Ramon García*

En el marco de un descontento global por la brutalidad policial, el 4 de mayo del 2020 fue asesinado un joven ciudadano jalisciense a manos de la policía local: Giovanni, albañil de profesión, fue detenido con exceso de fuerza el 3 de mayo del 2020 en la ciudad de Ixtlahuacán de los membrillos (aledaña a la capital de Jalisco) y encontrado muerto por sus familiares al día siguiente con signos de tortura.

Esto provocó una profunda indignación en la población, que revivió el hastío por la violencia en el Estado: Guadalajara, la capital de Jalisco, es una de las ciudades más violentas del mundo según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que donde desaparecen 7 (RNEPED)[1] personas cada día y se comete un homicidio cada 3 horas y media (SESNSP).[2]

En este contexto del 4 al 7 de junio, se organizaron una serie de protestas en la capital del Estado (expresamente garantizadas por la constitución mexicana en su Art. 9) para manifestar el rechazo ciudadano a la violencia, pero las autoridades demostraron su poca capacidad para gestionar el descontento social respondiendo con una política de intolerancia y represión.

Entre una ola de detenciones arbitrarias y violentas el 5 de junio, durante las protestas realizadas en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), surgió la cúspide de la ilegalidad. Presuntos elementos de esta institución, sin identificación, encapuchados, y armados con bates y tablas cometieron actos que revisten las características de desaparición forzada y tortura, respecto de por lo menos 23 personas, entre ellas, algunos menores de edad.

Según los testimonios y lo documentado por la sociedad civil y la oficina del ombudsperson local, tales privaciones de la libertad ocurrieron en las inmediaciones de la FEJ, cuando camionetas tipo “pick up” en las que se trasladaban diversos elementos, interceptaron a jóvenes, los golpearon en la mayoría de los casos, y los trasladaron a instalaciones oficiales de la misma FEJ mientras los amenazaban y despojaban de sus pertenencias. Finalmente, y después de varias horas de estar detenidos, fueron trasladados a bordo de cuatro vehículos a varios kilómetros de distancia, donde fueron finalmente liberados. Cabe mencionar que dichas detenciones, no fueron documentadas oficialmente por la FGR ni por ninguna otra autoridad.

Ante el conocimiento y rechazo general por estos actos, las autoridades estatales involucradas optaron por “lavarse las manos” argumentando que los hechos sucedidos fueron realizados de manera aislada, por “unos cuantos” elementos de la FEJ y que las manifestaciones eran parte de una campaña política para desestabilizar su gobierno.

Otros hechos muy preocupantes rodean estas detenciones. En los días posteriores, elementos de la FEJ, se presentaron en los domicilios de los afectados (los cuales obtuvieron de manera dudosa) lo que ha provocado, según lo manifestado por las víctimas, un efecto indirecto de amenaza, pues si bien oficialmente se presentaron para “ofrecer ayuda”, trasladaron el mensaje atemorizante de “sé dónde vives”.

Estos sucesos son una muestra de la preocupante situación de los derechos humanos en Jalisco.

En primer lugar, preocupa el tipo penal por el que son procesadas las pocas personas investigadas por estos hechos. Ante conductas que tienen las características de una desaparición forzada, la investigación iniciada en contra de los elementos señalados como responsables, se realiza por abuso de autoridad y robo de celular, alegando que la temporalidad no permite constituir el delito de desaparición forzada (“fueron liberados pocas horas después y actualmente se encuentran en libertad”).

Sin embargo, los actos señalados cumplen con los 3 elementos necesarios para que la desaparición forzada se actualice: (i) privación de la libertad personal; (ii) participación de agentes Estatales de manera directa o con su aquiescencia y; (iii) falta de información sobre el paradero de la víctima o la negativa a reconocer la privación de la libertad.

Aun así, al ser cuestionado, el Fiscal anticorrupción que lleva a cabo la investigación, sostuvo firmemente que los únicos delitos que pudieron actualizarse son el de abuso de autoridad y robo de celular.

En segundo lugar, resalta que dentro de la enorme e interinstitucional intervención policial llevada a cabo en la represión de las protestas sociales, solamente se encuentren detenidas dos personas, las cuales en repetidas ocasiones señalaron en su defensa, que “seguían órdenes”.

Cuesta creer que pese a la cantidad de elementos que participaron directamente en las detenciones (por lo menos 4 vehículos “pick up” al total de su capacidad), las personas que recibieron a las víctimas en las instalaciones de la FEJ y todos los demás elementos que se percataron de los hechos, solamente dos de ellos sean responsabilizados por los hechos bajo el argumento de que han actuado “de manera aislada”, pese a que utilizaron instalaciones oficiales y pasaron frente a otros funcionarios uniformados, junto a un grupo importante de personas detenidas que por su tamaño, no pasaba desapercibida.

Ante estas gruesas inconsistencias en la investigación, la sociedad civil ha exigido la renuncia del actual Fiscal General, señalando su responsabilidad por de los hechos ocurridos, sea como autor intelectual o responsable de de controlar la institución a su cargo.  En su comparecencia al Congreso local el pasado 17 de junio, el Fiscal sostuvo su postura de “no intervención” en la investigación, a lo cual, añadió, tajantemente, que no se iba a retirar del cargo.

Lo tercero –y más preocupante– ha sido la evidencia notoria de la ausencia de un Estado de derecho en Jalisco.

La política adoptada por el Gobierno local ante las injusticias ha sido la de producir terror, decepción y miedo en la población jalisciense. Es momento de repensar una estructura para Jalisco, empezando por las instituciones encargadas de la investigación criminal.

No es un tema nuevo la ineficacia de la FEJ. En el 2019 se documentó la baja efectividad para resolver casos; según el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías la posibilidad de que un delito cometido en Jalisco se denuncie, se investigue y se esclarezca es de 0.6 por ciento, lo que coloca a la FEJ como una de las peores del país.

Lo que es de advertir, es que pese al fracaso en el que la institución se encuentra desde hace algunos años, el gobierno haya sido muy reacio a realizar cambios profundos en su estructura. Incluso la sociedad civil ha sido insistente en el necesario cambio de la estructura institucional y del modelo de investigación criminal en el Estado. Propuestas como la del colectivo “Fiscalía que sirva Jalisco” y regulaciones civiles externas han sido buenas propuestas a las que simplemente se les ha cerrado la puerta.

No basta con la aprehensión de dos elementos por abuso de autoridad. Jalisco necesita un urgente esclarecimiento de los hechos sucedidos el 5 de junio último, dar luz sobre cuáles son los niveles de responsabilidad del Fiscal General y de los altos mandos de la FEJ. La opacidad que se mantiene sobre los hechos presume incluso una aquiescencia que es propia de esquemas de macrocriminalidad y que nos invita a preguntarnos: ¿Cómo podemos confiar en un ministerio público que desaparece estudiantes? ¿Cómo sabemos que las investigaciones por desaparición forzada son reales? ¿Qué nos dice un sistema de investigación que no puede esclarecer hechos que suceden dentro de sus instalaciones? ¿Qué nos dice la respuesta del gobierno estatal en cuanto a su preocupación por el bienestar de la población?

Sin justicia, sin gobierno y sin paz, así se siente Jalisco.

*Pasante profesional, DPLF

[1]Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

[2] Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Foto: Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal General del Estado de Jalisco, México. Fiscalía Jalisco/Twitter