Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch foi eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos*

Marcelo Andrade de Azambuja**

Versión en español aquí.

O jurista brasileiro Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch foi eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no âmbito da 51ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Washington DC no dia 12 de novembro. Indicado pelo Estado brasileiro, Mudrovitsch surpreendeu ao receber dezenove dos vinte e quatro votos possíveis e se sagrar o mais votado entre os sete candidatos à posição. Entre 2022 e 2028, participará dos principais debates sobre responsabilidade internacional estatal por violação de direitos humanos na região americana.

A Corte IDH é composta de sete juízes, eleitos a título pessoal por maioria absoluta em votação secreta entre os Estados Partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos nos termos das normas interamericanas.[1] Esses juízes devem ser nacionais dos Estados membros da OEA, ter a mais alta autoridade moral, reconhecida competência em matéria de direitos humanos, além de reunir as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais de acordo com as normas do Estado de que são nacionais ou de Estado que os indicarem como candidatos. As eleições se dão de forma intercalada, renovando três ou quatros assentos, trienalmente.

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Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch es elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos *

Marcelo Andrade de Azambuja**

Ver versão em português aqui.

El pasado 12 de noviembre el jurista brasileño Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch fue elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC. Nominado por el Estado brasileño, Mudrovitsch sorprendió al recibir 19 de los 24 votos posibles, convirtiéndose en el más votado entre los siete candidatos al puesto. Entre 2022 y 2028 participará de los principales debates sobre la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones de derechos humanos en las Américas.

La Corte Interamericana está integrada por siete jueces, elegidos a título personal por mayoría absoluta en votación secreta entre los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los términos de las normas interamericanas.[1] Estos jueces deben ser nacionales de los Estados miembros de la OEA, contar con la más alta autoridad moral, competencia reconocida en materia de derechos humanos, además de reunir las condiciones exigidas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales de acuerdo con las normas del Estado de los cuales son nacionales, o del Estado que los nominan como candidatos. Las elecciones se llevan a cabo de forma intercalada, renovando tres o cuatro sillas cada tres años.

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Election workers look at a ballot during a partial recount of presidential and congressional elections in Tegucigalpa, Honduras, Tuesday, Dec. 5, 2017. The head of the election tribunal has not declared a winner for the Nov. 26 presidential elections. (AP Photo/Fernando Antonio)

El riesgo de elecciones generales sin justicia electoral en Honduras

Rafael Jerez*

El post 2017 en el sistema electoral

Las últimas elecciones generales celebradas en Honduras el 26 de noviembre de 2017 estuvieron marcadas por la tensión constitucional por motivo de la reelección presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, calificadas de ¨muy baja calidad técnica y carente de integridad¨ por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro[1], y en las que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se registraron por lo menos 23 fallecidos en un contexto postelectoral de graves violaciones a los derechos humanos[2].  

Partiendo de este escenario, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y de organizaciones de la sociedad civil se promovió un proceso de reforma integral del sistema electoral. En diciembre de 2018, una misión de expertos en materia electoral de la OEA presentó un compendio de propuestas de reforma electoral al Congreso Nacional, una de las principales fue la separación institucional de la administración electoral y la resolución de los reclamos que se deriven de los procesos electorales y de la democracia interna de los partidos políticos[3].

Después de 15 años de vigencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como organismo encargado de organizar los procesos electorales y resolver reclamos como instancia administrativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como máxima autoridad judicial en materia electoral, el 24 de enero de 2019 el Congreso Nacional reformó la Constitución de la República dando creación a un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Con esta reforma, el CNE asumió las competencias administrativas en materia electoral y el TJE la condición de máxima autoridad en materia de justicia electoral formando parte orgánica del Poder Judicial.

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Retos en la atención a migrantes que se encuentran en México

Rita M. Robles Benítez*

De manera constante, tanto gobiernos como medios de comunicación, presentan a los procesos migratorios como una crisis y por lo tanto como un problema, pero esto no es necesariamente cierto. En México la migración ha estado presente a lo largo de su historia, tanto como país expulsor, como país receptor y de tránsito, la diferencia radica en la forma en que han sido atendidos los flujos migratorios en los distintos momentos. Tenemos distintos ejemplos que han resultado positivos tales como la protección que se hizo a los refugiados españoles,[1]chilenos, salvadoreños y guatemaltecos.[2]

En el caso de Guatemala y en Salvador, los acuerdos de paz no fueron suficientes para que las personas que en su momento fueron retornadas, encontraran condiciones para continuar viviendo en sus lugares de origen, razón por la que, tiempo después, volvieron a cruzar la frontera con México ya no como refugiados, si no como migrantes indocumentados. Las consecuencias de los conflictos armados en Centroamérica se siguen viviendo hoy en estos países; sumándose otras causales como pobreza, exclusión, desempleo, violencia de género, violencia derivada de los altos niveles de inseguridad que se viven sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador.

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Bitcoin y ciudadanía: ¿en dónde quedó la participación?

Wilson Sandoval*

Mucho se ha venido hablando del bitcoin en El Salvador. Por una parte, el Ejecutivo que controla el “poder de agenda” ha posicionado el tema desde la perspectiva “ganadora” que genera bienestar económico de la población y de “libertad e inclusión” que la ciudadanía puede tener frente a la banca tradicional, al punto de que el mismo presidente de la República se encarga desde sus redes sociales de exponer constantemente las “bondades” del activo virtual. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso organismos multilaterales también han generado debate y cuestionamiento en torno al tema, especialmente en lo que respecta a los riesgos que puede implicar el uso del bitcoin gracias a su gran volatilidad, así como de las amenazas en relación con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, más allá de continuar con los enfoques previos -centrados en el apartado económico y de gestión de riesgos del activo-, es importante hacer destacar un elemento que ha tenido poca cabida en la discusión que orbita el bitcoin: el proceso de formación de ley. Al revisar cual fue el proceso seguido para introducir a la denominada “Ley Bitcoin” en el sistema jurídico salvadoreño, es posible identificar ciertos aspectos que evidencian no solo la violación a diferentes principios que deben converger para garantizar la cabida del pluralismo de la sociedad en la aprobación de una ley, sino que también la supresión de la participación ciudadana de cara a una ley que implica un impacto directo en la economía salvadoreña y por consecuencia en la calidad de vida de las y los salvadoreños.

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A mitad del camino: el gobierno de AMLO y los derechos indígenas en México

Rodrigo Llanes Salazar*

En la primera mitad de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como es conocido) prometió una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. Como parte de esta nueva relación, en su toma de protesta como mandatario, AMLO fue el primer presidente mexicano en recibir el bastón de mando por parte de actores políticos indígenas. El gobierno de AMLO transformó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), nombrando como director a un especialista en derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, y anunció una nueva reforma constitucional que incorporaría los Acuerdos de San Andrés, esto es, los acuerdos a los que llegaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado Mexicano en 1996 para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros derechos.

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La criminalización de la interrupción del embarazo: ¿es posible un cambio de la situación en Honduras?

Lucas Valderas Martos*

La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) ha aceptado a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 20 organizaciones sociales contra el artículo 196 del Código Penal y el artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras. La primera de estas normas criminaliza cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo; la segunda, prohíbe cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo y establece un procedimiento de reforma constitucional agravado para el levantamiento de esta prohibición. 

La decisión de la CSJ permitirá por primera vez una discusión jurídica sobre la criminalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto constituye una novedad histórica para Honduras, que permanece entre los cinco países de América Latina que a la fecha mantiene una posición de criminalización absoluta, como lo destacó la Plataforma Somos Muchas, promotora del recurso.

Efectivamente, si el fondo del recurso fuera aceptado por la Corte, cambiaría drásticamente el marco normativo que regula el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Como primer impacto, se produciría la derogación del artículo 196 del vigente código penal, lo que paralizaría la persecución penal abierta contra mujeres por este delito, tanto en aplicación del nuevo código como por el que le antecedió, vía la aplicación retroactiva de la norma más favorable.

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The Forced Exile

Juan Francisco Sandoval*

Versión en español aquí.

On March 5, 2003, I joined Guatemala’s Public Prosecutor’s Office as an intern, as part of my mandatory criminal practice, during my undergraduate studies in legal and social sciences at the State University of San Carlos, Guatemala (Universidad de San Carlos de Guatemala). I never imagined that this initial internshipwould turn into a love for the defense of truth and justice, and that I would later participate in the prosecution and trial of three Guatemalan presidents, a vice president, dozens of legislators, state ministers, magistrates,and judges. All of these officials, and in turn cases, shared the common characteristic of having served as part of illicit political and economic networks that sought to generate impunity for their crimes.

The opportunity to work in public service allowed me to bring a little hope to the people of Guatemala who –like the majority of Latin American countries– have been destined to a history and  life of eternal resistance in the face of injustice.

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El obligado exilio

Juan Francisco Sandoval*

English version here

El 5 de marzo de 2003 ingresé como pasante en el Ministerio Público, como parte de la obligatoria práctica penal, durante mis estudios de pregrado de ciencias jurídicas y sociales en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Jamás imaginé que aquel inicio se convertiría en amor por defensa de la verdad y la justicia, y que me involucraría en la acusación y juzgamiento de tres presidentes de mi país, una vicepresidenta, decenas de legisladores, ministros de Estado, magistrados y jueces, todos con el común denominador de haber servido a redes políticas económicas ilícitas que buscaron generar impunidad en sus actuaciones al servicio del crimen.

La oportunidad del servicio público me permitió llevar un poco de esperanza al pueblo de Guatemala que —al igual que a la mayoría de pueblos latinoamericanos— el destino, la historia, les ha representado una vida de eterna resistencia ante las injusticias.

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Venezuela: ¿qué faltó en el informe de la Alta Comisionada sobre DESCA?

Fernando M. Fernández*

El informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, se refiere en casi su totalidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Lamentablemente, su análisis sobre la situación de los DESCA en Venezuela lo hace sin profundizar en el contexto –que no estuvo bien documentado– y usando una metodología que no fue la más sólida.

En cuanto a los derechos civiles y políticos (DCP), el informe reitera todo lo dicho anteriormente en otros reportes y arroja nuevos datos, especialmente en materia de detenciones y persecución a defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros graves asuntos. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas, atina a mantener la vigilancia de este sector vulnerable. El gobierno rechazó inmediatamente estos señalamientos. Hecha esta observación, se continúa con los comentarios sobre los DESCA. 

En el punto 3, el informe indica que sus fuentes son: “… información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas a víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consideró información y datos oficiales proporcionados por el gobierno, incluyendo un cuestionario enviado por el ACNUDH para los fines del informe.” En otras palabras, no hubo una investigación propia y exhaustiva de la cronología de los hechos, ni sobre causas y efectos sobre los DESCA.

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