Derechos de los cenotes en Yucatán*

Rodrigo Llanes Salazar*

“Si el agua tuviera voz, diría que no la ensucies, que la cuides y la protejas”, declaró Maribel Ek Kan, guardiana de los cenotes del pueblo maya Homún, en una conferencia de prensa el pasado 17 de febrero en la que se dio a conocer la solicitud que presentaron habitantes de dicho pueblo para que se reconozcan los cenotes como sujetos de derecho.

La solicitud es acompañada por las organizaciones de derechos humanos Equipo Indignación y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF). La demanda por el reconocimiento del derecho de los cenotes puede ubicarse en un doble proceso. Por un lado, las reivindicaciones de comunidades mayas y de organizaciones de derechos humanos para que los derechos del pueblo maya sean una realidad.

Esto es, que los pueblos ejerzan sus derechos a la libre determinación (que decidan sobre sus modelos de desarrollo económico, político, social, cultural); al manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales; a su integridad cultural y a un medio ambiente sano, entre muchos otros.

Por otro lado, la exigencia de que los cenotes sean reconocidos como sujetos de derechos también puede enmarcarse en el movimiento global comúnmente llamado “derechos de la naturaleza”.

Como lo documenta el texto “Rights of Rivers” (“Los derechos de los ríos”), co-publicado por las organizaciones International Rivers, Earth Law Center y Cyrus R. Vance Center for International Justice en octubre de 2020, el movimiento de derechos de la naturaleza es una respuesta a los fracasos del derecho ambiental moderno para abordar la crisis ecológica.

Para estas organizaciones, el movimiento de derechos de la naturaleza “busca reescribir el sistema legal para trabajar por el ambiente en lugar de estar contra él”.

Este movimiento tiene importantes fundamentos legales, como sentencias de tribunales y cortes nacionales, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ordenamientos jurídicos de diversos estados.

Organizaciones mayas como Kaanan Ts’ono’ot —los guardianes de los cenotes— de Homún han mostrado que la legislación para proteger el medio ambiente suele ser letra muerta en Yucatán. Por ejemplo, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) deben ser instrumentos para calcular racionalmente los riesgos ecológicos de los proyectos de desarrollo y servir como bases para la toma de decisiones de las instituciones públicas.

No obstante, como ha documentado la especialista Analiese Richard, en numerosas ocasiones esos documentos no cumplen con su cometido, por lo que diversas académicas y académicos realizan análisis independientes para conocer los posibles impactos de los proyectos de desarrollo (“Countering Documents with Documents”, 2021).

Aún más, como ha registrado la organización Greenpeace, de 222 granjas porcinas registradas en Yucatán, solo 18 cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental (“La carne que está consumiendo al planeta”).

El caso de Homún, pero también otros casos emblemáticos de la península de Yucatán, como el de las comunidades mayas contra la siembra de soya transgénica en Campeche, ha enseñado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no solo no sanciona a quienes causan daños ambientales, sino que incluso criminaliza a las personas defensoras del medio ambiente.

Entonces, frente a los fracasos del derecho y la institucionalidad moderna para proteger efectivamente el medio ambiente, el movimiento de los derechos a la naturaleza plantea mecanismos novedosos para el cuidado del planeta. Uno de ellos es que crea obligaciones a los seres humanos para actuar como guardianes de la naturaleza, por ejemplo, a partir de la creación de órganos de tutela para la gestión de algún elemento o ser de la naturaleza (como un río, un bosque o un cenote).

Así, la solicitud de reconocimiento de los derechos de los cenotes fue presentada a autoridades federales, estatales y municipales: al Presidente de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Profepa; al Gobierno del Estado Yucatán y la Secretaría de Desarrollo Sostenible de Yucatán; así como a la Presidenta Municipal de Homún.

Como lo reconocen las y los solicitantes, “la petición se fundamentó en los avances del derecho internacional y del movimiento de los derechos de la naturaleza, pero surge como respuesta al grave problema de contaminación, ocasionada por el uso de agrotóxicos y pesticidas, así como la operación de la industria porcícola y avícola, la falta de planeación estatal para el manejo de las aguas residuales y las grandes concesiones de explotación de agua”.

Un elemento clave de la solicitud es la demanda de que las autoridades reconozcan “que los pueblos mayas deben ser los que tutelen estas acciones, pues los cenotes se encuentran en su territorio y han desarrollado una profunda relación con ellos”.

Cabe subrayar entonces que no se trata simplemente de que las autoridades emitan un decreto en el que reconozcan a los cenotes como sujetos de derecho. Un aspecto clave es, como lo argumenta el documento “Rights of Rivers”, que los órganos de tutela deben ser establecidos por medio de procesos de consulta y de participación pública, deben gozar de un mandato independiente del estado, contar con recursos adecuados y ser incluyentes.

Para el caso de Homún, implicaría hacer efectivo el derecho de este pueblo a su derecho a la libre determinación, a la participación política y a la gestión de sus recursos naturales, todos estos derechos reconocidos por el estado de Yucatán, el estado mexicano y el derecho internacional.

La conferencia de prensa en la que se dio a conocer la presentación de la solicitud del reconocimiento de los derechos de los cenotes tuvo lugar después del primer panel del Seminario Internacional Permanente “El derecho humano al agua y la libre determinación de los pueblos indígenas”, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, DPLF, Equipo Indignación, el CEPHCIS de la UNAM, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.

El primer panel contó con la participación del doctor Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de las Naciones Unidas.

El doctor Arrojo subrayó la preocupante crisis global del agua que vivimos, en la que más de 2 mil millones de personas no tienen garantizado el acceso a agua potable, a pesar de que viven junto a ríos, lagos y otros acuíferos contaminados. Para el Relator, las raíces de la crisis se encuentran en la confluencia de la desigualdad, pobreza y la insostenibilidad en los ecosistemas acuáticos.

Asimismo, para el doctor Arrojo, la actuación frente a la crisis global del agua debe basarse en dos ejes: por un lado, hacer las paces con nuestros ríos, humedales, cenotes y otros acuíferos; y, por otro, promover una gobernanza democrática del agua, entendiendo a ésta como un bien común y no como una mercancía y negocio.

Justamente un ejemplo de gobernanza democrática del agua sería el impulso de procesos participativos y de gestión comunitaria de los acuíferos, como la que implicaría el reconocimiento de los derechos de los cenotes y la tutela comunitaria de dichos cuerpos de agua.

El doctor Arrojo, quien antes de ser Relator de Naciones Unidas fue miembro electo del Parlamento español, citó como ejemplo de lo anterior la Directiva Marco del Agua, una norma del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea que establece un marco de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas.

Hace poco más de cuatro años escribí en este espacio un artículo con el mismo título, “Derechos de los cenotes”. Finalizaba diciendo que “tal vez no reconozcamos pronto, o nunca, los derechos de los cenotes de Yucatán”.

Hoy, ante el fortalecimiento del movimiento de los derechos de la naturaleza, del trabajo de organizaciones y en comunidades por la defensa de sus derechos (y de los de la naturaleza), creo que este reconocimiento es inminente.

Afortunadamente, junto con el decidido trabajo de organizaciones contamos con el valioso conocimiento de especialistas como las abogadas Lourdes Medina y Samantha Collí.

Precisamente, Collí fue la ponente del panel del Seminario Internacional Permanente “El derecho humano al agua y la libre determinación de los pueblos indígenas”, el cual tuvo como tema “Los cenotes de la Península de Yucatán como sujetos de derechos”, el jueves 24 de febrero de 2022.


*Rodrigo Llanes Salazar es investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEPHCIS-UNAM).

Imagen: Lunamarina vía Freepik.com

Este artículo se publicó originalmente en Diario de Yucatán.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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