Naomi Roht-Arriaza
Presidenta del Consejo Directivo de DPLF
Profesora del Hastings College of Law, Universidad de California
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Después de años de deliberaciones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió el 13 de julio de 2016 que la Ley de Amnistía de 1993 era inconstitucional y por tanto inválida. La decisión, que se adoptó con 4 votos a favor y 1 en contra, causó gran revuelo en el país, pese a que en días previos se había anunciado su inminente publicación. En este país centroamericano, donde la criminalidad y la inseguridad tienen hoy niveles altísimos, ninguno de los bandos que participaron en la guerra civil ha estado de acuerdo con el juzgamiento de delitos del pasado. Los cuatro magistrados que firmaron la sentencia —Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Eliseo Ortiz— fundamentaron su decisión en el derecho de las victimas al acceso a la justicia, a la tutela judicial y a obtener reparaciones integrales. También utilizaron ampliamente al derecho internacional, en especial, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión renueva las esperanzas de quienes todavía sufren las consecuencias de la guerra civil que asoló al país durante doce años, pero también complica la situación política de El Salvador y pone en dificultades a una Fiscalía débil y con poca voluntad política.
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