantees of judicial independence

International human rights law guarantees judicial independence, both at the institutional level (of the judiciary as a whole) and at the personal level (of each individual judge). Various bodies, both of the United Nations system and the Inter-American system, have developed the contents of this guarantee: (i) an adequate appointment process, (ii) the guarantee of irremovability and (iii) the guarantee against external pressures. 

The events of May 1 violated all of these, without exception. The removal of high magistrates, based on the content of their decisions, without a serious cause previously established by law, and without due process, violated the guarantee of the irremovability of the members of the Constitutional Chamber. The pressures that forced the voluntary resignations of almost all the legitimate magistrates of this body -through letters with identical wording-, and the use of public force to take over the facilities of the Supreme Court of Justice and prevent them from entering their offices (in addition to installing their replacements), violated the guarantee against external pressures. Finally, the direct appointment without following the selection mechanism foreseen in the internal rules violated the guarantee of an adequate selection process.

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Cinco significados del #1M para El Salvador

Úrsula Indacochea*

English version here.

El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió –como primer acto en su primera sesión– remover de sus cargos a la totalidad de magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y designar directamente a sus reemplazos, colocando en estos cargos a un grupo de abogados y una abogada afines a sus intereses. Estos actos fueron condenados de forma unánime por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles de toda la región, como una reedición de las nefastas experiencias autoritarias del pasado y como una amenaza actual a la democracia hemisférica. Un año después, sus impactos han sido múltiples; algunos de ellos han podido verse con mayor claridad con el paso del tiempo. En este artículo ofrezco cinco aproximaciones a estos hechos con el propósito de visibilizar sus distintos efectos. 

1. Violaciones graves a todas las garantías de la independencia judicial

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza la independencia judicial, tanto a nivel institucional (del Órgano Judicial como un todo) como a nivel personal (de cada uno de los jueces y juezas de forma individual). Diversos organismos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado los contenidos de esta garantía: (i) un adecuado proceso de nombramiento, (ii) la garantía de la inamovilidad y (iii) la garantía frente a presiones externas. 

Los hechos del 1 de mayo vulneraron todas ellas, sin excepción. La remoción de altas magistraturas, basada en el contenido de sus decisiones, sin que exista una causa grave previamente establecida en la ley, y sin un debido proceso, violó la garantía de la inamovilidad de quienes integraban la Sala de lo Constitucional. Las presiones que forzaron las renuncias voluntarias de casi todos los magistrados legítimos de este órgano –mediante cartas con una redacción idéntica–, y el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia e impedirles el ingreso a sus despachos (además de instalar a sus reemplazos), violó la garantía frente a presiones externas. Finalmente, la designación directa y sin seguir el mecanismo de selección previsto en las normas internas violó la garantía que exige un adecuado proceso de selección.

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La corrupción y la incapacidad de las instituciones en Latinoamérica

Jaime Chávez Alor*

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a nivel mundial para el desarrollo nacional. Afecta el goce y disfrute de derechos civiles y económicos, genera discriminación en la implementación de políticas públicas violando derechos humanos e incapacita a las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera plena.

En Latinoamérica la corrupción ha tenido un impacto significativo en los gobiernos y espacios públicos, convirtiéndose así en una de las mayores y más complejas problemáticas que la ciudadanía identifica en su sociedad y entorno. A partir de ello, el combate a la corrupción ha sido una creciente prioridad en la agenda pública de los países de la región. Sin embargo, sigue habiendo una discrepancia en la mayoría de los países entre la agenda pública en discurso y la realidad.

La legislación insuficiente o inadecuada para hacer frente a la corrupción, la debilidad institucional que deriva en una falta de implementación de las políticas anticorrupción, así como investigaciones ineficaces para sancionar actos de corrupción, merman el Estado de derecho.

Desde el punto de vista del derecho privado, la ausencia de garantías legales afecta el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Todo análisis de inversión implica comparar posibles destinos basados en la confiabilidad del Estado de derecho, incluyendo, por supuesto, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Además de desarrollar un plan de negocios, los inversionistas de cualquier país evalúan también, sobre todo en negocios que tocan o involucran el gobierno, el régimen anticorrupción, incluida la viabilidad de mitigar los riesgos de corrupción estatal, demoras excesivas o imprevisibilidad en la toma de decisiones regulatorias y judiciales, así como otras divergencias del Estado de derecho. Los riesgos de este tipo elevan el costo percibido de hacer negocios y, para las empresas que respetan la ley, disuaden la inversión.

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El Salvador and the false discourse on judicial independence

Ursula Indacochea Prevost*

Versión en español aquí.

Last Wednesday, March 16, a public hearing was held before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to address the situation of judicial independence in El Salvador. In it, the petitioning organizations presented to this international body a reading of various decisions, facts and arbitrary reforms that occurred in 2021, as a strategy to capture the justice system, executed with the deliberate aim of neutralizing its ability to control power and protect human rights

The State, for its part, deployed an opposite narrative: all these acts would have obeyed, rather, to the objective of «strengthening and modernizing» a justice system «inefficient and conducive to widespread impunity». In this note, I intend to answer some of these arguments to demonstrate that there are reasonable grounds to consider that the state’s commitment to judicial independence is not sincere or, even, that there is a manipulation or appropriation of the discourse in defense of judicial independence, for purposes contrary to those stated.

As a starting point, it is worth briefly summarizing the civil society approach. It was argued that the Salvadoran justice system -which includes both the judiciary and the Attorney General’s Office- has been the object of a strategy of capture by the political power currently in government, executed in various stages. 

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El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

English version here.

El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

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A New Law and New Justices, but the Same Old Political Control over Venezuela’s Supreme Court

Carlos Lusverti*

Leer en español aquí.

On January 19, 2022, the Venezuelan National Assembly, whose members were  elected in the disputed elections of December 2020, adopted a new law that will affect  the Supreme Court (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). On its face, the law does not comply which international human rights standards on judicial independence. 

The Venezuelan Supreme Court is Venezuela’s highest judicial body, supervising the governance and administration of the judiciary. This supervision extends both to its judicial review function and its oversight of administrative matters, including budget and disciplinary controls. The new proposed law reduces the number of justices in the Supreme Court from 32 to 20 and changes the composition of the Judiciary Nomination Committee tasked with nomination of Supreme Court justices, so that there is a greater number of political members from Venezuela’s National Assembly. The law also renews the terms of all the current sitting justices, not only those who are about to finish their terms. Likewise, it also establishes that the National Assembly will appoint other administrative offices in the judiciary, such as the General Inspector of Courts and the Director of the National School of the Judiciary. 

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Nueva ley y nuevos jueces, pero el mismo control político de siempre sobre el Tribunal Supremo de Venezuela

Carlos Lusverti*

Read here in English.

El 19 de enero de 2022, la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyos miembros fueron electos en unas controvertidas elecciones de diciembre de 2020, aprobó una nueva ley respecto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La ley, a primera vista, no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial. 

El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano judicial de Venezuela, que supervisa el gobierno y la administración del Poder Judicial. Esta supervisión se extiende tanto a sus funciones de revisión judicial como a la supervisión de asuntos administrativos, incluyendo control presupuestario y disciplinario. La nueva Ley reduce el número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20 y modifica la composición de la Comisión encargada de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, para que haya un mayor número de miembros políticos procedentes de la Asamblea Nacional de Venezuela. La Ley también renueva por completo los mandatos de los magistrados en funciones, no sólo de los que están a punto de terminar su mandato. Asimismo, determina que la Asamblea Nacional nombrará otros cargos administrativos del Poder Judicial, como al Inspector General de Tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

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Cuando la corrupción no tiene rastro de dinero: las sanciones pasan por alto casos cruciales

Holly Dranginis*, Brittany Benowitz** y Kailey Wilk***

Este artículo fue originalmente publicado en Just Security, donde también está disponible una versión en inglés.

En la orilla occidental del lago Izabal en Guatemala, un estado de sitio instituido por el gobierno guatemalteco envolvió al pueblo de El Estor el octubre pasado. Las fuerzas de seguridad del Estado, incluidas unidades de la policía nacional, condujeron redadas violentas que resultaron en más de 60 arrestos. Esta fue la última de una historia de fuertes medidas contra los residentes allí, que son principalmente miembros de la comunidad indígena maya Q’echi’. Tal represión es una característica constante de la cleptocracia en Guatemala y recuerda un período de violencia tan extrema y dirigida contra las poblaciones indígenas, como para ser reconocida ampliamente como un genocidio.

Muchos jueces y fiscales valientes en Guatemala han buscado restaurar el estado de derecho y poner fin al acaparamiento ilegal de tierras que ha alimentado la violencia. Sin embargo, sus esfuerzos se han visto bloqueados por redes corruptas que han capturado las tres ramas del gobierno. La comunidad internacional ha respondido sancionando a pocos actores de nivel inferior involucrados en esquemas de corrupción, pero hasta ahora no ha perseguido a los autores intelectuales que usan su influencia para asegurar nombramientos de alto nivel en el sector judicial para sus amigos. Para abordar este desafío, los funcionarios encargados de las sanciones necesitan enfocarse menos en los operadores de bajo nivel que entregan sobornos y más en el tráfico de influencias de alto nivel.

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Hacia la cooptación del poder judicial: ¿qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador?*

Leonor Arteaga Rubio**

El viernes 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe (ver: arts. 88 y 152.1). Esta decisión permitiría al actual presidente Nayib Bukele buscar la reelección en 2024, y de esta manera la Sala emula a otras cortes en el continente que han intervenido a través de cuestionados fallos sobre la prohibición a la limitación de la reelección presidencial, habitualmente en ausencia de un amplio consenso nacional y en beneficio del poder de turno.  

La decisión del tribunal constitucional -ahora controlado por el gobierno- se suma a otras acciones contrarias a la democracia y el Estado de derecho que ha protagonizado la actual administración desde su llegada al poder en junio de 2019 y, particularmente en los últimos meses. 

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