Úrsula Indacochea
Oficial de Programa Sénior, DPLF
Publicado en Animal Político
La semana pasada, en México, se designó un nuevo titular para la Procuraduría General de la República. El procedimiento vigente, establece que esta designación corresponde al Presidente de la República, y que debe ser ratificada por el Senado. La intervención de dos órganos distintos en el proceso de selección, es una práctica que, en teoría, genera incentivos para que los nominados sean personas sin afinidades políticas evidentes, y por tanto, más independientes. Pero sin transparencia y control ciudadano efectivo, la idoneidad queda al azar y la independencia es sólo aparente. Y el precio que un país puede terminar pagando por ello, al final del camino, puede ser muy alto.
