Colombia: human rights as an instrument for peace

Sébastien Coquoz*

An alarming global situation

According to one of the latest speeches of the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, held before the Human Rights Council, the current situation in the world is alarming: conflicts in the Middle East, famine in Africa, treatment of migrants seeking to reach Europe, are just a few examples. During the first three years of his tenure, he says, the world has become “darker and more dangerous”.[1]

International media report a country which seems to be going in the other direction, moving towards peace after more than 50 years of conflict: Colombia. Obviously, the picture is not all bright in this vast Andean country of South America (about twice the size of France[2]): the implementation of the peace agreement between the government and the FARC[3] encounters many obstacles[4], the negotiation process between the government and the ELN[5] appears to be stagnating or even regressing, and the activities of armed groups and criminal gangs, as well as the increase in the killings of human rights defenders, show that the country is far from having reached peace. But a process is under way and the Colombian population affected by the conflict hopes to be able to benefit little by little.

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Colombia: Los humanos como instrumento de paz

Sébastien Coquoz*

Este artículo forma parte del volumen 2 de la Sociedad de Bien Común “revelar la humanidad, combatir la inhumanidad”.

Una situación global alarmante

Según uno de los últimos discursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Zeid Ra’ad Al Hussein, llevado a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos, la situación actual en el mundo es alarmante: conflictos en Medio Oriente, hambruna en África, trato de inmigrantes que buscan llegar a Europa, son solo algunos de los ejemplos. Durante los primeros tres años de su mandato, dice, el mundo de ha vuelto “oscuro y más peligroso”.[1]

Los medios internacionales informan de un país que parece ir en la dirección opuesta, avanzando hacia la paz después de más de 50 años de conflicto: Colombia. Obviamente, el panorama no es del todo brillante en este vasto país andino de América del Sur (aproximadamente del doble del tamaño de Francia[2]): la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC[3] se enfrenta a muchos obstáculos[4], el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN[5] parece estar estancado o incluso en retroceso, y las actividades de los grupos armados y bandas criminales, así como el incremento en los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, muestran que el país está lejos de haber alcanzado la paz. Pero el proceso está en marcha y la población colombiana afectada por el conflicto espera poder beneficiarse poco a poco.

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Perú: una semana turbulenta con tres presidentes

David Lovatón Palacios*

Y cuándo nos veremos con los demás, al borde

de una mañana eterna, desayunados todos!

(La cena miserable, César Vallejo)

La noche del pasado lunes 9 de noviembre comenzaron los días política y socialmente más turbulentos e inciertos que el Perú ha vivido en las últimas dos décadas, desde la fuga de Alberto Fujimori al Japón y el inicio de la transición democrática en noviembre del año 2000. La elección del parlamentario Francisco Sagasti como Presidente de la República, de conformidad con las reglas de sucesión presidencial previstas en el artículo 115° constitucional, sin duda es un bálsamo para la democracia peruana pero tan sólo una tregua frente a las redes de corrupción que mantienen secuestrado el Parlamento. A continuación, una breve crónica de una vacancia presidencial y protestas sociales no anunciadas y un preliminar análisis constitucional de lo ocurrido.

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La consulta popular: entre la constitución y la justicia transicional en México

Issa Cristina Hernández Herrera*, Jorge Peniche** y Daniel E. Torres Checa***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve cientos de casos al año, pero solo algunos consagran su posición en el imaginario colectivo. La sesión del jueves pasado que resolvió la constitucionalidad de la consulta popular es uno de ellos. No solo por el impacto político que tuvo su resolución, sino sobre todo, por los procesos de justicia que podrían derivar de la nueva pregunta planteada por el máximo Tribunal. 

Ante el justificado reclamo por paz, verdad y justicia, el discurso que envuelve a la consulta popular coquetea cada vez más con mecanismos de justicia transicional (JT). Con el fin de contribuir al debate, este texto propone estudiar la resolución desde tres aproximaciones distintas: la interpretación de la Corte sobre la consulta popular, las implicaciones de la nueva pregunta y, finalmente, una aproximación general sobre las consultas populares y su valor en la justicia transicional.

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Make frivolous litigation great again? Where things stand with the Trump campaign’s election lawsuits and the potential role of the Supreme Court

Katharine Valencia*

Versión en español aquí.

On Saturday, November 7 – four days after Election Day – most major media outlets reported that Joe Biden was the projected winner of the presidential race against incumbent Donald Trump. It is standard practice in the US for elections to be called based on unofficial vote tallies reported by states, before being officially certified several weeks later. According to current popular vote tallies, Biden received about 5.5 million more votes than Trump; but more importantly, Biden is projected to cross the threshold of 270 votes in the electoral college (the proportional state-based system for electing the president) required to win. In normal times, this would result in the losing candidate conceding the race, and the process of certifying votes would be little more than a formality in terms of the final outcome.

However, we do not live in normal times and Donald Trump is anything but a typical president. Trump declared that it is he who is the winner, and that massive fraud had occurred in swing states where tallies showed that Biden had prevailed. Indeed, Trump had signaled for months that he would not concede and that he could only lose if the election was rigged. The Trump campaign and the Republican party have filed multiple lawsuits before and after the election to contest the validity of certain ballots. In the public sphere, Trump and his supporters continue to allege widespread voter fraud, without evidence. This post will provide an overview of the current state of election litigation and consider the likelihood that the US Supreme Court could play a decisive role.

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¿Litigio frívolo en los Estados Unidos? Litigios electorales planteados por el equipo de Trump y el posible rol de la Corte Suprema

Katharine Valencia*

English version here.

El sábado 7 de noviembre —cuatro días después de la jornada electoral—la mayoría de los medios de comunicación informaron que se proyectaba que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales frente al actual presidente Donald Trump. En Estados Unidos es habitual que el resultado de las elecciones se anuncie en función de conteos de votos no oficiales informados por los estados antes de su certificación oficial, que se produce varias semanas más tarde. Según los últimos conteos de votos, Biden recibió alrededor de 5,5 millones más de votos que Trump, pero lo más importante es que se proyecta que Biden superará el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral (sistema proporcional vinculado a los estados que se utiliza para elegir al presidente) necesario para ganar. En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final.

Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común. Trump declaró que él es el ganador y que en los estados clave donde los conteos de votos demostraban que Biden había triunfado se había cometido un fraude masivo. Lo cierto es que desde hace meses Trump ha estado dando señales de que no aceptaría la derrota y de que solo podría perder si los comicios estuvieran amañados. El equipo de campaña de Trump y el partido republicano iniciaron varias acciones judiciales antes y después de las elecciones para impugnar la validez de determinadas boletas. En el ámbito público, Trump y sus partidarios continúan afirmando, sin aportar pruebas, que hubo fraude electoral generalizado. En este artículo se ofrece una breve descripción del estado actual de los litigios electorales y se analiza la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda desempeñar un papel decisivo.

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Proceso constituyente chileno: breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes

Gonzalo Aguilar Cavallo y María Ignacia Sandoval*

El pasado 25 de octubre en forma abrumadoramente mayoritaria (78,27% de aprobación con un 50,90% de participación del padrón electoral) el pueblo de Chile votó por iniciar el proceso para adoptar una nueva Constitución y que la misma sea elaborada por una Convención Constitucional (más no, una Asamblea Constituyente) elegida por voto popular. Una vez lista, la nueva Constitución deberá ser aprobada mediante plebiscito que tendrá lugar en el año 2022. De esta manera, Chile comienza a dar una respuesta institucional a la profunda crisis social, cultural, ambiental y política cuyos orígenes se remontan a la denominada “revolución pingüina” (año 2006, reiterada en 2011, con su punto más álgido en 2019) y que llevó a este proceso constituyente. A continuación, un breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes en este aún largo camino constitucional que recorrer.

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El estrecho camino de la justicia salvadoreña, a cuatro años de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía

Equipo DPLF en El Salvador

Han transcurrido más de cuatro años, desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la Ley de Amnistía General de 1993 era inconstitucional[1] y que, por lo tanto, debía ser expurgada del ordenamiento jurídico de salvadoreño. En efecto, el 13 de julio de 2016 en una trascendental sentencia, el alto tribunal salvadoreño resolvió una demanda que había sido presentada tres años antes por víctimas y organizaciones de derechos humanos, como parte de una larga exigencia iniciada casi tres décadas atrás, cuando la Asamblea Legislativa de aquella época, atropelladamente, decretó una amnistía absoluta e incondicional, a pocos días de haberse hecho público el Informe de la Comisión de la Verdad[2].

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Cuatro aspectos – y una ausencia – en la sentencia Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antonio de Jesus y sus Familiares vs. Brasil

Comentarios al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Melina Girardi Fachin* y Giovanny Padovam Ferreira**

El pasado 26 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el caso Emplegados de la Fábrica de Fuegos de San Antonio de Jesus y sus familiares vs. Brasil, cuyos hechos remontan a diciembre de 1998, cuando la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en una región del estado brasileño de Bahia conocida como “recôncavo baiano.” El suceso provocó la muerte de casi 70 personas, en su mayoría mujeres, muchas de ellas jóvenes, algunas niñas, todas ellas en especial condición de vulnerabilidad. Las razones para la condenación del Estado brasileño fueron las innumerables omisiones en fiscalizar y evitar las condiciones precarias de trabajo en la fábrica; garantizar la seguridad de los trabajadores; actuar para el desarrollo progresivo y generar oportunidades para las personas que viven en el “recôncavo baiano”; y, con posterioridad a los hechos, investigar a los responsables y proveer medidas de reparación.

La sentencia era bastante esperada por las víctimas del caso y por la sociedad civil brasileña en búsqueda de justicia – ¡aunque tardía! -, pero también por los usuarios del Sistema Interamericano (SIDH). Sin que tengamos la pretensión reduccionista o de abordar todos los aspectos de la sentencia, comentamos cinco puntos dignos de nota entre lo dicho y lo omitido en la decisión.

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Quatro presenças – e uma ausência – na sentença “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil”

Comentários à recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Melina Girardi Fachin** e Giovanny Padovam Ferreira**

No último dia 26 de outubro de 2020,  a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) proferiu sentença no caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil, cujos fatos remontam a dezembro de 1998, quando da explosão em uma fábrica de fogos de artifício em uma cidade do recôncavo baiano (que nomeia o caso). Na tragédia, quase 70 pessoas foram vitimadas, em sua maioria mulheres, muitas jovens, algumas crianças, todas em especial condição de vulnerabilidade. As razões para condenação do Estado brasileiro foram as suas inúmeras omissões: em fiscalizar e evitar as condições precárias de trabalho na fábrica, em zelar pela segurança dos trabalhadores; em agir para o desenvolvimento progressivo e aumento de oportunidades para pessoas no recôncavo baiano; e, após o desastre, em investigar os responsáveis e arbitrar reparações.

A sentença foi bastante esperada pelas vítimas do caso e pela sociedade civil brasileira na busca da justiça – ainda que tardia! -, mas também pelos usuários do Sistema Interamericano (SIDH). Sem ter qualquer pretensão reducionista ou exauriente, aqui se elencam cinco pontos dignos de nota entre o dito e o não dito na sentença.

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