La labor del defensor, pervertida

Luis Pásara*

Hasta hace algunos años, dedicarse a la defensa en materia penal era visto como uno de los últimos peldaños del ejercicio. Se trataba de ocuparse de casos de gentes acusadas de lesionar, matar o violar a otra persona; los defendidos, por regla general eran sujetos que se movían en los márgenes de la sociedad. Para muchos de esos procesos no había abogados particulares disponibles y los entonces llamados abogados de oficio –hoy defensores públicos–tenían que hacerse cargo por obligación.

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Cerrar los refugios seguros para la delincuencia organizada del Estado de Venezuela: “Estado de derecho invertido”, impunidad y desafíos en la cooperación internacional para la extradición entre Estados Unidos y España

Jan-Michael Simon

Resumen

Los actores delictivos vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela, tanto dentro como fuera del país, se benefician con el sistema imperante en Venezuela, basado en un “Estado de derecho invertido” y la impunidad. El presente artículo señala los desafíos internacionales que han surgido al intentar llevar a la justicia a los actores delictivos en el extranjero. Los procesos penales que, en la actualidad, se encuentran en trámite en Estados Unidos y en España permiten conocer el espectro de las actividades delictivas y la magnitud de los activos robados. La delincuencia organizada del Estado de Venezuela se ha caracterizado como “una empresa de corrupción con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, que hace que Odebrecht parezca un mero carterista del centro de Caracas”. Esta es una comparación interesante, si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha referido al precedente de “Odebrecht” como el “mayor caso de soborno transnacional de la historia”. Muchos casos relacionados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela recién comienzan a salir a la luz. Aun así, los casos en EE. UU. y España ponen en evidencia que las operaciones delictivas implican relaciones transnacionales ilícitas a nivel global entre actores de diferentes nacionalidades y residencias.

En función de tres estudios de casos, este artículo llega a la conclusión de que exfuncionarios públicos de alto nivel vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela que residen en España, han buscado refugio allí mientras intentaban eludir investigaciones en Estados Unidos. También se concluye que, a fin de que España no sea un refugio seguro para este tipo de delitos, las autoridades españolas deben tomar medidas de buena fe que posibiliten la persecución penal y asegurar la debida diligencia, o bien disponer la extradición de estas personas a Estados Unidos. De lo contrario, el sector de la justicia española contribuiría a la impunidad de los actores implicados en la delincuencia organizada del Estado de Venezuela.

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El Ministerio Público y la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Carmen Alguíndigue Morles*

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela este año, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución N° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos.

Entre ellas, se aprecian temas complejos, de enorme importancia y gravedad, sin embargo no queda clara la identificación de la causa crónica de las situaciones descritas: el desmoronamiento d la democracia y el estado de derecho, condiciones necesarias para reconstruir la institucionalidad que permita atender las distintas recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

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Closing safe havens for Venezuelan State Organized Crime: “Inverted rule of law,” impunity, and challenges in international cooperation in extradition between the U.S. and Spain

Jan-Michael Simon

Criminal actors linked to Venezuelan State Organized Crime, be they in or outside the country, profit from Venezuela’s ruling system of “inverted rule of law” and impunity. The present article sheds light on international challenges that have arisen while seeking accountability abroad. Criminal proceedings currently underway in the U.S. and Spain provide insight as to the spectrum of the criminal activities and the magnitude of the assets stolen. Venezuelan State Organized Crime has been described as “a multi-jurisdictional corruption enterprise that makes Odebrecht look like a downtown Caracas pickpocket.” It is an interesting comparison considering that the U.S. Department of Justice has called the “Odebrecht” precedent “the largest foreign bribery case in history.” Many cases related to Venezuelan State Organized Crime are only beginning to be uncovered. Yet, the cases in the U.S. and Spain make clear that the criminal operations involve illicit transnational relations at the global level between actors of different nationalities and residencies.

Based on three case studies, this article concludes that former high-level public officials linked to Venezuelan State Organized Crime residing in Spain have sought refuge there while trying to elude investigations in the U.S. This article concludes that to ensure that Spain is not a safe haven for such crimes, Spanish authorities must take good faith measures toward prosecution and ensure due diligence, or extradite to the U.S. Failing to do so would result in the Spanish justice sector contributing to the impunity of actors involved in Venezuelan State Organized Crime.

 

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La (e)lección uruguaya sobre el populismo punitivo

Marco Feoli V. *

Las recientes elecciones de Uruguay que tendrán que resolverse, en definitiva, el próximo 24 de noviembre han dejado varios titulares. El balotaje y la posibilidad de que haya un cambio en el signo político que por tres lustros ha gobernado al pequeño país del Río de la Plata, reconocido por ser una de las sociedades más progresistas de América Latina, sacaron del foco de atención mediática una las noticias, quizás, más relevantes de aquella jornada.

Junto con las presidenciales se votaba también un plebiscito de reforma constitucional cuyo propósito era introducir una serie de cambios para enfrentar la crisis de seguridad que, según datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad, situó en 11.8 el número de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018 –la cuarta tasa más alta de Sudamérica–.

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Human Rights, Indigenous Peoples, and the Amazon: Remarks on the thematic report recently published by the IACHR

Cristina Blanco*

Versión en español aquí.

Ver aqui a versão em português.

It has been several decades since the Inter-American Human Rights System (IAHRS) began to address the situation of indigenous peoples in the region. The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), since the mid-1980s, and the Inter-American Court of Human Rights, since the beginning of the 2000s, have adjudicated complaints and addressed the historical problems faced by indigenous peoples, especially in claims related to their lands, territories, and natural resources. The decisions of both bodies have created solid standards, especially on the subject of indigenous peoples’ property, with a level of detail that has been incorporated into other international human rights systems.

But never, until now, had the IAHRS looked beyond the state borders that separate these peoples, to adopt a comprehensive view of the biogeographic regions that they share, as is the case of the Pan-Amazon region. Such an approach is key because within this territory they share elements of their history and cosmovisión (worldview), as well as a contemporary reality marked by multiple patterns of rights violations that require joint efforts. The Report on the Situation of Human Rights of the Indigenous and Tribal Peoples of the Pan-Amazon Region, which the IACHR presented a few days ago in Quito, Ecuador, is therefore both groundbreaking and timely.

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Direitos humanos, povos indígenas e Amazônia: Comentários ao relatório temático publicado recentemente pela CIDH

Cristina Blanco*

Versión en español aquí.

Várias décadas se passaram desde que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) começou a abordar a situação dos povos indígenas. A Comissão Interamericana (CIDH), desde meados dos anos 80, e a Corte Interamericana, desde o início dos anos 2000, decidiram casos contenciosos e abordaram os problemas históricos enfrentados pelos povos indígenas, em particular, as reivindicações sobre suas terras, territórios e recursos naturais. Os pronunciamentos de ambos os órgãos geraram uma sólida jurisprudência, especialmente sobre a propriedade indígena, com tal grau de detalhe que chegou a ser incorporado por outros sistemas internacionais de direitos humanos.

Mas nunca, até agora, o SIDH havia analisado integralmente, para além das fronteiras estatais que separam esses povos, as regiões biogeográficas que eles compartilham, como é o caso da Panamazônia. Essa abordagem é fundamental, pois eles têm, neste território, elementos coincidentes de sua história e visão de mundo e um presente marcado por vários padrões comuns de afetação a direitos que exigem esforços conjuntos. O relatório sobre a situação dos direitos humanos dos povos na Panamazônia, apresentado pela CIDH há alguns dias em Quito, é portanto inédito e profícuo.

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