Claudia Escobar Mejía*
El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.
Carlos G. Guerrero Orozco* y Ana Lorena Delgadillo Pérez**
La administración de justicia en tiempos de COVID-19 ha sido uno de los mayores retos a los que se han enfrentado los países de Latinoamérica. En tiempos de coronavirus, la atención urgente de violaciones de derechos humanos tuvo ciertos obstáculos a nivel regional. Ahora, durante el periodo más álgido de la pandemia, la reanudación de actividades ordinarias en los Poderes Judiciales de América Latina como el mexicano, debe orientarse a garantizar el acceso a un recurso efectivo.
Ursula Indacochea*
El proceso de elección de Cortes en Guatemala está llegando a su etapa final. En los próximos días, se debe convocar al Pleno del Congreso para que los diputados, de forma individual y a viva voz, elijan a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de todas las cortes de apelaciones del país, a partir de las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación. Una porción importante de aspirantes, sin embargo, están bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por su vinculación a un grave caso de corrupción judicial. No es cualquier caso: se trata del intento de manipulación corrupta de esta misma elección. Ellos y ellas alegan que excluirlos por ese motivo sería inconstitucional y que debe presumirse que son inocentes.
En este contexto, es fundamental reflexionar acerca de los alcances de la presunción de inocencia y su aplicación los procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas. Se trata de uno de los momentos fundamentales de la justicia, y la existencia de denuncias penales, investigaciones y procesos sancionadores -judiciales o administrativos- en curso contra personas candidatas, es un elemento que debe ser cuidadosamente ponderado por los órganos evaluadores, nominadores y electores. Este post tiene el propósito de dar algunas luces que contribuyan a aclarar este tema.
Eduardo Trujillo Ariza*
El continente americano, con sus desbalances históricos, que obedecen en buena medida a un desarrollo económico diverso, mayor o menor estabilidad en sus democracias, coqueteos con autoritarismos militaristas, autoritarismos socialistas y modernamente los populismos, sin duda es un continente con particularidades propias, pero en buena medida y salvo contadas excepciones, durante las transcurridas dos décadas del siglo XXI, ha sido un continente en paz.
Esa realidad macro del continente americano, cuando se focaliza en cada uno de los países que lo componen, adquiere unos matices particulares producto de situaciones como conflictos armados de grupos guerrilleros y paramilitares, actuación impune de cárteles de narcotráfico, violencia política, racismo, xenofobia y delincuencia común, entre otras. En consecuencia, esa paz de la visión macro, en una visión micro, no es del todo cierta.
Ronald Gamarra*
En lo que constituye una reacción inesperada y singularmente positiva, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido una histórica sentencia declarando la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.
Carlos Ayala Corao*
La humanidad está sufriendo la amenaza y los efectos concretos de una enfermedad infecciosa global producida por el Coronavirus (Covid-19), con graves consecuencias para la salud de las personas contagiadas, que en algunos casos, incluidos los de personas adultas mayores o de personas con ciertas condiciones preexistentes, puede causar la muerte. Es también conocido, que este virus es de fácil y rápida transmisión, lo cual llevó a que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud[1] (OMS) declarase una situación grave de “pandemia”, realizando conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una serie de recomendaciones a los Estados y a las personas, sobre las medidas para proteger la salud y prevenir su propagación[2].
Carmen E. Alguindigue Morles*
La capacidad del sistema de justicia en Venezuela para garantizar el acceso a la justicia y resolver conflictos sociales, es reducida y se encuentra francamente comprometida en cuanto a su independencia e imparcialidad, así como también por los desvíos constantes del marco constitucional. La transparencia es un principio en desuso, y no se cuenta con informes de gestión. El fenómeno de la politización y la corrupción arropa la mayoría de los procesos, siendo la excepción que alguno o ambos de esos componentes no confluyan.
Ofelia Riquezes* y Frank O. Mora**
La versión en inglés de este artículo fue publicada por Global Americans el 7 de mayo de 2020.
Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una política de “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, incrementando las presiones económicas sobre individuos y la economía venezolana con la intención de impulsar una transición democrática en el país. Ante la resiliencia de Maduro, Washington subió las apuestas en marzo de 2020 al anunciar acusaciones de narcoterrorismo en contra del dictador y su círculo de allegados y desplegar activos aéreos y navales de Estados Unidos al Caribe y el Pacífico Oriental en una operación antinarcóticos presuntamente dirigida a intimidar al régimen de Venezuela.
Claudia Escobar Mejía*
En medio de la crisis del coronavirus algunos países se enfrentan también a una epidemia en el sistema de justicia. Los grupos criminales aprovechan la situación para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad de sus fechorías. Uno de los riesgos más probables es que la pandemia sea utilizada por los ladrones de cuello blanco y por los políticos corruptos para apropiarse del dinero destinado a la ayuda humanitaria y así enriquecer sus bolsillos. Por esta y otras razones a los criminales les interesa controlar la justicia.
Carolina Villadiego Burbano*
Una primera versión de este artículo fue publicada por la autora en inglés en la página web de la Comisión Internacional de Juristas el 29 de abril de 2020. Disponible aquí.
En América Latina, los gobiernos adoptaron varias medidas para enfrentar la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19. Algunos, decretaron estados de excepción y adoptaron medidas restrictivas de derechos y libertades (cuarentenas, medidas de aislamiento preventivo, toque de queda, entre otras). Asimismo, los sistemas de justicia adoptaron medidas específicas para proteger el derecho a la salud y garantizar el acceso a la justicia.
Este artículo describe algunas medidas adoptadas por los poderes judiciales en América del Sur, y propone algunas reflexiones personales y preliminares acerca de los factores que deben analizarse para evaluar su proporcionalidad y eficacia. Es importante tener en cuenta que el poder judicial cumple distintos roles en un Estado de derecho: protege derechos fundamentales, revisa judicialmente decisiones gubernamentales, garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo, al debido proceso y los derechos de las personas privadas de la libertad. Por ello, esta labor es muy importante durante la emergencia sanitaria, como recordó la Comisión Internacional de Juristas.
