El caso de El Calabozo: cuerpos calcinados que reclaman justicia a dos años de la reapertura del proceso penal

Leonor Arteaga*

En 1982 corrían tiempos peligrosos en El Salvador. La guerra civil oficialmente había empezado dos años antes, y para entonces, las fuerzas de seguridad ya habían cometido una serie de masacres contra población campesina en todo el país. En agosto de ese año le llegó el turno al departamento de San Vicente. La Fuerza Armada lanzó una importante operación en áreas consideradas por el gobierno como semilleros de la insurgencia. A medida que se difundía la noticia de la ofensiva militar, las comunidades empezaban a huir hacia las montañas, pero no todas las personas lograron ponerse a salvo. Sigue leyendo

Comentario sobre el caso Bolivia vs. Chile ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico

Salvador Herencia-Carrasco*

La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) significó un duro golpe para las aspiraciones marítimas de Bolivia. El 1 de octubre de 2018, la CIJ emitió su sentencia desestimando todas las pretensiones bolivianas, concluyendo que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. Sigue leyendo

La Corte Interamericana y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las virtudes del caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

Juan Jesús Góngora*

El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

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First impressions on the Draft Optional Protocol to the Human Rights and Business Treaty

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello, and Daniel Cerqueira*

Originally published in ESCR-Net.

Lea la versión en español aquí.

At first glance, the zero drafts of the Legally Binding Instrument (LBI) and Optional Protocol (OP) raise serious doubts as to whether they add value to the effort of making business enterprises accountable for human rights abuses. The draft LBI establishes the “effective access to justice and remedy to victims of human rights violations in the context of business activities” as one of its main purposes. However, the OP addresses enforcement mostly through national implementation mechanisms and an international committee of experts, both of which have weak oversight and monitoring powers.

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Primeras impresiones sobre el Borrador de Protocolo Facultativo del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello y Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Red-DESC.

Read the English version here.

A primera vista, los borradores iniciales del Instrumento Jurídicamente Vinculante (IJV) y el Protocolo Facultativo (PF) despiertan serias dudas acerca de si son realmente un aporte a los esfuerzos para que las empresas respondan por los abusos contra los derechos humanos. El borrador del IJV establece que el “acceso efectivo a la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades comerciales” es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, el PF aborda el cumplimiento de las obligaciones estatales, principalmente mediante mecanismos nacionales de aplicación y un comité internacional de expertos, ambos con escasas facultades de supervisión y monitoreo.

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Hacia una Convención Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos

Carlos López Hurtado*

Publicado originalmente en inglés en Opinio Juris. [i] [ii]

El proyecto “zero” de uno de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes de los últimos años, un instrumento sobre las empresas y los derechos humanos, acaba de ser presentado en Ginebra por el Embajador de Ecuador en calidad de Presidente del proceso. El “borrador cero” se enfoca fuertemente en la cuestión clave del acceso a la justicia y la reparación para aquellos que alegan daño por parte de una empresa comercial y es probable que complazca a muchos y disguste a otros, pero seguramente contribuirá a un cambio de tono y carácter de las deliberaciones que hasta ahora se han centrado principalmente en consideraciones políticas y de procedimiento. En este artículo llevamos a cabo un análisis preliminar de los elementos principales del borrador del tratado.

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Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

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