¿Un nuevo autogolpe?

Santiago Martínez Neira*

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori comunicó por televisión su decisión de disolver el Congreso de la República del Perú. Esa tarde, decenas de tanquetas militares se estacionaron en las esquinas del centro de Lima y cientos de militares encapuchados rodearon el edificio del Congreso para impedir el ingreso de los senadores y diputados. No era un golpe de estado cualquiera, era un autogolpe; un hecho casi inédito en el continente. En lugar de conspirar contra el Presidente —como había acontecido en Argentina, Brasil, Chile, o en el mismo Perú en 1968— los militares conspiraron con él para cerrar el Congreso y adueñarse de las principales instituciones del Estado. Con esto se buscó anticipar las elecciones parlamentarias para que el nuevo Congreso, esta vez de mayoría fujimorista, promulgara una nueva Constitución. Pese a lo acontecido, los congresistas siguieron sesionando desde el Colegio de Abogados de Lima. Su primera decisión fue declarar la vacancia del presidente, medida que no logró contrarrestar el poder impuesto por las vías de hecho.

Por inverosímil que parezca este escenario, todo parece indicar que el continente va a presenciar un nuevo autogolpe, esta vez en Venezuela. Sigue leyendo

El reclamo de las OSC durante el G20: del compromiso a la acción en politícas anticorrupción

Victoria Amato*

Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible.” Así se tituló  la Declaración de Líderes del G20 consensuada durante la reunión del G20 que se realizó en Argentina. La agenda de la cumbre se centró en el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Se trataron también asuntos relativos al desarrollo, la industria y el comercio mundial, se realizaron numerosas reuniones bilaterales y se firmaron importantes acuerdos comerciales entre países.  Hubo un tema, sin embargo, que apenas rozó la agenda oficial. La lucha contra el flagelo de la corrupción quedó para el anteúltimo párrafo del documento: “Mantenemos nuestro compromiso para prevenir y combatir la corrupción, y liderar con el ejemplo,”  manifestaron tibiamente los mandatarios de las principales naciones del mundo. El reclamo de la sociedad civil no fue escuchado en su totalidad y todo culminó con viejos compromisos no implementados y nuevas promesas anticorrupción.

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El “Cártel de Lima”: La red de organizaciones criminales que infiltraron las instituciones peruanas

Gonzalo Salas*

¿Es que acaso no vemos que el Perú está tomado por el crimen organizado? Operadores mediáticos de los grupos económicos y políticos implicados en el caso Odebrecht en este país, propagan a los cuatro vientos que el Fiscal Anticorrupción José Domingo Pérez (el No. 1 del Equipo Especial Lava Jato) está parcializado contra Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular (actualmente en prisión preventiva), en el proceso judicial que se le sigue por el delito de lavado de activos (en un caso conocido como “Los cócteles de Fuerza Popular” en el que se habría disfrazado dinero ilícito que provendría de la constructora brasilera Odebrecht, bajo la forma de donaciones fantasma para la campaña política presidencial en el año 2011). Acto seguido, entra en escena el Fiscal de la Nación del Perú, Pedro Chávarry, amenazando con remover a Pérez del caso.

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Ciudadanos, jueces y estado de derecho

Luis Pásara*

No hay democracia ni estado de derecho sin ciudadanos. La esencia de esa relación fue puesta en relieve en la definición de ciudadanía propuesta por Marshall: “sentido directo de pertenencia a una comunidad, con base en la lealtad a una civilización que es compartida. Es una lealtad de hombres libres dotados de derechos que son protegidos por un orden legal común a ellos” (Marshall T. H. y Tom Bottomore, Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992, p. 24). El ciudadano, agente fundador del estado de derecho, es un hombre libre a cuya “condición corresponde inseparablemente la igualdad ante la ley” (Bendix, R. Nation-Building and Citizenship. Studies of our Changing Social Order. New York: John Wiley & Sons, 1964, p. 72), entendida no solo como formulación legal sino como un conjunto de prácticas efectivas, regidas por derechos y obligaciones susceptibles de ser coactivamente exigidos (Tilly, Charles, ed., Citizenship, Identity and Social History, International Review on Social History, supplement, num. 3, 1995). La vía para exigirlos y reconocerlos, en su momento, es la administración de justicia.

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La justicia española en tela de juicio

Luis Pásara*

En el curso de un año, la justicia española ha seguido un proceso de creciente presencia pública que desemboca ahora en una marcada pérdida de prestigio, derivada de un conjunto de decisiones –más que discutibles, arbitrarias– que han adquirido notoriedad y han generado un importante rechazo social. Todo comenzó con la opción tomada por el gobierno anterior, del Partido Popular, de reconvertir el conflicto político del independentismo catalán en una multiplicidad de procesos judiciales. Algunos de ellos se libraron en el terreno constitucional, para obtener la anulación de decisiones adoptadas por órganos de la Generalitat catalana; pero otros, más hirientes, se confiaron a la vía penal para procesar y encarcelar a los dirigentes del independentismo.

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Las paradojas de la justicia en El Salvador: el caso Saca

Xenia Hernández*

En septiembre de 2018, el expresidente de El Salvador entre los años 2004 y 2009, Elías Antonio Saca, fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal penal, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Deberá devolver al Estado $260 millones de dólares, de los $301 millones a los que, según investigaciones periodísticas, ascendería lo sustraído. El caso ha estado en el centro de la atención pública, ya que esta es la primera vez en la historia salvadoreña que un exmandatario recibe una condena por actos de corrupción realizados durante su administración[1]; pero también por los cuestionados resultados del trabajo de investigación y persecución penal de la Fiscalía General de la República (FGR).

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El éxito social de la prisión preventiva

Luis Pásara*

Los 36 meses de prisión preventiva impuestos el 31 de octubre a Keiko Fujimori –hija del dictador Alberto Fujimori y fracasada candidata presidencial en 2011 y 2016– han dado lugar en Perú a numerosas y multitudinarias manifestaciones de satisfacción, al tiempo que los apoyos al fiscal que solicitó la medida y al juez que la dispuso han inundado las redes sociales. Pocos días antes de que el juez Richard Concepción diera a conocer su decisión, ya una encuesta indicaba que tres de cada cinco peruanos consideraban que la heredera Fujimori debía afrontar en prisión el proceso que se le sigue por lavado de activos agravado, cargo que corresponde a la recepción de algo más de un millón de dólares que aparentemente la empresa brasileña Odebrecht entregó para su primera campaña electoral.

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