Reflexiones sobre la Independencia Judicial en Costa Rica

Jorge E. Padilla Cordero*

Saber leer los tiempos, analizar las coyunturas políticas, jurídicas, sociales y culturales es parte de comprender lo que rodea a nuestro sistema democrático. Resaltar buenas prácticas pero tomar muy en cuenta las lecciones aprendidas es un acto de responsabilidad que la institucionalidad y sus autoridades deben tener en el horizonte diario. ¿Cuánto hemos aprendido de las crisis institucionales que en los últimos años ha tenido Costa Rica? ¿Cuánto se ha discutido al respecto para resguardar esa institucionalidad frente a los embates del populismo político y jurídico? Parece que se ha recorrido mucho y nada a la vez. Parece que ha importado mucho y nada a la vez.

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Un juez muestra a la justicia frente al poder

Luis Pásara*

Un juez federal estadounidense ha dado desde su estrado una clase magistral sobre la justicia, de especial utilidad para ingenuos. Ha condenado a cuatro mujeres que creían ejercer su solidaridad con los inmigrantes que atraviesan el desierto de Arizona, dejándoles agua y alimentos en lugares donde pudieran encontrarlos. No sabían –o no podían creer– que un juez, un funcionario público encargado de administrar justicia, llegaría a considerar ese acto –para ellas, un acto de justicia– como un delito merecedor de pena de prisión.

Hace mucho que me ha llamado la atención el doble sentido de la palabra justicia. Quien sufre un agravio y reclama justicia se somete a la justicia para llevarle su demanda. Los filólogos dirán que hay allí una anfibología o, mejor aún, una disemia (palabra de doble significado). Pero un ciudadano agudo percibirá que ese doble significado encierra una trampa.

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Cuatro problemas límite en las reformas de nuestra justicia

Luis Pásara*

Cincuenta años atrás empezó la reforma de la justicia en el Perú. Se estableció un consejo para que los nombramientos no se efectuaran en instancias políticas. Como resultado se produjo una renovación de jueces y fiscales, al tiempo que se introdujeron cambios en códigos y leyes. A partir de entonces, las reformas han recorrido buena parte de América Latina.

A los cambios en la composición de las instituciones se agregaron la renovación en la infraestructura física e informática y, luego, la reingeniería de flujos y procesos. Se incrementaron significativamente los montos presupuestales dedicados a la justicia y con el apoyo, en ocasiones complaciente, de la cooperación internacional se multiplicaron proyectos piloto para diversos asuntos. Debe notarse que la mayor parte de estas experiencias no han sido evaluadas. Las inversiones han sido enormes y los resultados son escasos y desiguales. La insatisfacción ciudadana ha crecido y hoy en día prevalece en la región un gran escepticismo respecto de cambiar la justicia.

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Empieza un gran juicio político en España

Luis Pásara*

El martes 12 es la fecha programada para el inicio del juicio a los dirigentes políticos y sociales que han sido acusados –por rebelión, unos; por sedición, todos y por malversación de fondos públicos, varios de ellos– debido a haber organizado el referéndum sobre la independencia de Cataluña, llevado a cabo el 1 de octubre de 2017. Como caso estrella de la llamada judicialización de la política, el juicio puede dar un vuelco a la política española, como el capítulo más reciente en una larga y difícil historia de las relaciones entre el Estado español y Cataluña.

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¿Un nuevo autogolpe?

Santiago Martínez Neira*

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori comunicó por televisión su decisión de disolver el Congreso de la República del Perú. Esa tarde, decenas de tanquetas militares se estacionaron en las esquinas del centro de Lima y cientos de militares encapuchados rodearon el edificio del Congreso para impedir el ingreso de los senadores y diputados. No era un golpe de estado cualquiera, era un autogolpe; un hecho casi inédito en el continente. En lugar de conspirar contra el Presidente —como había acontecido en Argentina, Brasil, Chile, o en el mismo Perú en 1968— los militares conspiraron con él para cerrar el Congreso y adueñarse de las principales instituciones del Estado. Con esto se buscó anticipar las elecciones parlamentarias para que el nuevo Congreso, esta vez de mayoría fujimorista, promulgara una nueva Constitución. Pese a lo acontecido, los congresistas siguieron sesionando desde el Colegio de Abogados de Lima. Su primera decisión fue declarar la vacancia del presidente, medida que no logró contrarrestar el poder impuesto por las vías de hecho.

Por inverosímil que parezca este escenario, todo parece indicar que el continente va a presenciar un nuevo autogolpe, esta vez en Venezuela. Sigue leyendo

El reclamo de las OSC durante el G20: del compromiso a la acción en politícas anticorrupción

Victoria Amato*

Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible.” Así se tituló  la Declaración de Líderes del G20 consensuada durante la reunión del G20 que se realizó en Argentina. La agenda de la cumbre se centró en el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Se trataron también asuntos relativos al desarrollo, la industria y el comercio mundial, se realizaron numerosas reuniones bilaterales y se firmaron importantes acuerdos comerciales entre países.  Hubo un tema, sin embargo, que apenas rozó la agenda oficial. La lucha contra el flagelo de la corrupción quedó para el anteúltimo párrafo del documento: “Mantenemos nuestro compromiso para prevenir y combatir la corrupción, y liderar con el ejemplo,”  manifestaron tibiamente los mandatarios de las principales naciones del mundo. El reclamo de la sociedad civil no fue escuchado en su totalidad y todo culminó con viejos compromisos no implementados y nuevas promesas anticorrupción.

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El “Cártel de Lima”: La red de organizaciones criminales que infiltraron las instituciones peruanas

Gonzalo Salas*

¿Es que acaso no vemos que el Perú está tomado por el crimen organizado? Operadores mediáticos de los grupos económicos y políticos implicados en el caso Odebrecht en este país, propagan a los cuatro vientos que el Fiscal Anticorrupción José Domingo Pérez (el No. 1 del Equipo Especial Lava Jato) está parcializado contra Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular (actualmente en prisión preventiva), en el proceso judicial que se le sigue por el delito de lavado de activos (en un caso conocido como “Los cócteles de Fuerza Popular” en el que se habría disfrazado dinero ilícito que provendría de la constructora brasilera Odebrecht, bajo la forma de donaciones fantasma para la campaña política presidencial en el año 2011). Acto seguido, entra en escena el Fiscal de la Nación del Perú, Pedro Chávarry, amenazando con remover a Pérez del caso.

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