Venezolanos, go home!

Asociación Civil Derechos en Acción*

El 23 de febrero del año 2001, el gobierno boliviano expulsó a una familia peruana que había ingresado al país cuatro días antes sin presentar los documentos migratorios correspondientes. En 2012 el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que un año después sancionó a Bolivia por haber violado los derechos de sus cinco integrantes, entre otros el principio de no devolución, las garantías judiciales, la protección judicial, la protección a la familia y la integridad personal. El asunto es conocido en la jurisprudencia de la Corte IDH como el caso de la Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia[2], caso emblemático por haber sido el primero en el que tribunal de San José se pronunció sobre el principio de no devolución en un caso contencioso.

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Mujeres y máxima magistratura en El Salvador

Lilliam Arrieta de Carsana*

A pesar de que en El Salvador no existen barreras legales para la elección de mujeres en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las últimas 3 décadas, las mujeres únicamente han representado el 23.6% de las personas electas en dicho tribunal.  El mayor número de mujeres que han integrado la Corte Plena en un mismo periodo han sido 6 de un total de 15 magistraturas, en el período de 2012 y 2015.  En la Sala de lo Constitucional, el porcentaje es todavía menor.  De 19 personas electas en la Sala de lo Constitucional entre 1994 y 2018[i], solo 2 han sido mujeres; es decir, apenas 10.5%.  Actualmente, integran la Corte Plena 5 magistradas y 10 magistrados, e integran la Sala de lo Constitucional, 1 magistrada y 4 magistrados. Más aún, nunca se ha elegido a una mujer en la presidencia de la CSJ, a pesar de que, comparativamente, según datos del Banco Mundial, en 2016, 26 países ya tenían a una mujer presidiendo su más alta corte[ii].

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Perú, aquí se va a defender lo ganado

Cruz Silva del Carpio*

El mundo nos mira. Somos el país de Suramérica que a pesar de los constantes ciclos de bonanza económica y de robo sistemático de sus ganancias, como nos lo  recordó Alfredo Quiroz, está a punto de someter a la justicia a uno de sus eternos personajes políticos. Justamente, el más escurridizo ante la justicia: Alan García.

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Reflexiones sobre la Independencia Judicial en Costa Rica

Jorge E. Padilla Cordero*

Saber leer los tiempos, analizar las coyunturas políticas, jurídicas, sociales y culturales es parte de comprender lo que rodea a nuestro sistema democrático. Resaltar buenas prácticas pero tomar muy en cuenta las lecciones aprendidas es un acto de responsabilidad que la institucionalidad y sus autoridades deben tener en el horizonte diario. ¿Cuánto hemos aprendido de las crisis institucionales que en los últimos años ha tenido Costa Rica? ¿Cuánto se ha discutido al respecto para resguardar esa institucionalidad frente a los embates del populismo político y jurídico? Parece que se ha recorrido mucho y nada a la vez. Parece que ha importado mucho y nada a la vez.

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¿Un nuevo autogolpe?

Santiago Martínez Neira*

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori comunicó por televisión su decisión de disolver el Congreso de la República del Perú. Esa tarde, decenas de tanquetas militares se estacionaron en las esquinas del centro de Lima y cientos de militares encapuchados rodearon el edificio del Congreso para impedir el ingreso de los senadores y diputados. No era un golpe de estado cualquiera, era un autogolpe; un hecho casi inédito en el continente. En lugar de conspirar contra el Presidente —como había acontecido en Argentina, Brasil, Chile, o en el mismo Perú en 1968— los militares conspiraron con él para cerrar el Congreso y adueñarse de las principales instituciones del Estado. Con esto se buscó anticipar las elecciones parlamentarias para que el nuevo Congreso, esta vez de mayoría fujimorista, promulgara una nueva Constitución. Pese a lo acontecido, los congresistas siguieron sesionando desde el Colegio de Abogados de Lima. Su primera decisión fue declarar la vacancia del presidente, medida que no logró contrarrestar el poder impuesto por las vías de hecho.

Por inverosímil que parezca este escenario, todo parece indicar que el continente va a presenciar un nuevo autogolpe, esta vez en Venezuela. Sigue leyendo

El reclamo de las OSC durante el G20: del compromiso a la acción en politícas anticorrupción

Victoria Amato*

Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible.” Así se tituló  la Declaración de Líderes del G20 consensuada durante la reunión del G20 que se realizó en Argentina. La agenda de la cumbre se centró en el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Se trataron también asuntos relativos al desarrollo, la industria y el comercio mundial, se realizaron numerosas reuniones bilaterales y se firmaron importantes acuerdos comerciales entre países.  Hubo un tema, sin embargo, que apenas rozó la agenda oficial. La lucha contra el flagelo de la corrupción quedó para el anteúltimo párrafo del documento: “Mantenemos nuestro compromiso para prevenir y combatir la corrupción, y liderar con el ejemplo,”  manifestaron tibiamente los mandatarios de las principales naciones del mundo. El reclamo de la sociedad civil no fue escuchado en su totalidad y todo culminó con viejos compromisos no implementados y nuevas promesas anticorrupción.

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El “Cártel de Lima”: La red de organizaciones criminales que infiltraron las instituciones peruanas

Gonzalo Salas*

¿Es que acaso no vemos que el Perú está tomado por el crimen organizado? Operadores mediáticos de los grupos económicos y políticos implicados en el caso Odebrecht en este país, propagan a los cuatro vientos que el Fiscal Anticorrupción José Domingo Pérez (el No. 1 del Equipo Especial Lava Jato) está parcializado contra Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular (actualmente en prisión preventiva), en el proceso judicial que se le sigue por el delito de lavado de activos (en un caso conocido como “Los cócteles de Fuerza Popular” en el que se habría disfrazado dinero ilícito que provendría de la constructora brasilera Odebrecht, bajo la forma de donaciones fantasma para la campaña política presidencial en el año 2011). Acto seguido, entra en escena el Fiscal de la Nación del Perú, Pedro Chávarry, amenazando con remover a Pérez del caso.

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