El obligado exilio

Juan Francisco Sandoval*

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El 5 de marzo de 2003 ingresé como pasante en el Ministerio Público, como parte de la obligatoria práctica penal, durante mis estudios de pregrado de ciencias jurídicas y sociales en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Jamás imaginé que aquel inicio se convertiría en amor por defensa de la verdad y la justicia, y que me involucraría en la acusación y juzgamiento de tres presidentes de mi país, una vicepresidenta, decenas de legisladores, ministros de Estado, magistrados y jueces, todos con el común denominador de haber servido a redes políticas económicas ilícitas que buscaron generar impunidad en sus actuaciones al servicio del crimen.

La oportunidad del servicio público me permitió llevar un poco de esperanza al pueblo de Guatemala que —al igual que a la mayoría de pueblos latinoamericanos— el destino, la historia, les ha representado una vida de eterna resistencia ante las injusticias.

El reacomodo de las estructuras de poder en Guatemala, que hicieron de la impunidad la forma de conservación de sus privilegios, condujo a la captura total de las instituciones del Estado, precipitadas luego de diversas decisiones que adoptó el expresidente Jimmy Morales y su sucesor y actual gobernante. 

Decisiones que, en el caso de Jimmy Morales, se manifestaron en un enfrentamiento diplomático con las Naciones Unidas, con la obstinada intención de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como otras decisiones que buscaban favorecer la impunidad, como el nombramiento de Consuelo Porras como Fiscal General de la República: la jugada maestra para favorecer el ambiente de profunda impunidad.

La acentuación de ese ambiente ha estado a cargo del presidente Alejandro Giammattei, quien —bajo el tamiz opaco de las negociaciones políticas— realizó acercamientos corruptos con el propósito de obtener el control total del Congreso de la República, de la  Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, para garantizar que eventuales actos de corrupción queden sin castigo.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), brazo del Ministerio Público, que durante 12 años trabajó de la mano de la CICIG y que fue legataria del gran trabajo de aquel mecanismo, se convirtió en el principal escollo para la consumación del plan. Esa unidad fiscal, que estuvo a mi cargo durante los últimos seis años, obtuvo información y empezó a profundizar en pesquisas que podrían involucrar al actual gobernante de Guatemala.

El desmantelamiento del esfuerzo que construyeron valientes fiscales generales de Guatemala, José Amílcar Velásquez Zárate, Claudia Paz y Paz Bailey y Thelma Esperanza Aldana Hernández, y del impulso que desde la CICIG dieron Carlos Castresana e Iván Velásquez Gómez a la lucha contra la impunidad, ha sido ejecutado por Consuelo Porras, al servicio de las mafias, quien articuló esfuerzos para impedir el avance de las investigaciones. 

Hoy vivo una nueva realidad, alejado de mi familia, con graves amenazas para las y los colegas que continuaron trabajando en Guatemala, con riesgos para mi vida, para mi integridad personal, destituido arbitraria e ilegalmente de la institución en que laboré por la justicia, y con una orden de captura que me impedirá por muchos años retornar a Guatemala.

Pero más allá de la narración de distintos factores que han provocado una situación que me afecta personalmente, pero que también afecta a todo el sistema de justicia de mi país, he iniciado a transitar por la senda del exilio.

Un término muy duro que, como lo define el Diccionario de la Academia de la Lengua Española, consiste en la “separación de una persona de la tierra en que vive”; o bien, implica la “expatriación, generalmente por motivos políticos”. Más que esa rudeza descriptiva, las consecuencias que tiene la figura para el ámbito personal y profesional es explicable únicamente para quienes hemos sido afectados por esta situación.

Conforme pasan los días crece la sensación de que el retorno al terruño es más lejano. Pero, de la misma manera, existen diversas circunstancias que amortiguan el golpe: el abanico de oportunidades de subsistencia y superación que ofrece el nuevo hogar, histórico refugio de migrantes y de amalgamiento de culturas.

La sensación de solidaridad que tuve en mi patria se ha potencializado por el acompañamiento de compatriotas que han sufrido la misma suerte, y de maravillosas personas de distintas nacionalidades, quienes han comprendido mi suerte, me han acompañado en estos días en la proyección de sueños y esperanzas.

La motivación que conlleva el amor que siento por la justicia, por mi país, de a poco va trazando la senda de mi futuro, fortaleciendo mis convicciones y la tarea que he hecho propia: mi deber de servicio.

Y es que estar en una tierra lejana también me brinda la oportunidad de continuar preparándome en distintos aspectos (la superación de la barrera idiomática y cultural, entre otros), y el aprovechamiento de la oportunidad que me brindan distintos espacios para ir conociendo que la realidad del sistema de justicia y de desigualdades que viví y experimenté en mi país son comunes en varios países de la región latinoamericana.

Hoy, cuando los sistemas de justicia de la región norte de Centroamérica atraviesan una situación particularmente compleja, cuya coyuntura deberá atraer la atención desde otras partes del mundo —y buscar incidencia— para desde fuera coadyuvar en el rescate de la legalidad, el debido proceso, la institucionalidad y la construcción de un modelo de justicia que permita satisfacer la necesidad de estas sociedades.

La encrucijada de los sistemas de justicia en la región debe motivarnos a quienes hemos trabajado por la justicia, y que hemos sido víctimas de la injusticia, a redoblar esfuerzos para la construcción de mejores sociedades, desde el ámbito al que nos ha llevado la suerte de la vida.

Una situación trágica debe ser transformada en un nicho de oportunidades para contribuir a la construcción de una mejor sociedad y de un mejor futuro.


* Ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad

Foto: AP Photo/Moises Castillo

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

3 Respuestas

  1. Dixon Ochoa

    Apreciado Licenciado Juan Francisco Sanyo al, lo admiro mucho porque su trabajo al frente de la feci fue excelente y como profesional y persona de buenos principios es un referente para los futuros profesionales. Dios tiene preparado algo grande para su vida, prepárese más y regrese triunfante, empoderado, fortalecido para gobernar este país.

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