Juan Francisco Sandoval*

Las cosas no caminan bien en Guatemala, sobre todo al abordar los temas que atañen a la justicia, cuyos cimientos han sido duramente afectados por decisiones de políticos con en el afán de proteger sus intereses, enlazados con la generación de impunidad.

Para vitalizar el cumplimiento de sus objetivos, desde 2018 la fiscal general Consuelo Porras se ha constituido en la pieza clave que ha logrado ejecutar esa agenda regresiva de la que son víctimas varios sectores relacionados con el combate a la impunidad en el país. En el recién finalizado proceso de selección de fiscal general de Guatemala quedó claro la utilización del andamiaje legal e institucional para imponer a la funcionaria. 

Uno de los requisitos para optar al puesto es la carencia de sanciones en materia de derechos humanos por quien aspira al puesto. Consuelo Porras tenía una sanción de esa naturaleza desde el año 2004, aspecto que no fue tenido en cuenta por la comisión postuladora, ante la existencia de una resolución de octubre del 2021 emitida en la Procuraduría de Derechos Humanos que eliminó la referida sanción: 17 años después y sin conocimiento de la víctima de la violación a sus derechos humanos. A la anterior decisión se sumaron dos fallos de la Corte de Constitucionalidad a petición de personeros de la Fundación Contra el Terrorismo.^[1] Ambas afectaron directamente el proceso: la primera excluyó la postulación de jueces; la segunda favoreció directamente a Consuelo Porras, y obligó a su inclusión en la nómina final remitida al gobernante.

Con respecto a la primera resolución de la Corte de Constitucionalidad, debe observarse que, para optar al puesto de fiscal general, la Constitución Política de la República establece como requisitos: ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de los derechos ciudadanos, ser mayor de 40 años de edad, y haber ejercido por un período de 10 años como magistrado de la Corte de Apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado en el mismo período. El fallo de la Corte de Constitucionalidad mencionado estableció que el lapso en la judicatura no contaba como tiempo en el ejercicio de la abogacía; esta determinación fue nada más que un pretexto para boicotear la participación de los jueces, ya que es obvio que la gestión tribunalicia, lleva implícita la profesión de abogado.^[2]

De acuerdo con el esquema de elección de funcionarios de segundo grado en Guatemala, los aspirantes a los puestos deben pasar el filtro de una comisión postuladora que verifique el cumplimiento de los requisitos para el cargo.^[3] En el caso de la comisión específica para fiscal general, debe trasladar una lista final de seis postulantes al presidente de la República, quien toma la decisión final.^[4]

En la segunda resolución cuestionada, la Corte de Constitucionalidad obligó a la inclusión de Consuelo Porras en esa lista final, al haber sido la aspirante con la mayor puntuación de acuerdo con la evaluación realizada por la comisión ya mencionada^[5], invadiendo de esa manera las facultades de independencia en las decisiones que corresponden a ese órgano colegiado temporal.

El renombramiento de María Consuelo Porras como autoridad superior del Ministerio Público es una decisión que, además del claro mensaje de respaldo gubernamental a los disparates que se enfocaron en el desmantelamiento de los esfuerzos anticorrupción, repercutirá en indicadores de índole política y económica, además del sector judicial.

Con respecto a los efectos sobre el sector justicia, está suficientemente documentado –tanto en informes de organismos nacionales e internacionales como en la prensa independiente y en otros espacios– la manera en que el Ministerio Público se convirtió en la herramienta para la criminalización de operadores de justicia, sociedad civil organizada, y prensa independiente. Ejemplos emblemáticos de este fenómeno están constituidos por casos como la injusta prisión preventiva que sufre la fiscal Virginia Laparra, cuyo enjuiciamiento deriva de la denuncia que realizó en contra de un juez que abusó de su cargo; o bien, la detención ilegal de la que fue víctima el periodista Juan Bautista Xol, por publicar información relacionada con el desastre ambiental por la explotación minera en el nororiente de Guatemala. No es más que la utilización de la Fiscalía como herramienta para acallar voces disidentes, a la usanza de antiguas dictaduras locales y actuales regímenes dictatoriales de vecinos países latinoamericanos, en un impulso acelerado hacia el autoritarismo, reseñado con la existencia de por lo menos 20 operadores de justicia que se han exiliado en el primer período en que Consuelo Porras ejerció como fiscal general.

Pero más allá de este patrón de actuación, a lo interno del Ministerio Público han ocurrido situaciones que han debilitado el accionar del personal de la institución. La destrucción de la carrera fiscal, ante la destitución y traslado ilegal y arbitrario de fiscales, que no solo implicaron la contravención a las reglas del debido proceso y de la legislación, además cumple funciones preventivas respecto del personal fiscal.¿Qué fiscal se atreverá a investigar graves casos de corrupción o continuar la investigación de casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos? Serán ocasiones excepcionales – y con la amenaza constante para quien se atreva– de ser trasladados, destituido o perseguidos.

Otro ejemplo de cómo la criminalización ha tenido función ejemplificadora para aplacar al personal fiscal es lo ocurrido en el caso Comisiones Paralelas 2020, que detalló la manera en que concertaron aspirantes a magistraturas, integrantes de la comisión de postulación, y políticos, procesados para manipular el esquema de elección de altas cortes. Como recompensa por haber profundizado en la investigación de una situación tan grave e importante, la totalidad del equipo de investigación fueron llamados a procesos penales, por la declaración de un sindicado, quien manifestó haber sido presionado para obtener su testimonio. Y bastó esa afirmación, para desmantelar la unidad de trabajo. 

¿Cómo leer ese mensaje? Sencillo: ya no se podrá obtener información testimonial con la rigurosidad que debe tener aneja una investigación técnica, y los fiscales tendrán el temor de ser perseguidos por ser exigentes con un declarante.

Otro ejemplo del futuro del Ministerio Público es lo que deberá informarse a organismos financieros internacionales. Los mismos realizan misiones de consulta, y entre los componentes de la información que proporcionan los Estados está la relacionada con esfuerzos de transparencia y anticorrupción, siendo la fiscalía fuente de consulta obligatoria. Con antecedentes como los expuestos, la información que se trasladará en los subsiguientes años será información desapegada a la realidad imperante en la fiscalía, porque no se podrá informar de ningún esfuerzo anticorrupción.

Para muestra de lo que depara el futuro político, con este Ministerio Público, debe retrocederse al año 2019 cuando Consuelo Porras ya era fiscal general. Sus decisiones definieron las candidaturas presidenciales, sacando del camino mediante la persecución penal a unos candidatos y deteniendo investigaciones en otros casos, para permitir que corrieran ciertas postulaciones a la presidencia de la República del país. El siguiente año será un nuevo año electoral en Guatemala y, teniendo como parámetro lo ocurrido en el anterior ciclo de elecciones, seguramente la actuación del Ministerio Púbico será invasiva y tendrá influencia decisiva en la definición de candidaturas y puestos de elección popular.

Con la reelección de Consuelo Porras Argueta como fiscal general, lo que se viene para el Ministerio Público de Guatemala es la profundización en la destrucción de la carrera fiscal, y la radicalización en la criminalización de operadores de justicia, sociedad civil y prensa independiente, para obstaculizar los casos que en su momento se gestionaron con acompañamiento de la Comision Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los procesos de graves violaciones a derechos humanos. También, se viene un nuevo ciclo en el que el Ministerio Público seguirá en colaboración con actores que buscan impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

¡Es lo que viene para el Ministerio Público, y lo que viene para el pueblo de Guatemala!

^[1]  Organización descrita por Human Rights Watch como “una organización no gubernamental de derecha que apoya la reelección de la fiscal general Porras, ha presentado varias acciones judiciales que parecen destinadas a socavar la independencia e imparcialidad del proceso de postulación.”

^[2] Auto de fecha 17 de febrero de 2022 dictado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el expediente 833-2022.

^[3] Decreto 19-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Comisiones de Postulación.

^[4] Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 251.

^[5] Auto de fecha 21 de abril de 2022 dictado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el expediente 2319-2022.

* Profesional Visitante en DPLF y ex director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala.

Imagen: AP Photo/Moises Castillo