The importance of controlling Leviathan

Adriana García García*

In the mid-17th century, the English philosopher Thomas Hobbes used the image of a biblical monster, the Leviathan, to illustrate the power of the State and its function of maintaining social order. It has since remained a symbol of fear-invoking power and unmatched sovereign strength.

The foundation for the potentially monstrous power of the Leviathan is one of the main obligations of the State, perhaps the most primary one of them all:  to maintain security within its territory. If a State does not fulfill that function, all other possible aspirations, from the offer of high-quality public services, to economic development and the respect and promotion of fundamental rights, are deeply compromised and, in extreme circumstances, can become even impossible.

The problem is that, to fulfill the responsibility of providing security, the State needs to have a monopoly on the legitimate use of violence.

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Corte Interamericana cierra la puerta a la reelección presidencial indefinida: Comentarios a la Opinión Consultiva 28/21 (Parte I)*

Daniel Cerqueira**

El pasado 13 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH). Solicitada por Colombia, la opinión interpreta los tratados relevantes del SIDH, a la luz de la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La decisión cierra la puerta a la interpretación heterodoxa que algunas cortes de la región han hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), según la cual los presidentes en ejercicio poseen un derecho humano a disputar la reelección de forma indefinida. Este artículo comenta algunos aspectos de la opinión y subraya su relevancia en un continente en donde el continuismo presidencial ha sido la antesala del debilitamiento del Estado de Derecho y de conflictos políticos y sociales, casi siempre enmarcados en graves violaciones de derechos humanos. A modo de consideraciones finales, el artículo comenta algunas imprecisiones argumentativas de la OC 28/21 que han sido recogidas en el voto disidente de los jueces Pazmiño y Zaffaroni y en parte de la doctrina.

Democracia, Estado de derecho y derechos humanos

La OC 28/21 interpreta las disposiciones referidas a derechos políticos de la CADH y de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, a la luz de la Carta Democrática Interamericana y de la Carta de la OEA. La armonización entre el marco normativo del SIDH (que regula las obligaciones de los Estados frente a las personas) y el marco legal de la OEA que regula exclusivamente la relación entre Estados, es un paso fundamental que reivindica el vínculo indisoluble entre el goce efectivo de los derechos humanos y los requisitos mínimos en una democracia representativa, tales como la alternancia en el poder; la existencia de elecciones libres, transparentes y periódicas; el pluralismo político; la separación y autonomía entre poderes. 

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Desjudicializar el neocolonialismo: 10 ideas y 10 propuestas básicas para cambiar la justicia en Bolivia

Eduardo Rodríguez Veltzé*

Publiqué estas notas en 2012 cuando me dedicaba a la actividad académica en la Universidad Católica Boliviana. Las volví a presentar en 2016 cuando parecía recobrar actualidad el debate para abrir un proceso de reformas estructurales al sistema judicial. Hoy en 2021, vuelvo a ellas para aportar al todavía vigente asunto que ha cobrado especial interés a partir de la reciente presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

El informe aborda en un capítulo especial las situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática, entre ellas examina el funcionamiento de la justicia en Bolivia a partir de cuatro elementos: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. El GIEI advierte que “el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.

Espero que las siguientes ideas, pese a los años transcurridos, contribuyan a la reflexión sobre la importancia del asunto y sobre todo a lograr consensos entre los actores que pueden hacer posible la transformación de la justicia en Bolivia.

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The Urgent Need to Consolidate Democracy and the Rule of Law in Haiti

Gaël Pétillon*

Versión en español aquí. 

According to the Haitian Constitution, the legislative, executive, and judicial powers constitute the essential foundation on which the State’s organization is based. Within the exercise of their respective powers, duties, and functions, they are entirely independent. However, since January 2020, the failure to hold legislative elections has resulted in a gradual deterioration of this branch of power, the mandate of all deputies and two thirds of the senate having ended. The assassination of President Jovenel Moïse on the night of July 6th to 7th, as well as the death of the President of the Court of Cassation have worsened the situation from an institutional standpoint. This situation has exacerbated the dysfunction of the three branches: the National Assembly and the Superior Council of the Judiciary (Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire – CSPJ) are now null, while the executive struggles to lead the nation effectively. An institutional vacuum is being created on top of the political and health crisis. Moreover, the recent earthquake of August 14, 2021 generated additional urgent needs, further exacerbating the aforementioned shortcomings and suggesting an upcoming deterioration of the human rights situation in Haiti.

The Recurrence of Violent Acts

For more than two years, Haitians have been facing an increase in organized banditry, with armed groups being present in several neighbourhoods of the capital and other provincial towns. This banditry has resulted in numerous gross human rights violations, including massacres, kidnappings, rapes, and street assassinations. Some neighbourhoods, under the control of armed groups who regularly clash to gain more territory, are left to their own devices, the bandits having driven the police away from precincts.

The proliferation of these groups and the recurrence of violent clashes have led to the displacement of nearly ten thousand Haitians, particularly affecting populations in vulnerable situations such as women, children, people living in poverty, as well as those living with disabilities. Typically living in makeshift shelters, these internally displaced people are subject to all kinds of human rights violations. When fleeing their homes, women and girls are particularly vulnerable to gender-based violence, including but not limited to sexual violence.

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La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

English version here. 

Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

El recrudecimiento de actos violentos

Desde hace más de dos años, los haitianos se enfrentan a un aumento de pandillas, con presencia de grupos armados en varios barrios de la capital y otras provincias. Este fenómeno ha dado lugar a numerosas y graves violaciones de los derechos humanos, como masacres, secuestros, violaciones y asesinatos callejeros. Algunos barrios, bajo el control de grupos armados que se enfrentan regularmente para ganar más territorio, están abandonados a su suerte, ya que los bandidos han expulsado a la policía de los recintos.

La proliferación de estos grupos y la recurrencia de los enfrentamientos violentos han provocado el desplazamiento de cerca de diez mil haitianos y haitianas, afectando especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas que viven en la pobreza, así como los discapacitados. Usualmente viviendo en refugios improvisados, estas personas desplazadas internas, son objeto de todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Al huir de sus hogares, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia sexual.

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Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa: Reflexiones en torno a la próxima elección

Evelyn Villarreal Fernández*

Costa Rica atraviesa por uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente. En este período el Ministerio Público (MP) ha sido cuestionado por su efectividad en casos de alto perfil anteriores y, sin duda, será sometido a un fuerte escrutinio en el desarrollo del caso más reciente denominado “Cochinilla“. En medio de esta investigación, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio se acogió de inmediato y anticipadamente a su derecho de pensión, después de recibir críticas por la inhibición que había presentado para no ser parte del caso[1]. 

No es la primera vez que la fiscalía general queda vacante en un contexto de cuestionamientos. De hecho el nombramiento de la fiscala fue realizado en un momento donde se ventilaba otro escándalo de alto perfil (conocido como “Cemento chino“) a finales de 2017, cuando el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán fue involucrado y también se acogió a su derecho de pensión.   

Un mes después de su retiro, la ex fiscala -ahora jubilada- presentó una denuncia por persecución ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, argumentando que fue presionada por magistrados y magistradas para dejar el cargo: 

“[L]as represalias hacia la Fiscalía General de la República constituía, en realidad, una estrategia para censurar desde las esferas de poder político y económico las acciones contra la corrupción, debilitar el trabajo de Fiscales y Fiscalas, desviar la atención de las personas ciudadanas y capturar ilegítimamente al Ministerio Público por razones políticas.”[2]

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Dilemas para la justicia y la verdad a la luz del informe de GIEI-Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Luego de los hechos de violencia que sucedieron en Bolivia en el marco de la crisis política, electoral y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de  derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas fallecidas en diversos lugares del país.

Después de ocho meses de intenso trabajo, pese a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, el GIEI-Bolivia presentó su informe final, que refleja un enorme esfuerzo investigativo para contribuir a esclarecer esos hechos. Uno de los mayores valores de este informe, es que aborda –con mucho detalle y rigor – los principales hechos de violencia y graves violaciones de derechos humanos cometidas, tomando como norte las voces de las propias víctimas, que constituyen el centro de las preocupaciones y recomendaciones del documento, sin diferenciar su posición política o sector social. El informe concluye remarcando la necesidad de: “Reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”[1]. Sin ello no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social.

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Lending an Ear to Venezuela

Ana Lorena Delgadillo*

Versión en español aquí. Originally published in Proceso.

Recently, I had the opportunity to visit Venezuela for the second time in three years. In my last visit in December 2018, I recall witnessing disturbing food and medicine shortages. This time round, I experienced a different Venezuela, but in a worse situation.

Despite the heartbreaking situation, Venezuela overflows with humanity and affection. While talking to Venezuelans, it is impossible not to think of the destruction wrought upon the democracy and institutions in the country.  In its 2020 report, The International Independent Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, created by the United Nations Human Rights Council, noted that serious human rights violations have been committed since 2014. The Mission also identified patterns and “highly coordinated crimes in accordance with State policies and part of a widespread and systematic course of conduct that constitutes crimes against humanity.” 

A recent report by the International Commission of Jurists states that “[t]he Supreme Court of Justice, long controlled by the Executive Branch, has managed the collapse of the rule of law in the country as more than 85% of the judges hold provisional positions, are subject to political pressure, and are directly pressured to issue judicial decisions in favor of the government and against human rights defenders and political dissidents.

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Escuchar a Venezuela

Ana Lorena Delgadillo*

English version here. Publicado originalmente en Proceso.

En días recientes tuve la oportunidad de visitar Venezuela por segunda vez. Mi primer viaje lo hice en diciembre de 2018, cuando recuerdo haber sido testigo de gran escasez y desabasto de alimentos y medicinas. Esta vez me encontré con una Venezuela diferente, pero no en mejor situación. 

Venezuela rompe el corazón, pero impregna con su humanidad y cariño. Es imposible no pensar, mientras uno platica con las y los venezolanos, cómo se fue destruyendo su democracia y sus instituciones. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló en su informe de 2020, que desde 2014 se han cometido  graves violaciones de derechos humanos y se identificaron, de igual forma, patrones y “crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”. 

Un informe reciente de la Comisión Internacional de Juristas señala que “[e]l Tribunal Supremo de Justicia, controlado desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, ha gestionado el colapso del Estado de derecho en el país, ya que más de 85% de los jueces ocupan cargos provisionales, están sometidos a presiones políticas, y reciben presiones directas para que emitan decisiones judiciales en favor del gobierno y en contra de personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos”.

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La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

Los casos a los que hace referencia son tres: El caso López Lone y Otros contra Honduras de 2015 y el caso Urrutia Labreaux contra Chile de 2020, ambos ya resueltos por la Corte IDH. El tercero es el caso Nissen Pessolani contra Paraguay, que se encuentra aun en trámite ante la Corte IDH, por lo que en este caso me referiré a la posición planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo.

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