El Salvador’s Constitutional Court Invalidates Amnesty Law

By: Naomi Roht-Arriaza

El Salvador mural

After years of deliberations, the Constitutional Chamber of El Salvador’s Supreme Court ruled on July 13 that the country’s 1993 amnesty law is unconstitutional and must be stricken. The 4-1 decision, although long expected, has caused uproar in El Salvador, where neither side in the civil war has been supportive of prosecutions for past crimes and where rampant criminality and insecurity are present-day scourges. The four-person majority of judges Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Rodolfo González and Eliseo Ortiz, grounded the decision in the rights of the victims to access to justice, to judicial protection of fundamental rights, and to full reparations. It makes extensive use of international law, especially the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. It will provide new hope for the long-suffering victims of the country’s twelve-year civil war, but will also complicate the country’s politics and challenge a weak and compromised prosecutors’ office.

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Conclusiones de la Cumbre de Justicia: Un Balance Crítico a la Luz de los DD.HH. Parte II

Ramiro Orias A.

Oficial de Programas DPLF

Cielo Bolivia

Foto: Correo del Sur

Otras de las áreas en las que se concentró el diálogo fue la de corrupción en el Sistema de Justicia, recomendando la aplicación de medidas de prevención y la lucha contra la corrupción judicial en Bolivia, además de fortalecer el control social. Entre varias otras medidas, como la aprobación de una Ley de Acceso a Información Pública y la designación de un Defensor del Litigante, se plantearon algunas otras iniciativas como la figura del Agente Encubierto en la lucha contra la corrupción en consorcios de jueces, fiscales y abogados, la cesación inmediata de los operadores de justicia denunciados, la verificación de su patrimonio, así como la creación de un extra órgano encargado de fiscalizar el trabajo del Órgano Judicial, lo que podría generar riesgos ciertos de afectación al principio de independencia judicial.

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Conclusiones de la Cumbre de Justicia: Un Balance Crítico a la Luz de los DD.HH. Parte I

Ramiro Orias A.

Oficial de Programa DPLF

Ramiro FOTO

Los días 10 y 11 de junio tuvo lugar en la ciudad de Sucre la denominada “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, convocada por el gobierno del Presidente Evo Morales, con una amplia participación de actores sociales y representantes de los órganos judiciales, que abordaron diversos aspectos en relación a la situación de los graves problemas que aquejan a la justicia en Bolivia, a objeto de establecer lineamientos para el cambio estructural del sistema judicial. 

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El gobierno hondureño invita a las mineras, pero la casa sigue en desorden

Por: Laura Palmese H.

Pasante DPLF

Minería Honduras

Mientras se desarrolla el II Congreso Internacional de Minería en Honduras, hoy 13 de julio de 2016, el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Minería continúa durmiendo el sueño de los justos. Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios presentaron el recurso hace más de dos años ante la Corte Suprema de Justicia. La oposición a la política de puertas abiertas a la industria extractiva sin salvaguardas ambientales y sociales ya había iniciado mucho antes, en particular por las comunidades afectadas por los proyectos concesionados a lo largo del país. Por eso, durante el llamado proceso de “socialización” de la propuesta de ley, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron ampliamente las mejoras y correcciones que debían hacerse. Sin embargo, el Congreso Nacional hizo oídos sordos al clamor popular y aprobó la Ley como quiso.

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De la locura a la impunidad: la paz pendiente en El Salvador

Por: Sol Yáñez

Doctora en psicología social, catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana “Jose Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador

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Foto: El Tiempo Latino

En El Salvador, tras los acuerdos de paz y durante el postconflicto, cuando se habla del dolor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la impunidad construida -que cristaliza el trauma psicosocial-, el discurso oficial ha exigido que no se abran las heridas, que hay que olvidar. Y la respuesta de las víctimas y de sus familiares siempre ha sido la misma: ¿qué se va a abrir, si las heridas nunca se cerraron? Siguen abiertas. Esas heridas son las que convocan este artículo.

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Recomendaciones al Estado mexicano en el marco del proceso de consulta previa en el estado de Campeche, en cumplimiento de una sentencia de la SCJN

En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la propiedad territorial de los pueblos y comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo, del estado de Campeche, al exigir que el Estado cumpla con el derecho a la consulta previa, libre e informada. El caso se refería específicamente a la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada en estos territorios hasta que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran la información necesaria para tomar la decisión de sembrar o no dicha soya.

David Lovatón, en su participación en el foro de discusión “El caso del pueblo maya frente a la soya transgénica de Monsanto. Contexto y análisis de los fallos de la SCJN” en la Universidad Nacional Autónoma de México, explica cuatro irregularidades en el proceso de consulta previa que se está llevando a cabo en las comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo y brinda dos recomendaciones para que el Estado mexicano cumpla su función de proteger el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Leer informe presentado a la SCJN

Vienen por los periodistas, vienen por sus lectores: el caso del periodista peruano Rafael León a la luz de los estándares de libertad de expresión interamericanos

 

 

Por: Javier Alonso de Belaunde, abogado PUCP.

 

 

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Una voz que no es nuestra también puede llamarnos

–Luis Hernández.

Hace unas semanas el periodista Rafael León fue hallado culpable del delito de difamación agravada por haber escrito una columna en la revista Caretas. Lamentablemente, esta noticia no tiene hoy en Perú una connotación novedosa. Los hombres de prensa corren el riesgo de ser procesados por la justicia penal en algún momento de sus carreras y la determinación de responsabilidad no es inusual. Lo paradójico del caso es que la denunciante es otra periodista.

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