Colombia: human rights as an instrument for peace

Sébastien Coquoz*

An alarming global situation

According to one of the latest speeches of the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, held before the Human Rights Council, the current situation in the world is alarming: conflicts in the Middle East, famine in Africa, treatment of migrants seeking to reach Europe, are just a few examples. During the first three years of his tenure, he says, the world has become “darker and more dangerous”.[1]

International media report a country which seems to be going in the other direction, moving towards peace after more than 50 years of conflict: Colombia. Obviously, the picture is not all bright in this vast Andean country of South America (about twice the size of France[2]): the implementation of the peace agreement between the government and the FARC[3] encounters many obstacles[4], the negotiation process between the government and the ELN[5] appears to be stagnating or even regressing, and the activities of armed groups and criminal gangs, as well as the increase in the killings of human rights defenders, show that the country is far from having reached peace. But a process is under way and the Colombian population affected by the conflict hopes to be able to benefit little by little.

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Colombia: Los humanos como instrumento de paz

Sébastien Coquoz*

Este artículo forma parte del volumen 2 de la Sociedad de Bien Común “revelar la humanidad, combatir la inhumanidad”.

Una situación global alarmante

Según uno de los últimos discursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Zeid Ra’ad Al Hussein, llevado a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos, la situación actual en el mundo es alarmante: conflictos en Medio Oriente, hambruna en África, trato de inmigrantes que buscan llegar a Europa, son solo algunos de los ejemplos. Durante los primeros tres años de su mandato, dice, el mundo de ha vuelto “oscuro y más peligroso”.[1]

Los medios internacionales informan de un país que parece ir en la dirección opuesta, avanzando hacia la paz después de más de 50 años de conflicto: Colombia. Obviamente, el panorama no es del todo brillante en este vasto país andino de América del Sur (aproximadamente del doble del tamaño de Francia[2]): la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC[3] se enfrenta a muchos obstáculos[4], el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN[5] parece estar estancado o incluso en retroceso, y las actividades de los grupos armados y bandas criminales, así como el incremento en los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, muestran que el país está lejos de haber alcanzado la paz. Pero el proceso está en marcha y la población colombiana afectada por el conflicto espera poder beneficiarse poco a poco.

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La consulta popular: entre la constitución y la justicia transicional en México

Issa Cristina Hernández Herrera*, Jorge Peniche** y Daniel E. Torres Checa***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve cientos de casos al año, pero solo algunos consagran su posición en el imaginario colectivo. La sesión del jueves pasado que resolvió la constitucionalidad de la consulta popular es uno de ellos. No solo por el impacto político que tuvo su resolución, sino sobre todo, por los procesos de justicia que podrían derivar de la nueva pregunta planteada por el máximo Tribunal. 

Ante el justificado reclamo por paz, verdad y justicia, el discurso que envuelve a la consulta popular coquetea cada vez más con mecanismos de justicia transicional (JT). Con el fin de contribuir al debate, este texto propone estudiar la resolución desde tres aproximaciones distintas: la interpretación de la Corte sobre la consulta popular, las implicaciones de la nueva pregunta y, finalmente, una aproximación general sobre las consultas populares y su valor en la justicia transicional.

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Proceso constituyente chileno: breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes

Gonzalo Aguilar Cavallo y María Ignacia Sandoval*

El pasado 25 de octubre en forma abrumadoramente mayoritaria (78,27% de aprobación con un 50,90% de participación del padrón electoral) el pueblo de Chile votó por iniciar el proceso para adoptar una nueva Constitución y que la misma sea elaborada por una Convención Constitucional (más no, una Asamblea Constituyente) elegida por voto popular. Una vez lista, la nueva Constitución deberá ser aprobada mediante plebiscito que tendrá lugar en el año 2022. De esta manera, Chile comienza a dar una respuesta institucional a la profunda crisis social, cultural, ambiental y política cuyos orígenes se remontan a la denominada “revolución pingüina” (año 2006, reiterada en 2011, con su punto más álgido en 2019) y que llevó a este proceso constituyente. A continuación, un breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes en este aún largo camino constitucional que recorrer.

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El estrecho camino de la justicia salvadoreña, a cuatro años de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía

Equipo DPLF en El Salvador

Han transcurrido más de cuatro años, desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la Ley de Amnistía General de 1993 era inconstitucional[1] y que, por lo tanto, debía ser expurgada del ordenamiento jurídico de salvadoreño. En efecto, el 13 de julio de 2016 en una trascendental sentencia, el alto tribunal salvadoreño resolvió una demanda que había sido presentada tres años antes por víctimas y organizaciones de derechos humanos, como parte de una larga exigencia iniciada casi tres décadas atrás, cuando la Asamblea Legislativa de aquella época, atropelladamente, decretó una amnistía absoluta e incondicional, a pocos días de haberse hecho público el Informe de la Comisión de la Verdad[2].

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Cuatro aspectos – y una ausencia – en la sentencia Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antonio de Jesus y sus Familiares vs. Brasil

Comentarios al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Melina Girardi Fachin* y Giovanny Padovam Ferreira**

El pasado 26 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el caso Emplegados de la Fábrica de Fuegos de San Antonio de Jesus y sus familiares vs. Brasil, cuyos hechos remontan a diciembre de 1998, cuando la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en una región del estado brasileño de Bahia conocida como “recôncavo baiano.” El suceso provocó la muerte de casi 70 personas, en su mayoría mujeres, muchas de ellas jóvenes, algunas niñas, todas ellas en especial condición de vulnerabilidad. Las razones para la condenación del Estado brasileño fueron las innumerables omisiones en fiscalizar y evitar las condiciones precarias de trabajo en la fábrica; garantizar la seguridad de los trabajadores; actuar para el desarrollo progresivo y generar oportunidades para las personas que viven en el “recôncavo baiano”; y, con posterioridad a los hechos, investigar a los responsables y proveer medidas de reparación.

La sentencia era bastante esperada por las víctimas del caso y por la sociedad civil brasileña en búsqueda de justicia – ¡aunque tardía! -, pero también por los usuarios del Sistema Interamericano (SIDH). Sin que tengamos la pretensión reduccionista o de abordar todos los aspectos de la sentencia, comentamos cinco puntos dignos de nota entre lo dicho y lo omitido en la decisión.

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Quatro presenças – e uma ausência – na sentença “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil”

Comentários à recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Melina Girardi Fachin** e Giovanny Padovam Ferreira**

No último dia 26 de outubro de 2020,  a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) proferiu sentença no caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil, cujos fatos remontam a dezembro de 1998, quando da explosão em uma fábrica de fogos de artifício em uma cidade do recôncavo baiano (que nomeia o caso). Na tragédia, quase 70 pessoas foram vitimadas, em sua maioria mulheres, muitas jovens, algumas crianças, todas em especial condição de vulnerabilidade. As razões para condenação do Estado brasileiro foram as suas inúmeras omissões: em fiscalizar e evitar as condições precárias de trabalho na fábrica, em zelar pela segurança dos trabalhadores; em agir para o desenvolvimento progressivo e aumento de oportunidades para pessoas no recôncavo baiano; e, após o desastre, em investigar os responsáveis e arbitrar reparações.

A sentença foi bastante esperada pelas vítimas do caso e pela sociedade civil brasileira na busca da justiça – ainda que tardia! -, mas também pelos usuários do Sistema Interamericano (SIDH). Sem ter qualquer pretensão reducionista ou exauriente, aqui se elencam cinco pontos dignos de nota entre o dito e o não dito na sentença.

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El Informe de la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela: Consideraciones sobre las dimensiones de género y los actos de violencia sexual

Beatriz Borges* y Nicole Ramia**

El pasado mes de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela. Esta misión fue creada en el 2019, en el 42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014 en Venezuela. Este informe que narra de forma detallada las atrocidades y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, presenta reflexiones e información relevante sobre las dimensiones de género de la crisis y también sobre la comisión de delitos sexuales. 

En este sentido, la misión ha destacado el uso de la violencia sexual o amenazas de violación, infligiendo dolor físico y angustia psicológica por parte de los agentes de seguridad del Estado, como técnica de represión y tortura particularmente en circunstancias de detención para obtener confesiones e información de la víctima.

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Venezuela: Corrupción y Crímenes de Lesa Humanidad

Carmen Alguíndigue Morles*

El Informe de la Misión de Determinación de Hechos recientemente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos contiene un apartado específico sobre el fenómeno de la corrupción en Venezuela, en el que se hace mención sobre el casi centenar de investigaciones en distintas jurisdicciones del mundo, el mal manejo de los asuntos económicos y en general el desdibujamiento de la independencia de poderes públicos, a medida que el poder Ejecutivo se ha extendido.

Esta misión internacional independiente deja claro que la existencia y mantenimiento de este fenómeno de la corrupción “es un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos, al generar beneficios económicos personales a los responsables….”, afirmando que “un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos[1]”. Este aporte, al igual que todos los hallazgos encontrados es fundamental en el examen preliminar que se adelanta desde 2018 sobre Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador: Primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia sexual en instituciones educativas

Catalina Martínez Coral, Carmen Cecilia Martínez* y Lita Martínez**

El 24 de junio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló el caso Guzmán Albarracín y otros Vs. Ecuador condenando al Estado ecuatoriano por no proteger a Paola Guzmán Albarracín, una niña adolescente que desde sus 14 años fue víctima de violencia sexual por parte del Vicerrector del colegio público al que asistía en la ciudad de Guayaquil. El caso, presentado por el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil) establece por vez primera estándares para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual en entornos educativos.

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