Lack of access to safe water aggravates the COVID-19 pandemic in Venezuela

Carlos Lusverti*

Access to safe water and sanitation is a human right, yet millions of persons in Venezuela do not have this right protected or guaranteed in the country.

One of the most important preventive measures that the World Health Organization recommends to avoid the transmission of the SARS-CoV2 virus is for people to constantly wash and sanitize hands. Despite this, millions of people cannot do this in Venezuela.

In 2018, at least 82% of the population did not receive continuous water service and 75% of public healthcare centers reported problems accessing the water supply.  Similar issues have been raised by the International Commission of Jurists (ICJ) with respect to the impact of the COVID-19 pandemic elsewhere, for example in India and South Africa. Yet water scarcity remains particularly acute in Venezuela. In 2020, the Venezuelan Observatory of Public Services reported that 63.8% of the population considered the water service to be inadequate in the face of the COVID-19 pandemic, and a mere 13.6% of the population in cities had a regular water supply.

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) has recently reported that several regions inside Venezuela had limited access to water, indicating that “there [was] a critical need to ensure adequate water, sanitation and hygiene services in health, nutrition, education and protection facilities”. Even before the COVID-19 pandemic arrived, the country already was facing a “complex humanitarian emergency” (a humanitarian crisis where there is a considerable breakdown of authority that in Venezuela is not due to an environmental disaster or armed conflict), and the lack of access to water affected at least 4.3 million persons.  

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Falta de acceso al agua potable agrava la pandemia por COVID-19 en Venezuela

Carlos Lusverti*

El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano, sin embargo, millones de personas en Venezuela no tienen este derecho protegido o garantizado.

Una de las más importantes medidas preventivas que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para evitar la trasmisión del virus SARS-CoV2 es el frecuente lavado y desinfección de manos. A pesar de esto, en Venezuela millones de personas no pueden hacerlo.

En 2018, al menos el 82% de la población no recibía servicio continuo de agua y el 75% de los centros de salud públicos informó tener problemas con el suministro de agua. La  Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha señalado problemas similares sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en otros lugares del mundo, por ejemplo en India y Sudáfrica, aunque la escasez de agua sigue siendo especialmente aguda en Venezuela. En 2020, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos informó que el 63.8% de la población consideraba que el servicio de agua era inadecuado para enfrentar la pandemia de COVID-19 y solo el 13.6% de la población en ciudades tenía suministro regular de agua.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)recientementeinformóque varias regiones en Venezuela tenían un acceso limitado al agua, señalando que “existía una necesidad urgente de asegurar una necesidad crítica de garantizar servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en salud, nutrición, instalaciones de educación y protección” (Traducción propia). Incluso antes del inicio de la pandemia por COVID-19, el país ya estaba enfrentando una “emergencia humanitaria compleja” (una crisis humanitaria donde existe un considerable colapso de la autoridad que en Venezuela no es resultado de un desastre ambiental ni un conflicto armado), donde la falta de acceso al agua afecta al menos 4.3 millones de personas.

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La otra historia: el robo de niños y niñas en la guerra de El Salvador

Héctor Rosemberg* y Leonor Arteaga Rubio**

En el contexto de la guerra civil que vivió El Salvador, desde al menos 1980 hasta 1992[1], gran parte de la población salvadoreña fue objeto de innumerables violaciones a los derechos de humanos, por ser considerada por el gobierno y la fuerza armada como simpatizantes y semilleros de la guerrilla. En particular, la práctica de la desaparición forzada fue utilizada desde los años setenta como un mecanismo de persecución de opositores políticos y, posteriormente, en los ochenta como una importante estrategia de la política contrainsurgente, planificada y ejecutada desde las altas esferas del poder político, militar y empresarial, con el apoyo del aparato de seguridad del Estado y de sus estructuras paramilitares[2].

Una de las más horrorosas facetas de ese accionar represivo consistió en el robo y sustitución de identidad de niños y niñas, hijos e hijas de quienes se perseguía, desaparecía o mataba. En la gran mayoría de casos se les mantenía con vida[3] para que luego los perpetradores o sus familias se los apropiaran; o eran entregados a otras familias allegadas que simplemente los “inscribían” como hijos propios; o bien eran llevados a distintas instituciones del circuito jurídico de niñez de la época para ser dados en adopciones pseudo legales, tanto dentro de El Salvador como adopciones internacionales.

El mayor número de desapariciones de niños y niñas se registró entre 1980 y 1984[4].  Las personas afectadas eran en su mayoría muy pequeñas, pues eran menos capaces de protegerse, huir o esconderse del peligro[5]. Además, las posibilidades de que fueran consideradas como enemigos por las fuerzas armadas eran menores[6].

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Corruption on the Gualcarque River — Will Its Victims Have their Day in Court?

Naomi Roht-Arriaza**

Who are the victims of grand corruption?  The answer used to be “no one” or, at best, the state itself.  But especially with the advent of a human rights approach to corruption in the Inter-American and United Nations human rights systems, that perception is slowly changing.  Grand corruption affects the full range of human rights of individuals and groups.  When rights are violated, states have an obligation under international law to investigate, prosecute, and provide redress.  The UN Convention Against Corruption mirrors this requirement in Article 35. 

And yet national courts have been reluctant to recognize the rights of those who have suffered damage — either to participate in proceedings involving grand corruption or to recognize them as victims due compensation.  In part, the reluctance stems from difficulties legal doctrine creates for establishing the causal link between a specific act of corruption and harm to a specific person or group.   To create the same “justice cascade” as in human rights cases, corruption victims should be able to seek relief through either a criminal or civil action and as either individuals or communities or through representative organizations.  Where a state prosecutor has brought charges, victims should be able, as they can in  France and Spain, to be full participants in the prosecution.      

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Fraude en el Río Gualcarque – ¿Tendrán las víctimas su día en los tribunales?*

Naomi Roht-Arriaza**

¿Quiénes son las víctimas de la gran corrupción?  Hasta hace poco, la respuesta solía ser “nadie” o, en el mejor de los casos, el propio Estado.  Pero, especialmente con la llegada de un enfoque de la corrupción desde los derechos humanos en los sistemas internacionales de protección, tanto interamericano como de las Naciones Unidas, esa percepción está cambiando lentamente.  La gran corrupción afecta toda la gama de derechos humanos de individuos y de grupos.  Cuando se violan estos derechos, los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de investigar, perseguir, procesar y otorgar reparación.  La Convención de la ONU contra la Corrupción refleja el requisito de acceso a la justicia en su artículo 35.

Sin embargo, los tribunales nacionales se han mostrado reacios a reconocer los derechos de quienes han sufrido daños, ya sea para participar en los procesos judiciales relacionados con la gran corrupción o para ser reconocidas como víctimas que deben ser reparadas.  En parte, la reticencia se debe a las dificultades que crea la doctrina jurídica para establecer el vínculo causal entre un acto específico de corrupción y el daño a una persona o grupo concreto. Para crear la misma “cascada de justicia” que se aprecia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas de la corrupción deberían poder solicitar reparación mediante una acción penal o civil, sea como individuos o comunidades o a través de organizaciones que los representen.  Cuando un fiscal haya presentado cargos, las víctimas deberían poder, como en Francia y España, participar plenamente en el proceso.     

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Lucha contra la corrupción con un poder judicial independiente y con integridad

Daniel Kempken*

La corrupción es un factor de inestabilidad en todo el mundo que sólo puede combatirse con un poder judicial independiente. La implementación de los enfoques prometedores dela Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC) debería ser reforzada por la comunidad internacional. Para ello, se puede aprovechar una próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU que abordará la lucha contra la corrupción, así como laConferencia de los Estados Parte de la CNUCC.

La Convención de la ONU contra la Corrupción marca el rumbo

En el derecho internacional, la conexión entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un poder judicial independiente y con integridad está estipulada en el artículo 11 de la CNUCC, que ha sido ratificada por 181 estados. El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados no se cansa en señalar que la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial deben ir de la mano. En las normas de aplicación del artículo 11 de la CNUCC y en los comentarios sobre la Convención, se exige a los Estados Parte procedimientos objetivos de selección de jueces, así como normas de integridad y transparencia. Entre los aspectos más importantes están además la protección contra la remoción, la remuneración adecuada y la seguridad personal de los jueces y juezas.

Para poner en práctica lo que establece la CNUCC, habría que insistir todavía más en esa conexión inseparable entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la independencia e integridad del poder judicial. En el marco de la cooperación internacional, hay que plantear con mas fuerza esta conexión.

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Judicial immunity: a double-edged sword in Guatemala*

Hannah Jane Ahern** and Ursula Indacochea***

On February 1, 2021, Judge Erika Lorena Aifán Dávila, judge for the First Criminal Court of First Instance, Na and Crimes against the Environment of the department of Guatemala with competence to hear High Risk Proceedings, Group D, issued an arrest warrant against former judge Mynor Mauricio Moto Morataya, at the request of the Special Prosecutor’s Office against Impunity (FECI). Moto was being investigated for the crime of conspiracy to obstruct justice, in the framework of the case known as “Parallel Commissions 2020,” a high profile case of corruption and manipulation in the high court election process that took place last year. Moto is a key figure in that complex case of co-optation of justice, and until shortly before his capture was ordered, he served as judge for the Third Criminal Court of First Instance, Narcoactivity and Crimes against the Environment.

In her position, Judge Aifán oversees cases of atrocities committed during the armed conflict, macro-corruption, and other high impact crimes, which has exposed her to threats of violence, harassment, smear campaigns, and other attempts to hinder her work. Recognizing the threats, pressures and reprisals she has faced, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has previously granted her precautionary measures, ordering the State of Guatemala to protect her life and integrity. Aifán is widely recognized as an anticorruption champion, not only in Guatemala, but also internationally; most recently, she is a recipient of the 2021 International Women of Courage award from the U.S. State Department.

The arrest warrant issued against Moto caused a stir, as it came after he was elected by the Guatemalan Bar Association as magistrate to the Constitutional Court of Guatemala, and was irregularly sworn in by Congress on January 26, 2021. Precisely in order to serve in his new position, Moto requested the Guatemalan Council of the Judiciary to place him on “leave of absence” from his position as criminal court judge until April 13, 2021, a request which was granted. Therefore, when Aifán ordered his arrest, Moto was no longer serving as a judge, nor had he yet assumed the position of magistrate of the Constitutional Court.

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La inmunidad judicial: un arma de doble filo en Guatemala*

Hannah Jane Ahern** e Ursula Indacochea***

El 01 de febrero de 2021, la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D, emitió una orden de aprehensión contra el ex juez Mynor Mauricio Moto Morataya, a solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI). Moto era investigado por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el marco del caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” sobre corrupción y manipulación en el proceso de elección de altas Cortes que se llevó a cabo el año pasado. Moto es un personaje clave en este complejo caso de cooptación de la justicia, y hasta poco antes de ordenarse su captura, se desempeñaba como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La jueza Aifán tiene a su cargo casos de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado, casos de macro corrupción y otros delitos de alto impacto, lo que le ha expuesto a amenazas de violencia, hostigamientos, campañas de desprestigio, y otros intentos a obstaculizar su trabajo. Reconociendo las amenazas, presiones y represalias que ha enfrentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares, ordenando al Estado de Guatemala que proteja su vida e integridad de protección. Aifán es reconocido en Guatemala, pero también a nivel internacional como luchadora en contra de la corrupción y a favor de la transparencia e independencia de los sistemas de justicia. Es recipiente del premio International Women of Courage del Departamento del Estado de Estados Unidos para el año 2021.

La orden de captura contra Moto causó revuelo, pues se produjo luego de que fuera elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar la Corte de Constitucionalidad del país, y de que fuera irregularmente juramentado por el Congreso el 26 de enero de 2021, pese a que aún se encontraba pendiente la resolución de impugnaciones a su nombramiento (juramentación posteriormente anulada por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad). Precisamente, para desempeñarse en su cargo, Moto había solicitado al Consejo de la Carrera Judicial que se le colocara en la situación de “excedencia” hasta el 13 de abril de 2021, lo cual le fue concedido. Por tanto, cuando Aifán ordenó su captura, Moto ya no se desempeñaba como juez, ni tampoco había asumido el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad

Josefina Miró Quesada Gayoso*

El pasado 25 de febrero, el onceavo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un hecho sin precedentes en la historia del Perú, reconoció el derecho a una muerte digna de Ana Estrada. Ana, quien a sus 44 años padece de una enfermedad muscular en etapa avanzada, es la primera peruana que solicita al Estado ejercer su derecho, y consecuentemente, acceder a un procedimiento médico de eutanasia, cuando ella así lo requiera. A nivel latinoamericano, solo Colombia cuenta con una declaración similar. En 1997, de manera contundente, despenalizó para ciertos casos el delito de homicidio piadoso, reconoció este derecho y lo posicionó como un asunto de derechos humanos (sentencia C-239).

El caso de Ana no sólo es una conquista judicial, sino política y social que cruza fronteras. La muerte digna, tema que ha sido históricamente (y lo sigue siendo) tabú en una sociedad y en una región mayoritariamente católica, ha sido colocado como agenda pública. En el Perú, el debate sobre la vida y la muerte ha sido abordado ampliamente en los medios de comunicación, en las aulas universitarias, en eventos académicos, en los hospitales y otros ambientes de salud, en las reuniones familiares, y hasta en el Congreso de la República, donde ya hay un proyecto de ley que busca despenalizar y legalizar la eutanasia[i].

Pasar de percibir la libertad de decidir sobre nuestro proceso de muerte como un delito, a entenderlo como un derecho, requiere un cambio radical en nuestra valoración del comportamiento. Exige desterrar estigmas, despejar dudas, poner a un lado las convicciones personales o religiosas, aprender que la muerte es parte de la vida, entender y empatizar a quienes piden respetar su derecho. La ley, por sí sola, no cambiará esta percepción. De ahí, la importancia de hacer pedagogía sobre la muerte digna que trascienda los pasillos del Poder Judicial. La historia de Ana conmueve y facilita que nosotros podamos hablar de ello. Empiezo, entonces, por ahí, para compartir luego unas reflexiones sobre este histórico fallo y entender los alcances de este derecho emergente que se abre paso en el Perú y en, cada vez más, países del mundo[ii].

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Bolivia: The Unfinished Democratic Transition

Ramiro Orias*


The failed elections of October 20, 2019 marked a critical milestone in the consolidation of democracy in Bolivia. Whatever the various interpretations of the moment—whether it was electoral fraud or a coup d’état—this episode of political conflict and citizen protest will be remembered in the country’s long-term historical memory as the end of the 14-year government of President Evo Morales, the longest continuous presidential term in the history of the republic.

The political crisis and social upheaval that the country experienced reflected a prolonged, gradual, and cumulative process of institutional weakening, which not only jeopardized the performance of the electoral system but also was rooted in the continuous erosion of the justice system’s capacity to protect citizens’ rights and guarantee the separation and independence of the branches of government.

There are several fundamental data points for understanding how Bolivian democracy deteriorated to the point of constitutional emergency: the inapplicability of constitutional term limits to the presidency; the authorization of the incumbent president’s candidacy for a fourth consecutive term; the subsequent nullification of the elections of October 20, 2019; the resignation of former President Evo Morales and his untimely departure to seek political asylum; the constitutional succession of President Jeanine Añez; her frustrated candidacy and subsequent withdrawal; the successive postponements of the date for new elections following the declaration of a public health emergency in the face of the COVID-19 pandemic; and the extension of terms of office in the executive branch, the legislature, and subnational governments beyond the regularly established limits.

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