Maduro’s latest offensive: criminalization of civil society organizations through new regulations

Lee la versión en español aquí.

Rafael Uzcátegui*

In less than 48 hours more than 650 organizations, Venezuelan and from other countries, agreed to sign a communiqué rejecting the obligation to register in the Caribbean country before a counter-terrorism office, handing over data of the people they serve. This represents the latest decision of the government of Nicolás Maduro to close the civic space in Venezuela.

Last March 30, Administrative Ruling number 001-2021 appeared in the Official Gazette, the state publication that disseminates laws and regulations approved in Venezuela, by means of which the regulations for the Unified Registry of Obligated Parties before the National Office Against Organized Crime and Financing of Terrorism were dictated. This very long name fulfilled the prophecy that human rights organizations such as Provea had made months ago: 2021 would be a period of governmental offensive against civil society, after they had managed to erode the voice and cohesion of the political leadership of the country. By imposing the quarantine of silence on the opposition parties, the persecution would be focused against the rest of the society with the capacity to document and denounce, at a time when the international oversight on the human rights situation could escalate mechanisms of pressure on Miraflores.

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La última ofensiva de Maduro: criminalización de la organizaciones de la sociedad civil a través de nuevas regulaciones

Read the English version here.

Rafael Uzcátegui*

En menos de 48 horas más de 650 organizaciones, venezolanas y de otros países, acordaron suscribir un comunicado de rechazo a la obligación de registrarse en el país caribeño ante una oficina contra el terrorismo, entregando datos de las personas a las que atienden. Esto representa la ultima decisión del gobierno de Nicolás Maduro para cerrar el espacio cívico en Venezuela.

El pasado 30 de marzo apareció en la Gaceta Oficial, la publicación estatal que difunde leyes y normativas aprobadas en Venezuela, la Providencia Administrativa número 001-2021 mediante la cual se dictaba la normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Este larguísimo nombre cumplía la profecía que organizaciones de derechos humanos como Provea habían hecho meses atrás: El año 2021 sería un período de ofensiva gubernamental contra la sociedad civil, luego que habían logrado erosionar la vocería y la cohesión del liderazgo político del país. Al imponer la cuarentena del silencio a los partidos de oposición, la persecución se enfilaría contra el resto de la sociedad con capacidad para documentar y denunciar, en un momento en que la mirada internacional sobre la situación de los derechos humanos pudiera escalar mecanismos de presión sobre Miraflores.

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¿Camino a una dictadura millenial?*

Katya Salazar**

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente peruano Alberto Fujimori informaba en un mensaje a la nación su decisión dedisolver el Congreso de la República por ser un obstáculo a sus planes para enfrentar la crisis económica, el narcotráfico y el terrorismo que azotaban al país, evento recordado como el “Autogolpe” o “Fujimorazo”. Asimismo, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Construccional por las mismas razones. Según el guión que presentó esa noche al pueblo peruano, estas instituciones, integradas por los supuestos “holgazanes y corruptos de siempre”, impedían el desarrollo y pacificación del país, por lo que era necesario reformarlas. Dos años antes, Fujimori ganaba las elecciones gracias a una mayoría que vio en él la posibilidad de un cambio. Había ganado el “outsider”, enemigo del establishment y de los partidos políticos tradicionales, el de la mano dura que llegaba a poner orden en el país, cercano al pueblo, conocedor de sus necesidades y las soluciones.

Imágenes del ese autogolpe de estado ocurrido hace casi 30 años en Perú, volvieron a nuestras mentes cuando el 9 de febrero último vimos a las Fuerzas Armadas salvadoreñas entrar por la fuerza a la Asamblea Legislativa por órdenes del Presidente, invocando el articulo 87 de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la “insurrección”. Nayib Bukele, el mandatario “millenial” que llegó para darle un aire fresco a la política salvadoreña, que disfruta de los selfies y gobierna por Twitter, quería mostrarle a la Asamblea Legislativa de su país que sus amenazas iban en serio si ésta seguía negándose a aprobar un préstamo para su plan de combate a la violencia. Muchos temimos estar presenciando los momentos previos de un Fujimorazo y respiramos “aliviados” cuando el Presidente, después de ingresar a la Asamblea Legislativa y orar, informó que le había preguntado a Dios qué hacer y que éste le había dicho que tuviera paciencia, esto es, que suspendiera sus planes de cerrar al Congreso.

Este audaz acto de intimidación nunca antes visto en El Salvador, recibió una unánime condena internacional y llevó a que algunas voces lo calificaran  como el  paso inicial  en el camino a convertirse en el primer “dictador millenial” de la región.

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El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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General Elections in Peru 2021: The pandemic has won

David Lovatón Palacios*

Spanish version here.

On April 11, the general elections took place in Peru to elect the new President and Congress for the period 2021-2026, with an absolutely unpredictable and discouraging result from a democratic perspective. The following is a brief analysis of what the two presidential candidates who have made it to the second round of elections represent and the very difficult scenarios that may arise in the next five years for Peru.

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Elecciones generales en Perú 2021: Ganó la pandemia

David Lovatón Palacios*

Versión en inglés aquí.

El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.

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Super network of Corruption in Venezuela

Eduardo Salcedo-Albarán*  & Luís Jorge Garay-Salamanca**

In 2019 Venezuela had the same Perception Corruption Index of Yemen, the country with “the largest humanitarian crisis in the world”[1]. With a score of 15/100 and ranking 176 among 179 countries, even North Korea and the Democratic Republic of Congo had a higher score than Venezuela: 18/100.[2]  The low Perception Corruption Index in Venezuela reflects the general opacity, clientelism and mismanagement that characterize most sectors and branches of the Venezuelan public administration today; conditions that sustain the most complex network of macro-corruption and institutional cooptation in the world.

A corruption network is a model that informs how individuals and companies -referred to as nodes/agents- interact to execute corrupt acts and accomplish other illicit objectives. Elaborated through a criminal networks analysis, those models allow an understanding of the subnetworks, the central nodes/agents, the levels of responsibility, and the resources flowing across indirect paths.

Before modeling and analyzing the situation of corruption in Venezuela, Lava Jato was the most complex network of transnational corruption known through empirical analysis. Originating in Brazil with eleven of the most powerful companies in the country, Lava Jato extended across Latin America involving local companies, as well as mayors, governors and presidents who received bribes as donations during electoral processes. Donations and direct bribes paid to candidates and public servants across Latin America reached approximately USD $800 million, according to judicial investigations conducted until 2019.

Considering the institutional effects of Lava Jato in various Latin American countries, in 2018 Vortex Foundation partnered with the Brazilian civic organization Humanitas360 to analyze the case in Brazil; as a result, a network of 906 nodes/agents that established 2,693 interactions was identified.[3] Then, in 2019 Vortex Foundation partnered with the Peruvian chapter of Transparency International, Proética, to analyze Lava Jato including Peru; the result was a network with 1,399 nodes/agents who established 3,758 interactions.[4] Both networks were defined as “macro” because their complexity reached the extension and diversity of macro-criminal networks[5].

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Súper red de Corrupción en Venezuela

Eduardo Salcedo-Albarán* & Luís Jorge Garay-Salamanca**

En 2019 Venezuela obtuvo el mismo Índice de Percepción de Corrupción que Yemen, el país con “la mayor crisis humanitaria del mundo”[1]. Con un puntaje de 15/100 y ocupando el puesto 176 entre 179 países, incluso Corea del Norte o la República Democrática del Congo obtuvieron mejores puntajes que Venezuela: 18/100.[2]

El pésimo Índice de Percepción de Corrupción en Venezuela refleja la opacidad generalizada, el clientelismo, y la mala gestión que caracteriza a la mayoría de los sectores y ramas mas de la administración pública del país; condiciones que sustentan a la que se ha convertido en la red de macro-corrupción y cooptación institucional más compleja del mundo.

Una red de corrupción es un modelo que informa cómo los nodos/agentes – que representan a individuos y empresas – interactúan para cometer actos de corrupción y obtener objetivos ilícitos. Aplicando metodologías y protocolos del análisis de redes criminales, con estos modelos se puede entender características de la estructura como, por ejemplo, quiénes son los nodos/agentes centrales, cuáles son sus niveles de responsabilidad, cuáles son las principales formas de interacción, y cuáles los recursos que fluyen a través de las rutas indirectas.

Antes de modelar y analizar la situación de corrupción en Venezuela, Lava Jato era la red de corrupción transnacional más compleja que se hubiera investigado empíricamente. Originada con once de las empresas más poderosas de Brasil, Lava Jato se extendió por Latinoamérica involucrando empresas, alcaldes, gobernadores, y presidentes que gestionaron sobornos en forma de donación durante procesos electorales. Las donaciones y los sobornos pagados directamente a candidatos y funcionarios públicos en el contexto de Lava Jato alcanzaban USD$ 800 millones según investigaciones judiciales adelantadas hasta 2019.

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Resarciendo daños en El Salvador: la experiencia de reparaciones a víctimas de la guerra

Leonor Arteaga*

¿Se puede devolver un ser querido ejecutado a su familia? ¿Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas de una tortura? ¿Cómo “regresarle” el proyecto de vida arrebatado a una persona desaparecida? Son algunas de las preguntas frecuentes que surgen cuando hablamos de “reparación” en casos de crímenes atroces, de sistema. Aunque dolorosa, la respuesta obvia es que no es posible retornar a la misma situación en la que nos encontrábamos antes de que se cometieran esas crueldades. Lo que sí es posible, y necesario, es encontrar formas de dar nuevo sentido a lo vivido, mediante acciones desde lo social y público que compensen el daño sufrido, las cuales deben tener un sustento común: el reconocimiento de lo acontecido, el valor de la persona o personas afectadas y el trato con dignidad.

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¿Se tortura en las prisiones de El Salvador? Una pregunta para la Corte Suprema

Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]

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