Vivian Newman*
Con ciertas dificultades de quórum, la Corte Suprema de Justicia acaba de llenar la vacante de uno de los cargos más poderosos de la institucionalidad colombiana: El Fiscal General de la Nación. La institución cuenta con más de 22,000 empleados, un presupuesto de más de un billón de dólares y el monopolio y orientación de todas las investigaciones penales; es decir el músculo y la fuerza para investigar y condenar a cualquier ciudadano.
Daniel Vázquez*
No han sido los mejores años para los derechos humanos en México. En particular, hay dos tendencias negativas que han afectado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su primer año: la espiral de violencia observada en los homicidios y el bajo crecimiento de la economía.
No se puede culpar al actual gobierno de ninguna de esas dos tendencias, pero ambas son el contexto con el que le tocó arribar al poder, y a partir del cual debe tomar decisiones de política pública. Peor aún, ambas tendencias impactan tanto en los derechos civiles como en los derechos económicos y sociales de toda la población.
Claudio Nash*
El tema de la corrupción ha ido ganando un espacio propio en la discusión de derechos humanos (DDHH) a nivel internacional y el Informe sobre “Derechos Humanos y Corrupción” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el esfuerzo más completo de abordaje integral del tema que haya hecho por un organismo internacional a la fecha.
Daniel Cerqueira* e Letícia Aleixo**
Ver versões em espanhol e inglês.
Diante da incapacidade do Estado brasileiro de brindar respostas efetivas às vítimas de crimes ambientais, foram apresentadas algumas ações judiciais em países europeus nos quais as empresas responsáveis pelos danos se encontram registradas. O presente ensaio busca contribuir para a discussão sobre o litígio transnacional como estratégia para superar a captura corporativa dos processos de licenciamento e fiscalização ambiental no Brasil, a partir da análise dos antecedentes e desenvolvimentos posteriores aos colapsos de barragens ocorridos no estado de Minas Gerais, com participação de empresas de mineração e de engenharia com sede no Reino Unido e na Alemanha.
Daniel Cerqueira* and Letícia Aleixo**
See Spanish and Portuguese versions.
The Brazilian State’s inability to respond effectively to victims of environmental crimes has led to several legal actions in European countries, where companies responsible for the harm are registered. This essay aims to contribute to the discussion on cross-border litigation as a strategy for counteracting the corporate takeover of environmental permitting and inspection procedures in Brazil, by examining the history and developments in the wake of the dam collapses in Minas Gerais that involved mining and engineering companies based in the United Kingdom and Germany.
Daniel Cerqueira* y Letícia Aleixo**
Ver versiones en portugués e inglés.
Ante la incapacidad del Estado brasileño de brindar respuestas efectivas a las víctimas de crímenes ambientales, se han presentado algunas acciones judiciales en países europeos, en donde empresas responsables por los daños se encuentran registradas. El presente ensayo busca contribuir a la discusión sobre el litigio transnacional como estrategia para superar la captura corporativa de los procesos de licenciamiento y fiscalización ambiental en Brasil, a partir del análisis de los antecedentes y desarrollos posteriores a los colapsos de embalses ocurridos en el estado de Minas Gerais, con la participación de empresas mineras y de ingeniería con sede en el Reino Unido y Alemania.
Daniel Cerqueira*
En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha empeñado en ampliar sus estándares con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Un número creciente de sentencias reconoce la justiciabilidad directa del art. 26 de la Convención Americana (CADH), referido a los DESC, y detalla las obligaciones estatales frente a derechos como salud, trabajo, estabilidad laboral, seguridad social, derechos ambientales, entre otros. Estos esfuerzos recientes remontan a pronunciamientos obiter dicta y votos disidentes que, desde finales de los ochenta, han sostenido su competencia contenciosa en torno a los DESC. Pero el salto jurisprudencial más ambicioso tuvo lugar en agosto de 2017, con la sentencia del Caso Lagos del Campo vs. Perú. Se trata del primer fallo que declara la violación directa de un derecho social, hasta entonces considerado justiciable de manera indirecta o por conexidad, bajo ciertos derechos civiles y políticos protegidos en la CADH.
