Venezuela: ¿qué faltó en el informe de la Alta Comisionada sobre DESCA?

Fernando M. Fernández*

El informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, se refiere en casi su totalidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Lamentablemente, su análisis sobre la situación de los DESCA en Venezuela lo hace sin profundizar en el contexto –que no estuvo bien documentado– y usando una metodología que no fue la más sólida.

En cuanto a los derechos civiles y políticos (DCP), el informe reitera todo lo dicho anteriormente en otros reportes y arroja nuevos datos, especialmente en materia de detenciones y persecución a defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros graves asuntos. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas, atina a mantener la vigilancia de este sector vulnerable. El gobierno rechazó inmediatamente estos señalamientos. Hecha esta observación, se continúa con los comentarios sobre los DESCA. 

En el punto 3, el informe indica que sus fuentes son: “… información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas a víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consideró información y datos oficiales proporcionados por el gobierno, incluyendo un cuestionario enviado por el ACNUDH para los fines del informe.” En otras palabras, no hubo una investigación propia y exhaustiva de la cronología de los hechos, ni sobre causas y efectos sobre los DESCA.

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The importance of controlling Leviathan

Adriana García García*

In the mid-17th century, the English philosopher Thomas Hobbes used the image of a biblical monster, the Leviathan, to illustrate the power of the State and its function of maintaining social order. It has since remained a symbol of fear-invoking power and unmatched sovereign strength.

The foundation for the potentially monstrous power of the Leviathan is one of the main obligations of the State, perhaps the most primary one of them all:  to maintain security within its territory. If a State does not fulfill that function, all other possible aspirations, from the offer of high-quality public services, to economic development and the respect and promotion of fundamental rights, are deeply compromised and, in extreme circumstances, can become even impossible.

The problem is that, to fulfill the responsibility of providing security, the State needs to have a monopoly on the legitimate use of violence.

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Desjudicializar el neocolonialismo: 10 ideas y 10 propuestas básicas para cambiar la justicia en Bolivia

Eduardo Rodríguez Veltzé*

Publiqué estas notas en 2012 cuando me dedicaba a la actividad académica en la Universidad Católica Boliviana. Las volví a presentar en 2016 cuando parecía recobrar actualidad el debate para abrir un proceso de reformas estructurales al sistema judicial. Hoy en 2021, vuelvo a ellas para aportar al todavía vigente asunto que ha cobrado especial interés a partir de la reciente presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

El informe aborda en un capítulo especial las situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática, entre ellas examina el funcionamiento de la justicia en Bolivia a partir de cuatro elementos: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. El GIEI advierte que “el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.

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The Urgent Need to Consolidate Democracy and the Rule of Law in Haiti

Gaël Pétillon*

Versión en español aquí. 

According to the Haitian Constitution, the legislative, executive, and judicial powers constitute the essential foundation on which the State’s organization is based. Within the exercise of their respective powers, duties, and functions, they are entirely independent. However, since January 2020, the failure to hold legislative elections has resulted in a gradual deterioration of this branch of power, the mandate of all deputies and two thirds of the senate having ended. The assassination of President Jovenel Moïse on the night of July 6th to 7th, as well as the death of the President of the Court of Cassation have worsened the situation from an institutional standpoint. This situation has exacerbated the dysfunction of the three branches: the National Assembly and the Superior Council of the Judiciary (Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire – CSPJ) are now null, while the executive struggles to lead the nation effectively. An institutional vacuum is being created on top of the political and health crisis. Moreover, the recent earthquake of August 14, 2021 generated additional urgent needs, further exacerbating the aforementioned shortcomings and suggesting an upcoming deterioration of the human rights situation in Haiti.

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La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

English version here

Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

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Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa: Reflexiones en torno a la próxima elección

Evelyn Villarreal Fernández*

Costa Rica atraviesa por uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente. En este período el Ministerio Público (MP) ha sido cuestionado por su efectividad en casos de alto perfil anteriores y, sin duda, será sometido a un fuerte escrutinio en el desarrollo del caso más reciente denominado “Cochinilla“. En medio de esta investigación, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio se acogió de inmediato y anticipadamente a su derecho de pensión, después de recibir críticas por la inhibición que había presentado para no ser parte del caso[1]

No es la primera vez que la fiscalía general queda vacante en un contexto de cuestionamientos. De hecho el nombramiento de la fiscala fue realizado en un momento donde se ventilaba otro escándalo de alto perfil (conocido como “Cemento chino“) a finales de 2017, cuando el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán fue involucrado y también se acogió a su derecho de pensión.   

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Lending an Ear to Venezuela

Ana Lorena Delgadillo*

Versión en español aquí. Originally published in Proceso.

Recently, I had the opportunity to visit Venezuela for the second time in three years. In my last visit in December 2018, I recall witnessing disturbing food and medicine shortages. This time round, I experienced a different Venezuela, but in a worse situation.

Despite the heartbreaking situation, Venezuela overflows with humanity and affection. While talking to Venezuelans, it is impossible not to think of the destruction wrought upon the democracy and institutions in the country.  In its 2020 report, The International Independent Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, created by the United Nations Human Rights Council, noted that serious human rights violations have been committed since 2014. The Mission also identified patterns and “highly coordinated crimes in accordance with State policies and part of a widespread and systematic course of conduct that constitutes crimes against humanity.” 

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Escuchar a Venezuela

Ana Lorena Delgadillo*

English version here. Publicado originalmente en Proceso.

En días recientes tuve la oportunidad de visitar Venezuela por segunda vez. Mi primer viaje lo hice en diciembre de 2018, cuando recuerdo haber sido testigo de gran escasez y desabasto de alimentos y medicinas. Esta vez me encontré con una Venezuela diferente, pero no en mejor situación. 

Venezuela rompe el corazón, pero impregna con su humanidad y cariño. Es imposible no pensar, mientras uno platica con las y los venezolanos, cómo se fue destruyendo su democracia y sus instituciones. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló en su informe de 2020, que desde 2014 se han cometido  graves violaciones de derechos humanos y se identificaron, de igual forma, patrones y “crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”. 

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La consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México es contraria a los derechos humanos

José Antonio Guevara Bermúdez*

El pasado domingo primero de agosto se celebró una consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena –el partido político al que pertenece– que podríamos calificar de histórica por ser la primera que abiertamente contraviene las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y que fue un fracaso en términos de participación.

La consulta como forma de participación ciudadana en los asuntos públicos está regulada por la Constitución (artículo 35, f. VIII) y la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), instrumentos que disponen que las mismas pueden ser solicitadas por el presidente de la República, un porcentaje de legisladores (diputados o senadores) o un determinado número de electores. 

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Economic Actors and Transitional Justice Policies in Latin America

Nelson Camilo Sánchez*

Versión en español aquí.

A few days ago, the Special Jurisdiction for Peace (la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), the transitional tribunal established in Colombia by the peace agreements signed in 2016, issued a very important decision providing clarification for cases of civilians murdered during the conflict who were presented to the government as enemy casualties in combat (a macabre practice that in Colombia was known by the euphemism “false positives”).

The JEP’s decision included, among other significant things, this court’s first indictment of a “civilian third party”. The peace agreement uses the term “civilian third party” to refer to those persons who, without being part of an armed group, participated in the commission of grave human rights violations. Many of these third parties had eminently economic motivations and, to satisfy them, sponsored the armed actors in various ways, including providing economic, logistical, and political support. 

The relationship between economic actors and armed groups in times of repression and war is not unique to the Colombian conflict. Victims of human rights violations have recounted how economic elites, companies (transnational and national) and other business agents (formal and informal) have been complicit in human rights violations in every corner of the globe.  

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