Claudia Escobar Mejía Ph.D.*

En la Guatemala de los años 70 no era común que las mujeres se desarrollaran profesionalmente o que trabajaran fuera de casa. Menos aún, que lo hicieran como abogadas y desde espacios como la judicatura o la magistratura. Las primeras mujeres abogadas tuvieron que abrirse espacio en un ambiente reservado para los hombres, o que funcionaba bajo las dinámicas y reglas que imponía el patriarcado. Para poder atravesar esas barreras, actuar con ética y honestidad era su mejor carta de presentación.  

Tuve el privilegio de crecer bajo el amparo de una de esas pioneras que abrió brecha en Guatemala. Mi mamá, Mirna Mejía Ordóñez de Escobar, fue una maestra de escuela pública que soñaba con ser jueza. Había crecido viendo a su padre trabajar en los juzgados y sentía una verdadera vocación por la justicia. Sabía que la justicia es el camino de la paz. Apoyada por mi padre, mientras mis hermanas y yo crecíamos, ella estudiaba para ser abogada. No se conformaba con aprobar los cursos porque era muy exigente consigo misma, quería aprender y destacar, y lo lograba al ser de las mejores estudiantes de su clase. Sus compañeros la recuerdan con admiración por su desempeño académico y por estar siempre embarazada; y no es para menos, pues en nueve años tuvo cuatro hijas. Este es un rasgo especialmente significativo, pues para muchas mujeres la forma en que son distribuidas las tareas y el cuidad de la familia de forma desigual entre hombres y mujeres, es una de las principales barreras para acceder a la educación, y en el caso de las mujeres abogadas, para destacar en sus carreras profesionales. Pero en su caso, tuvo la suerte de contar con el respaldo total de un hombre adelantado en su tiempo, que asumió el cuidado de sus hijas sin reparos. En mis recuerdos ella está sentada cómodamente sobre sus piernas en el sofá de la casa, rodeada de libros, leyes y expedientes, mientras mi padre nos lee cuentos a mis hermanas y a mí sentadas sobre sus rodillas.

Mi mamá fue pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y promotora de la ley para erradicar la violencia doméstica. Luchó por eliminar normas legales que eran injustas y discriminatorias, como el artículo en el Código Civil que prohibía trabajar a la mujer sin el permiso de su marido, o que tipificaba el delito del adulterio como uno cuya persecución y condena solo aplicaba a la mujer. Dedicó gran parte de su vida a impartir la justicia. Como Jueza de Familia, dictó miles de medidas judiciales contra maridos abusadores que maltrataban a sus esposas y siempre veló por los derechos de los niños y las niñas. Junto con otras abogadas crearon la Asociación de Abogadas y Notarias de Guatemala. Con frecuencia me recogía al salir del colegio y me llevaba con ella a las reuniones con sus colegas. Mis ojos de niña fueron testigos del entusiasmo con que ella y sus compañeras planeaban actividades que sabían necesarias para lograr la equidad de todas las mujeres y abogadas guatemaltecas.

El compromiso de mi madre por la justicia marcó mi vida y también la de otras mujeres influidas por su labor. Ejercía la judicatura con total entrega y responsabilidad, incluso yo diría que con mística. Para ella ser jueza de familia era un cargo casi sagrado. Sabía que en sus manos estaba el futuro de las familias, y la posibilidad de que una pareja que deseaba poner fin a una relación pudiera comunicarse de forma adecuada por el bien de los hijos e hijas. Por eso se esforzaba para que sus resoluciones fueran ecuánimes y justas. Sus colegas reconocían su labor y, en general, las partes aceptaban de buen grado sus resoluciones, aunque no les fueran totalmente favorables porque sus decisiones estaban fundamentadas en el derecho y en la justicia. Su tribunal llegó a ser reconocido como un juzgado modelo y ella lideró los procesos de modernización de la justicia en los procedimientos de familia.

Después de muchos años de ser juez, mi mamá llegó a ocupar el cargo de Magistrada de Apelaciones. Pero al terminar el período de cinco años no fue reelecta, porque no aceptó las presiones de un abogado poderoso que exigía una sentencia de divorcio favorable a los intereses de su hijo, en perjuicio de la esposa y los hijos. Mi madre prefirió terminar su carrera profesional antes que instrumentalizar la justicia. En un país donde no existían —ni existen— garantías de independencia judicial, la carrera judicial de las mujeres está en manos de los políticos y grupos poderosos. Con frecuencia, quienes ejercen la función jurisdiccional —hombres y mujeres— tienen que congraciarse con ellos para permanecer en el cargo. Esto ha tenido un alto costo para nuestro país, pues como dice una destacada abogada salvadoreña, Lilliam Arrieta, “en donde no hay independencia judicial ningún derecho está garantizado”. 

Paradójicamente, hoy se presenta a Guatemala como uno de los países de América Latina en que más mujeres han ocupado altos cargos en las instituciones de justicia. Durante la última década, el Ministerio Público ha sido dirigido exclusivamente por mujeres. En la Corte Suprema de Justicia también hay una mujer a la cabeza, ocupando la Presidencia. Pero el desempeño profesional de muchas mujeres que hoy ocupan altos cargos de responsabilidad en el sector justicia es muy cuestionado por la ciudadanía y la comunidad internacional, pues llegaron al poder de forma fraudulenta, plagiando tesis, ocultando sanciones de violación a los derechos humanos o simplemente pactando impunidad para sectores poderosos. La codicia por el poder las ha atrapado. Han perdido —o simplemente, renunciado— a la capacidad de actuar con justicia y han instrumentalizado la función judicial y fiscal, en función de los intereses de sectores poderosos y corruptos que buscan impunidad. 

Guatemala demuestra que la representación de las mujeres en los sistemas de justicia no es una cuestión de números, y que el discurso de género puede manipularse, quedando vacío cuando se coloca a mujeres en posiciones de poder que, en vez de mejorar las condiciones para las juezas, magistradas, fiscalas y abogadas defensoras, pueden utilizar este poder para atacarlas, perseguirlas, criminalizarlas.

Es contradictorio que las mujeres que ocupan altos cargos en el sector justicia se hayan convertido en verdugos de las juristas que lideran la lucha contra la corrupción. Es inaceptable, que se hayan ensañado especialmente contra abogadas destacadas. Solo en un país carcomido por la corrupción es posible  que las mujeres juezas, fiscales y defensoras que han sido galardonadas internacionalmente por su valor y su defensa de la independencia judicial sean perseguidas por otras mujeres que son cuestionadas por su ética desde sus posiciones en el sistema de justicia. Hoy desde la Corte Suprema y la Fiscalía se dirige una cacería de brujas en contra de abogadas honestas que investigaron casos emblemáticos de corrupción y denunciaron a personas que se consideran intocables. Es una vergüenza para el gremio profesional, y especialmente para las abogadas, que sean precisamente mujeres quienes impulsen esas acciones incongruentes y antidemocráticas. 

Las juezas y abogadas criminalizadas por ejercer su trabajo de manera íntegra derrochan dignidad en su actuar y en sus declaraciones. A la mayoría no las conozco personalmente, pero me solidarizo con su situación. El pueblo guatemalteco sabe que son víctimas de venganza, porque a través de las investigaciones de los casos más emblemáticos de corrupción que ellas lideraron, algunos grupos criminales poderosos fueron alcanzados por la justicia. Mi respeto y admiración para esas mujeres que siguen siendo ejemplo de honestidad en Guatemala y en el mundo entero.

*Claudia Escobar Mejía es profesora distinguida en Shar School of Policy and Government  e investigadora en el Centro contra el Terrorismo, Crimen Transnacional Crimen y Corrupción (TraCCC) de la Universidad George Mason, y Directora Ejecutiva de la organización Be Just.

Grupo de abogadas guatemaltecas; Mirna Mejía Ordóñez de Escobar es la tercera persona de izquierda a derecha. Imagen cortesía de Claudia Escobar Mejía.