The Forced Exile

Juan Francisco Sandoval*

Versión en español aquí.

On March 5, 2003, I joined Guatemala’s Public Prosecutor’s Office as an intern, as part of my mandatory criminal practice, during my undergraduate studies in legal and social sciences at the State University of San Carlos, Guatemala (Universidad de San Carlos de Guatemala). I never imagined that this initial internshipwould turn into a love for the defense of truth and justice, and that I would later participate in the prosecution and trial of three Guatemalan presidents, a vice president, dozens of legislators, state ministers, magistrates,and judges. All of these officials, and in turn cases, shared the common characteristic of having served as part of illicit political and economic networks that sought to generate impunity for their crimes.

The opportunity to work in public service allowed me to bring a little hope to the people of Guatemala who –like the majority of Latin American countries– have been destined to a history and  life of eternal resistance in the face of injustice.

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El obligado exilio

Juan Francisco Sandoval*

English version here. 

El 5 de marzo de 2003 ingresé como pasante en el Ministerio Público, como parte de la obligatoria práctica penal, durante mis estudios de pregrado de ciencias jurídicas y sociales en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Jamás imaginé que aquel inicio se convertiría en amor por defensa de la verdad y la justicia, y que me involucraría en la acusación y juzgamiento de tres presidentes de mi país, una vicepresidenta, decenas de legisladores, ministros de Estado, magistrados y jueces, todos con el común denominador de haber servido a redes políticas económicas ilícitas que buscaron generar impunidad en sus actuaciones al servicio del crimen.

La oportunidad del servicio público me permitió llevar un poco de esperanza al pueblo de Guatemala que —al igual que a la mayoría de pueblos latinoamericanos— el destino, la historia, les ha representado una vida de eterna resistencia ante las injusticias.

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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Jueces honestos frente a la corrupción sistemática

Claudia Escobar Mejía*

El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.

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Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

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