Libre determinación indígena: algunos apuntes desde el Derecho Internacional

Daniel Cerqueira*

Ver versión en inglés.

Ver versões em português.

El impacto de la pandemia del COVID-19 para los pueblos indígenas, aunado al contexto de violencia y despojo territorial en su perjuicio, nos obliga a pensar soluciones desde los más variados ámbitos jurídicos y políticos. Con ocasión del día internacional de los pueblos indígenas, celebrado el 9 de agosto, este ensayo resume la forma como el Derecho Internacional ha abordado la libre determinación, con un énfasis en la necesidad de fortalecer su aplicación a los pueblos indígenas. Lo anterior, por el imperativo de preservar la existencia de tales pueblos y sus culturas, y por la necesidad de mitigar los efectos de crisis ambientales de las cuales la exposición a patógenos desplazados de su hábitat natural – tales como el SARS-COVID-2 – es solamente una manifestación.

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Remarks on the judgment of the Inter-American Court in the Lhaka Honhat vs. Argentina case

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira**, and Salvador Herencia-Carrasco***

 Versión en español aquí.

On 6 February, 2020, the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) issued a judgement in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association, vs. Argentina. The ruling reiterates the inter-American standards on communal land and territorial rights of indigenous peoples. This is a landmark decision establishing that economic, social, cultural and environmental rights (ESCER) of indigenous peoples are autonomous and judicially enforceable rights before the IACt-HR. Although the main controversy revolves around the absence of land titling, the petitioners alleged a series of impacts derived from grazing activities, illegal logging, and the installation of fences by non-indigenous people in the territory of the communities.

This article analyses the most relevant excerpts of the ruling, highlighting controversial aspects over the judicial enforceability of new rights recognised under Article 26 of the American Convention (ACHR), related to economic, social, cultural, and environmental rights (ESCER). We also comment on important advances in the area of reparation and obligations to ensure indigenous peoples’ rights in the face of environmental degradation perpetrated by settlers. Finally, we briefly comment on the contribution of the amici curiae in the reasoning present in the sentence and votes of Judges Ferrer Mac-Gregor and Sierra Porto.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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Falta de acceso a informacion pública en México: El Tren Maya que quiere marchar en total oscuridad

Enrique Gallegos Madrigal*

El megaproyecto denominado “Tren Maya” es una prioridad para el Gobierno federal mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que con dicha obra vial se sacará de la pobreza a millones de mexicanos(as) del sudeste del país. Sin embargo, pese a sus supuestas virtudes, su diseño y construcción marchan en la total opacidad, a pesar que toda la información debería ser de acceso público. A continuación, un artículo que da cuenta de los intentos legales que a la fecha se han hecho para conocer de qué va realmente este “Tren Maya”.

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

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Canadian companies can be sued for human rights violations abroad

Isabel Davila Pereira*

Versión en español aquí.

On February 28, 2020, the Supreme Court of Canada (‘SCC’ or ‘the Court’) issued a landmark decision opening the path to hold corporations civilly liable for violations of international human rights law. The majority of the Court held that customary international law is part of Canadian law[1] and that international human rights law must be understood today as applying to corporations as well as to states.

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Compañías canadienses pueden ser demandadas por violaciones de derechos humanos en el extranjero

Isabel Dávila Pereira*

English version here.

El 28 de febrero de 2020 la Corte Suprema de Canadá publicó una decisión emblemática que permitiría establecer la responsabilidad civil de compañías canadienses por violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero. La mayoría de la Corte sostuvo que el derecho internacional consuetudinario forma parte del derecho canadiense[1] y que en la actualidad debe entenderse que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable a corporaciones, al igual que a Estados.

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¿Hacia la Inter-Americanización del régimen de Empresas & Derechos Humanos? Comentario en torno al reciente informe de la CIDH

Salvador Herencia-Carrasco*

Una version previa de este artículo fue publicado en inglés en el portal Rights as Usual.

A fines de enero, la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su esperado informe “Empresas & Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. Dada su importancia, el propósito de este artículo es precisar qué es lo que las conclusiones de la REDESCA/CIDH podrían significar para el régimen de Empresas & Derechos Humanos (EDH) en las Américas.

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Covid-19 and racial inequality in Colombia: The case of the department of Chocó

Ely Cossio*

Versión en español aquí.

Exceptional times require extraordinary measures; however, there are places in Colombia where the lack of essential services would make any extraordinary measure be considered meager given the marginality and the historical backwardness in the country. The negligence of the central government is the common denominator of the formerly called territorios nacionales[1], but only in the Department[2] of Chocó this feature is epitomized in absolute terms.

Seen in the light of the ability to cope with a virus as deadly as COVID-19, which to date has claimed the lives of nearly 400,000 people worldwide, the forecasts in the department of Chocó are terrifying. To this date, the people of Chocó lack the readiness and the human, technical, and financial resources necessary to face an epidemiological event of this kind.

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Covid-19 y la desigualdad racial en Colombia: El caso del departamento del Chocó

Ely Cossio*

English version here.

Tiempos excepcionales requieren medidas extraordinarias, sin embargo, existen lugares en Colombia, donde la carencia de lo esencial dada la marginalidad y el rezago histórico, harían cualquier medida extraordinaria exigua. El olvido negligente del gobierno central es de hecho el común denominador de los antiguamente llamados “territorios nacionales”[1], pero solo en el departamento del Chocó ese rasgo se epitomiza en términos absolutos.

Visto a la luz de la capacidad para enfrentar un virus tan letal como el COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas en el mundo, los pronósticos en el departamento del Chocó son aterradores. Hoy en día, los chocoanos carecen de la preparación y los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para hacer frente a un evento epidemiológico de este tipo.

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