Desjudicializar el neocolonialismo: 10 ideas y 10 propuestas básicas para cambiar la justicia en Bolivia

Eduardo Rodríguez Veltzé*

Publiqué estas notas en 2012 cuando me dedicaba a la actividad académica en la Universidad Católica Boliviana. Las volví a presentar en 2016 cuando parecía recobrar actualidad el debate para abrir un proceso de reformas estructurales al sistema judicial. Hoy en 2021, vuelvo a ellas para aportar al todavía vigente asunto que ha cobrado especial interés a partir de la reciente presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

El informe aborda en un capítulo especial las situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática, entre ellas examina el funcionamiento de la justicia en Bolivia a partir de cuatro elementos: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. El GIEI advierte que “el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.

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La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

English version here

Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

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Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa: Reflexiones en torno a la próxima elección

Evelyn Villarreal Fernández*

Costa Rica atraviesa por uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente. En este período el Ministerio Público (MP) ha sido cuestionado por su efectividad en casos de alto perfil anteriores y, sin duda, será sometido a un fuerte escrutinio en el desarrollo del caso más reciente denominado “Cochinilla“. En medio de esta investigación, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio se acogió de inmediato y anticipadamente a su derecho de pensión, después de recibir críticas por la inhibición que había presentado para no ser parte del caso[1]

No es la primera vez que la fiscalía general queda vacante en un contexto de cuestionamientos. De hecho el nombramiento de la fiscala fue realizado en un momento donde se ventilaba otro escándalo de alto perfil (conocido como “Cemento chino“) a finales de 2017, cuando el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán fue involucrado y también se acogió a su derecho de pensión.   

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Dilemas para la justicia y la verdad a la luz del informe de GIEI-Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Luego de los hechos de violencia que sucedieron en Bolivia en el marco de la crisis política, electoral y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de  derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas fallecidas en diversos lugares del país.

Después de ocho meses de intenso trabajo, pese a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, el GIEI-Bolivia presentó su informe final, que refleja un enorme esfuerzo investigativo para contribuir a esclarecer esos hechos. Uno de los mayores valores de este informe, es que aborda –con mucho detalle y rigor – los principales hechos de violencia y graves violaciones de derechos humanos cometidas, tomando como norte las voces de las propias víctimas, que constituyen el centro de las preocupaciones y recomendaciones del documento, sin diferenciar su posición política o sector social. El informe concluye remarcando la necesidad de: “Reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”[1]. Sin ello no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social.

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La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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¿Cómo avanza la persecución penal en Guatemala? Un vistazo a indicadores del Mirador Judicial

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG)

La justicia en Guatemala en los últimos años se ha encontrado en un proceso permanente de transformaciones institucionales. Probablemente, el cambio más paradigmático se ubica en el año 2015, con la ventilación de procesos penales contra organizaciones criminales que por muchos años saquearon las arcas del Estado y se beneficiaron con la cooptación de las instituciones públicas.

No obstante, es necesario recordar que el sistema de justicia penal desde la firma de los Acuerdos de Paz también se ha encontrado en un proceso de cambios importantes, como fue la reforma procesal penal, que significó la transformación del diseño procesal y la creación de nuevas agencias de justicia. De hecho, se podría asegurar que este proceso, emprendido desde el año 1994, facilitó que en las siguientes décadas la sociedad guatemalteca observara los avances en la persecución penal y juzgamiento contra organizaciones criminales que, históricamente, se habían beneficiado de la corrupción e impunidad.

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The Root of the Problem: Our Recommendations to the Biden Administration for Tackling Corruption in Central America’s Northern Triangle

Ursula Indacochea* and Katharine Valencia**

Versión en español aquí.

President Joe Biden’s Administration has been very clear that one of its top priorities is addressing the massive migration of people to the United States, mostly from Honduras, Guatemala, and El Salvador. Biden has opted to distance himself from the human rights-violating policies and the hostile and criminalizing narrative of his predecessor in office, Donald Trump; and instead, has promised a humanitarian approach and effective measures to attack the real underlying problems: insecurity, hopelessness and lack of opportunities and welfare in the countries of origin, which force people to migrate. 

This “root causes strategy” is being constructed with the involvement of several agencies, and rests on a sound premise: the need to understand the structural nature of the causes of migration, and that these causes cannot be resolved either in the short term or solely with the transfer of financial resources to governments. Where to begin, then, in addressing these issues?

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Selección adversa: el apoyo de la sociedad civil para la elección de jueces y fiscales honestos en Guatemala, Honduras y El Salvador*

Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte “amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte”.  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

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La subrepresentación de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y su efecto en la calidad de la justicia

Lilliam Arrieta de Carsana*

En El Salvador se está llevando a cabo actualmente el proceso de elección de las magistraturas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el periodo 2021-2030.  Lamentablemente, al igual que en todos los procesos que se han realizado desde que se modificó el artículo 186 de la Constitución en 1991, las candidaturas de mujeres han sido minoritarias.  Al 4 de febrero de 2021, hay 5 abogadas inscritas en el listado de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y hay 25 en el listado de postulantes en el proceso del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); pero este último número podría reducirse luego que dicho Consejo depure el listado, una vez concluida la revisión curricular y documental de cada candidatura. Esta falta de participación de mujeres en el proceso y la falta de elección de magistradas en la CSJ, no es un tema que afecta exclusivamente a las mujeres, ni que debería únicamente interesarnos a nosotras: afecta a toda la población. Es un problema de la calidad de la democracia, de falta de representación del segmento mayoritario de la población y un problema que afecta la administración de justicia, mucho más allá de lo que hasta ahora nos hemos detenido a examinar.

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Extradition in cases of corruption: Practical aspects to strengthen the system and prevent impunity

Gonzalo Bonifaz Tweddle***

Image taken from Proyecto Justicia of México Evalúa

Spanish version here

This year, 2021, will be very important in the fight against corruption around the world, particularly in Latin America and the Caribbean. For the first time, the United Nations General Assembly will hold a special session dedicated to the fight against corruption (A/RES/73/191); and, at the hemispheric level, it is expected that the IX Summit of the Americas will provide an opportunity for the region to showcase its accomplishments since the adoption of the Lima Commitment of 2018 (“Democratic Governance Against Corruption”).

One can add to these events the arrival of a new Biden-Harris administration to the White House, which announced during its campaign that fighting corruption will be a prominent part of its domestic and foreign policies. One of the priorities for the yet-to-be scheduled global “Summit for Democracy” is the fight against corruption (The power of America’s example:  The Biden Plan for leading the democratic world to meet the Challenges of the 21st Century).

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