Claudia Escobar PhD*
La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.
Ursula Indacochea*
Es indudable que la rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando pensamos en los sistemas de justicia y en sus más altas autoridades, es fundamental mantener ese delicado equilibrio entre la responsabilidad y la garantía de la independencia judicial. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a los Parlamentos la atribución de realizar controles previos a la investigación penal, o directamente investigar y sancionar las conductas de las altas autoridades judiciales. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que el órgano legislativo garantiza la imparcialidad de este juicio, y que los jugadores parlamentarios no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.
Sidney Blanco*
El 29 de agosto de 2018, en el Encuentro Nacional Anticorrupción que se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador, presenté públicamente ocho propuestas que podrían coadyuvar a fortalecer la independencia de la justicia y el combate a la corrupción en El Salvador. Algunas de estas propuestas requerirían reformas constitucionales, mientras que otras podrían implementarse con reformas legales o reglamentarias. Pero todas ellas, vienen formuladas a partir de mi experiencia y conocimiento directo de la forma en que opera el fenómeno de la corrupción. Propongo lo siguiente:
Santiago Martínez Neira*
El pasado 29 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana (Corte IDH) el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica (UP).” En su informe final sobre el fondo, la CIDH encontró que agentes del Estado, y particulares actuando con tolerancia y aquiescencia de aquellos, incurrieron en múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y estigmatización en perjuicio de más de 6000 víctimas, todas ellas vinculadas a la UP.
Luis Pásara*
Publicado originalmente en La Mula.
Una persona comete o no un delito cualquiera, es procesado y condenado por ello. La persona cumple la pena impuesta por la sentencia. Un tiempo después, una ley viene a modificar la condena, incrementándola de una manera determinada. No se trata de una ley que aumenta la pena para el delito –cambio que afectará a quienes lo cometan con posterioridad a la nueva ley– sino de una ley que ordena que quienes ya fueron condenados por un delito determinado deben sufrir una sanción adicional a la que el juez les impuso.
María Julia Dellasoppa*
El pasado miércoles 8 de agosto, con 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara de Senadores argentina rechazó el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados y, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución, sólo podrá volver a tratarse en las sesiones legislativas del año próximo. En este escenario, queda abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluya a la despenalización del aborto como uno de los puntos a tratar con el proyecto de reforma al Código Penal que se presentaría próximamente para tratamiento legislativo.
Luis Pásara*
Durante el mes de julio, una catarata de escándalos recayó sobre el sistema de justicia peruano. Una sucesión de “audios” que todavía siguen apareciendo han revelado conversaciones de un juez de segunda instancia que probarían relaciones delictivas con organizaciones criminales y otra serie de grabaciones sugieren que un juez de la Corte Suprema estaría asociado a diversos asuntos impropios del cargo. El primer juez se halla en detención provisional y el segundo ha sido suspendido del cargo mientras el Congreso decide su futuro.
