Cinco significados del #1M para El Salvador

Úrsula Indacochea*

English version here.

El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió –como primer acto en su primera sesión– remover de sus cargos a la totalidad de magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y designar directamente a sus reemplazos, colocando en estos cargos a un grupo de abogados y una abogada afines a sus intereses. Estos actos fueron condenados de forma unánime por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles de toda la región, como una reedición de las nefastas experiencias autoritarias del pasado y como una amenaza actual a la democracia hemisférica. Un año después, sus impactos han sido múltiples; algunos de ellos han podido verse con mayor claridad con el paso del tiempo. En este artículo ofrezco cinco aproximaciones a estos hechos con el propósito de visibilizar sus distintos efectos. 

1. Violaciones graves a todas las garantías de la independencia judicial

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza la independencia judicial, tanto a nivel institucional (del Órgano Judicial como un todo) como a nivel personal (de cada uno de los jueces y juezas de forma individual). Diversos organismos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado los contenidos de esta garantía: (i) un adecuado proceso de nombramiento, (ii) la garantía de la inamovilidad y (iii) la garantía frente a presiones externas. 

Los hechos del 1 de mayo vulneraron todas ellas, sin excepción. La remoción de altas magistraturas, basada en el contenido de sus decisiones, sin que exista una causa grave previamente establecida en la ley, y sin un debido proceso, violó la garantía de la inamovilidad de quienes integraban la Sala de lo Constitucional. Las presiones que forzaron las renuncias voluntarias de casi todos los magistrados legítimos de este órgano –mediante cartas con una redacción idéntica–, y el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia e impedirles el ingreso a sus despachos (además de instalar a sus reemplazos), violó la garantía frente a presiones externas. Finalmente, la designación directa y sin seguir el mecanismo de selección previsto en las normas internas violó la garantía que exige un adecuado proceso de selección.

Seguir leyendo

El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

English version here.

El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

Seguir leyendo

Ser mujer y jueza en Guatemala, ayer y hoy

Claudia Escobar Mejía Ph.D.*

En la Guatemala de los años 70 no era común que las mujeres se desarrollaran profesionalmente o que trabajaran fuera de casa. Menos aún, que lo hicieran como abogadas y desde espacios como la judicatura o la magistratura. Las primeras mujeres abogadas tuvieron que abrirse espacio en un ambiente reservado para los hombres, o que funcionaba bajo las dinámicas y reglas que imponía el patriarcado. Para poder atravesar esas barreras, actuar con ética y honestidad era su mejor carta de presentación.  

Tuve el privilegio de crecer bajo el amparo de una de esas pioneras que abrió brecha en Guatemala. Mi mamá, Mirna Mejía Ordóñez de Escobar, fue una maestra de escuela pública que soñaba con ser jueza. Había crecido viendo a su padre trabajar en los juzgados y sentía una verdadera vocación por la justicia. Sabía que la justicia es el camino de la paz. Apoyada por mi padre, mientras mis hermanas y yo crecíamos, ella estudiaba para ser abogada. No se conformaba con aprobar los cursos porque era muy exigente consigo misma, quería aprender y destacar, y lo lograba al ser de las mejores estudiantes de su clase. Sus compañeros la recuerdan con admiración por su desempeño académico y por estar siempre embarazada; y no es para menos, pues en nueve años tuvo cuatro hijas. Este es un rasgo especialmente significativo, pues para muchas mujeres la forma en que son distribuidas las tareas y el cuidad de la familia de forma desigual entre hombres y mujeres, es una de las principales barreras para acceder a la educación, y en el caso de las mujeres abogadas, para destacar en sus carreras profesionales. Pero en su caso, tuvo la suerte de contar con el respaldo total de un hombre adelantado en su tiempo, que asumió el cuidado de sus hijas sin reparos. En mis recuerdos ella está sentada cómodamente sobre sus piernas en el sofá de la casa, rodeada de libros, leyes y expedientes, mientras mi padre nos lee cuentos a mis hermanas y a mí sentadas sobre sus rodillas.

Seguir leyendo