Así se siente Jalisco: En medio de la violencia policial y la ineficiencia fiscal

Ramon García*

En el marco de un descontento global por la brutalidad policial, el 4 de mayo del 2020 fue asesinado un joven ciudadano jalisciense a manos de la policía local: Giovanni, albañil de profesión, fue detenido con exceso de fuerza el 3 de mayo del 2020 en la ciudad de Ixtlahuacán de los membrillos (aledaña a la capital de Jalisco) y encontrado muerto por sus familiares al día siguiente con signos de tortura.

Esto provocó una profunda indignación en la población, que revivió el hastío por la violencia en el Estado: Guadalajara, la capital de Jalisco, es una de las ciudades más violentas del mundo según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que donde desaparecen 7 (RNEPED)[1] personas cada día y se comete un homicidio cada 3 horas y media (SESNSP).[2]

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Graves retrocesos en la elección del nuevo Fiscal General de Colombia

Vivian Newman*

Con ciertas dificultades de quórum, la Corte Suprema de Justicia acaba de llenar la vacante de uno de los cargos más poderosos de la institucionalidad colombiana:  El Fiscal General de la Nación. La institución cuenta con más de 22,000 empleados, un presupuesto de más de un billón de dólares y el monopolio y orientación de todas las investigaciones penales; es decir el músculo y la fuerza para investigar y condenar a cualquier ciudadano.

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Bolivia: los desafíos del nuevo Fiscal General del Estado

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Luego de seis años de gestión, conforme manda la Constitución boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo un proceso de concurso público de preselección ha designado -con el voto de dos tercios de sus miembros- al abogado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General del Estado, quien asume, en un momento de grave crisis, la conducción del Ministerio Público, cuya credibilidad pública es tal vez la más baja desde su creación. La manera como se condujo el caso Alexander, donde un médico inocente y sin las suficientes evidencias fue condenado a 20 años de cárcel, refleja enormes debilidades en cuanto profesionalismo e integridad, así como escasez de capacidades para la investigación forense en la persecución penal, sumado a prácticas de opacidad y abuso de poder que han hecho que esta organización deje de cumplir con su rol de defensor de los intereses generales de la sociedad.

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