Lucha contra la corrupción con un poder judicial independiente y con integridad

Daniel Kempken*

La corrupción es un factor de inestabilidad en todo el mundo que sólo puede combatirse con un poder judicial independiente. La implementación de los enfoques prometedores dela Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC) debería ser reforzada por la comunidad internacional. Para ello, se puede aprovechar una próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU que abordará la lucha contra la corrupción, así como laConferencia de los Estados Parte de la CNUCC.

La Convención de la ONU contra la Corrupción marca el rumbo

En el derecho internacional, la conexión entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un poder judicial independiente y con integridad está estipulada en el artículo 11 de la CNUCC, que ha sido ratificada por 181 estados. El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados no se cansa en señalar que la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial deben ir de la mano. En las normas de aplicación del artículo 11 de la CNUCC y en los comentarios sobre la Convención, se exige a los Estados Parte procedimientos objetivos de selección de jueces, así como normas de integridad y transparencia. Entre los aspectos más importantes están además la protección contra la remoción, la remuneración adecuada y la seguridad personal de los jueces y juezas.

Para poner en práctica lo que establece la CNUCC, habría que insistir todavía más en esa conexión inseparable entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la independencia e integridad del poder judicial. En el marco de la cooperación internacional, hay que plantear con mas fuerza esta conexión.

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Judicial immunity: a double-edged sword in Guatemala*

Hannah Jane Ahern** and Ursula Indacochea***

On February 1, 2021, Judge Erika Lorena Aifán Dávila, judge for the First Criminal Court of First Instance, Na and Crimes against the Environment of the department of Guatemala with competence to hear High Risk Proceedings, Group D, issued an arrest warrant against former judge Mynor Mauricio Moto Morataya, at the request of the Special Prosecutor’s Office against Impunity (FECI). Moto was being investigated for the crime of conspiracy to obstruct justice, in the framework of the case known as “Parallel Commissions 2020,” a high profile case of corruption and manipulation in the high court election process that took place last year. Moto is a key figure in that complex case of co-optation of justice, and until shortly before his capture was ordered, he served as judge for the Third Criminal Court of First Instance, Narcoactivity and Crimes against the Environment.

In her position, Judge Aifán oversees cases of atrocities committed during the armed conflict, macro-corruption, and other high impact crimes, which has exposed her to threats of violence, harassment, smear campaigns, and other attempts to hinder her work. Recognizing the threats, pressures and reprisals she has faced, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has previously granted her precautionary measures, ordering the State of Guatemala to protect her life and integrity. Aifán is widely recognized as an anticorruption champion, not only in Guatemala, but also internationally; most recently, she is a recipient of the 2021 International Women of Courage award from the U.S. State Department.

The arrest warrant issued against Moto caused a stir, as it came after he was elected by the Guatemalan Bar Association as magistrate to the Constitutional Court of Guatemala, and was irregularly sworn in by Congress on January 26, 2021. Precisely in order to serve in his new position, Moto requested the Guatemalan Council of the Judiciary to place him on “leave of absence” from his position as criminal court judge until April 13, 2021, a request which was granted. Therefore, when Aifán ordered his arrest, Moto was no longer serving as a judge, nor had he yet assumed the position of magistrate of the Constitutional Court.

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La inmunidad judicial: un arma de doble filo en Guatemala*

Hannah Jane Ahern** e Ursula Indacochea***

El 01 de febrero de 2021, la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D, emitió una orden de aprehensión contra el ex juez Mynor Mauricio Moto Morataya, a solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI). Moto era investigado por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el marco del caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” sobre corrupción y manipulación en el proceso de elección de altas Cortes que se llevó a cabo el año pasado. Moto es un personaje clave en este complejo caso de cooptación de la justicia, y hasta poco antes de ordenarse su captura, se desempeñaba como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La jueza Aifán tiene a su cargo casos de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado, casos de macro corrupción y otros delitos de alto impacto, lo que le ha expuesto a amenazas de violencia, hostigamientos, campañas de desprestigio, y otros intentos a obstaculizar su trabajo. Reconociendo las amenazas, presiones y represalias que ha enfrentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares, ordenando al Estado de Guatemala que proteja su vida e integridad de protección. Aifán es reconocido en Guatemala, pero también a nivel internacional como luchadora en contra de la corrupción y a favor de la transparencia e independencia de los sistemas de justicia. Es recipiente del premio International Women of Courage del Departamento del Estado de Estados Unidos para el año 2021.

La orden de captura contra Moto causó revuelo, pues se produjo luego de que fuera elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar la Corte de Constitucionalidad del país, y de que fuera irregularmente juramentado por el Congreso el 26 de enero de 2021, pese a que aún se encontraba pendiente la resolución de impugnaciones a su nombramiento (juramentación posteriormente anulada por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad). Precisamente, para desempeñarse en su cargo, Moto había solicitado al Consejo de la Carrera Judicial que se le colocara en la situación de “excedencia” hasta el 13 de abril de 2021, lo cual le fue concedido. Por tanto, cuando Aifán ordenó su captura, Moto ya no se desempeñaba como juez, ni tampoco había asumido el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad

Josefina Miró Quesada Gayoso*

El pasado 25 de febrero, el onceavo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un hecho sin precedentes en la historia del Perú, reconoció el derecho a una muerte digna de Ana Estrada. Ana, quien a sus 44 años padece de una enfermedad muscular en etapa avanzada, es la primera peruana que solicita al Estado ejercer su derecho, y consecuentemente, acceder a un procedimiento médico de eutanasia, cuando ella así lo requiera. A nivel latinoamericano, solo Colombia cuenta con una declaración similar. En 1997, de manera contundente, despenalizó para ciertos casos el delito de homicidio piadoso, reconoció este derecho y lo posicionó como un asunto de derechos humanos (sentencia C-239).

El caso de Ana no sólo es una conquista judicial, sino política y social que cruza fronteras. La muerte digna, tema que ha sido históricamente (y lo sigue siendo) tabú en una sociedad y en una región mayoritariamente católica, ha sido colocado como agenda pública. En el Perú, el debate sobre la vida y la muerte ha sido abordado ampliamente en los medios de comunicación, en las aulas universitarias, en eventos académicos, en los hospitales y otros ambientes de salud, en las reuniones familiares, y hasta en el Congreso de la República, donde ya hay un proyecto de ley que busca despenalizar y legalizar la eutanasia[i].

Pasar de percibir la libertad de decidir sobre nuestro proceso de muerte como un delito, a entenderlo como un derecho, requiere un cambio radical en nuestra valoración del comportamiento. Exige desterrar estigmas, despejar dudas, poner a un lado las convicciones personales o religiosas, aprender que la muerte es parte de la vida, entender y empatizar a quienes piden respetar su derecho. La ley, por sí sola, no cambiará esta percepción. De ahí, la importancia de hacer pedagogía sobre la muerte digna que trascienda los pasillos del Poder Judicial. La historia de Ana conmueve y facilita que nosotros podamos hablar de ello. Empiezo, entonces, por ahí, para compartir luego unas reflexiones sobre este histórico fallo y entender los alcances de este derecho emergente que se abre paso en el Perú y en, cada vez más, países del mundo[ii].

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Bolivia: The Unfinished Democratic Transition

Ramiro Orias*


The failed elections of October 20, 2019 marked a critical milestone in the consolidation of democracy in Bolivia. Whatever the various interpretations of the moment—whether it was electoral fraud or a coup d’état—this episode of political conflict and citizen protest will be remembered in the country’s long-term historical memory as the end of the 14-year government of President Evo Morales, the longest continuous presidential term in the history of the republic.

The political crisis and social upheaval that the country experienced reflected a prolonged, gradual, and cumulative process of institutional weakening, which not only jeopardized the performance of the electoral system but also was rooted in the continuous erosion of the justice system’s capacity to protect citizens’ rights and guarantee the separation and independence of the branches of government.

There are several fundamental data points for understanding how Bolivian democracy deteriorated to the point of constitutional emergency: the inapplicability of constitutional term limits to the presidency; the authorization of the incumbent president’s candidacy for a fourth consecutive term; the subsequent nullification of the elections of October 20, 2019; the resignation of former President Evo Morales and his untimely departure to seek political asylum; the constitutional succession of President Jeanine Añez; her frustrated candidacy and subsequent withdrawal; the successive postponements of the date for new elections following the declaration of a public health emergency in the face of the COVID-19 pandemic; and the extension of terms of office in the executive branch, the legislature, and subnational governments beyond the regularly established limits.

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Honduras, where the “shield” against corruption has worked

CESPAD*

How are the corruption cases left by the MACCIH advancing before the Honduran courts? How much have the reforms to some laws approved by the deputies of the National Congress affected them? A brief and worrisome panorama shows that the “shielding” of corruption networks has worked in this Central American country.

To analyze the issue, the corruption case known as “Red de Diputados” becomes emblematic. In December 2017, the binomial formed by the Support Mission against Corruption and Impunity (MACCIH), and the Special Prosecutorial Unit against Impunity for Corruption (UFECIC, today called UFERCO), presented this case, initiating a criminal action against five deputies of the National Congress in collusion with three members of an NGO called the National Association of Producers and Industries of Neighborhoods and Colonies of Honduras (ANPIBCH), through which they illegally appropriated public funds that were intended for social projects.

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Honduras, donde el “blindaje” a la corrupción sí ha funcionado

CESPAD*

¿Cómo avanzan los casos de corrupción que dejó la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras? ¿Qué tanto han afectado las reformas a algunas leyes que aprobaron las y los diputados del Congreso Nacional? Un breve y preocupante panorama evidencia que el “blindaje” a las redes de corrupción sí ha funcionado en este país centroamericano.

Para analizar el tema, el caso de corrupción conocido como “Red de Diputados” se vuelve emblemático. En diciembre del 2017, el binomio conformado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, hoy llamada UFERCO), presentó este caso, dando inicio a una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), a través de la que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.

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Bolivia: La Transición Democrática Inconclusa

Ramiro Orias*

Las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 marcan un hito fundamental en el proceso de consolidación de la democracia boliviana. Más allá de la interpretación coyuntural que unos y otros le dan a este hecho, qué si fue fraude electoral o que si fue golpe de Estado, para la memoria histórica de largo plazo, este episodio de conflicto político y protesta ciudadana será recordado como el punto final de los 14 años de gobierno del Presidente Evo Morales, el periodo presidencial continuo más prolongado de su historia republicana.

La inaplicabilidad de los límites constitucionales a la reelección presidencial, la habilitación de la candidatura del presidente en funciones a un cuarto mandato consecutivo, así como la posterior anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019, la renuncia del ex presidente Evo Morales, su salida intempestiva hacia el asilo político, la sucesión constitucional de la presidenta Janine Añez, su candidatura frustrada y posterior declinación, las sucesivas postergaciones de la fecha para unas nuevas elecciones en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del Covid-19, la prórroga de los mandatos en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales, por términos más allá de los regularmente establecidos, constituyen datos fundamentales para comprender cómo se llegó a descomponer la democracia boliviana, hasta un extremo de excepcionalidad constitucional.  

La crisis política y el estallido social que el país vivió en ese momento reflejó un proceso gradual y acumulado de debilitamiento institucional que se venía arrastrando, que no sólo comprometió el desempeño del sistema electoral, sino que encuentra sus raíces en la erosión progresiva del sistema de administración de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos.

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La Masacre de Camargo: El recordatorio de la impunidad sistémica en México

Ana Lorena Delgadillo Pérez*

El 23 de enero de 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados y con impactos de bala en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Estado de Tamaulipas. Los hechos, que habrían ocurrido el día 22, fueron reportado por policías estatales en base a una alerta ciudadana. Desde que se dieron a conocer los hechos, se presumió que algunas de las víctimas eran migrantes guatemaltecos originarios de Comitancillo (San Marcos, Guatemala), pues personas originarias de este lugar reportaron haber recibido llamadas indicando que sus familiares eran parte de las víctimas. Las autoridades de Guatemala procedieron a la toma de muestras para su envío a México y las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades de Tamaulipas. El primero de febrero, se difundió en prensa que la Fiscalía General de República de México había iniciado también un expediente de investigación, debido a que uno de los 2 vehículos localizados era propiedad del Instituto Nacional de Migración. El 2 de febrero se dio a conocer la posible implicación de 12 policías estatales en los hechos.

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Nueva ley obligará a empresas alemanas a actuar con debida diligencia dentro y fuera del país

Susanne Friess*

Ropa alemana cosida a mano por niños/as. Carros alemanes con materias primas extraídas por empresas mineras que destruyen el medio ambiente. Café en tazas alemanas recogido por trabajadores impedidos de organizarse en sindicatos. Estos y otros abusos similares se encuentran miles de veces en los productos alemanes. La etiqueta “Made in Germany” fue un sinónimo de calidad y del “comerciante honrado” en el pasado. Hoy en día, MISEREOR (la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo) lamentablemente ha podido constatar en múltiples casos que esta frase es sinónimo de explotación, violaciones a los derechos humanos y destrucción de ecosistemas en los países donde empiezan las cadenas de suministro.

El pasado 12 de febrero el gobierno alemán anunció que por fin tomará medidas vinculantes contra estos abusos, y apoyará la adopción de una “Ley de Debida Diligencia” por parte del parlamento. El anuncio vino después de años de tira y afloja: una alianza grande de organizaciones de la sociedad civil, la “Iniciativa para la Ley de Cadenas de Suministro” y con ella también MISEREOR, más de 60 empresas de renombre y fuerzas progresistas del gobierno llevaban años exigiendo que las empresas alemanas fueran legalmente obligadas a respetar los derechos humanos y a proteger el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro.

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