Santiago Martínez Neira*
La independencia del Poder Judicial en Venezuela está profundamente erosionada y su reconstrucción institucional es urgente. En estas líneas, se van a reconstruir algunos sucesos clave que han minado la independencia judicial y han hecho que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se convierta en un instrumento político del oficialismo y un actor fundamental para su permanencia indefinida en el poder.
Ramiro Orias Arredondo*
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela realizada del 19 al 21 de junio de 2019, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución n.° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos. El informe ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, y destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Luis Pásara*
La onda expansiva del caso Lula –condenado en un proceso en el cual juez y fiscales conspiraron con un propósito político– va mucho más allá de las fronteras brasileñas. Después de hurgar durante los últimos años en el funcionamiento de la judicatura, toca ahora mirar de cerca lo que está ocurriendo con los fiscales, personajes clave en la investigación de delitos.
Daniel Cerqueira y Ursula Indacochea*
En un Estado de Derecho, la opinión de una persona sobre el actuar de los funcionarios estatales cuenta con un blindaje jurídico que exime al autor o autora de la opinión de sanciones. Las opiniones que versan sobre asuntos de interés público se enmarcan en los llamados “discursos especialmente protegidos” por el ordenamiento constitucional de cualquier Estado que se llame democrático, y por tratados internacionales tales como la Convención Americana (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 19). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado dicha máxima, al afirmar que “las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana[1].”
Luis Pásara*
Lava Jato fue el caso que llevó a Luis Inácio Lula da Silva a prisión y que le impidió postular nuevamente a la presidencia de Brasil en una competencia en la que era favorito. Su inhabilitación abrió paso al triunfo del actual presidente Jair Bolsonaro, quien luego de su elección designó como ministro de Justicia al juez a cargo del caso en el que se le condenó, Sergio Moro. El 9 de junio un informe periodístico de investigación de The Intercept denunció serias irregularidades en el caso. Se señala como fuente del informe un conjunto de documentación que incluye comunicaciones privadas y ha sido provisto por una fuente anónima.
Susana Saavedra Badani*
La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, agrupa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional en Bolivia, comprometidas con articular esfuerzos, integrar conocimientos y acciones conjuntas para promover, monitorear y acompañar la reforma integral al sistema de justicia en Bolivia.
En el marco de los derechos de control social y participación ciudadana, las organizaciones que conforman la Plataforma se han propuesto iniciar una práctica sistemática de generar reportes alternativos a los informes oficiales de gestión de las instituciones del sistema de administración de justicia, con el fin de publicar anualmente un balance sobre el estado de situación de la agenda pública de la justicia que identifique barreras de acceso, buenas prácticas, avances y desafíos comprometidos por el Estado.
Ursula Indacochea*
Entre el 2018 y 2019, se han elegido Fiscales Generales en varios países latinoamericanos. Pero quizás no exista designación más importante para la persecución criminal de la corrupción trasnacional, que la elección del Procurador General de la República del Brasil. La extensión y profundidad del caso de corrupción más grande de la región, el caso Lava Jato, ha mostrado las limitaciones de las instituciones domésticas de los 12 países afectados para acceder a evidencia fundamental. Pese a los cuestionamientos que pesan sobre él, la cooperación del Ministerio Público brasilero con sus pares de la región ha sido importante para compartir información y permitir el interrogatorio a individuos que ostentaban posiciones clave en la estructura criminal trasnacional, y ha permitido empezar a armar este gran rompecabezas. La actual titular, Raquel Dodge, finaliza su mandato en septiembre de este año, y su reelección no está descartada.
