Venezolanos, go home!

Asociación Civil Derechos en Acción*

El 23 de febrero del año 2001, el gobierno boliviano expulsó a una familia peruana que había ingresado al país cuatro días antes sin presentar los documentos migratorios correspondientes. En 2012 el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que un año después sancionó a Bolivia por haber violado los derechos de sus cinco integrantes, entre otros el principio de no devolución, las garantías judiciales, la protección judicial, la protección a la familia y la integridad personal. El asunto es conocido en la jurisprudencia de la Corte IDH como el caso de la Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia[2], caso emblemático por haber sido el primero en el que tribunal de San José se pronunció sobre el principio de no devolución en un caso contencioso.

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Mujeres y máxima magistratura en El Salvador

Lilliam Arrieta de Carsana*

A pesar de que en El Salvador no existen barreras legales para la elección de mujeres en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las últimas 3 décadas, las mujeres únicamente han representado el 23.6% de las personas electas en dicho tribunal.  El mayor número de mujeres que han integrado la Corte Plena en un mismo periodo han sido 6 de un total de 15 magistraturas, en el período de 2012 y 2015.  En la Sala de lo Constitucional, el porcentaje es todavía menor.  De 19 personas electas en la Sala de lo Constitucional entre 1994 y 2018[i], solo 2 han sido mujeres; es decir, apenas 10.5%.  Actualmente, integran la Corte Plena 5 magistradas y 10 magistrados, e integran la Sala de lo Constitucional, 1 magistrada y 4 magistrados. Más aún, nunca se ha elegido a una mujer en la presidencia de la CSJ, a pesar de que, comparativamente, según datos del Banco Mundial, en 2016, 26 países ya tenían a una mujer presidiendo su más alta corte[ii].

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On the anniversary of the murder of St. Oscar Romero, new possibilities for justice?

DPLF Team, with thanks to Ali Boyd for her assistance*

On March 24, 1980, Oscar Romero became the most emblematic casualty of the brutal civil war in El Salvador, which would go on to last twelve years. As the culmination of a deliberate state plot, he was shot and killed while celebrating mass. More than 75,000 civilian victims would come to share the fate of the Archbishop of San Salvador during the course of the war. Though the conflict was then in its infancy, Romero unequivocally denounced the violence, prophetically speaking directly to the death squads and to government officials during his weekly homily less than 24 hours before he was killed. The murder of the beloved Archbishop has galvanized the Salvadoran people for the last four decades. And with the canonization of Oscar Romero in October of 2018, the fight for justice at home – in the domestic court system – has once again captured the headlines. Sigue leyendo →

Perú, aquí se va a defender lo ganado

Cruz Silva del Carpio*

El mundo nos mira. Somos el país de Suramérica que a pesar de los constantes ciclos de bonanza económica y de robo sistemático de sus ganancias, como nos lo  recordó Alfredo Quiroz, está a punto de someter a la justicia a uno de sus eternos personajes políticos. Justamente, el más escurridizo ante la justicia: Alan García.

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Reflexiones sobre la Independencia Judicial en Costa Rica

Jorge E. Padilla Cordero*

Saber leer los tiempos, analizar las coyunturas políticas, jurídicas, sociales y culturales es parte de comprender lo que rodea a nuestro sistema democrático. Resaltar buenas prácticas pero tomar muy en cuenta las lecciones aprendidas es un acto de responsabilidad que la institucionalidad y sus autoridades deben tener en el horizonte diario. ¿Cuánto hemos aprendido de las crisis institucionales que en los últimos años ha tenido Costa Rica? ¿Cuánto se ha discutido al respecto para resguardar esa institucionalidad frente a los embates del populismo político y jurídico? Parece que se ha recorrido mucho y nada a la vez. Parece que ha importado mucho y nada a la vez.

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Un juez muestra a la justicia frente al poder

Luis Pásara*

Un juez federal estadounidense ha dado desde su estrado una clase magistral sobre la justicia, de especial utilidad para ingenuos. Ha condenado a cuatro mujeres que creían ejercer su solidaridad con los inmigrantes que atraviesan el desierto de Arizona, dejándoles agua y alimentos en lugares donde pudieran encontrarlos. No sabían –o no podían creer– que un juez, un funcionario público encargado de administrar justicia, llegaría a considerar ese acto –para ellas, un acto de justicia– como un delito merecedor de pena de prisión.

Hace mucho que me ha llamado la atención el doble sentido de la palabra justicia. Quien sufre un agravio y reclama justicia se somete a la justicia para llevarle su demanda. Los filólogos dirán que hay allí una anfibología o, mejor aún, una disemia (palabra de doble significado). Pero un ciudadano agudo percibirá que ese doble significado encierra una trampa.

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Cuatro problemas límite en las reformas de nuestra justicia

Luis Pásara*

Cincuenta años atrás empezó la reforma de la justicia en el Perú. Se estableció un consejo para que los nombramientos no se efectuaran en instancias políticas. Como resultado se produjo una renovación de jueces y fiscales, al tiempo que se introdujeron cambios en códigos y leyes. A partir de entonces, las reformas han recorrido buena parte de América Latina.

A los cambios en la composición de las instituciones se agregaron la renovación en la infraestructura física e informática y, luego, la reingeniería de flujos y procesos. Se incrementaron significativamente los montos presupuestales dedicados a la justicia y con el apoyo, en ocasiones complaciente, de la cooperación internacional se multiplicaron proyectos piloto para diversos asuntos. Debe notarse que la mayor parte de estas experiencias no han sido evaluadas. Las inversiones han sido enormes y los resultados son escasos y desiguales. La insatisfacción ciudadana ha crecido y hoy en día prevalece en la región un gran escepticismo respecto de cambiar la justicia.

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