¿Es el voto directo, adecuado para elegir a altas autoridades judiciales? Reflexiones sobre la elección de altos magistrados en Bolivia

 

Ursula Indacochea

Oficial Sénior de Programa, DPLF

Publicado previamente en la Revista Reforma Judicial, revista informativa del órgano judicial de Bolivia

Sucre, No. 02, noviembre 2016

Hand pick idea Business man from a group of people.

Desde febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece –en sus artículos 182.I, 188.I, 194.I y 198- que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y hasta del Consejo de la Magistratura, deben ser elegidos por sufragio universal, de una lista de candidatos establecida previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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Entrenching the Guiding Principles on Business and Human Rights: Can the Inter-American System Help?

Claret Vargas

Researcher and area coordinator in the International Section, Dejusticia 

Article previously published in Global Rights Blog

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Bauxite mining in Suriname. Photo by: Visuals Studio Brazil

It is neither a secret nor a surprise that the effects of the Guiding Principles on Business and Human Rights (the GPs) have not yet been felt by the communities and individuals most affected by corporate activity.  Today, as in 2011, when the GPs were unanimously endorsed by the Human Rights Council, there are good reasons for skepticism of this non-binding instrument, and for the support of the process toward a binding treaty on Business and Human Rights, which began in 2014. Among the many critiques of the GP implementation process have been: a lack of attention to access to remedies for victims; unfair, badly designed and subpar grievance mechanisms created by corporations; State failure to regulate corporations to ensure and protect the human rights of communities that are affected by their activities; corporate resistance to provide reparations for harms they cause. The problem, as with many human rights norms, is effective implementation.

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Consumado el rompimiento del orden constitucional en Honduras

Joaquín Mejía

Abogado, académico y defensor de derechos humanos

La opinión de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la opinión de DPLF.

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La reciente inscripción de la candidatura del presidente Juan Orlando Hernández por parte del Tribunal Supremo Electoral hondureño no puede entenderse sin el contexto de subordinación y control casi absoluto de la institucionalidad democrática por parte del Poder Ejecutivo, desde la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, hasta las Fuerzas Armadas.

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En El Salvador: ¿ha llegado la hora de las personas desaparecidas en el conflicto armado?

Leonor Arteaga, Oficial Sénior de Programa, DPLF

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Foto: Our Parents Bones

 El 16 de enero de 2017 se cumplirán 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador. El gobierno ha puesto en marcha un plan para su conmemoración. La iniciativa es valiosa, pero las notas celebrativas de paz resultan agridulces en un país que no ha lidiado exitosamente con el legado de masivas violaciones a los derechos humanos. Una significativa deuda es la falta de esclarecimiento de las desapariciones. La Comisión de la Verdad documentó cerca de 5,000 casos, pero según registros de la sociedad civil son más de 10,000. La mayoría detenidos o secuestrados por actores estatales y probablemente asesinados con posterioridad. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les negó todo conocimiento de lo que les pasó. Ni un solo caso ha sido resuelto por acciones estatales[1].

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Reflexiones acerca de la situación de los derechos humanos en Panamá

Informe presentado a la CIDH por organizaciones panameñas de la sociedad civil en el marco de su 159° Período de Sesiones, realizado en Ciudad de Panamá.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido el papel que cumplen las y los operadores de justicia en los países de la región en su tarea de preservar el Estado de Derecho y garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a ser juzgados por un juez competente, independiente e imparcial, en los términos establecidos por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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The case of the El Mozote massacre: El Salvador’s first trial for grave human rights violations?

 Leonor Arteaga, Senior Program Officer, DPLF

EL SALVADOR/MASACRE/ANIVERSARIO

December 11, 2016 will mark the 35th anniversary of the El Mozote massacre -one of the most emblematic crimes of El Salvador’s armed conflict. With at least 1000 victims, it is considered to be the worst massacre ever perpetrated against civilians –men, women, and children- by armed forces in Latin America. The massacre has regained public attention due to the recent reopening of criminal investigations into the case, 23 years after it was closed under the country’s then-valid Amnesty Law, which was recently declared unconstitutional.

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El Poder Judicial de Ecuador: un reciente libro pone al descubierto los peores fallos

Björn Arp

Abogado de derechos humanos y miembro de la Federación Interamericana de Abogados

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Un libro publicado por el Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, y la Federación Interamericana de Abogados de Washington, D.C. pone al descubierto algunas de las peores sentencias del Poder Judicial de Ecuador, después de su reforma de 2011-2013. El libro es una buena muestra del trabajo que queda por delante para lograr un Poder Judicial auténticamente independiente del gobierno e imparcial en las decisiones judiciales que adopta.

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