El control de la ética profesional de los abogados y abogadas en México

Jorge Cardoso y Emiliano Polo*

El control de la ética profesional encuentra distintas regulaciones según la profesión y la latitud en la que se ejerza. En el caso de México, la discusión sobre la ética profesional de los abogados y abogadas llevaba varios años pausada. El último gran debate se produjo en 2015, con motivo de una iniciativa de reforma constitucional que pretendió imponer la colegiación obligatoria al gremio jurídico, iniciativa que encontró fuertes objeciones y resistencias.[1]

El caso reciente que llamaremos Cruz Azul-Junquera ha revivido la discusión. Como veremos, se trata de un caso actual, con amplia cobertura mediática, que invita a la reflexión sobre la necesidad y conveniencia de mejorar y fortalecer los controles de la ética profesional de los abogados y abogadas en México, de cara a la confianza que la sociedad deposita en nosotros.

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Los desafíos de la transición judicial en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Este articulo fue originalmente publicado por Agenda Estado de Derecho.

El sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982; los vicios y debilidades que traía se han vistos agravados y extendidos en la última década. Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política selectiva, develan un problema con raíces más profundas, que han hecho que la justicia en Bolivia haya perdido su capacidad de cumplir su rol tutelar de los derechos de sus ciudadanos.

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Una voz clara y contundente

Andrea Santacruz*

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha sido la primera representante de alta jerarquía de un organismo internacional que ha podido ingresar a Venezuela en una misión oficial, desde comienzos del siglo XXI. Esto implicó un hecho histórico en junio de 2019, que se vio reforzado al mes siguiente, el 4 de julio, cuando se hizo público un informe en el que, de manera clara y contundente, se señalaba que en el país se violaban gravemente derechos humanos y se destacaban diversos patrones de violaciones.

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El comienzo de un debate para la reforma del Poder Judicial en Argentina: miradas y propuestas desde ACIJ

Joaquín Caprarulo*

Este 29 de julio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una serie de iniciativas de reforma en el sistema de justicia, algo que ya había adelantado en su discurso de asunción a finales de 2019 y en sucesivos pronunciamientos públicos, pero que se vio postergado por múltiples razones, entre ellas la pandemia de COVID-19.

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A Small Victory for Equality: Peruvian Judiciary Fully Adopts Brasilia Rules in U-turn

Javier A. de Belaunde*

Versión en español aquí.

Can discrimination be committed in the act of approval of an international anti-discrimination regulation? A few days ago, the Peruvian Judiciary notably achieved a contradictory result of this nature. This happened with the accession to the 2018 updated version of the “Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People” (Brasilia Rules). The Judiciary Executive Committee (CEPJ in its Spanish acronym), one of the highest bodies of judicial governance –composed of 5 judges of all levels– decided to exclude Peru from adherence to those aims that consider sexual orientation and gender identity as a cause of vulnerability (002-2020-CE-PJ  and 011-2020-CE-PJ).

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Un pequeño triunfo para la igualdad: Poder Judicial peruano se rectifica y adopta las Reglas de Brasilia sin exclusión

Javier A. de Belaunde*

English version here.

¿Se puede cometer un acto discriminatorio al aprobar un acuerdo internacional antidiscriminación? El Poder Judicial peruano pareció lograr lo imposible hace unos días. Esto sucedió con motivo de la adhesión a la actualización de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (2018). El Consejo Ejecutivo (CEPJ), uno de los órganos máximos de gobierno judicial -integrado por 5 magistrados de todos los niveles-, decidió excluir de la adhesión “el extremo que constituye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género” (002-2020-CE-PJ y 011-2020-CE-PJ).

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Junta Nacional de Justicia (JNJ): Una nueva oportunidad para la justicia en el Perú

David Lovatón Palacios*

Según la experta Linn Hammergreen la reforma judicial en el Perú es una de las más antiguas en América Latina. Debe ser por el mal servicio de justicia que desde siempre han recibido y percibido los peruanos y peruanas: un sistema judicial lento, engorroso, poco confiable y sospechoso de una extendida y poco disimulada corrupción que parece formar parte del paisaje urbano.

Sólo la justicia de paz no ejercida por abogados sino por ciudadanos y ciudadanas de sus propias comunidades en zonas rurales se ha salvado de este descrédito republicano de la justicia y, a partir de la recuperación de la democracia a fines del año 2000, un puñado -cada vez más grande, felizmente- de jueces, juezas y fiscales valientes y honestos, decididos a cambiar esa historia gris de la judicatura.

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Jueces honestos frente a la corrupción sistemática

Claudia Escobar Mejía*

El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.

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La reapertura de los tribunales en tiempos de COVID-19: Caso México

Carlos G. Guerrero Orozco* y Ana Lorena Delgadillo Pérez**

La administración de justicia en tiempos de COVID-19 ha sido uno de los mayores retos a los que se han enfrentado los países de Latinoamérica. En tiempos de coronavirus, la atención urgente de violaciones de derechos humanos tuvo ciertos obstáculos a nivel regional. Ahora, durante el periodo más álgido de la pandemia, la reanudación de actividades ordinarias en los Poderes Judiciales de América Latina como el mexicano, debe orientarse a garantizar el acceso a un recurso efectivo.

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¿Los inocentes a las Cortes de Guatemala?

Ursula Indacochea*

El proceso de elección de Cortes en Guatemala está llegando a su etapa final. En los próximos días, se debe convocar al Pleno del Congreso para que los diputados, de forma individual y a viva voz, elijan a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de todas las cortes de apelaciones del país, a partir de las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación. Una porción importante de aspirantes, sin embargo, están bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por su vinculación a un grave caso de corrupción judicial. No es cualquier caso: se trata del intento de manipulación corrupta de esta misma elección. Ellos y ellas alegan que excluirlos por ese motivo sería inconstitucional y que debe presumirse que son inocentes.

En este contexto, es fundamental reflexionar acerca de los alcances de la presunción de inocencia y su aplicación los procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas. Se trata de uno de los momentos fundamentales de la justicia, y la existencia de denuncias penales, investigaciones y procesos sancionadores -judiciales o administrativos- en curso contra personas candidatas, es un elemento que debe ser cuidadosamente ponderado por los órganos evaluadores, nominadores y electores. Este post tiene el propósito de dar algunas luces que contribuyan a aclarar este tema.

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