¿Necesitamos una consulta popular para investigar ex presidentes mexicanos?

Estefania Medina y Adriana Greaves*

El pasado 15 de septiembre el presidente de México presentó al Congreso una propuesta de consulta popular, con la finalidad de que se lleve a cabo una consulta a la ciudadanía sobre si se deberían investigar y sancionar a ex- presidentes por posibles delitos que ocurrieran en el pasado.

Sin embargo, la pregunta presentada por el Presidente resulta por demás innecesaria, toda vez que conforme a la Constitución y las leyes mexicanas la Fiscalía General de la República (que desde 2019 es un órgano constitucional autónomo), o en su caso las fiscalías estatales, tiene la obligación de iniciar investigaciones cuando se tiene conocimiento de cualquier hecho que pueda ser un delito, por lo cual, para el inicio de estas investigaciones basta la presentación de una denuncia o el conocimiento de los hechos para dar paso a estas investigaciones.

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Interferencias indebidas a órganos de la justicia internacional: el reciente caso de la CPI

Michelle Reyes Milk*

El pasado 2 de septiembre, el mundo del Derecho Penal Internacional fue una vez más sacudido por un nuevo acto de intimidación contra la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la administración de Trump, esta vez dirigido a la más alta autoridad en materia de investigación: la propia Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda. En concreto, a inicios de este mes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció que Estados Unidos tomaría una serie de medidas contra la Fiscal Bensouda y contra un integrante clave de su equipo, Phakiso Mochochoko, Director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, que incluyen la imposición efectiva de sanciones contra dichos altos funcionarios, incluyendo congelamiento de sus activos y bloqueo de sus propiedades. Asimismo, se podrían adoptar sanciones contra otras personas que brinden apoyo material a las potenciales investigaciones contra nacionales estadounidenses.

La medida implementa la Orden Ejecutiva 13298 adoptada en junio de este año por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, denominada “Bloqueo de las Propiedades de Ciertas Personas Asociadas con la Corte Penal Internacional”, adoptada argumentando una amenaza contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, así como una emergencia nacional.

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Bolivia: Independencia judicial en la encrucijada

Ramiro Orias* y Úrsula Indacochea**

Bolivia enfrenta el efecto combinado de varias crisis coyunturales –política, electoral, económica, social– a la que vino a sumarse la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Un peligroso ‘coctel’ que aumenta la tensión y pone en riesgo el proceso de transición democrática y el restablecimiento de la normalidad institucional. Este escenario, además, profundiza una crisis estructural, de larga data, la crisis judicial.

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Perú: nueva crisis política de una república bicentenaria pero aún adolescente

David Lovatón Palacios*

El Perú: retrato de un país adolescente

(Luis Alberto Sánchez)

Una nueva crisis política tuvo en vilo a todo el país. En sesión del pleno del Parlamento del pasado 10 de septiembre, un congresista difundió tres (03) audios de conversaciones privadas sostenidas por el presidente de la República, sus asistentes más cercanas y un personaje de la farándula nacional. Sólo en uno de dichos audios se escuchan algunas afirmaciones del presidente que podrían acarrear una posible responsabilidad penal por obstrucción de la justicia luego, por cierto, de las respectivas investigaciones fiscales y judiciales. Sin embargo, estos audios bastaron para que, al día siguiente, un grupo importante de congresistas aprobara una moción de vacancia por la causal de “incapacidad moral permanente” contemplada en el artículo 113.2° de la Constitución. Si bien el pasado 18 de septiembre la mayoría del Parlamento rechazó esta vacancia presidencial, cualquier cosa pudo pasar y cualquier cosa aún puede ocurrir hasta las elecciones generales de abril del 2021. En forma innecesaria e irresponsable, sumaron una nueva crisis política a la catástrofe sanitaria y económica que el Perú viene padeciendo como consecuencia de la pandemia.

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El control de la ética profesional de los abogados y abogadas en México

Jorge Cardoso y Emiliano Polo*

El control de la ética profesional encuentra distintas regulaciones según la profesión y la latitud en la que se ejerza. En el caso de México, la discusión sobre la ética profesional de los abogados y abogadas llevaba varios años pausada. El último gran debate se produjo en 2015, con motivo de una iniciativa de reforma constitucional que pretendió imponer la colegiación obligatoria al gremio jurídico, iniciativa que encontró fuertes objeciones y resistencias.[1]

El caso reciente que llamaremos Cruz Azul-Junquera ha revivido la discusión. Como veremos, se trata de un caso actual, con amplia cobertura mediática, que invita a la reflexión sobre la necesidad y conveniencia de mejorar y fortalecer los controles de la ética profesional de los abogados y abogadas en México, de cara a la confianza que la sociedad deposita en nosotros.

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Los desafíos de la transición judicial en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Este articulo fue originalmente publicado por Agenda Estado de Derecho.

El sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982; los vicios y debilidades que traía se han vistos agravados y extendidos en la última década. Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política selectiva, develan un problema con raíces más profundas, que han hecho que la justicia en Bolivia haya perdido su capacidad de cumplir su rol tutelar de los derechos de sus ciudadanos.

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Una voz clara y contundente

Andrea Santacruz*

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha sido la primera representante de alta jerarquía de un organismo internacional que ha podido ingresar a Venezuela en una misión oficial, desde comienzos del siglo XXI. Esto implicó un hecho histórico en junio de 2019, que se vio reforzado al mes siguiente, el 4 de julio, cuando se hizo público un informe en el que, de manera clara y contundente, se señalaba que en el país se violaban gravemente derechos humanos y se destacaban diversos patrones de violaciones.

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El comienzo de un debate para la reforma del Poder Judicial en Argentina: miradas y propuestas desde ACIJ

Joaquín Caprarulo*

Este 29 de julio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una serie de iniciativas de reforma en el sistema de justicia, algo que ya había adelantado en su discurso de asunción a finales de 2019 y en sucesivos pronunciamientos públicos, pero que se vio postergado por múltiples razones, entre ellas la pandemia de COVID-19.

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A Small Victory for Equality: Peruvian Judiciary Fully Adopts Brasilia Rules in U-turn

Javier A. de Belaunde*

Versión en español aquí.

Can discrimination be committed in the act of approval of an international anti-discrimination regulation? A few days ago, the Peruvian Judiciary notably achieved a contradictory result of this nature. This happened with the accession to the 2018 updated version of the “Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People” (Brasilia Rules). The Judiciary Executive Committee (CEPJ in its Spanish acronym), one of the highest bodies of judicial governance –composed of 5 judges of all levels– decided to exclude Peru from adherence to those aims that consider sexual orientation and gender identity as a cause of vulnerability (002-2020-CE-PJ  and 011-2020-CE-PJ).

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Un pequeño triunfo para la igualdad: Poder Judicial peruano se rectifica y adopta las Reglas de Brasilia sin exclusión

Javier A. de Belaunde*

English version here.

¿Se puede cometer un acto discriminatorio al aprobar un acuerdo internacional antidiscriminación? El Poder Judicial peruano pareció lograr lo imposible hace unos días. Esto sucedió con motivo de la adhesión a la actualización de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (2018). El Consejo Ejecutivo (CEPJ), uno de los órganos máximos de gobierno judicial -integrado por 5 magistrados de todos los niveles-, decidió excluir de la adhesión “el extremo que constituye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género” (002-2020-CE-PJ y 011-2020-CE-PJ).

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