La reelección presidencial en El Salvador

Daniel Olmedo*

El 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de El Salvador, sin procedimiento previo, destituyó a magistrados y magistrada del tribunal constitucional: la Sala de lo Constitucional (SC). La SC de inmediato declaró inconstitucional tal destitución, pero la asamblea desobedeció la orden judicial. Nombró a otras personas en el tribunal, y estas, apoyadas de la fuerza policial, ocuparon el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hoy continúan operando como si fueran magistrados del tribunal constitucional.

Ese órgano de facto –que aquí denominaremos Sala de lo Constitucional impuesta (SCi)– ha firmado durante todo este tiempo documentos que pretende hacer pasar por legítimas resoluciones judiciales. Uno de ellos fue el emitido el 3 de septiembre de 2021 –que aquí llamaremos la presunta resolución–. En él, la SCi autorizó la reelección presidencial inmediata, aún cuando la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente. Lo mismo ya habían hecho Daniel Ortega (Nicaragua) en 2009, y Juan Orlando Hernández (Honduras) en 2015.

La vigente Constitución salvadoreña de 1983 reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia; lo que implica prohibir la reelección presidencial inmediata. Desde 1841, ocho constituciones consistentemente han recogido una postura similar; pero hubo un deleznable paréntesis: en 1939 el dictador Maximiliano Hernández Martínez aprobó una nueva Constitución y autorizó la reelección presidencial «por esta única vez». El dictador se reeligió para el período 1939-1944, pero en 1944  nuevamente volvió a reformar la Constitución para eliminar la frase «por esta única vez» que él mismo había escrito años antes. Unos meses después de reelegirse, presentó su renuncia tras la insurrección no violenta conocida como Huelga de brazos caídos[1].

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Estado de excepción y populismo punitivo en El Salvador

Leonor Arteaga Rubio*

Publicado originalmente en el blog Agenda Estado de Derecho del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Tras un fin de semana violento en El Salvador, con más de 80 homicidios cometidos presuntamente por pandillas, a solicitud del presidente Nayib Bukele vía Twitter y sin ninguna discusión, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de estado de excepción por 30 días -prorrogado por otros 30 días-, con el cual se suspenden derechos fundamentales como el de reunión y asociación, y otros que forman parte de las garantías judiciales: los derechos a saber los cargos que se le imputan, a contar con abogado/a, y a no confesar contra sí mismo.

Esta reacción frente a la escalada de violencia se explica, en parte, porque el gobierno de Bukele ha asentado el éxito de su política de seguridad en el descenso de la tasa de homicidios, especialmente dado que, hasta hace unos años, El Salvador ocupaba los primeros lugares en el mundo en ranking de muertes violentas. Se desconoce las razones del súbito aumento de asesinatos, pero expertos sugieren que se debe a una fractura de un pacto secreto entre este gobierno y las pandillas para reducir la violencia letal a cambio de beneficios financieros e impunidad.

Sin duda, la violencia endémica que ha enfrentado El Salvador por años, incluyendo este episodio, demandan acciones urgentes que protejan la vida y la integridad de las personas frente a la criminalidad; pero, este estado de excepción y las otras medidas represivas adoptadas han levantado alarmas nacionales e internacionales debido a que contradicen los más básicos derechos humanos. Cabe recordar, que estas recientes decisiones de la actual administración se dan en un contexto de deterioro del Estado de derecho y cooptación del sistema judicial.

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Five meanings of #1M for El Salvador

Ursula Indacochea*

Versión en español aquí.

On May 1, 2021, the Legislative Assembly of El Salvador resolved -as the first act in its first session- to remove all the magistrates and alternate magistrates of the Constitutional Chamber and the Attorney General of the Republic from their positions, and to directly appoint their replacements, placing in these positions a group of lawyers and a lawyer, respectively, related to their interests. These acts were unanimously condemned by international human rights organizations and civil society organizations throughout the region, as a repetition of the disastrous authoritarian experiences of the past and as a current threat to hemispheric democracy. One year later, the impacts of these actions have been manifold; some of them have become clearer with the passage of time. In this article I offer five approaches to these events with the purpose of making their different effects visible. 

1. Serious violations of all the guarantees of judicial independence

International human rights law guarantees judicial independence, both at the institutional level (of the judiciary as a whole) and at the personal level (of each individual judge). Various bodies, both of the United Nations system and the Inter-American system, have developed the contents of this guarantee: (i) an adequate appointment process, (ii) the guarantee of irremovability and (iii) the guarantee against external pressures. 

The events of May 1 violated all of these, without exception. The removal of high magistrates, based on the content of their decisions, without a serious cause previously established by law, and without due process, violated the guarantee of the irremovability of the members of the Constitutional Chamber. The pressures that forced the voluntary resignations of almost all the legitimate magistrates of this body -through letters with identical wording-, and the use of public force to take over the facilities of the Supreme Court of Justice and prevent them from entering their offices (in addition to installing their replacements), violated the guarantee against external pressures. Finally, the direct appointment without following the selection mechanism foreseen in the internal rules violated the guarantee of an adequate selection process.

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Cinco significados del #1M para El Salvador

Úrsula Indacochea*

English version here.

El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió –como primer acto en su primera sesión– remover de sus cargos a la totalidad de magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y designar directamente a sus reemplazos, colocando en estos cargos a un grupo de abogados y una abogada afines a sus intereses. Estos actos fueron condenados de forma unánime por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles de toda la región, como una reedición de las nefastas experiencias autoritarias del pasado y como una amenaza actual a la democracia hemisférica. Un año después, sus impactos han sido múltiples; algunos de ellos han podido verse con mayor claridad con el paso del tiempo. En este artículo ofrezco cinco aproximaciones a estos hechos con el propósito de visibilizar sus distintos efectos. 

1. Violaciones graves a todas las garantías de la independencia judicial

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza la independencia judicial, tanto a nivel institucional (del Órgano Judicial como un todo) como a nivel personal (de cada uno de los jueces y juezas de forma individual). Diversos organismos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado los contenidos de esta garantía: (i) un adecuado proceso de nombramiento, (ii) la garantía de la inamovilidad y (iii) la garantía frente a presiones externas. 

Los hechos del 1 de mayo vulneraron todas ellas, sin excepción. La remoción de altas magistraturas, basada en el contenido de sus decisiones, sin que exista una causa grave previamente establecida en la ley, y sin un debido proceso, violó la garantía de la inamovilidad de quienes integraban la Sala de lo Constitucional. Las presiones que forzaron las renuncias voluntarias de casi todos los magistrados legítimos de este órgano –mediante cartas con una redacción idéntica–, y el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia e impedirles el ingreso a sus despachos (además de instalar a sus reemplazos), violó la garantía frente a presiones externas. Finalmente, la designación directa y sin seguir el mecanismo de selección previsto en las normas internas violó la garantía que exige un adecuado proceso de selección.

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Autonomía o subordinación del Ministerio Público en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tiene en su agenda el tratamiento del proyecto de Ley N° 259/2020-2021 de Modificación a la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de julio de 2012 con el único objeto de modificar su artículo 33 en relación al proceso de designación de fiscales departamentales, estableciendo que estas autoridades intermedias del Ministerio Público pueden ser designadas por mayoría simple de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además tendrán atribuciones para evaluar, remover y aceptar la renuncia de dichos servidores públicos, cercenado las actuales atribuciones del Fiscal General de actuar en esas materias conforme a los procedimiento internos de este órgano constitucional autónomo. 

Esto significaría un enorme retroceso en los esfuerzos de reforma de la justicia en Bolivia, lo que además va en contravención a las recomendaciones y estándares internacionales pronunciados por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, que de manera específica y consistente han establecido que los Estados tienen el deber de asegurar las condiciones para que las fiscalías desarrollen investigaciones objetivas, independientes e imparciales, garantizando la autonomía de las funciones del Ministerio Público. 

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O Poder Judiciário contra as fake news no Brasil

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente no blog Agenda Estado de Derecho do Programa Estado de Direito para a América Latina da Fundação Konrad Adenauer.

Versión en español aquí.

Há algumas semanas, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram no país. A decisão foi tomada após o descumprimento de sucessivas ordens judiciais exigindo a suspensão de contas de pessoas do círculo político do presidente Bolsonaro que vinham difundindo notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro.

No fim das contas, o Ministro deixou sem efeito sua sentença, após o Telegram se comprometer a implementar uma nova política de combate às fake news, que inclui o monitoramento dos canais com amplo número de usuários, a possibilidade de publicar alertas sobre a veracidade duvidosa de notícias, entre outras. Esse artigo aborda alguns elementos da complexa relação entre liberdade de expressão e a necessidade de regular o uso de plataformas digitais para incentivar ações que põem em risco certos pilares básicos da democracia.

Em sua sentença, Moraes frisou as tentativas frustradas do Tribunal Superior Eleitoral de discutir formas de cooperação com a empresa Telegram, afim de adotar políticas de combate à desinformação. Ademais, destacou que “o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, – empresa que opera no território brasileiro, sem indicar seu representante – inclusive emanadas do Supremo Tribunal Federal – é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente…»

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Accountability Abroad for Venezuelan State Corruption (Part III): The business scheme in the “Food for Venezuela” case, and the Mexican authorities’ response

Jan-Michael Simon

Versión en español aquí.

Part I of this series analyzed two ongoing criminal cases in the U.S. involving the laundering of proceeds of Venezuelan State corruption. One of them involves kickbacks in Venezuelan government purchases of food products exported from Mexico for a Venezuelan government social program (Food for Venezuela case).

Part II examined how Mexico’s justice system has handled the Food for Venezuela case in its own jurisdiction. Compared to the consequences of a conviction in the U.S., where severe penalties and the forfeiture of the full amount of money involved can be expected, the Mexican response of seeking to close the case by signing “reparatory agreements” (acuerdos reparatorios) is inconsequential and ignores basic rules of crime prevention and international standards on the fight against money laundering; it is also hardly compatible with inter-American standards on corruption and human rights.

The third part of this series examines the business scheme in the Food for Venezuela case and the quality of the Mexican authorities’ response to the illicit nature of this scheme. The author concludes, based on the available evidence, that the business scheme would aim at disguising the financial source of the kickbacks through a clandestine form of compensation calculation. The calculation would absorb the amounts reduced by overpriced business transactions, in transactions at very low prices with substandard products of the same and/or similar category.

It is concluded that the Mexican authorities did neither establish nor disclose the illicit nature of the business scheme. This begs the question about the factual and legal reasoning that would make the case eligible for reparatory agreements. This includes questions as to who would be entitled to reparation and authorized to enter into reparation agreements.

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Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte III): El esquema de negocios en el caso «Alimentos para Venezuela» y la respuesta de las autoridades mexicanas

Jan-Michael Simon

English version here.

En la primera parte de esta serie se analizaron dos causas penales en curso en los EE. UU. sobre el blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano. Una de estas trata de comisiones clandestinas en compras de productos alimenticios exportados desde México y destinados a un programa social del Estado venezolano (caso Alimentos para Venezuela).

En la segunda parte, se analizó cómo la justicia de México aborda el caso Alimentos para Venezuela en su propio territorio. Comparada con las consecuencias de una condena en EE. UU., dónde se esperan altas penas y el decomiso del total de los capitales involucrados, se demuestra que la respuesta mexicana al caso, de buscar concluir el caso por medio de acuerdos reparatorios, es poco significante e ignora reglas básicas de la prevención del delito y estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, al tiempo que difícilmente compagina con estándares interamericanos en materia de corrupción y derechos humanos.

La tercera parte de la serie analiza el esquema de negocios en el caso Alimentos para Venezuela, y la calidad de la respuesta de las autoridades mexicanas de cara a la naturaleza ilícita de este esquema. El autor concluye, en base de los indicios disponibles, que el esquema de negocios buscaría disimular la fuente financiera de las comisiones clandestinas mediante un cálculo compensatorio oculto. Este cálculo absorbería cantidades de productos reducidas por transacciones comerciales sobrevaloradas, en transacciones a precios muy bajos con productos de la misma y/o similar categoría de calidad inferior.

Se concluye que las autoridades mexicanas no establecieron ni revelaron la naturaleza ilícita del esquema de negocios. Esto abre la interrogante sobre cuáles son los razonamientos fácticos y jurídicos que harían que el caso fuera susceptible de acuerdos de reparación. Esto incluye preguntas sobre quién tendría el derecho a la reparación y estaría facultado para firmar acuerdos de reparación.

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El Poder Judicial en Brasil contra las fake news

Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en el blog Agenda Estado de Derecho del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Hace algunas semanas, el Juez Alexandre de Moraes de la Suprema Corte de Brasil (Supremo Tribunal Federal) ordenó la suspensión de la App de mensajería Telegram en el país. Su decisión tuvo lugar tras el incumplimiento de resoluciones ordenando a la compañía inhabilitar las cuentas de personas del entorno político del presidente Bolsonaro, quienes venían difundiendo noticias falsas sobre el proceso electoral brasileño.

Finalmente, el juez dejó sin efecto su sentencia, luego de que Telegram se comprometiera a implementar una nueva política de combate a las fake news que incluyen el monitoreo de los canales con más usuarios, posibilidad de publicar alertas sobre la veracidad dudosa de noticias, entre otras. Este artículo aborda algunos elementos de la compleja relación entre libertad de expresión y la necesidad de regular el uso de plataformas digitales para incentivar acciones que ponen en riesgo ciertos pilares básicos de la democracia.

En su sentencia, Moraes subrayó los intentos frustrados del Tribunal Superior Electoral de Brasil de discutir formas de cooperación con la empresa Telegram para que implementara políticas de combate a la desinformación. Asimismo, destacó que “el desprecio por la legislación brasileña y el reiterado incumplimiento de inúmeras decisiones judiciales por Telegram –empresa que opera en el territorio brasileño, sin indicar su representante, emanada incluso del STF– es circunstancia incompatible con el orden constitucional vigente…”.

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La corrupción y la incapacidad de las instituciones en Latinoamérica

Jaime Chávez Alor*

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a nivel mundial para el desarrollo nacional. Afecta el goce y disfrute de derechos civiles y económicos, genera discriminación en la implementación de políticas públicas violando derechos humanos e incapacita a las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera plena.

En Latinoamérica la corrupción ha tenido un impacto significativo en los gobiernos y espacios públicos, convirtiéndose así en una de las mayores y más complejas problemáticas que la ciudadanía identifica en su sociedad y entorno. A partir de ello, el combate a la corrupción ha sido una creciente prioridad en la agenda pública de los países de la región. Sin embargo, sigue habiendo una discrepancia en la mayoría de los países entre la agenda pública en discurso y la realidad.

La legislación insuficiente o inadecuada para hacer frente a la corrupción, la debilidad institucional que deriva en una falta de implementación de las políticas anticorrupción, así como investigaciones ineficaces para sancionar actos de corrupción, merman el Estado de derecho.

Desde el punto de vista del derecho privado, la ausencia de garantías legales afecta el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Todo análisis de inversión implica comparar posibles destinos basados en la confiabilidad del Estado de derecho, incluyendo, por supuesto, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Además de desarrollar un plan de negocios, los inversionistas de cualquier país evalúan también, sobre todo en negocios que tocan o involucran el gobierno, el régimen anticorrupción, incluida la viabilidad de mitigar los riesgos de corrupción estatal, demoras excesivas o imprevisibilidad en la toma de decisiones regulatorias y judiciales, así como otras divergencias del Estado de derecho. Los riesgos de este tipo elevan el costo percibido de hacer negocios y, para las empresas que respetan la ley, disuaden la inversión.

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