Estado de emergencia y libertades públicas en el Perú

César Landa*

El 6 de marzo en el Perú se tuvo conocimiento público del “paciente cero” infectado con el coronavirus, proveniente de Europa; a los pocos días  la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia por su expansión mundial. Así, el 11 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria, la suspensión del reinicio de las clases escolares y universitarias; días después estableció la prohibición de reuniones de más de 300 personas, y, la cuarentena para todas las personas que arribaran de los países de Asia y Europa con focos epidémicos. Asimismo, ante el incremento exponencial de pacientes con los síntomas del Covid-19, el 15 de marzo el gobierno declaró por quince días el estado de emergencia en todo el país, por catástrofe sanitaria, suspendiendo los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho de reunión, de conformidad con el artículo 137-1 de la Constitución.

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Comentarios a la Nueva Ley de Consulta Previa del estado de Oaxaca, México

Naayeli Ramírez-Espinosa*

Oaxaca es uno de los estados de México con mayor presencia de pueblos indígenas (más del 32.2% de la población según encuesta oficial del 2015). El 22 de febrero de 2020, el Congreso de este estado publicó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamexicanas, la cual presenta considerables avances en comparación con las otras dos leyes en la materia existentes en el país (las de los estados de Durango y San Luis Potosí).

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Social Protest: A Misunderstood Right

Relevant Aspects of the IACHR Report “Protest and Human Rights”

Javier A. de Belaunde*

The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the IACHR published its report “Protest and Human Rights” in December 2019. It appears timely when massive demonstrations are being held in the streets and squares across the region. The reasons behind the demonstrations vary, but the response of most governments is common: repression and human rights abuses. Peaceful protest remains a misunderstood right. This report aims to correct this situation by defining the inter-American standards applicable to protest and denouncing the criminalization of protest as an anti-human rights process.

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Protesta social: Un derecho incomprendido

Aspectos relevantes del informe CIDH “Protesta y Derechos Humanos”

Javier A. de Belaunde*

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó su informe “Protesta y Derechos Humanos”, en diciembre 2019. Este aparece oportunamente en un momento en el cual los reclamos de la ciudadanía se extienden por las calles y plazas de la región. Los motivos detrás de las manifestaciones varían, pero lo que se repite es la respuesta de los Estados: represión y violación de derechos humanos. La protesta pacífica sigue siendo un derecho incomprendido. El informe aspira a corregir esta situación definiendo los estándares interamericanos exigibles y denunciando la criminalización de la protesta como un proceso contrario al enfoque de derechos humanos.

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¿Quiénes son las verdaderas víctimas de la corrupción?  

Estefania Medina y Adriana Greaves*

Si el día de hoy alguien entrara a nuestra casa y se llevara todas nuestras pertenencias, o si estuviéramos caminando por la calle y una persona nos atacara con un arma de fuego para quitarnos la bolsa o el celular, pareciera que es muy fácil identificar de qué clase de delitos se trata y quiénes son las víctimas que sufren el daño causado por estos hechos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona o un grupo de personas desvían miles de millones de recursos públicos que estaban destinados a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, y a la educación, de sectores vulnerables como adultos mayores o niños? ¿Quiénes pueden ser identificados como las víctimas de la corrupción?

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Corrupción y derechos humanos en la agenda de la CIDH: ¿Hacia la creacion de una Relatoría Anticorrupción?

José C. Ugaz S.M.*

Después de aprobarlo el 6 diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha publicado hace pocas semanas atrás el informe temático titulado “Corrupción y derechos humanos”.

Tal como lo señala en su introducción, el informe pretende “…dar cuenta del impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente, para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente.”

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Graves retrocesos en la elección del nuevo Fiscal General de Colombia

Vivian Newman*

Con ciertas dificultades de quórum, la Corte Suprema de Justicia acaba de llenar la vacante de uno de los cargos más poderosos de la institucionalidad colombiana:  El Fiscal General de la Nación. La institución cuenta con más de 22,000 empleados, un presupuesto de más de un billón de dólares y el monopolio y orientación de todas las investigaciones penales; es decir el músculo y la fuerza para investigar y condenar a cualquier ciudadano.

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