The Mayan Train Raises a New Leviathan in Mexico: Civil Society Organizations

David Lovatón Palacios*

Versión en español aquí.

Mexican President Andrés Manuel López Obrador recently embraced an unfounded smear campaign against civil society organizations (CSOs) and international foundations that have supported initiatives and decisions that—on legal grounds—challenge or oppose the “Mayan Train” mega-project in the Yucatán Peninsula and other states in southeastern Mexico. It seems that the president is beginning to suffer from the binary and decidedly authoritarian political syndrome seen in many Latin American rulers: either you’re with me or you’re against me.

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El Tren Maya erige un nuevo Leviatán en México: las organizaciones de sociedad civil

David Lovatón Palacios*

English version here.

Recientemente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho suya una infundada campaña de desprestigio en contra de organizaciones de sociedad civil (OSC) y fundaciones internacionales que hemos respaldado iniciativas y pronunciamientos que -dentro del marco de la ley- cuestionan o se oponen al megaproyecto denominado “Tren Maya” en la Península de Yucatán y otros Estados del sureste mexicano. Al parecer, el presidente está comenzando a padecer del conocido síndrome político, binario y ciertamente autoritario, de muchos gobernantes latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra.

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Escazú: un acuerdo por la democracia y el ambiente

Ivan Lanegra*

El amplio reconocimiento del derecho humano al ambiente contrasta con el acelerado deterioro de las condiciones ambientales, tanto a escala global como local. Así, las conquistas formales y el reconocimiento de la urgencia de construir una forma sostenible de prosperidad tienen como correlato la crisis climática, el deterioro acelerado de los ecosistemas, situación que afecta principalmente a los más vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas. No hay ninguna sorpresa en lo descrito. Como es bien conocido, los derechos necesitan de políticas públicas efectivas que los garanticen, más cuando hay que generar cambios significativos en patrones de comportamiento muy arraigados en las sociedades. Este es el caso de la cuestión ambiental, que demanda transformar patrones de consumo y producción, impulsados no solo por procesos formales, sino también por mecanismos informales e incluso delictivos.

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Livre determinação indígena: entre o Direito Internacional e a tragédia

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

English version here.

O impacto da pandemia do Covid-19 para os povos indígenas e o contexto de violência e esbulho territorial nos obriga a pensar soluções desde os mais variados âmbitos jurídicos e políticos.

2020 tem sido um ano particularmente trágico para os povos indígenas em todo o planeta e, em particular, na região amazônica. Ali, a expansão do Covid-19 ocorre de forma paralela à ação oportunista de madeireiros ilegais, garimpeiros, grileiros e governos dispostos a flexibilizar a concessão de megaprojetos extrativos sob o argumento de que é necessário promover investimentos nesta região em resposta à crise econômica provocada pela pandemia.

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Indigenous self-determination and international law

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

Ver versões em português.

The impact of the COVID-19 pandemic on indigenous peoples, along with the context of violence and territorial dispossession to their detriment, forces us to think of solutions from the most varied legal and political spheres. On the occasion of the International Day of the World’s Indigenous Peoples, celebrated on August 9, this essay summarizes the way in which international law has addressed self-determination, with an emphasis on the need to strengthen its application to indigenous peoples. This is because of the imperative to preserve the existence of such peoples and their cultures, and the need to mitigate the effects of environmental crises of which the exposure to pathogens displaced from their natural habitat – such as SARS-COVID-2 –  is only one manifestation.

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Libre determinación indígena: algunos apuntes desde el Derecho Internacional

Daniel Cerqueira*

Ver versión en inglés.

Ver versões em português.

El impacto de la pandemia del COVID-19 para los pueblos indígenas, aunado al contexto de violencia y despojo territorial en su perjuicio, nos obliga a pensar soluciones desde los más variados ámbitos jurídicos y políticos. Con ocasión del día internacional de los pueblos indígenas, celebrado el 9 de agosto, este ensayo resume la forma como el Derecho Internacional ha abordado la libre determinación, con un énfasis en la necesidad de fortalecer su aplicación a los pueblos indígenas. Lo anterior, por el imperativo de preservar la existencia de tales pueblos y sus culturas, y por la necesidad de mitigar los efectos de crisis ambientales de las cuales la exposición a patógenos desplazados de su hábitat natural – tales como el SARS-COVID-2 – es solamente una manifestación.

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Remarks on the judgment of the Inter-American Court in the Lhaka Honhat vs. Argentina case

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira**, and Salvador Herencia-Carrasco***

 Versión en español aquí.

On 6 February, 2020, the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) issued a judgement in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association, vs. Argentina. The ruling reiterates the inter-American standards on communal land and territorial rights of indigenous peoples. This is a landmark decision establishing that economic, social, cultural and environmental rights (ESCER) of indigenous peoples are autonomous and judicially enforceable rights before the IACt-HR. Although the main controversy revolves around the absence of land titling, the petitioners alleged a series of impacts derived from grazing activities, illegal logging, and the installation of fences by non-indigenous people in the territory of the communities.

This article analyses the most relevant excerpts of the ruling, highlighting controversial aspects over the judicial enforceability of new rights recognised under Article 26 of the American Convention (ACHR), related to economic, social, cultural, and environmental rights (ESCER). We also comment on important advances in the area of reparation and obligations to ensure indigenous peoples’ rights in the face of environmental degradation perpetrated by settlers. Finally, we briefly comment on the contribution of the amici curiae in the reasoning present in the sentence and votes of Judges Ferrer Mac-Gregor and Sierra Porto.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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Falta de acceso a informacion pública en México: El Tren Maya que quiere marchar en total oscuridad

Enrique Gallegos Madrigal*

El megaproyecto denominado “Tren Maya” es una prioridad para el Gobierno federal mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que con dicha obra vial se sacará de la pobreza a millones de mexicanos(as) del sudeste del país. Sin embargo, pese a sus supuestas virtudes, su diseño y construcción marchan en la total opacidad, a pesar que toda la información debería ser de acceso público. A continuación, un artículo que da cuenta de los intentos legales que a la fecha se han hecho para conocer de qué va realmente este “Tren Maya”.

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

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