El Caso Gustavo Petro vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Posibles escenarios a la luz de la jurisprudencia interamericana

María Clara Galvis Patiño*

El trámite del caso Gustavo Francisco Petro Urrego v. Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la sentencia que adoptará próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han despertado gran expectativa en sectores académicos y en la opinión pública colombiana e internacional. ¿De qué se trata el caso?, ¿qué se debate?, ¿qué puede esperarse de la sentencia de la Corte IDH?, son los interrogantes que este artículo aborda, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana.

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A Small Victory for Equality: Peruvian Judiciary Fully Adopts Brasilia Rules in U-turn

Javier A. de Belaunde*

Versión en español aquí.

Can discrimination be committed in the act of approval of an international anti-discrimination regulation? A few days ago, the Peruvian Judiciary notably achieved a contradictory result of this nature. This happened with the accession to the 2018 updated version of the “Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People” (Brasilia Rules). The Judiciary Executive Committee (CEPJ in its Spanish acronym), one of the highest bodies of judicial governance –composed of 5 judges of all levels– decided to exclude Peru from adherence to those aims that consider sexual orientation and gender identity as a cause of vulnerability (002-2020-CE-PJ  and 011-2020-CE-PJ).

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Un pequeño triunfo para la igualdad: Poder Judicial peruano se rectifica y adopta las Reglas de Brasilia sin exclusión

Javier A. de Belaunde*

English version here.

¿Se puede cometer un acto discriminatorio al aprobar un acuerdo internacional antidiscriminación? El Poder Judicial peruano pareció lograr lo imposible hace unos días. Esto sucedió con motivo de la adhesión a la actualización de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (2018). El Consejo Ejecutivo (CEPJ), uno de los órganos máximos de gobierno judicial -integrado por 5 magistrados de todos los niveles-, decidió excluir de la adhesión “el extremo que constituye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género” (002-2020-CE-PJ y 011-2020-CE-PJ).

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Remarks on the judgment of the Inter-American Court in the Lhaka Honhat vs. Argentina case

Angel Cabrera*, Daniel Cerqueira**, and Salvador Herencia-Carrasco***

 Versión en español aquí.

On 6 February, 2020, the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) issued a judgement in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association, vs. Argentina. The ruling reiterates the inter-American standards on communal land and territorial rights of indigenous peoples. This is a landmark decision establishing that economic, social, cultural and environmental rights (ESCER) of indigenous peoples are autonomous and judicially enforceable rights before the IACt-HR. Although the main controversy revolves around the absence of land titling, the petitioners alleged a series of impacts derived from grazing activities, illegal logging, and the installation of fences by non-indigenous people in the territory of the communities.

This article analyses the most relevant excerpts of the ruling, highlighting controversial aspects over the judicial enforceability of new rights recognised under Article 26 of the American Convention (ACHR), related to economic, social, cultural, and environmental rights (ESCER). We also comment on important advances in the area of reparation and obligations to ensure indigenous peoples’ rights in the face of environmental degradation perpetrated by settlers. Finally, we briefly comment on the contribution of the amici curiae in the reasoning present in the sentence and votes of Judges Ferrer Mac-Gregor and Sierra Porto.

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Los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas no tienen fecha de caducidad

María Clara Galvis Patiño y Rainer Huhle*

Una versión más corta de este artículo fue originalmente publicado en inglés en Opinio Juris, disponible aquí.

Este texto pretende mostrar que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos los órganos que supervisan el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados tienen competencia ratione temporis para conocer de desapariciones forzadas que iniciaron antes de la entrada en vigor de los respectivos tratados y de la aceptación de la competencia de esos órganos para examinar peticiones individuales.

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Jueces honestos frente a la corrupción sistemática

Claudia Escobar Mejía*

El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.

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La reapertura de los tribunales en tiempos de COVID-19: Caso México

Carlos G. Guerrero Orozco* y Ana Lorena Delgadillo Pérez**

La administración de justicia en tiempos de COVID-19 ha sido uno de los mayores retos a los que se han enfrentado los países de Latinoamérica. En tiempos de coronavirus, la atención urgente de violaciones de derechos humanos tuvo ciertos obstáculos a nivel regional. Ahora, durante el periodo más álgido de la pandemia, la reanudación de actividades ordinarias en los Poderes Judiciales de América Latina como el mexicano, debe orientarse a garantizar el acceso a un recurso efectivo.

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Pandemia y autoritarismo en Nicaragua

Mario Sánchez, Hloreley Osorio y Jerry Dinarte*

La pandemia causada por el brote del coronavirus SARS-CoV-2 ha impactado en un mundo en crisis y herido por la desigualdad y los efectos devastadores del cambio climático, que amenazan la sobrevivencia de la vida misma en el planeta. Se trata del agravamiento de una crisis, provocada por una forma de vida hipercapitalista, a la que ha sido sometida la población mundial (De Sousa Santos, 2020). En esta crisis, existe una estrecha relación entre la desigualdad social y la probabilidad de convertirse en víctima de una catástrofe humana o natural (Bauman, 2017). Frente a este drama, ocurren dos situaciones: primero, una forma específica del ejercicio del poder, el biopoder “que deja morir y hace vivir” en una sociedad (Foucault, 2000); y segundo, lo que históricamente ha ocurrido, los pobres y los marginados son quienes corren más peligro de ser las “víctimas colaterales” de ese poder y de esa “lógica de sacrificio”, arraigada en el capitalismo neoliberal que, en el contexto de esta pandemia, Mbembe denomina como necroliberalismo (Bercito, 2020).

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el vínculo entre política y vida que aparece en el discurso y la práctica política del régimen de Ortega frente a la pandemia y sus efectos. Primero, se precisa el contexto en que se da la pandemia, luego se analiza la estrategia del Gobierno ante a la crisis sanitaria y sus potenciales consecuencias.

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Las desapariciones hoy: Algunos aprendizajes y herramientas desde la región noreste de México

Karina Ansolabehere*

Las desapariciones en México no son un fenómeno nuevo pero a partir de 2006 su número se incrementó exponencialmente y se cometen en buena parte del territorio del país. De acuerdo con las cifras presentadas a principios de este año por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 61637 personas se encontraban desaparecidas a lo largo del territorio. La magnitud da cuenta de la crisis de derechos humanos que vive el país en el marco de una democracia electoral. Lamentablemente, esta no es una realidad solo mexicana sino compartida con otros países de América Latina.

Ante este problema desde la academia se organizaron diferentes grupos de investigación para atender las necesidades de las víctimas y buscar soluciones. Las reflexiones que se presentan a continuación resultan de los 5 años de trabajo de uno de estos grupos: el Observatorio Sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM)[1]. En este recorrido, en diálogo con organizaciones, periodistas, grupos de familias, autoridades y académicas, logramos identificar algunas dinámicas que presentan las desapariciones en la región noreste de México, así como herramientas útiles para investigar este fenómeno que también podrían serlo para otros colegas interesados en el tema.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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