Pandemia y autoritarismo en Nicaragua

Mario Sánchez, Hloreley Osorio y Jerry Dinarte*

La pandemia causada por el brote del coronavirus SARS-CoV-2 ha impactado en un mundo en crisis y herido por la desigualdad y los efectos devastadores del cambio climático, que amenazan la sobrevivencia de la vida misma en el planeta. Se trata del agravamiento de una crisis, provocada por una forma de vida hipercapitalista, a la que ha sido sometida la población mundial (De Sousa Santos, 2020). En esta crisis, existe una estrecha relación entre la desigualdad social y la probabilidad de convertirse en víctima de una catástrofe humana o natural (Bauman, 2017). Frente a este drama, ocurren dos situaciones: primero, una forma específica del ejercicio del poder, el biopoder “que deja morir y hace vivir” en una sociedad (Foucault, 2000); y segundo, lo que históricamente ha ocurrido, los pobres y los marginados son quienes corren más peligro de ser las “víctimas colaterales” de ese poder y de esa “lógica de sacrificio”, arraigada en el capitalismo neoliberal que, en el contexto de esta pandemia, Mbembe denomina como necroliberalismo (Bercito, 2020).

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el vínculo entre política y vida que aparece en el discurso y la práctica política del régimen de Ortega frente a la pandemia y sus efectos. Primero, se precisa el contexto en que se da la pandemia, luego se analiza la estrategia del Gobierno ante a la crisis sanitaria y sus potenciales consecuencias.

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Las desapariciones hoy: Algunos aprendizajes y herramientas desde la región noreste de México

Karina Ansolabehere*

Las desapariciones en México no son un fenómeno nuevo pero a partir de 2006 su número se incrementó exponencialmente y se cometen en buena parte del territorio del país. De acuerdo con las cifras presentadas a principios de este año por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 61637 personas se encontraban desaparecidas a lo largo del territorio. La magnitud da cuenta de la crisis de derechos humanos que vive el país en el marco de una democracia electoral. Lamentablemente, esta no es una realidad solo mexicana sino compartida con otros países de América Latina.

Ante este problema desde la academia se organizaron diferentes grupos de investigación para atender las necesidades de las víctimas y buscar soluciones. Las reflexiones que se presentan a continuación resultan de los 5 años de trabajo de uno de estos grupos: el Observatorio Sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM)[1]. En este recorrido, en diálogo con organizaciones, periodistas, grupos de familias, autoridades y académicas, logramos identificar algunas dinámicas que presentan las desapariciones en la región noreste de México, así como herramientas útiles para investigar este fenómeno que también podrían serlo para otros colegas interesados en el tema.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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Hablemos de Racismo: A propósito del caso de George Floyd y otros

Carlos Quesada*

En las últimas semanas me ha sorprendido el nivel de discusión y acción de miles de personas dentro y fuera de los Estados Unidos que han salido a las calles para protestar, de nuevo, por la brutalidad policial hacia los afroamericanos, a raíz del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Estado de Minnesota. No fue el último, de hecho, luego del asesinato del señor Floyd al menos cinco nuevos casos han salido a la luz pública, incluyendo el de Rayshard Brooks, otro afroamericano, el pasado 12 de junio en Atlanta, Estado de Georgia.

Estos casos reflejan el impacto desproporcionado del racismo estructural en todo el sistema de administración de justicia en los Estados Unidos hacia los afroamericanos: desde la interacción con los policías hasta el tipo de sentencias; pasando por las detenciones antes del juicio, la elección de los jurados y los tipos de fiscales y jueces que participan en los procesos judiciales.

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Falta de acceso a informacion pública en México: El Tren Maya que quiere marchar en total oscuridad

Enrique Gallegos Madrigal*

El megaproyecto denominado “Tren Maya” es una prioridad para el Gobierno federal mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que con dicha obra vial se sacará de la pobreza a millones de mexicanos(as) del sudeste del país. Sin embargo, pese a sus supuestas virtudes, su diseño y construcción marchan en la total opacidad, a pesar que toda la información debería ser de acceso público. A continuación, un artículo que da cuenta de los intentos legales que a la fecha se han hecho para conocer de qué va realmente este “Tren Maya”.

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Así se siente Jalisco: En medio de la violencia policial y la ineficiencia fiscal

Ramon García*

En el marco de un descontento global por la brutalidad policial, el 4 de mayo del 2020 fue asesinado un joven ciudadano jalisciense a manos de la policía local: Giovanni, albañil de profesión, fue detenido con exceso de fuerza el 3 de mayo del 2020 en la ciudad de Ixtlahuacán de los membrillos (aledaña a la capital de Jalisco) y encontrado muerto por sus familiares al día siguiente con signos de tortura.

Esto provocó una profunda indignación en la población, que revivió el hastío por la violencia en el Estado: Guadalajara, la capital de Jalisco, es una de las ciudades más violentas del mundo según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que donde desaparecen 7 (RNEPED)[1] personas cada día y se comete un homicidio cada 3 horas y media (SESNSP).[2]

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

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La esperada futura experiencia de justicia transicional en el continente americano: Venezuela

Eduardo Trujillo Ariza*

El continente americano, con sus desbalances históricos, que obedecen en buena medida a un desarrollo económico diverso, mayor o menor estabilidad en sus democracias, coqueteos con autoritarismos militaristas, autoritarismos socialistas y modernamente los populismos, sin duda es un continente con particularidades propias, pero en buena medida y salvo contadas excepciones, durante las transcurridas dos décadas del siglo XXI, ha sido un continente en paz.

Esa realidad macro del continente americano, cuando se focaliza en cada uno de los países que lo componen, adquiere unos matices particulares producto de situaciones como conflictos armados de grupos guerrilleros y paramilitares, actuación impune de cárteles de narcotráfico, violencia política, racismo, xenofobia y delincuencia común, entre otras. En consecuencia, esa paz de la visión macro, en una visión micro, no es del todo cierta.

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Canadian companies can be sued for human rights violations abroad

Isabel Davila Pereira*

Versión en español aquí.

On February 28, 2020, the Supreme Court of Canada (‘SCC’ or ‘the Court’) issued a landmark decision opening the path to hold corporations civilly liable for violations of international human rights law. The majority of the Court held that customary international law is part of Canadian law[1] and that international human rights law must be understood today as applying to corporations as well as to states.

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Compañías canadienses pueden ser demandadas por violaciones de derechos humanos en el extranjero

Isabel Dávila Pereira*

English version here.

El 28 de febrero de 2020 la Corte Suprema de Canadá publicó una decisión emblemática que permitiría establecer la responsabilidad civil de compañías canadienses por violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero. La mayoría de la Corte sostuvo que el derecho internacional consuetudinario forma parte del derecho canadiense[1] y que en la actualidad debe entenderse que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable a corporaciones, al igual que a Estados.

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