First impressions on the Draft Optional Protocol to the Human Rights and Business Treaty

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello, and Daniel Cerqueira*

Originally published in ESCR-Net.

Lea la versión en español aquí.

At first glance, the zero drafts of the Legally Binding Instrument (LBI) and Optional Protocol (OP) raise serious doubts as to whether they add value to the effort of making business enterprises accountable for human rights abuses. The draft LBI establishes the “effective access to justice and remedy to victims of human rights violations in the context of business activities” as one of its main purposes. However, the OP addresses enforcement mostly through national implementation mechanisms and an international committee of experts, both of which have weak oversight and monitoring powers.

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Primeras impresiones sobre el Borrador de Protocolo Facultativo del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello y Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Red-DESC.

Read the English version here.

A primera vista, los borradores iniciales del Instrumento Jurídicamente Vinculante (IJV) y el Protocolo Facultativo (PF) despiertan serias dudas acerca de si son realmente un aporte a los esfuerzos para que las empresas respondan por los abusos contra los derechos humanos. El borrador del IJV establece que el “acceso efectivo a la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades comerciales” es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, el PF aborda el cumplimiento de las obligaciones estatales, principalmente mediante mecanismos nacionales de aplicación y un comité internacional de expertos, ambos con escasas facultades de supervisión y monitoreo.

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Hacia una Convención Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos

Carlos López Hurtado*

Publicado originalmente en inglés en Opinio Juris. [i] [ii]

El proyecto “zero” de uno de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes de los últimos años, un instrumento sobre las empresas y los derechos humanos, acaba de ser presentado en Ginebra por el Embajador de Ecuador en calidad de Presidente del proceso. El “borrador cero” se enfoca fuertemente en la cuestión clave del acceso a la justicia y la reparación para aquellos que alegan daño por parte de una empresa comercial y es probable que complazca a muchos y disguste a otros, pero seguramente contribuirá a un cambio de tono y carácter de las deliberaciones que hasta ahora se han centrado principalmente en consideraciones políticas y de procedimiento. En este artículo llevamos a cabo un análisis preliminar de los elementos principales del borrador del tratado.

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Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

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Ocho propuestas para enfrentar la corrupción en El Salvador

Sidney Blanco*

El 29 de agosto de 2018, en el Encuentro Nacional Anticorrupción que se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador, presenté públicamente ocho propuestas que podrían coadyuvar a fortalecer la independencia de la justicia y el combate a la corrupción en El Salvador. Algunas de estas propuestas requerirían reformas constitucionales, mientras que otras podrían implementarse con reformas legales o reglamentarias. Pero todas ellas, vienen formuladas a partir de mi experiencia y conocimiento directo de la forma en que opera el fenómeno de la corrupción.  Propongo lo siguiente:

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Tarde pero oportuno: El exterminio de la Unión Patriótica en Colombia ante la Corte Interamericana

Santiago Martínez Neira*

El pasado 29 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana (Corte IDH) el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica (UP).” En su informe final sobre el fondo, la CIDH encontró que agentes del Estado, y particulares actuando con tolerancia y aquiescencia de aquellos, incurrieron en múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y estigmatización en perjuicio de más de 6000 víctimas, todas ellas vinculadas a la UP.

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El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina

María Julia Dellasoppa*

El pasado miércoles 8 de agosto, con 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara de Senadores argentina rechazó el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados y, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución, sólo podrá volver a tratarse en las sesiones legislativas del año próximo. En este escenario, queda abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluya a la despenalización del aborto como uno de los puntos a tratar con el proyecto de reforma al Código Penal que se presentaría próximamente para tratamiento legislativo.

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