Derechos humanos y estallido social: La experiencia chilena

Claudio Nash Rojas*

El estallido social

En octubre de 2019, casi como un hecho anecdótico y una nueva mala noticia, las autoridades anunciaron un alza en el transporte público de $ 30 (4 centavos de dólar). Luego de un par de días, un grupo de estudiantes comenzaron a realizar actos de protesta que consistían en entrar en masa a las estaciones de metro y saltar los torniquetes de control para evadir el pago. Las manifestaciones fueron creciendo en magnitud y las autoridades decidieron cerrar el acceso a algunas estaciones del Metro, pero esto solo generó situaciones de mayor protesta e ingresos masivos abriendo las puertas por la fuerza.

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Cuatro desafíos claves de las políticas de seguridad ciudadana para El Salvador

Edgardo Amaya Cóbar*

En El Salvador, así como en sus vecinos del Triángulo Norte y otros países de la región, se debate con frecuencia sobre el diseño, gobernanza y gestión de la seguridad ciudadana, por sus grandes impactos en la vida cotidiana y en el devenir de las sociedades democráticas. Estas discusiones parten de realidades de creciente inseguridad, demandas ciudadanas de ofensiva al delito y gobiernos que enfrentan estos desafíos con limitados recursos y con una lógica electoral casi permanente.

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Protección de la Independencia Judicial en Bolivia

La sentencia constitucional plurinacional 049/2019 con relación al régimen de traslados de los jueces

Marco A. Loayza Cossío*

Uno de los legados más importantes que nos dejó la Ilustración desde un punto de vista jurídico fue la teoría de la separación de poderes que, en muchas oportunidades, fue hasta denostada por diversas corrientes políticas pero que nos demuestra que el hecho de desconcentrar el poder es la mejor garantía para un equilibrio entre los diferentes órganos y su actuación frente a la sociedad, así como una garantía personal de cualquier ciudadano o ciudadana de cara a un Estado que siempre tiende a concentrar su actividad y poder.

Donde más debe garantizarse la separación de los órganos del Estado es en el ámbito judicial ya que la independencia es un puntal de su actuación e implica dos dimensiones, la primera es la independencia institucional, que se refiere a la relación que tiene la entidad dentro del mismo Estado con los otros poderes, de los cuales debe estar completamente alejada y neutral; y por otro lado está la independencia funcional de sus servidores y servidoras públicas, que tienen el deber de juzgar y por lo tanto deben contar con la capacidad de ejercer sin ningún tipo de presión interna o externa esta vital labor para proteger los derechos de la población.

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La CIDH debe enfatizar la responsabilidad judicial en la prevención de la violencia carcelaria

Investigadores Eric Archundia, Juan Morey y Miguel Sarre*

Recientemente la CIDH dio cuenta de un nuevo suceso violento en las cárceles de Brasil ocurrido el 29 de julio pasado, con el siguiente enunciado:

Es inevitable apreciar la similitud de dicho comunicado oficial con el emitido meses atrás por la propia Comisión:

Más allá de la obligada condena a los hechos y de los igualmente reiterados exhortos a los respectivos gobiernos para que se investigue lo sucedido, como ha ocurrido respecto de este y otros países de la región, la CIDH está obligada a contribuir a su no repetición. Para ello su mandato exige que vaya más a fondo en su análisis y que éste se refleje en sus distintos instrumentos.

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El Sínodo para la Amazonía y los derechos humanos

SÍNODO AMAZÓNICO CATÓLICO:

OPORTUNIDAD PARA ESCUCHAR LA VOZ DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) es una organización de la sociedad civil independiente de los Estados, partidos políticos, iglesias, organismos internacionales, empresas y de cualquier tipo de agremiación política, social y emprendimiento económico. Sin embargo, ello no nos impide hacer sinergias y cooperar con algunas instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales, cuando coincidimos en principios y valores a favor de los derechos humanos, la democracia o el estado de derecho en América Latina.

Ese es el caso de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM), instancia de la iglesia católica de América Latina que fue constituida el año 2014 para proteger la Amazonía y los pueblos que en ella habitan,  en sintonía con la exhortación del Papa Francisco de cuidar la “casa común” (el planeta tierra) que plasmó en su Encíclica “Laudato Si” (2015). En ese contexto, durante la visita que realizó al Perú en Enero del 2018, el Papa anunció -en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado- el inicio del “Sínodo especial para la Amazonía”, el mismo que concluirá en Roma en octubre del presente año.

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La política de seguridad de Bukele: ¿el lado regresivo del presidente milenial?

Leonor Arteaga*

Nayib Bukele, con apenas 38 años, reclama el título del presidente más joven de Latinoamérica tras tomar posesión el pasado 1 de junio. Desde el inicio de su carrera política, ha sido un torbellino para el sistema electoral de El Salvador. Sin un título universitario, pero con una crianza privilegiada, se probó talentoso en el sector empresarial antes de virar su atención a los problemas públicos. Con dos gestiones como alcalde en su currículum y armado con una chamarra de cuero y lentes de sol, el ahora presidente se definió como un candidato sin ideología ni partido político, con capacidad de atraer inversión extranjera y desterrar la corrupción. Sigue leyendo

Radiografía: la independencia judicial en Venezuela

Santiago Martínez Neira*

La independencia del Poder Judicial en Venezuela está profundamente erosionada y su reconstrucción institucional es urgente. En estas líneas, se van a reconstruir algunos sucesos clave que han minado la independencia judicial y han hecho que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se convierta en un instrumento político del oficialismo y un actor fundamental para su permanencia indefinida en el poder.

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