Five meanings of #1M for El Salvador

Ursula Indacochea*

Versión en español aquí.

On May 1, 2021, the Legislative Assembly of El Salvador resolved -as the first act in its first session- to remove all the magistrates and alternate magistrates of the Constitutional Chamber and the Attorney General of the Republic from their positions, and to directly appoint their replacements, placing in these positions a group of lawyers and a lawyer, respectively, related to their interests. These acts were unanimously condemned by international human rights organizations and civil society organizations throughout the region, as a repetition of the disastrous authoritarian experiences of the past and as a current threat to hemispheric democracy. One year later, the impacts of these actions have been manifold; some of them have become clearer with the passage of time. In this article I offer five approaches to these events with the purpose of making their different effects visible. 

1. Serious violations of all the guarantees of judicial independence

International human rights law guarantees judicial independence, both at the institutional level (of the judiciary as a whole) and at the personal level (of each individual judge). Various bodies, both of the United Nations system and the Inter-American system, have developed the contents of this guarantee: (i) an adequate appointment process, (ii) the guarantee of irremovability and (iii) the guarantee against external pressures. 

The events of May 1 violated all of these, without exception. The removal of high magistrates, based on the content of their decisions, without a serious cause previously established by law, and without due process, violated the guarantee of the irremovability of the members of the Constitutional Chamber. The pressures that forced the voluntary resignations of almost all the legitimate magistrates of this body -through letters with identical wording-, and the use of public force to take over the facilities of the Supreme Court of Justice and prevent them from entering their offices (in addition to installing their replacements), violated the guarantee against external pressures. Finally, the direct appointment without following the selection mechanism foreseen in the internal rules violated the guarantee of an adequate selection process.

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Cinco significados del #1M para El Salvador

Úrsula Indacochea*

English version here.

El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió –como primer acto en su primera sesión– remover de sus cargos a la totalidad de magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y designar directamente a sus reemplazos, colocando en estos cargos a un grupo de abogados y una abogada afines a sus intereses. Estos actos fueron condenados de forma unánime por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles de toda la región, como una reedición de las nefastas experiencias autoritarias del pasado y como una amenaza actual a la democracia hemisférica. Un año después, sus impactos han sido múltiples; algunos de ellos han podido verse con mayor claridad con el paso del tiempo. En este artículo ofrezco cinco aproximaciones a estos hechos con el propósito de visibilizar sus distintos efectos. 

1. Violaciones graves a todas las garantías de la independencia judicial

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza la independencia judicial, tanto a nivel institucional (del Órgano Judicial como un todo) como a nivel personal (de cada uno de los jueces y juezas de forma individual). Diversos organismos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado los contenidos de esta garantía: (i) un adecuado proceso de nombramiento, (ii) la garantía de la inamovilidad y (iii) la garantía frente a presiones externas. 

Los hechos del 1 de mayo vulneraron todas ellas, sin excepción. La remoción de altas magistraturas, basada en el contenido de sus decisiones, sin que exista una causa grave previamente establecida en la ley, y sin un debido proceso, violó la garantía de la inamovilidad de quienes integraban la Sala de lo Constitucional. Las presiones que forzaron las renuncias voluntarias de casi todos los magistrados legítimos de este órgano –mediante cartas con una redacción idéntica–, y el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia e impedirles el ingreso a sus despachos (además de instalar a sus reemplazos), violó la garantía frente a presiones externas. Finalmente, la designación directa y sin seguir el mecanismo de selección previsto en las normas internas violó la garantía que exige un adecuado proceso de selección.

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El Salvador and the false discourse on judicial independence

Ursula Indacochea Prevost*

Versión en español aquí.

Last Wednesday, March 16, a public hearing was held before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to address the situation of judicial independence in El Salvador. In it, the petitioning organizations presented to this international body a reading of various decisions, facts and arbitrary reforms that occurred in 2021, as a strategy to capture the justice system, executed with the deliberate aim of neutralizing its ability to control power and protect human rights

The State, for its part, deployed an opposite narrative: all these acts would have obeyed, rather, to the objective of «strengthening and modernizing» a justice system «inefficient and conducive to widespread impunity». In this note, I intend to answer some of these arguments to demonstrate that there are reasonable grounds to consider that the state’s commitment to judicial independence is not sincere or, even, that there is a manipulation or appropriation of the discourse in defense of judicial independence, for purposes contrary to those stated.

As a starting point, it is worth briefly summarizing the civil society approach. It was argued that the Salvadoran justice system -which includes both the judiciary and the Attorney General’s Office- has been the object of a strategy of capture by the political power currently in government, executed in various stages. 

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El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

English version here.

El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

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Las violencias invisibles contra juezas y fiscalas

Úrsula Indacochea*

Cuando en julio de 2021, la jueza Soledad Blácido ordenó al Congreso peruano suspender la elección de magistraturas al Tribunal Constitucional, ante evidencia de graves irregularidades, los diarios exhibieron la fotografía de su rostro en primer plano y los congresistas se unieron para calificarla como una “jueza de cuarta categoría” debido que ejercía el cargo en un régimen de provisionalidad. En Guatemala, la funcionaria judicial que más denuncias acumula en su contra -alrededor de 80- es Erika Aifán, valiente jueza a cargo de los complejos casos de corrupción contra las élites más poderosas del país. Para afectar su independencia, grupos de poder han llegado incluso a cuestionar su estabilidad mental, y a solicitar que se le practiquen pericias psiquiátricas. ¿Qué tienen en común estas formas de violencia? ¿Es la criminalización y la violencia contra las mujeres que integran los sistemas de justicia, diferente a la que enfrentan sus pares varones? 

El informe más reciente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, titulado “Participación de la mujer en la administración de justicia”, aborda los diversos obstáculos que afectan la mayor presencia, ascenso, y permanencia de las mujeres en los sistemas de justicia. Entre ellos, resalta la particularidad de la violencia que afecta las mujeres que se desarrollan profesionalmente en el ámbito de la justicia, que reconoce impregnada de estereotipos de género, y que tiene un poderoso impacto en sus carreras profesionales. 

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La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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The Root of the Problem: Our Recommendations to the Biden Administration for Tackling Corruption in Central America’s Northern Triangle

Ursula Indacochea* and Katharine Valencia**

Versión en español aquí.

President Joe Biden’s Administration has been very clear that one of its top priorities is addressing the massive migration of people to the United States, mostly from Honduras, Guatemala, and El Salvador. Biden has opted to distance himself from the human rights-violating policies and the hostile and criminalizing narrative of his predecessor in office, Donald Trump; and instead, has promised a humanitarian approach and effective measures to attack the real underlying problems: insecurity, hopelessness and lack of opportunities and welfare in the countries of origin, which force people to migrate. 

This “root causes strategy» is being constructed with the involvement of several agencies, and rests on a sound premise: the need to understand the structural nature of the causes of migration, and that these causes cannot be resolved either in the short term or solely with the transfer of financial resources to governments. Where to begin, then, in addressing these issues?

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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Bolivia: Independencia judicial en la encrucijada

Ramiro Orias* y Úrsula Indacochea**

Bolivia enfrenta el efecto combinado de varias crisis coyunturales –política, electoral, económica, social– a la que vino a sumarse la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Un peligroso ‘coctel’ que aumenta la tensión y pone en riesgo el proceso de transición democrática y el restablecimiento de la normalidad institucional. Este escenario, además, profundiza una crisis estructural, de larga data, la crisis judicial.

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¿Los inocentes a las Cortes de Guatemala?

Ursula Indacochea*

El proceso de elección de Cortes en Guatemala está llegando a su etapa final. En los próximos días, se debe convocar al Pleno del Congreso para que los diputados, de forma individual y a viva voz, elijan a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de todas las cortes de apelaciones del país, a partir de las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación. Una porción importante de aspirantes, sin embargo, están bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por su vinculación a un grave caso de corrupción judicial. No es cualquier caso: se trata del intento de manipulación corrupta de esta misma elección. Ellos y ellas alegan que excluirlos por ese motivo sería inconstitucional y que debe presumirse que son inocentes.

En este contexto, es fundamental reflexionar acerca de los alcances de la presunción de inocencia y su aplicación los procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas. Se trata de uno de los momentos fundamentales de la justicia, y la existencia de denuncias penales, investigaciones y procesos sancionadores -judiciales o administrativos- en curso contra personas candidatas, es un elemento que debe ser cuidadosamente ponderado por los órganos evaluadores, nominadores y electores. Este post tiene el propósito de dar algunas luces que contribuyan a aclarar este tema.

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