Is there a Human Right to Indefinitely Run for Reelection?

The Inter-American Court must decide whether the misuse of the conventionality control circumvents the power of the constitutional bodies

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

Ver versões em português.

In the next few months, the Inter-American Court of Human Rights (I/A Court) shall issue an advisory opinion in order to clarify whether presidential reelection is a right arising from the American Convention on Human Rights and, if so, whether it can be restricted. This article addresses one of the aspects which will probably be elaborated upon in said opinion, that is to say the inadequate use of the conventionality control with a view to modifying, by means of a judicial decision, constitutional provisions whose scope should only be scrutinized by mechanisms of constitutional creation or reform under the rule of law.

Until the beginning of this century, the judicial activity of courts in Latin America with regard to controversies related to the regulation of presidential elections were limited to the adjudication of formal requirements of the legislative process. In exceptional cases, national courts were called upon to determine the date of entry into force of constitutional reforms or new Constitutions which introduced the possibility of presidential reelections.

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Direito humano à reeleição indefinida ou descontrole de convencionalidade?

A Corte Interamericana deve emitir pronunciamento sobre o uso inadequado do controle de convencionalidade para desvirtuar a esfera de decisão do poder constituinte

Daniel Cerqueira*

Publicado em inglês em Verfassungsblog.

Versión en español aquí.

Nos próximos meses, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) emitirá um parecer consultivo para determinar se a figura da reeleição presidencial pode ser considerada como um direito emanado da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, nesse caso, se o mesmo pode ser limitado. Este artigo trata de um dos aspectos que deverão ser explicados no referido parecer: o uso inadequado do controle de convencionalidade com o objetivo de modificar, pela via judicial, disposições constitucionais cujo alcance deveria estar subordinado aos mecanismos de criação ou reforma constitucionais em um Estado de Direito.

Até o início deste século, a atuação dos Poderes Judiciários da América Latina no que diz respeito a controvérsias sobre a regulamentação da reeleição presidencial se limitaram a resolver questões relacionadas aos requisitos formais do processo legislativo. Em casos excepcionais, os tribunais nacionais foram chamados a interpretar disposições sobre o momento de entrada em vigor de reformas constitucionais ou novas Constituições Políticas que consagraram a reeleição presidencial.

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El Informe de la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela: Consideraciones sobre las dimensiones de género y los actos de violencia sexual

Beatriz Borges* y Nicole Ramia**

El pasado mes de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela. Esta misión fue creada en el 2019, en el 42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014 en Venezuela. Este informe que narra de forma detallada las atrocidades y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, presenta reflexiones e información relevante sobre las dimensiones de género de la crisis y también sobre la comisión de delitos sexuales. 

En este sentido, la misión ha destacado el uso de la violencia sexual o amenazas de violación, infligiendo dolor físico y angustia psicológica por parte de los agentes de seguridad del Estado, como técnica de represión y tortura particularmente en circunstancias de detención para obtener confesiones e información de la víctima.

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Venezuela: Corrupción y Crímenes de Lesa Humanidad

Carmen Alguíndigue Morles*

El Informe de la Misión de Determinación de Hechos recientemente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos contiene un apartado específico sobre el fenómeno de la corrupción en Venezuela, en el que se hace mención sobre el casi centenar de investigaciones en distintas jurisdicciones del mundo, el mal manejo de los asuntos económicos y en general el desdibujamiento de la independencia de poderes públicos, a medida que el poder Ejecutivo se ha extendido.

Esta misión internacional independiente deja claro que la existencia y mantenimiento de este fenómeno de la corrupción “es un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos, al generar beneficios económicos personales a los responsables….”, afirmando que “un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos[1]”. Este aporte, al igual que todos los hallazgos encontrados es fundamental en el examen preliminar que se adelanta desde 2018 sobre Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador: Primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia sexual en instituciones educativas

Catalina Martínez Coral, Carmen Cecilia Martínez* y Lita Martínez**

El 24 de junio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló el caso Guzmán Albarracín y otros Vs. Ecuador condenando al Estado ecuatoriano por no proteger a Paola Guzmán Albarracín, una niña adolescente que desde sus 14 años fue víctima de violencia sexual por parte del Vicerrector del colegio público al que asistía en la ciudad de Guayaquil. El caso, presentado por el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil) establece por vez primera estándares para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual en entornos educativos.

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Three Challenges for the Inter-American System and the Right to Free, Prior, and Informed Consultation

Cristina Blanco*

Article published in the 22nd edition of Aportes.

Versión en español aquí.

In Latin America, few indigenous peoples’ rights have received as much attention as the right to free, prior, and informed consultation and consent (FPIC). In a region with enormous cultural diversity and high levels of social conflict associated with extractive and investment projects, indigenous peoples have used FPIC as a tool to resist the impacts of those projects on their territories. State authorities, the private sector, financial institutions, and other actors have also viewed prior consultation as a key tool for preventing social conflict.

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Tres retos para el Sistema Interamericano y el derecho a la consulta previa, libre e informada

Cristina Blanco*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

English version here.

En América Latina pocos derechos de los pueblos indígenas han recibido tanta atención como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI). En una región caracterizada por su enorme diversidad cultural y altos niveles de conflictividad social asociada a proyectos extractivos y de inversión, los pueblos indígenas han usado la CPLI como una herramienta para resistir los impactos de dichos proyectos sobre sus territorios. Igualmente, autoridades estatales, sector privado, entidades financieras, entre otros actores, han visto en la consulta previa una herramienta clave para la prevención de conflictos sociales.

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¿Necesitamos una consulta popular para investigar ex presidentes mexicanos?

Estefania Medina y Adriana Greaves*

El pasado 15 de septiembre el presidente de México presentó al Congreso una propuesta de consulta popular, con la finalidad de que se lleve a cabo una consulta a la ciudadanía sobre si se deberían investigar y sancionar a ex- presidentes por posibles delitos que ocurrieran en el pasado.

Sin embargo, la pregunta presentada por el Presidente resulta por demás innecesaria, toda vez que conforme a la Constitución y las leyes mexicanas la Fiscalía General de la República (que desde 2019 es un órgano constitucional autónomo), o en su caso las fiscalías estatales, tiene la obligación de iniciar investigaciones cuando se tiene conocimiento de cualquier hecho que pueda ser un delito, por lo cual, para el inicio de estas investigaciones basta la presentación de una denuncia o el conocimiento de los hechos para dar paso a estas investigaciones.

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From the right to prior consultation to self-determination: reflections from the DPLF experience

Daniel Cerqueira*

Article published in the 22nd edition of Aportes.

Versión en español aquí.

An important part of DPLF’s work, through its Human Rights and Natural Resources program, has been to reinforce the inclusion of international standards on free, prior, and informed consultation (FPIC) in the norms, public policies, and case law of Latin American states. We have worked to provide legal support to civil society organizations (CSOs) and indigenous movements that are working to incorporate these standards into the laws and practices of their States. To this end, we have carried out advocacy activities, published case law digests, prepared specialized studies and analyses, monitored judicial proceedings, and filed amicus curiae briefs in emblematic cases.

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Del derecho a la consulta previa a la libre determinación: reflexiones desde la experiencia de DPLF

Daniel Cerqueira*

Artículo publicado en la edición 22 de la Revista Aportes.

English version here.

Una parte importante del trabajo de DPLF, desde el programa Derechos Humanos y Recursos Naturales, ha sido fortalecer la incorporación de estándares internacionales sobre la consulta previa, libre e informada (CPLI) en normas, políticas públicas y jurisprudencia de los Estados latinoamericanos. Nuestra labor ha sido brindar un aporte jurídico a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y movimientos indígenas que trabajan por la incorporación de los referidos estándares en las normas y prácticas de sus Estados. Para ello, hemos realizado actividades de incidencia, publicado digestos de jurisprudencia, elaborado estudios y análisis especializados, hemos monitoreado procesos judiciales y presentado escritos de amicus curiae en casos emblemáticos.

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