Tres retos inmediatos para la justicia en Ecuador

Leonardo Sempértegui,  abogado ecuatoriano e investigador en temas de justicia

Ecuadorian Law Concept - Flag of Ecuador Behind Judge's Gavel

Es innegable que la conclusión del gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017) ha marcado un cambio de ánimo ciudadano. A pesar de que el Presidente Lenín Moreno es del mismo movimiento político, y de que su partido controla la Asamblea Nacional y la mayoría de espacios de poder público (señalando a los gobiernos autónomos descentralizados como clara excepción), la sensación es que el poder central no está a cargo de todos los actos del estado.

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Reciente Reforma de Justicia Militar en Brasil: volver a juzgar delitos comunes contra civiles, serio retroceso para la democracia en América Latina

David Lovatón Palacios, Profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y consultor en DPLF

Português

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El pasado 16 de Octubre del presente año, el Presidente del Brasil, Michel Temer, puso en vigencia una modificación al Código Penal Militar aprobada recientemente por el Parlamento de ese país. Dicha reforma permite a la justicia militar brasileña volver a juzgar a militares acusados de crímenes comunes (como homicidio) perpetrados contra civiles, en el marco de operaciones de seguridad interna. Si bien en la actualidad el único Estado en el que las Fuerzas Armadas vienen cumpliendo labores de orden interno es Rio de Janeiro, la reforma legal es de carácter general y, por ende, a futuro podría aplicarse a otros Estados brasileños en los que las Fuerzas Armadas asuman labores de seguridad interior.

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Recente Reforma à Justiça Militar no Brasil: voltar a julgar delitos comuns contra civis é um sério retrocesso para a democracia na América Latina

David Lovatón Palacios, Professor titular da Pontificia Universidade Católica do Perú, Consultor de DPLF

Español

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No dia 16 de outubro do presente ano, o Presidente do Brasil, Michel Temer, sancionou uma modificação ao Código Penal Militar, aprovada recentemente pelo Congresso deste país. Tal reforma permite que a justiça militar brasileira volte a julgar militares acusados de crimes comuns (tais como homicídio), perpetrados contra civis, no contexto de operações de segurança interna. Atualmente, o único Estado brasileiro onde as Forças Armadas vêm cumprindo funções de segurança interna de forma regular é o Rio de Janeiro. No entanto, a reforma ao Código Penal Militar possui alcance geral e, portanto, poderia aplicar-se a outros Estados brasileiros onde as Forças Armadas assumam funções de segurança interna.

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Cooptación del Estado, tragedia ambiental y olvido: Los ingredientes de la minería en Brasil

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior, DPLF

Letícia Aleixo, orientadora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais y asesora técnica de la Fundación Ford en el Caso Samarco

Publicado originalmente en  Global Americans

English  Português

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El 5 de noviembre de 2015, Brasil protagonizó la peor tragedia ambiental de su historia. Dos embalses de una mina de hierro de la empresa Samarco S.A.—empresa asociada a BHP Billiton y Vale— colapsaron, dejando un rastro de destrucción sin precedentes. La tragedia tuvo lugar en Mariana, en el corazón del estado de Minas Gerais, cuya historia siempre estuvo marcada por la minería. El desecho convirtió a los poblados de Bento Rodrigues y Paracatu, en la zona rural de Mariana, en ciudades fantasmas. Varios manantiales fueron sepultados y el Río Doce—uno de los principales corredores hídricos del sureste brasileño—se convirtió en un mar de lodo de aproximadamente 850 kilómetros atravesando desde el este de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo, alcanzando finalmente a la isla de Arbolaos.

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Promoviendo el debate sobre las obligaciones extraterritoriales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior DPLF

Texto publicado originalmente en inglés dentro del libro, “For Human Rights Beyond Borders: Handbook on how to hold States accountable for extraterritorial violations” del ETOs Consortium.

English

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En octubre de 2013, varias OSC latinoamericanas participaron en una audiencia ante la CIDH titulada “Situación de los derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas”[1]. En abril de 2014, tras tres años de investigaciones, una coalición formada por OSC de Chile, Colombia, Honduras, México, Perú y EE.UU. publicó un informe relacionado sobre el impacto de las empresas mineras canadienses en América Latina y la responsabilidad de Canadá[2]. El informe examina 22 proyectos mineros llevados a cabo en nueve países en la región, e identifica un patrón de violaciones de derechos humanos y sus causas subyacentes, sobre todo en Canadá, Estado de origen de las empresas implicadas en los abusos.

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Prompting the ETOs Debate in the Inter-American Human Rights System

Daniel Cerqueira, Senior Program Officer, DPLF

This article was published as a chapter on the book, For Human Rights Beyond Borders: Handbook on how to hold States accountable for extraterritorial violations by the ETOs Consortium

Español

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In October 2013, a number of Latin American civil society organizations (CSOs) participated in a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) entitled “The impact of natural resource extraction in Latin America and the responsibility of host States and corporations’ home States.”[1] In April 2014, a er three years of research, a coalition comprised of CSOs based in Chile, Colombia, Honduras, Mexico, Peru, and the United States published a related report on the impact of Canadian mining companies in Latin America and Canada’s responsibility.[2] The report examines 22 mining projects carried out in nine countries in the region and identifies a pattern of human rights violations and its underlying causes – notably in Canada, the home-State of the companies involved in the abuses.

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¿Por qué la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia es clave para continuar la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Adriana Domingo, Visitante Profesional, DPLF

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Cada año, en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia elige a su Presidente. Pero este año, lo que en otra ocasión podría ser percibido como un asunto interno del Órgano Judicial, constituye una designación clave en el juego de los contrapesos del poder, la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad en el país. La razón es simple: el magistrado electo, deberá conformar la Comisión de Postulación que evaluará a los candidatos al puesto de Fiscal General de Guatemala.

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