América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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The weakening of the Peruvian police in times of crisis

César Bazán Seminario*

The global dilemma between authoritarian and democratic law enforcement expressed itself legally recently in Peru: on March 28, 2020, Peruvian Congress enacted Law 31012, the poorly named so-called “Police Protection Law,” which does a disservice to the strengthening of the police and democracy during the current health crisis.

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El debilitamiento de la policía peruana en tiempos de crisis

César Bazán Seminario*

El vaivén mundial entre fuerzas del orden autoritarias y fuerzas del orden democráticas se expresó legalmente esta semana en el Perú: el 28 de marzo de 2020, el congreso promulgó la ley 31012, mal llamada ley de protección policial, que le hace un flaco favor al fortalecimiento de la policía y de la democracia en medio de la crisis sanitaria.

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Estado de emergencia y libertades públicas en el Perú

César Landa*

El 6 de marzo en el Perú se tuvo conocimiento público del “paciente cero” infectado con el coronavirus, proveniente de Europa; a los pocos días  la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia por su expansión mundial. Así, el 11 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria, la suspensión del reinicio de las clases escolares y universitarias; días después estableció la prohibición de reuniones de más de 300 personas, y, la cuarentena para todas las personas que arribaran de los países de Asia y Europa con focos epidémicos. Asimismo, ante el incremento exponencial de pacientes con los síntomas del Covid-19, el 15 de marzo el gobierno declaró por quince días el estado de emergencia en todo el país, por catástrofe sanitaria, suspendiendo los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho de reunión, de conformidad con el artículo 137-1 de la Constitución.

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Social Protest: A Misunderstood Right

Relevant Aspects of the IACHR Report “Protest and Human Rights”

Javier A. de Belaunde*

The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the IACHR published its report “Protest and Human Rights” in December 2019. It appears timely when massive demonstrations are being held in the streets and squares across the region. The reasons behind the demonstrations vary, but the response of most governments is common: repression and human rights abuses. Peaceful protest remains a misunderstood right. This report aims to correct this situation by defining the inter-American standards applicable to protest and denouncing the criminalization of protest as an anti-human rights process.

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Protesta social: Un derecho incomprendido

Aspectos relevantes del informe CIDH “Protesta y Derechos Humanos”

Javier A. de Belaunde*

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó su informe “Protesta y Derechos Humanos”, en diciembre 2019. Este aparece oportunamente en un momento en el cual los reclamos de la ciudadanía se extienden por las calles y plazas de la región. Los motivos detrás de las manifestaciones varían, pero lo que se repite es la respuesta de los Estados: represión y violación de derechos humanos. La protesta pacífica sigue siendo un derecho incomprendido. El informe aspira a corregir esta situación definiendo los estándares interamericanos exigibles y denunciando la criminalización de la protesta como un proceso contrario al enfoque de derechos humanos.

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¿Quiénes son las verdaderas víctimas de la corrupción?  

Estefania Medina y Adriana Greaves*

Si el día de hoy alguien entrara a nuestra casa y se llevara todas nuestras pertenencias, o si estuviéramos caminando por la calle y una persona nos atacara con un arma de fuego para quitarnos la bolsa o el celular, pareciera que es muy fácil identificar de qué clase de delitos se trata y quiénes son las víctimas que sufren el daño causado por estos hechos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona o un grupo de personas desvían miles de millones de recursos públicos que estaban destinados a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, y a la educación, de sectores vulnerables como adultos mayores o niños? ¿Quiénes pueden ser identificados como las víctimas de la corrupción?

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