La reelección presidencial en El Salvador

Daniel Olmedo*

El 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de El Salvador, sin procedimiento previo, destituyó a magistrados y magistrada del tribunal constitucional: la Sala de lo Constitucional (SC). La SC de inmediato declaró inconstitucional tal destitución, pero la asamblea desobedeció la orden judicial. Nombró a otras personas en el tribunal, y estas, apoyadas de la fuerza policial, ocuparon el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hoy continúan operando como si fueran magistrados del tribunal constitucional.

Ese órgano de facto –que aquí denominaremos Sala de lo Constitucional impuesta (SCi)– ha firmado durante todo este tiempo documentos que pretende hacer pasar por legítimas resoluciones judiciales. Uno de ellos fue el emitido el 3 de septiembre de 2021 –que aquí llamaremos la presunta resolución–. En él, la SCi autorizó la reelección presidencial inmediata, aún cuando la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente. Lo mismo ya habían hecho Daniel Ortega (Nicaragua) en 2009, y Juan Orlando Hernández (Honduras) en 2015.

La vigente Constitución salvadoreña de 1983 reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia; lo que implica prohibir la reelección presidencial inmediata. Desde 1841, ocho constituciones consistentemente han recogido una postura similar; pero hubo un deleznable paréntesis: en 1939 el dictador Maximiliano Hernández Martínez aprobó una nueva Constitución y autorizó la reelección presidencial «por esta única vez». El dictador se reeligió para el período 1939-1944, pero en 1944  nuevamente volvió a reformar la Constitución para eliminar la frase «por esta única vez» que él mismo había escrito años antes. Unos meses después de reelegirse, presentó su renuncia tras la insurrección no violenta conocida como Huelga de brazos caídos[1].

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Accountability Abroad for Venezuelan State Corruption (Part III): The business scheme in the “Food for Venezuela” case, and the Mexican authorities’ response

Jan-Michael Simon

Versión en español aquí.

Part I of this series analyzed two ongoing criminal cases in the U.S. involving the laundering of proceeds of Venezuelan State corruption. One of them involves kickbacks in Venezuelan government purchases of food products exported from Mexico for a Venezuelan government social program (Food for Venezuela case).

Part II examined how Mexico’s justice system has handled the Food for Venezuela case in its own jurisdiction. Compared to the consequences of a conviction in the U.S., where severe penalties and the forfeiture of the full amount of money involved can be expected, the Mexican response of seeking to close the case by signing “reparatory agreements” (acuerdos reparatorios) is inconsequential and ignores basic rules of crime prevention and international standards on the fight against money laundering; it is also hardly compatible with inter-American standards on corruption and human rights.

The third part of this series examines the business scheme in the Food for Venezuela case and the quality of the Mexican authorities’ response to the illicit nature of this scheme. The author concludes, based on the available evidence, that the business scheme would aim at disguising the financial source of the kickbacks through a clandestine form of compensation calculation. The calculation would absorb the amounts reduced by overpriced business transactions, in transactions at very low prices with substandard products of the same and/or similar category.

It is concluded that the Mexican authorities did neither establish nor disclose the illicit nature of the business scheme. This begs the question about the factual and legal reasoning that would make the case eligible for reparatory agreements. This includes questions as to who would be entitled to reparation and authorized to enter into reparation agreements.

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Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte III): El esquema de negocios en el caso «Alimentos para Venezuela» y la respuesta de las autoridades mexicanas

Jan-Michael Simon

English version here.

En la primera parte de esta serie se analizaron dos causas penales en curso en los EE. UU. sobre el blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano. Una de estas trata de comisiones clandestinas en compras de productos alimenticios exportados desde México y destinados a un programa social del Estado venezolano (caso Alimentos para Venezuela).

En la segunda parte, se analizó cómo la justicia de México aborda el caso Alimentos para Venezuela en su propio territorio. Comparada con las consecuencias de una condena en EE. UU., dónde se esperan altas penas y el decomiso del total de los capitales involucrados, se demuestra que la respuesta mexicana al caso, de buscar concluir el caso por medio de acuerdos reparatorios, es poco significante e ignora reglas básicas de la prevención del delito y estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, al tiempo que difícilmente compagina con estándares interamericanos en materia de corrupción y derechos humanos.

La tercera parte de la serie analiza el esquema de negocios en el caso Alimentos para Venezuela, y la calidad de la respuesta de las autoridades mexicanas de cara a la naturaleza ilícita de este esquema. El autor concluye, en base de los indicios disponibles, que el esquema de negocios buscaría disimular la fuente financiera de las comisiones clandestinas mediante un cálculo compensatorio oculto. Este cálculo absorbería cantidades de productos reducidas por transacciones comerciales sobrevaloradas, en transacciones a precios muy bajos con productos de la misma y/o similar categoría de calidad inferior.

Se concluye que las autoridades mexicanas no establecieron ni revelaron la naturaleza ilícita del esquema de negocios. Esto abre la interrogante sobre cuáles son los razonamientos fácticos y jurídicos que harían que el caso fuera susceptible de acuerdos de reparación. Esto incluye preguntas sobre quién tendría el derecho a la reparación y estaría facultado para firmar acuerdos de reparación.

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La corrupción y la incapacidad de las instituciones en Latinoamérica

Jaime Chávez Alor*

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a nivel mundial para el desarrollo nacional. Afecta el goce y disfrute de derechos civiles y económicos, genera discriminación en la implementación de políticas públicas violando derechos humanos e incapacita a las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera plena.

En Latinoamérica la corrupción ha tenido un impacto significativo en los gobiernos y espacios públicos, convirtiéndose así en una de las mayores y más complejas problemáticas que la ciudadanía identifica en su sociedad y entorno. A partir de ello, el combate a la corrupción ha sido una creciente prioridad en la agenda pública de los países de la región. Sin embargo, sigue habiendo una discrepancia en la mayoría de los países entre la agenda pública en discurso y la realidad.

La legislación insuficiente o inadecuada para hacer frente a la corrupción, la debilidad institucional que deriva en una falta de implementación de las políticas anticorrupción, así como investigaciones ineficaces para sancionar actos de corrupción, merman el Estado de derecho.

Desde el punto de vista del derecho privado, la ausencia de garantías legales afecta el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Todo análisis de inversión implica comparar posibles destinos basados en la confiabilidad del Estado de derecho, incluyendo, por supuesto, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Además de desarrollar un plan de negocios, los inversionistas de cualquier país evalúan también, sobre todo en negocios que tocan o involucran el gobierno, el régimen anticorrupción, incluida la viabilidad de mitigar los riesgos de corrupción estatal, demoras excesivas o imprevisibilidad en la toma de decisiones regulatorias y judiciales, así como otras divergencias del Estado de derecho. Los riesgos de este tipo elevan el costo percibido de hacer negocios y, para las empresas que respetan la ley, disuaden la inversión.

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Indulto a Fujimori vulnera control de convencionalidad y derecho de acceso a la justicia de las víctimas

Juana María Ibáñez Rivas*

Hace más de 20 y 15 años, respectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió las sentencias en Barrios Altos y La Cantuta, dos casos emblemáticos y trágicamente representativos del período de conflicto armado de carácter no internacional en el Perú (1980-2000). 

En la sentencia Barrios Altos (2001), la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida de 15 personas y el derecho a la integridad de cuatro que fueron heridas gravemente (una de las cuales resultó incapacitada de manera permanente), en noviembre de 1991, en un inmueble en Lima, en el vecindario conocido como “Barrios Altos”. En la sentencia La Cantuta (2006), la Corte declaró responsable al Perú por violaciones al derecho a la vida, la integridad y libertad personal en perjuicio de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”-La Cantuta, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992 (dos fueron ejecutados y, los otros ocho, desaparecidos forzadamente). En ambos casos, se demostró que las violaciones fueron resultado de la actuación del “Grupo Colina”, adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional, que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. En las referidas sentencias, la Corte IDH ordenó al Estado investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos.

La sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de 17 de marzo de 2022 que restituye los efectos de la Resolución Suprema de 24 de diciembre de 2017 que concedió un indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su libertad[1] representa un incumplimiento de las decisiones de la Corte IDH, así como una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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Apoyar sin revictimizar: Los desafíos del acompañamiento psicosocial

Héctor Rosemberg Aparicio*

Podemos entender la revictimización desde el concepto del trauma psicosocial: “Etimológicamente, trauma significa herida. En psicología, se suele hablar de trauma para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona que la deja marcada, es decir, deja en ella un residuo permanente… se utiliza el término nada usual de trauma psicosocial para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de una guerra”[1].  Por tanto, toda persona expuesta a una situación crítica, como un conflicto armado, tiene un daño emocional extremo, que trasciende a todas las personas que están a su alrededor y perdura hasta que no siga un proceso reparador. Cuando el Estado vuelve sobre este trauma, ya sea de forma directa con sus acciones o discursos, pero también con la pasividad y silencio sobre las víctimas, entonces revictimiza y sigue dañando, causando más dolor.

Lo anterior puede ocurrir con alguna frecuencia en los equipos estatales dedicados a implementar programas de reparación o la búsqueda de personas desaparecidas, pues por un lado son quienes llevan más alivio a las víctimas, pero en sus intervenciones también pueden ser los más propensos a revictimizar. Por eso vale la pena recordar a Martín Baró cuando nos dice que “todos los equipos implicados en procesos de búsqueda de personas desaparecidas e investigaciones forenses deben ante todo garantizar que no se generará más daño a las víctimas, sino que se fomentará la realización de acciones que tengan un carácter reparador[2]”.

El Salvador es un país de víctimas y también de experiencias y aprendizas sobre acompañamiento psicosocial, desde la sociedad civil y desde el estado. Ese país sufrió por alrededor de doce años (1980-1992) una guerra civil, siendo las principales causas las condiciones sociales, la desigualdad económica y con ello la represión política. Se le puso fin con los Acuerdos de Paz entre la entonces guerrilla del FMLN y el gobierno salvadoreño firmados en Chapultepec, México. Se sabe que la violencia política de ese periodo dejó al menos 75, 000 víctimas, entre ellas varios miles de personas desaparecidas, incluyendo niños y niñas. 

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Pegasus: the «legalization of espionage» in El Salvador?

Julia Gavarrete*

Versión en español aquí.

In El Salvador 35 people -among journalists and activists- were tapped with Pegasus. In the newspaper El Faro alone, there were 22 of us. We revealed this on January 13, 2022, after three months of having subjected our cell phones to exhaustive analysis. It was espionage through a sophisticated software called Pegasus which is capable of hacking into phones, infecting them, and gaining access to everything: information, videos, photographs, and text messages. Everything means everything. Citizen Lab and Access Now were the two organizations that analyzed our phone devices from the beginning. Both concluded there was «obsessive espionage» to which most of El Faro’s staff was subjected: 17 months of interventions, from June 2020 to November 2021, and in some cases uninterruptedly. Those who’s phones were intervened included the directors, editors, administrative staff and journalists. In those months, those who had access to our information, knew the places we frequented -just by taking a look at the geolocation- and even our family problems. One would think that there were enough details to start a serious investigation to identify who was behind it and activate the alarms of an entire country, right? I put it this way because that’s what happened in Poland, where five cases of spying were enough to generate a huge scandal.

The news of espionage broke in Poland almost at the same time as it broke in El Salvador. When it was revealed in Poland that 35 people were spied on with a program that costs millions of dollars and that according to NSO Group, the manufacturer, is only sold to governments and state security apparatuses, the Polish Senate had already begun a discussion on the use of the software against members of the opposition, among other officials. John Scott-Railton, one of Citizen Lab’s researchers who led the investigation in El Salvador, was interviewed by the Polish Senate and was asked about the use of this program and its scope. As a result, the Senate asked the Polish government to investigate where the espionage came from, against whom it was used, as well as to consider the urgent need of enacting laws to prevent espionage of this level from happening again.

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Pegasus: ¿la “legalización del espionaje” en El Salvador?

Julia Gavarrete*

English version here.

En El Salvador, 35 personas -entre periodistas y activistas- fueron intervenidas con Pegasus. Solo en el periódico El Faro, fuimos 22. Así lo revelamos el 13 de enero de 2022, luego de tres meses de haber sometido a análisis exhaustivos nuestros  celulares. Se trató de un espionaje a través de un software sofisticado denominado Pegasus, capaz de entrar a los teléfonos, infectarlos y tener acceso a todo: información, videos, fotografías, mensajes de texto. Todo significa todo. Citizen Lab y Access Now fueron las dos organizaciones que analizaron nuestros dispositivos telefónicos desde el inicio. Ambas concluyeron el “obsesivo espionaje” al que estuvo sometido la mayor parte del personal de El Faro: 17 meses de intervenciones, de junio de 2020 a noviembre de 2021, y en algunos casos de manera ininterrumpida. Desde la dirección, jefaturas editoriales, personal administrativo y periodistas intervenidos. En esos meses, quienes tuvieron acceso a nuestra información, conocieron los lugares que frecuentamos -con solo echar un vistazo a la geolocalización- y hasta de nuestros problemas familiares. Suficientes detalles como para iniciar una investigación seria para identificar quién estaría detrás y activar las alarmas de un país entero, ¿no? Lo digo de esta manera porque, al menos, eso es lo que pasó en Polonia, donde cinco casos de espionaje bastaron para generar un gran escándalo. 

La noticia de espionaje en Polonia ocurrió casi de manera paralela a la de El Salvador. Cuando en el país se revelaba que 35 personas fueron espiadas con un programa que cuesta millones de dólares y que, según NSO Group, la empresa fabricante, solo se vende a gobiernos y aparatos de seguridad del Estado, el Senado polaco ya había instalado una discusión sobre el uso del software en contra de miembros de la oposición, entre otros funcionarios. John Scott-Railton, uno de los investigadores de Citizen Lab, y quien lideró la investigación en El Salvador, fue entrevistado por el Senado de Polonia. A él se le preguntó sobre el uso de este programa y sus alcances. De ahí que el Senado pidió al gobierno de Polonia que investigara de dónde provenía el espionaje, contra quiénes se usó, además de considerar como necesidad urgente el promulgar leyes que impidan que un espionaje de este nivel vuelva a pasar. 

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A New Law and New Justices, but the Same Old Political Control over Venezuela’s Supreme Court

Carlos Lusverti*

Leer en español aquí.

On January 19, 2022, the Venezuelan National Assembly, whose members were  elected in the disputed elections of December 2020, adopted a new law that will affect  the Supreme Court (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). On its face, the law does not comply which international human rights standards on judicial independence. 

The Venezuelan Supreme Court is Venezuela’s highest judicial body, supervising the governance and administration of the judiciary. This supervision extends both to its judicial review function and its oversight of administrative matters, including budget and disciplinary controls. The new proposed law reduces the number of justices in the Supreme Court from 32 to 20 and changes the composition of the Judiciary Nomination Committee tasked with nomination of Supreme Court justices, so that there is a greater number of political members from Venezuela’s National Assembly. The law also renews the terms of all the current sitting justices, not only those who are about to finish their terms. Likewise, it also establishes that the National Assembly will appoint other administrative offices in the judiciary, such as the General Inspector of Courts and the Director of the National School of the Judiciary. 

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Nueva ley y nuevos jueces, pero el mismo control político de siempre sobre el Tribunal Supremo de Venezuela

Carlos Lusverti*

Read here in English.

El 19 de enero de 2022, la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyos miembros fueron electos en unas controvertidas elecciones de diciembre de 2020, aprobó una nueva ley respecto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La ley, a primera vista, no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial. 

El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano judicial de Venezuela, que supervisa el gobierno y la administración del Poder Judicial. Esta supervisión se extiende tanto a sus funciones de revisión judicial como a la supervisión de asuntos administrativos, incluyendo control presupuestario y disciplinario. La nueva Ley reduce el número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20 y modifica la composición de la Comisión encargada de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, para que haya un mayor número de miembros políticos procedentes de la Asamblea Nacional de Venezuela. La Ley también renueva por completo los mandatos de los magistrados en funciones, no sólo de los que están a punto de terminar su mandato. Asimismo, determina que la Asamblea Nacional nombrará otros cargos administrativos del Poder Judicial, como al Inspector General de Tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

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