Derechos humanos y estallido social: La experiencia chilena

Claudio Nash Rojas*

El estallido social

En octubre de 2019, casi como un hecho anecdótico y una nueva mala noticia, las autoridades anunciaron un alza en el transporte público de $ 30 (4 centavos de dólar). Luego de un par de días, un grupo de estudiantes comenzaron a realizar actos de protesta que consistían en entrar en masa a las estaciones de metro y saltar los torniquetes de control para evadir el pago. Las manifestaciones fueron creciendo en magnitud y las autoridades decidieron cerrar el acceso a algunas estaciones del Metro, pero esto solo generó situaciones de mayor protesta e ingresos masivos abriendo las puertas por la fuerza.

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What Happened in Bolivia? Indefinite Reelection, Electoral Fraud, and Constitutional Succession

Ramiro Orias*

Versión en español aquí.

In order to understand what happened in Bolivia over the past few days, which have seen a serious escalation of violence in the midst of a political crisis that ended with the resignation of President Evo Morales, we need to go back to the 2009 political pact that paved the way for the adoption of a new national constitution. This constitution established that the president may be reelected to only one consecutive term, and that terms served prior to the entry into force of the new constitution shall be taken into account for the purposes of calculating new terms of office.

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¿Qué pasó en Bolivia? Reelección indefinida, fraude electoral y sucesión constitucional

Ramiro Orias*

English version here.

Para entender qué pasó en Bolivia estos últimos días, en que se vio una grave escalada de violencia en el marco de una crisis política que concluyó con la renuncia del Presidente Evo Morales, es necesario retroceder hasta el pacto político del 2009 que viabilizó la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, que estableció que el presidente puede ser reelecto por una sola vez de manera continua y que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones.

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Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos: ¿Qué implica su ingreso a ese órgano?

Ramiro Orias*

Luego de una ajustada votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela obtuvo una de las ochos sillas asignadas para la región latinoamericana en el Consejo de Derecho Humanos, con 105 votos sobre Costa Rica, que obtuvo 96. Aunque el gobierno venezolano, frente a su creciente aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. El ingreso  de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales dentro del sistema universal de derechos humanos.

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Una sentencia reaviva el fuego en Cataluña

Luis Pásara*

27 días antes de las nuevas elecciones parlamentarias de las que debería surgir un gobierno para España, la sentencia del Tribunal Supremo sobre los doce encausados por el procés independentista catalán, anunciada el 14 de octubre, ha tenido como principal efecto el agravamiento del conflicto existente en Cataluña. El enfrentamiento se abrió hace casi una década, a partir de otra sentencia, por la que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos del estatuto de autonomía que los catalanes y el Congreso de España habían aprobado.

Por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, se han impuesto penas de prisión de entre nueve y trece años para nueve de los condenados, a las que se suma la de inhabilitación. Las consecuencias se están sintiendo en una Cataluña que ha pasado en los días siguiente de la división interna a los desórdenes públicos, mientras allí y en el resto de España el conflicto catalán se convierte en un eje principal de la campaña electoral en curso.

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Crisis política en Perú: crónica de una disolución anunciada (pero que pudo evitarse)

David Lovatón Palacios*

El pasado 30 de septiembre será recordado como uno de los episodios políticos más inciertos en nuestra historia republicana que, felizmente, viene encontrando una solución pacífica dentro de los cauces constitucionales. Cuando en julio del 2016 asumió la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski, se instaló en el país una enrarecida y conflictiva relación entre el Gobierno y el Parlamento, pues éste último era ampliamente dominado por el fujimorismo, cuya lideresa Keiko Fujimori perdió la presidencia por muy estrecho margen y en segunda vuelta electoral. Kuczynski se quedó con el cargo por algo más de 40,000 votos –la capacidad del Estadio Nacional de Lima-, de un universo de alrededor de 23 millones de electores. La lideresa fujimorista nunca llegó a asimilar la derrota electoral y sus parlamentarios tampoco. Cabe mencionar también que en la historia republicana del Perú, los Presidentes que no contaron con mayoría parlamentaria nunca completaron su mandato producto de golpes militares.

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Protección de la Independencia Judicial en Bolivia

La sentencia constitucional plurinacional 049/2019 con relación al régimen de traslados de los jueces

Marco A. Loayza Cossío*

Uno de los legados más importantes que nos dejó la Ilustración desde un punto de vista jurídico fue la teoría de la separación de poderes que, en muchas oportunidades, fue hasta denostada por diversas corrientes políticas pero que nos demuestra que el hecho de desconcentrar el poder es la mejor garantía para un equilibrio entre los diferentes órganos y su actuación frente a la sociedad, así como una garantía personal de cualquier ciudadano o ciudadana de cara a un Estado que siempre tiende a concentrar su actividad y poder.

Donde más debe garantizarse la separación de los órganos del Estado es en el ámbito judicial ya que la independencia es un puntal de su actuación e implica dos dimensiones, la primera es la independencia institucional, que se refiere a la relación que tiene la entidad dentro del mismo Estado con los otros poderes, de los cuales debe estar completamente alejada y neutral; y por otro lado está la independencia funcional de sus servidores y servidoras públicas, que tienen el deber de juzgar y por lo tanto deben contar con la capacidad de ejercer sin ningún tipo de presión interna o externa esta vital labor para proteger los derechos de la población.

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