Three Challenges for the Inter-American System and the Right to Free, Prior, and Informed Consultation

Cristina Blanco*

Article published in the 22nd edition of Aportes.

Versión en español aquí.

In Latin America, few indigenous peoples’ rights have received as much attention as the right to free, prior, and informed consultation and consent (FPIC). In a region with enormous cultural diversity and high levels of social conflict associated with extractive and investment projects, indigenous peoples have used FPIC as a tool to resist the impacts of those projects on their territories. State authorities, the private sector, financial institutions, and other actors have also viewed prior consultation as a key tool for preventing social conflict.

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Tres retos para el Sistema Interamericano y el derecho a la consulta previa, libre e informada

Cristina Blanco*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

English version here.

En América Latina pocos derechos de los pueblos indígenas han recibido tanta atención como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI). En una región caracterizada por su enorme diversidad cultural y altos niveles de conflictividad social asociada a proyectos extractivos y de inversión, los pueblos indígenas han usado la CPLI como una herramienta para resistir los impactos de dichos proyectos sobre sus territorios. Igualmente, autoridades estatales, sector privado, entidades financieras, entre otros actores, han visto en la consulta previa una herramienta clave para la prevención de conflictos sociales.

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¿Necesitamos una consulta popular para investigar ex presidentes mexicanos?

Estefania Medina y Adriana Greaves*

El pasado 15 de septiembre el presidente de México presentó al Congreso una propuesta de consulta popular, con la finalidad de que se lleve a cabo una consulta a la ciudadanía sobre si se deberían investigar y sancionar a ex- presidentes por posibles delitos que ocurrieran en el pasado.

Sin embargo, la pregunta presentada por el Presidente resulta por demás innecesaria, toda vez que conforme a la Constitución y las leyes mexicanas la Fiscalía General de la República (que desde 2019 es un órgano constitucional autónomo), o en su caso las fiscalías estatales, tiene la obligación de iniciar investigaciones cuando se tiene conocimiento de cualquier hecho que pueda ser un delito, por lo cual, para el inicio de estas investigaciones basta la presentación de una denuncia o el conocimiento de los hechos para dar paso a estas investigaciones.

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From the right to prior consultation to self-determination: reflections from the DPLF experience

Daniel Cerqueira*

Article published in the 22nd edition of Aportes.

Versión en español aquí.

An important part of DPLF’s work, through its Human Rights and Natural Resources program, has been to reinforce the inclusion of international standards on free, prior, and informed consultation (FPIC) in the norms, public policies, and case law of Latin American states. We have worked to provide legal support to civil society organizations (CSOs) and indigenous movements that are working to incorporate these standards into the laws and practices of their States. To this end, we have carried out advocacy activities, published case law digests, prepared specialized studies and analyses, monitored judicial proceedings, and filed amicus curiae briefs in emblematic cases.

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Del derecho a la consulta previa a la libre determinación: reflexiones desde la experiencia de DPLF

Daniel Cerqueira*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

English version here.

Una parte importante del trabajo de DPLF, desde el programa Derechos Humanos y Recursos Naturales, ha sido fortalecer la incorporación de estándares internacionales sobre la consulta previa, libre e informada (CPLI) en normas, políticas públicas y jurisprudencia de los Estados latinoamericanos. Nuestra labor ha sido brindar un aporte jurídico a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y movimientos indígenas que trabajan por la incorporación de los referidos estándares en las normas y prácticas de sus Estados. Para ello, hemos realizado actividades de incidencia, publicado digestos de jurisprudencia, elaborado estudios y análisis especializados, hemos monitoreado procesos judiciales y presentado escritos de amicus curiae en casos emblemáticos.

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¿Derecho humano a la reelección indefinida o descontrol de convencionalidad?

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en el blog Diálogo de Derechos Humanos de la Konrad-Adenauer-Stiftung

En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) deberá emitir una opinión consultiva dirigida a precisar si el derecho a presentarse a la reelección presidencial se encuentra protegido por la Convención Americana (CADH) o si puede ser restringido por el ordenamiento de los Estados que integran el Sistema Interamericano (SIDH).

Este ensayo busca contextualizar dicho debate a partir de un análisis crítico a la manera como algunas cortes constitucionales cooptadas por gobiernos de turno han desvirtuado la figura del control de convencionalidad para fundamentar la existencia de un “derecho humano a la reelección” protegido bajo el art. 23 de la CADH.

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Democracia y Derechos Humanos: A propósito de la Sentencia en el Caso Petro Urrego Vs. Colombia

Ramiro Orias Arredondo*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en fecha 8 de julio del 2020 ha pronunciado su Sentencia en el caso Petro Urrego vs Colombia, con referencia a violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación general por el término de quince años del señor Gustavo Francisco Petro Urrego como Alcalde de Bogotá como efecto de una sanción impuesta por el Procurador General de la Nación de Colombia.

Esta sentencia es importante porque ratifica decisiones anteriores con relación a la inconvencionalidad de sanciones administrativas que restringen o limitan derechos políticos de un funcionario público que ocupan cargos de elección popular.

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Interferencias indebidas a órganos de la justicia internacional: el reciente caso de la CPI

Michelle Reyes Milk*

El pasado 2 de septiembre, el mundo del Derecho Penal Internacional fue una vez más sacudido por un nuevo acto de intimidación contra la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la administración de Trump, esta vez dirigido a la más alta autoridad en materia de investigación: la propia Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda. En concreto, a inicios de este mes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció que Estados Unidos tomaría una serie de medidas contra la Fiscal Bensouda y contra un integrante clave de su equipo, Phakiso Mochochoko, Director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, que incluyen la imposición efectiva de sanciones contra dichos altos funcionarios, incluyendo congelamiento de sus activos y bloqueo de sus propiedades. Asimismo, se podrían adoptar sanciones contra otras personas que brinden apoyo material a las potenciales investigaciones contra nacionales estadounidenses.

La medida implementa la Orden Ejecutiva 13298 adoptada en junio de este año por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, denominada “Bloqueo de las Propiedades de Ciertas Personas Asociadas con la Corte Penal Internacional”, adoptada argumentando una amenaza contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, así como una emergencia nacional.

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Bolivia: Independencia judicial en la encrucijada

Ramiro Orias* y Úrsula Indacochea**

Bolivia enfrenta el efecto combinado de varias crisis coyunturales –política, electoral, económica, social– a la que vino a sumarse la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Un peligroso ‘coctel’ que aumenta la tensión y pone en riesgo el proceso de transición democrática y el restablecimiento de la normalidad institucional. Este escenario, además, profundiza una crisis estructural, de larga data, la crisis judicial.

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Perú: nueva crisis política de una república bicentenaria pero aún adolescente

David Lovatón Palacios*

El Perú: retrato de un país adolescente

(Luis Alberto Sánchez)

Una nueva crisis política tuvo en vilo a todo el país. En sesión del pleno del Parlamento del pasado 10 de septiembre, un congresista difundió tres (03) audios de conversaciones privadas sostenidas por el presidente de la República, sus asistentes más cercanas y un personaje de la farándula nacional. Sólo en uno de dichos audios se escuchan algunas afirmaciones del presidente que podrían acarrear una posible responsabilidad penal por obstrucción de la justicia luego, por cierto, de las respectivas investigaciones fiscales y judiciales. Sin embargo, estos audios bastaron para que, al día siguiente, un grupo importante de congresistas aprobara una moción de vacancia por la causal de “incapacidad moral permanente” contemplada en el artículo 113.2° de la Constitución. Si bien el pasado 18 de septiembre la mayoría del Parlamento rechazó esta vacancia presidencial, cualquier cosa pudo pasar y cualquier cosa aún puede ocurrir hasta las elecciones generales de abril del 2021. En forma innecesaria e irresponsable, sumaron una nueva crisis política a la catástrofe sanitaria y económica que el Perú viene padeciendo como consecuencia de la pandemia.

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