Nueva ley obligará a empresas alemanas a actuar con debida diligencia dentro y fuera del país

Susanne Friess*

Ropa alemana cosida a mano por niños/as. Carros alemanes con materias primas extraídas por empresas mineras que destruyen el medio ambiente. Café en tazas alemanas recogido por trabajadores impedidos de organizarse en sindicatos. Estos y otros abusos similares se encuentran miles de veces en los productos alemanes. La etiqueta “Made in Germany” fue un sinónimo de calidad y del “comerciante honrado” en el pasado. Hoy en día, MISEREOR (la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo) lamentablemente ha podido constatar en múltiples casos que esta frase es sinónimo de explotación, violaciones a los derechos humanos y destrucción de ecosistemas en los países donde empiezan las cadenas de suministro.

El pasado 12 de febrero el gobierno alemán anunció que por fin tomará medidas vinculantes contra estos abusos, y apoyará la adopción de una “Ley de Debida Diligencia” por parte del parlamento. El anuncio vino después de años de tira y afloja: una alianza grande de organizaciones de la sociedad civil, la “Iniciativa para la Ley de Cadenas de Suministro” y con ella también MISEREOR, más de 60 empresas de renombre y fuerzas progresistas del gobierno llevaban años exigiendo que las empresas alemanas fueran legalmente obligadas a respetar los derechos humanos y a proteger el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro.

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Cuando el sistema de justicia mexicano discrimina: El caso del pueblo Masewal y la Inconstitucional Ley Minera

Francisco Xavier Martínez Esponda*

Hablar de minería en América Latina es hablar de procesos dolorosos de explotación de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y de la Tierra misma. Como es sabido en los años noventa el Banco Mundial impulsó una serie de políticas a fin de favorecer la inversión privada en ciertos sectores como la minería, lo que supuso que más de cien países modificaran su legislación en dicha materia.[1] El efecto quedó a la vista muy pronto en las Américas: del río Bravo a Tierra del Fuego los conflictos socioambientales y las disputas por los territorios fueron aumentando y con ello la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) se han documentado hasta el momento 284 conflictos en la región[2] y el fenómeno ha obligado a las personas y a los pueblos afectados a articularse para hacer frente a la amenaza, como es el caso de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otras redes. El presente artículo da cuenta de la batalla judicial librada por el pueblo masewal en México en aras de cuestionar la constitucionalidad de la Ley Minera y del lamentable fallo emitido por la Suprema Corte.

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Ejercicio de la libre determinación de comunidades tzeltales en Chiapas: una gran distancia entre ley y realidad

Gabriel Mendoza Zárate*

Este año, 2021, se cumplen 30 años de la ratificación de México del Convenio 169 de la OIT (1991) relativo a pueblos indígenas y tribales, y el próximo año, 2022, se cumplirán 30 años de la reforma constitucional de 1992; donde, por primera vez, el Estado mexicano reconoció la existencia de los pueblos y comunidades indígenas en el país, poniendo fin -al menos a nivel normativo- a una política de negación indígena y de idealización del mestizaje cultural en la construcción de una supuesta identidad nacional. También este año se cumplen 20 años de la reforma Constitucional del 2001, en la que después del levantamiento neozapatista de 1994 y de los Acuerdos de San Andrés de 1996 en Chiapas, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía. Sin embargo, para las comunidades tzeltales de los municipios de Chilón y Sitalá, en Chiapas, el ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en México sigue siendo negado. A continuación, un artículo sobre las grandes dificultades y amenazas que enfrentan, en los hechos, dos comunidades tzeltales en los altos de Chiapas.

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La sesgada respuesta del Estado mexicano a Naciones Unidas en torno al Tren Maya

Enrique Gallegos Madrigal

Además de todas las críticas, movilizaciones y cuestionamientos que ha desatado el megaproyecto denominado “Tren Maya” entre la ciudadanía, los pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil en México, hay que sumar el cuestionamiento de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, particularmente el que cobija el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A raíz de una comunicación enviada por posibles violaciones a derechos humanos, seis mandatos temáticos[1] del sistema de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno de México a fin de requerir información y explicaciones sobre violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; sobre la obstaculización del acceso a información pública relacionada con el proyecto; sobre la exención de estudios importantes; sobre los procesos para dar a conocer información sobre impactos ambientales, sociales, culturales y de otro tipo; sobre el estado de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la región; sobre el inminente desalojo de algunas comunidades; sobre la violación a derechos humanos en el marco de la pandemia por COVID-19; y sobre una posible militarización de tramos del referido megaproyecto.

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Derecho humano al agua en México: Nueva ley de aguas debe incorporar un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural

Anaid Paola Velasco Ramírez* y Francisco Xavier Martínez Esponda**

Hace siete (07) años México espera una nueva Ley de aguas a partir de una reforma del artículo 4° de la Constitución federal que consagró el derecho humano al agua en el año 2012. El debate jurídico ha girado en torno a qué modelo de desarrollo legislativo debe adoptarse: uno que se limite a considerar a este vital recurso natural como un servicio administrativo u otro innovador que incorpore un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural. Sobre el particular, dos expertos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) nos ilustran sobre este interesante y actual debate legislativo y que podría ser un buen (o mal) referente normativo en otros países de América Latina.

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Three Challenges for the Inter-American System and the Right to Free, Prior, and Informed Consultation

Cristina Blanco*

Article published in the 22nd edition of Aportes.

Versión en español aquí.

In Latin America, few indigenous peoples’ rights have received as much attention as the right to free, prior, and informed consultation and consent (FPIC). In a region with enormous cultural diversity and high levels of social conflict associated with extractive and investment projects, indigenous peoples have used FPIC as a tool to resist the impacts of those projects on their territories. State authorities, the private sector, financial institutions, and other actors have also viewed prior consultation as a key tool for preventing social conflict.

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Tres retos para el Sistema Interamericano y el derecho a la consulta previa, libre e informada

Cristina Blanco*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

English version here.

En América Latina pocos derechos de los pueblos indígenas han recibido tanta atención como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI). En una región caracterizada por su enorme diversidad cultural y altos niveles de conflictividad social asociada a proyectos extractivos y de inversión, los pueblos indígenas han usado la CPLI como una herramienta para resistir los impactos de dichos proyectos sobre sus territorios. Igualmente, autoridades estatales, sector privado, entidades financieras, entre otros actores, han visto en la consulta previa una herramienta clave para la prevención de conflictos sociales.

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From the right to prior consultation to self-determination: reflections from the DPLF experience

Daniel Cerqueira*

Article published in the 22nd edition of Aportes.

Versión en español aquí.

An important part of DPLF’s work, through its Human Rights and Natural Resources program, has been to reinforce the inclusion of international standards on free, prior, and informed consultation (FPIC) in the norms, public policies, and case law of Latin American states. We have worked to provide legal support to civil society organizations (CSOs) and indigenous movements that are working to incorporate these standards into the laws and practices of their States. To this end, we have carried out advocacy activities, published case law digests, prepared specialized studies and analyses, monitored judicial proceedings, and filed amicus curiae briefs in emblematic cases.

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Del derecho a la consulta previa a la libre determinación: reflexiones desde la experiencia de DPLF

Daniel Cerqueira*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

English version here.

Una parte importante del trabajo de DPLF, desde el programa Derechos Humanos y Recursos Naturales, ha sido fortalecer la incorporación de estándares internacionales sobre la consulta previa, libre e informada (CPLI) en normas, políticas públicas y jurisprudencia de los Estados latinoamericanos. Nuestra labor ha sido brindar un aporte jurídico a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y movimientos indígenas que trabajan por la incorporación de los referidos estándares en las normas y prácticas de sus Estados. Para ello, hemos realizado actividades de incidencia, publicado digestos de jurisprudencia, elaborado estudios y análisis especializados, hemos monitoreado procesos judiciales y presentado escritos de amicus curiae en casos emblemáticos.

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The Mayan Train Raises a New Leviathan in Mexico: Civil Society Organizations

David Lovatón Palacios*

Versión en español aquí.

Mexican President Andrés Manuel López Obrador recently embraced an unfounded smear campaign against civil society organizations (CSOs) and international foundations that have supported initiatives and decisions that—on legal grounds—challenge or oppose the “Mayan Train” mega-project in the Yucatán Peninsula and other states in southeastern Mexico. It seems that the president is beginning to suffer from the binary and decidedly authoritarian political syndrome seen in many Latin American rulers: either you’re with me or you’re against me.

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