El control de la ética profesional de los abogados y abogadas en México

Jorge Cardoso y Emiliano Polo*

El control de la ética profesional encuentra distintas regulaciones según la profesión y la latitud en la que se ejerza. En el caso de México, la discusión sobre la ética profesional de los abogados y abogadas llevaba varios años pausada. El último gran debate se produjo en 2015, con motivo de una iniciativa de reforma constitucional que pretendió imponer la colegiación obligatoria al gremio jurídico, iniciativa que encontró fuertes objeciones y resistencias.[1]

El caso reciente que llamaremos Cruz Azul-Junquera ha revivido la discusión. Como veremos, se trata de un caso actual, con amplia cobertura mediática, que invita a la reflexión sobre la necesidad y conveniencia de mejorar y fortalecer los controles de la ética profesional de los abogados y abogadas en México, de cara a la confianza que la sociedad deposita en nosotros.

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Corrupción y crímenes atroces en México: El caso Nayarit

Lucía Chávez*

La corrupción es definida por la organización Transparencia Internacional como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”. Esta misma organización define la corrupción a gran escala como los “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.” [1]

Es de conocimiento y reconocimiento público los extremos a los que ha llegado la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado, y las consecuencias para los derechos humanos de los actos criminales que se cometen con motivo de esas alianzas. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos[2], es claro en identificar estos nexos a partir del estudio del caso Ayotzinapa. Pero otro caso muy claro en donde se conjugan corrupción, crímenes atroces y manifiestos[3], que al ser cometidos por el propio gobierno constituyen violaciones a los derechos humanos y que además gozan de total impunidad, es el caso de Nayarit, en México.

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Es que no hay mujeres

Macarena Sáez Torres*

Hace unos días revisaba en internet videos antiguos de programas de conversación política de la televisión latinoamericana de los años setenta y ochenta. Dos cosas me llamaron la atención. La primera fue la cantidad de humo que había en esos programas. Esto era antes que empezara a difundirse información sobre la adicción que produce el tabaco y la paulatina prohibición de fumar en espacios cerrados. Lo segundo, es que se trataba casi exclusivamente de conversaciones entre hombres. Era aún la época en que las leyes, las constituciones y el lenguaje utilizaban el masculino como género subsidiario que englobaba a todas las personas. Cuando un hombre hablaba de “los hombres” debía entenderse “personas” y si había mujeres en el debate, era para hablar de la familia o de temas “de mujeres” (moda, costura, cocina, cuidado, etc.). 

Afortunadamente y gracias a la lucha de muchas mujeres, el siglo XXI no acepta con benevolencia el uso del masculino para englobar a todas las personas y en la mayoría de los espacios las mujeres tienen voz propia, preparadas para hablar en todas las áreas del conocimiento, en casi todos los lugares del mundo. Aun así, los paneles donde todos los invitados son hombres son bastante comunes y, a diferencia del humo de cigarrillo en la televisión, su existencia no sorprende. Quienes organizan dichos paneles y quienes participan en ellos no parecen ver ningún problema. En tiempos de pandemia, donde los paneles virtuales se han multiplicado, abundan las invitaciones con cinco fotos de connotados intelectuales o dieciséis fotos de orgullosos abogados o tres fotos de importantes políticos, representando ideas conservadoras y progresistas (la invisibilización de la intelectualidad femenina no es privativa de un sector en particular). Incluso cuando se trata de temas que afectan exclusiva o mayoritariamente a las mujeres vemos “expertos” listos para explicarnos algo que los oradores difícilmente experimentarán en carne propia.

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Escazú: un acuerdo por la democracia y el ambiente

Ivan Lanegra*

El amplio reconocimiento del derecho humano al ambiente contrasta con el acelerado deterioro de las condiciones ambientales, tanto a escala global como local. Así, las conquistas formales y el reconocimiento de la urgencia de construir una forma sostenible de prosperidad tienen como correlato la crisis climática, el deterioro acelerado de los ecosistemas, situación que afecta principalmente a los más vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas. No hay ninguna sorpresa en lo descrito. Como es bien conocido, los derechos necesitan de políticas públicas efectivas que los garanticen, más cuando hay que generar cambios significativos en patrones de comportamiento muy arraigados en las sociedades. Este es el caso de la cuestión ambiental, que demanda transformar patrones de consumo y producción, impulsados no solo por procesos formales, sino también por mecanismos informales e incluso delictivos.

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Indigenous self-determination and international law

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

Ver versões em português.

The impact of the COVID-19 pandemic on indigenous peoples, along with the context of violence and territorial dispossession to their detriment, forces us to think of solutions from the most varied legal and political spheres. On the occasion of the International Day of the World’s Indigenous Peoples, celebrated on August 9, this essay summarizes the way in which international law has addressed self-determination, with an emphasis on the need to strengthen its application to indigenous peoples. This is because of the imperative to preserve the existence of such peoples and their cultures, and the need to mitigate the effects of environmental crises of which the exposure to pathogens displaced from their natural habitat – such as SARS-COVID-2 –  is only one manifestation.

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No. No hay una CICIES en El Salvador.

Celia Medrano*

En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).

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Una voz clara y contundente

Andrea Santacruz*

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha sido la primera representante de alta jerarquía de un organismo internacional que ha podido ingresar a Venezuela en una misión oficial, desde comienzos del siglo XXI. Esto implicó un hecho histórico en junio de 2019, que se vio reforzado al mes siguiente, el 4 de julio, cuando se hizo público un informe en el que, de manera clara y contundente, se señalaba que en el país se violaban gravemente derechos humanos y se destacaban diversos patrones de violaciones.

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El comienzo de un debate para la reforma del Poder Judicial en Argentina: miradas y propuestas desde ACIJ

Joaquín Caprarulo*

Este 29 de julio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una serie de iniciativas de reforma en el sistema de justicia, algo que ya había adelantado en su discurso de asunción a finales de 2019 y en sucesivos pronunciamientos públicos, pero que se vio postergado por múltiples razones, entre ellas la pandemia de COVID-19.

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El Caso Gustavo Petro vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Posibles escenarios a la luz de la jurisprudencia interamericana

María Clara Galvis Patiño*

El trámite del caso Gustavo Francisco Petro Urrego v. Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la sentencia que adoptará próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han despertado gran expectativa en sectores académicos y en la opinión pública colombiana e internacional. ¿De qué se trata el caso?, ¿qué se debate?, ¿qué puede esperarse de la sentencia de la Corte IDH?, son los interrogantes que este artículo aborda, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana.

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A Small Victory for Equality: Peruvian Judiciary Fully Adopts Brasilia Rules in U-turn

Javier A. de Belaunde*

Versión en español aquí.

Can discrimination be committed in the act of approval of an international anti-discrimination regulation? A few days ago, the Peruvian Judiciary notably achieved a contradictory result of this nature. This happened with the accession to the 2018 updated version of the “Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People” (Brasilia Rules). The Judiciary Executive Committee (CEPJ in its Spanish acronym), one of the highest bodies of judicial governance –composed of 5 judges of all levels– decided to exclude Peru from adherence to those aims that consider sexual orientation and gender identity as a cause of vulnerability (002-2020-CE-PJ  and 011-2020-CE-PJ).

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