Las Leyes de Derribo en Sudamérica: Ejecuciones extrajudiciales encubiertas

Alonso Gurmendi Dunkelberg

Profesor e investigador de la Universidad del Pacífico

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Foto: hacer.org

En los últimos años, diversos países de Sudamérica han adoptado lo que se conoce como “Leyes de Derribo”. Bajo este régimen, un Estado se atribuye la capacidad de derribar una aeronave civil sospechosa de estar cometiendo un delito –normalmente el narcotráfico- bajo el argumento de que se trata de una “aeronave hostil”. Con la reciente promulgación de la Ley 30339 en agosto del año pasado en el Perú, este modelo ya ha sido adoptado en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

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Penas, medidas cautelares y prisión preventiva en el proceso penal: urgencia de una nueva reforma constitucional en México

Carlos Ríos Espinosa

Consultor independiente en derechos humanos y justicia penal

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El 18 de junio de 2016 finalmente marcó el inicio de la vigencia del nuevo sistema procesal penal acusatorio en todo el territorio de México. Transcurrieron ochenta y dos años para que el orden jurídico nacional reconociera la necesidad de regresar a los planteamientos originales del constituyente de 1917, el cual introdujo los principios del modelo acusatorio para el proceso penal en México.

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Crónica de una obligación anunciada: Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta otro precedente sobre la prioridad de la consulta previa

Laura Palmese

Pasante en DPLF

La opinión de este artículo es responsabilidad exclusiva de la autora y no representa necesariamente la opinión de DPLF.

 

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La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) el pasado 8 de diciembre de 2015, en el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras, le ha recordado al Estado hondureño su obligación de cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Fue un llamado de atención bastante necesitado, considerando la creciente conflictividad social resultante de proyectos inconsultos en territorios indígenas y que ha sido evidenciada aún más por los asesinatos de varios líderes y lideresas hondureñas en los últimos años.

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El Problema del CNM en el Perú: ¿Por qué no pedir apoyo internacional?

 

David Lovatón

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

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Pese a loables esfuerzos en los últimos años (como la oralización del proceso penal o laboral o la digitalización del expediente), aún tenemos un sistema de justicia de baja calidad y en el que la ciudadanía desconfía. Una justicia muy lenta, con rumas de expediente por resolver, atrasada tecnológicamente en sus procedimientos, con personal desmotivado, salpicada por constantes casos o denuncias de corrupción (desde el especialista pillado con el soborno hasta poderosas redes clandestinas de estudios de abogados, jueces, fiscales y policías), escasa transparencia, etc. De esta manera, el índice de aprobación ciudadana de la justicia es de los más bajos y se disputa el fondo de la tabla con la –también- baja aprobación del Congreso o la Policía. En otras palabras, los ciudadanos no confiamos en nuestros jueces y fiscales y tenemos razones para ello.

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Are there reasons to celebrate August 9th, 2016 in Latin America?

 

Daniel Cerqueira

Senior Program Officer at DPLF

Versión en español

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In 1994, the UN General Assembly elected on 9 August as the International Day of the World’s Indigenous Peoples. Since then, heads of state and high authorities follow the ritual initiated by the UN and participate in solemnities to render homage to the indigenous peoples. International agencies carry out special sessions and its specialized committees issue press releases to remember the rights of indigenous peoples. Although this tradition has been repeated for several years in the countries of Latin America, there are not many reasons to celebrate this year.

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¿Hay razones para celebrar el 9 de agosto de 2016 en América Latina?

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, jefes de Estado y altas autoridades siguen el ritual iniciado por la ONU y participan de solemnidades para homenajear a los pueblos indígenas. Organismos internacionales realizan sesiones especiales y sus comités especializados emiten comunicados para recordar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque dicha costumbre es replicada desde hace varios años en los países de América Latina, no hay muchas razones para celebrar el 9 de agosto este año.

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Tras la invalidación de la Ley de Amnistía por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador: ¿vienen investigaciones penales?

Naomi Roht-Arriaza

Presidenta del Consejo Directivo de DPLF

Profesora del Hastings College of Law, Universidad de California

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Después de años de deliberaciones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió el 13 de julio de 2016 que la Ley de Amnistía de 1993 era inconstitucional y por tanto inválida. La decisión, que se adoptó con 4 votos a favor y 1 en contra, causó gran revuelo en el país, pese a que en días previos se había anunciado su inminente publicación. En este país centroamericano, donde la criminalidad y la inseguridad tienen hoy niveles altísimos, ninguno de los bandos que participaron en la guerra civil ha estado de acuerdo con el juzgamiento de delitos del pasado. Los cuatro magistrados que firmaron la sentencia —Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Eliseo Ortiz— fundamentaron su decisión en el derecho de las victimas al acceso a la justicia, a la tutela judicial y a obtener reparaciones integrales. También utilizaron ampliamente al derecho internacional, en especial, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión renueva las esperanzas de quienes todavía sufren las consecuencias de la guerra civil que asoló al país durante doce años, pero también complica la situación política de El Salvador y pone en dificultades a una Fiscalía débil y con poca voluntad política.

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