Katerina Parsons
Asociación para una Sociedad más Justa – Estados Unidos
Coordinadora de Comunicaciones – EEUU
Con políticos en los bolsillos de los narcotraficantes y cientos de millones de dólares robados de las arcas del gobierno, Honduras ha estado atormentada por las acusaciones de corrupción rampante, enriquecimiento ilícito y crimen organizado.
Katerina Parsons
Director of Communications (United States)
Association for a More Just Society (AJS)
With politicians in the pockets of drug traffickers and hundreds of millions of dollars robbed from government coffers, Honduras has been racked by accusations of grand corruption, illicit enrichment, and organized crime.
Lieselotte Viaene
Marie Curie Research Fellow
Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal
Artículo originalmente publicado en Plaza Pública
Río Chixoy, Guatemala Foto: L. Viaene
En marzo de este año, Nueva Zelanda estableció un precedente legal mundial al otorgar el estatus de persona jurídica al río Whanganui, parte del territorio del pueblo indígena Maori Iwi. La ley Te Awa Tupua reconoce este río como un antepasado, una entidad viva, poniendo fin a una lucha de 140 años de este pueblo indígena por el reconocimiento de su relación espiritual con el río. Pocos días después, la corte suprema del estado Uttarakhand en la India, citando la decisión del parlamento neozelandés, decidió que los ríos Ganges y su afluente Yamuna, ambos considerados sagrados por los hindúes, tienen derechos como los seres humanos con el objetivo evitar que los ríos sigan con altos niveles de contaminación. También la Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia de abril de este año, considera el río Atrato en la provincia de Chocó, principalmente territorio afro-descendiente, como sujeto de derecho ordenando al Estado un plan de protección contra la minería desbordada.
Katya Salazar, Directora Ejecutiva, DPLF
Artículo publicado originalmente en la revista Dfensor de abril 2017
En sentido contrario a los principios que ambos órganos promueven para la elección de altos funcionarios judiciales a nivel nacional, los procesos de selección de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) son poco transparentes y participativos. Aunque hasta el momento la mayoría de integrantes de ambos órganos han reunido los requisitos convencionales, la poca o nula transparencia que existe en cuanto al mecanismo seguido para la selección de candidatos/as a nivel nacional ha permitido que en algunos casos la postulación de una persona dependa más de su cercanía con el poder ejecutivo del país que la postula que de sus capacidades, méritos y sobre todo su idoneidad para el cargo. Por otro lado, la forma en que se realiza la elección de nuevos integrantes de ambos órganos por la Asamblea General de la OEA es también bastante opaca y responde más a consideraciones políticas que se expresan en el intercambio de votos entre Estados, que a una evaluación seria de las capacidades del candidato o candidata y su idoneidad para el cargo, proceso que solo algunos estados realizan[1].
Ted Piccone
Senior Fellow, The Brookings Institution
Artículo publicado en el blog Order from Caos de The Brookings Institute
Con algunas palabras rimbombantes sobre los valores que orientan en todo momento la política exterior estadounidense, el secretario de Estado Rex Tillerson dejó muy en claro que, cuando se trata de políticas concretas, lo que priman son la seguridad nacional y los intereses económicos. Los principios bien intencionados como la libertad y los derechos humanos pesan sobre nuestras espaldas, a modo de ángel guardián que nos susurra que hagamos lo correcto… pero solo cuando ello sea conveniente a intereses económicos y de seguridad más preponderantes. Al dar instrucciones a su equipo de diplomáticos, Tillerson manifestó:
“realmente tenemos que entender, en cada país o región del mundo con la cual tratamos, cuáles son nuestros intereses de seguridad nacional, cuáles son nuestros intereses de prosperidad económica, y luego, en la medida en que podamos promocionar y avanzar nuestros valores, deberíamos hacerlo…”.
Jan Jarab
Representante en México de la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Artículo publicado originalmente en La Jornada
Foto: AFP
En términos de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, los primeros cuatro meses de 2017 han sido escalofriantes: por lo menos seis asesinatos de periodistas, dos de activistas y dos escoltas de beneficiarios del mecanismo nacional de protección. Pero la pesadilla parece no tener fin. En los días recientes, en menos de una semana se suman dos nuevas víctimas: una protagonista del movimiento de familias de personas desaparecidas de Tamaulipas, Miriam Rodríguez, y el destacado periodista Javier Valdez en la capital de Sinaloa.
Ramiro Orías
Oficial de Programa Sénior DPLF
Ursula Indacochea
Oficial de Programa Sénior,
Coordinadora del Área de Independencia Judicial en DPLF
Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.
