Autonomía o subordinación del Ministerio Público en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tiene en su agenda el tratamiento del proyecto de Ley N° 259/2020-2021 de Modificación a la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de julio de 2012 con el único objeto de modificar su artículo 33 en relación al proceso de designación de fiscales departamentales, estableciendo que estas autoridades intermedias del Ministerio Público pueden ser designadas por mayoría simple de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además tendrán atribuciones para evaluar, remover y aceptar la renuncia de dichos servidores públicos, cercenado las actuales atribuciones del Fiscal General de actuar en esas materias conforme a los procedimiento internos de este órgano constitucional autónomo. 

Esto significaría un enorme retroceso en los esfuerzos de reforma de la justicia en Bolivia, lo que además va en contravención a las recomendaciones y estándares internacionales pronunciados por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, que de manera específica y consistente han establecido que los Estados tienen el deber de asegurar las condiciones para que las fiscalías desarrollen investigaciones objetivas, independientes e imparciales, garantizando la autonomía de las funciones del Ministerio Público

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El obligado exilio

Juan Francisco Sandoval*

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El 5 de marzo de 2003 ingresé como pasante en el Ministerio Público, como parte de la obligatoria práctica penal, durante mis estudios de pregrado de ciencias jurídicas y sociales en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Jamás imaginé que aquel inicio se convertiría en amor por defensa de la verdad y la justicia, y que me involucraría en la acusación y juzgamiento de tres presidentes de mi país, una vicepresidenta, decenas de legisladores, ministros de Estado, magistrados y jueces, todos con el común denominador de haber servido a redes políticas económicas ilícitas que buscaron generar impunidad en sus actuaciones al servicio del crimen.

La oportunidad del servicio público me permitió llevar un poco de esperanza al pueblo de Guatemala que —al igual que a la mayoría de pueblos latinoamericanos— el destino, la historia, les ha representado una vida de eterna resistencia ante las injusticias.

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Venezuela en la Corte Penal Internacional: guía para entender este histórico asunto

Acceso a la Justicia* 

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Víctimas de violaciones a los derechos humanos, activistas, funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación aguardaban con ansías ese día. ¿El motivo? Se esperaba que la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunciara si continuaría el proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. Sin embargo, las maniobras del fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, las cuales incluyeron una solicitud de control judicial, parecen haber logrado el objetivo y han demorado el pronunciamiento.

No obstante, son muchos los que no conocen la trascendencia del asunto; por ello, en Acceso a la Justicia hemos considerado pertinente aclarar algunas dudas.

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Así se siente Jalisco: En medio de la violencia policial y la ineficiencia fiscal

Ramon García*

En el marco de un descontento global por la brutalidad policial, el 4 de mayo del 2020 fue asesinado un joven ciudadano jalisciense a manos de la policía local: Giovanni, albañil de profesión, fue detenido con exceso de fuerza el 3 de mayo del 2020 en la ciudad de Ixtlahuacán de los membrillos (aledaña a la capital de Jalisco) y encontrado muerto por sus familiares al día siguiente con signos de tortura.

Esto provocó una profunda indignación en la población, que revivió el hastío por la violencia en el Estado: Guadalajara, la capital de Jalisco, es una de las ciudades más violentas del mundo según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que donde desaparecen 7 (RNEPED)[1] personas cada día y se comete un homicidio cada 3 horas y media (SESNSP).[2]

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México y el costo de la improvisación: a propósito de la designación del nuevo Procurador General

Úrsula Indacochea

Oficial de  Programa  Sénior, DPLF

Publicado en Animal Político

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La semana pasada, en México, se designó un nuevo titular para la Procuraduría General de la República. El procedimiento vigente, establece que esta designación corresponde al Presidente de la República, y que debe ser ratificada por el Senado. La intervención de dos órganos distintos en el proceso de selección, es una práctica que, en teoría, genera incentivos para que los nominados sean personas sin afinidades políticas evidentes, y por tanto, más independientes. Pero sin transparencia y control ciudadano efectivo, la idoneidad queda al azar y la independencia es sólo aparente. Y el precio que un país puede terminar pagando por ello, al final del camino, puede ser muy alto.

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