La democracia colombiana en las calles

Vivian Newman* 

A pesar de que las protestas han venido aumentando en Colombia desde los años noventa, con la firma de los acuerdos de paz en 2016 se ha sentido un pronunciado crecimiento. Hasta entonces, salvo contadas excepciones, las marchas estaban estigmatizadas como infiltradas por la guerrilla, lo que las limitaba a presencia de sindicatos, universidades públicas, población lgbti y trabajadores informales, excluyendo a otras minorías con reclamos legítimos y a una inmensa sociedad indiferente. Ahora, gran parte de la sociedad colombiana ha incrementado la expresión pública de sus inconformidades y el gobierno, desconectado de las calles, no ha sabido entender ni manejar la nueva democracia.

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A dark night for judicial independence in El Salvador*

Ursula Indacochea** y Sonia Rubio Padilla***

he night of Saturday, May 1, 2021, when the Salvadoran Congress decided to mortally wound the country’s justice system, could be a long night, one of those that darken with the passage of time. But no night lasts forever. President Nayib Bukele and the deputies of his political party Nuevas Ideas may not be aware today of the need for an independent judiciary; but the lack of legal certainty and the condemnation of the international community will inevitably be reflected in a flight of investment, the contraction of the economy, and the absence of conditions for prosperity. The experience of the region has shown, systematically, that authoritarian governments and their leaders, at some point then turn to justice for protection. And it is there that history, and the debris of justice, paid them back with the same coin.

The strategy of capture of the Constitutional Chamber

The capture of El Salvador’s Constitutional Chamber did not begin on May 1. It began long before, when from the privileged tribune of official discourse, President Bukele launched a campaign of attacks, harassment and criminalization of the highest constitutional body. From the open contempt of its rulings to the accusations of the Chamber as “corrupt” or as “guilty” of the deaths and contagions during the pandemic, Bukele was building a hostile narrative towards justice, replicated and increased by his followers in the networks. In this way, he deliberately fabricated a disease to later appear with “the cure”.

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Noche oscura para la independencia judicial en El Salvador*

Ursula Indacochea** y Sonia Rubio Padilla***

La noche del sábado 1 de mayo de 2021, en que la Asamblea Legislativa de El Salvador decidió herir de muerte al sistema de justicia del país, puede ser una noche larga, de las que oscurecen con el paso del tiempo. Pero ninguna noche es eterna. El presidente Nayib Bukele y los diputados de su partido político Nuevas Ideas, quizás no sean hoy conscientes de la necesidad de un sistema de justicia independiente; pero la falta de seguridad jurídica y la condena de la comunidad internacional se reflejará inevitablemente en una fuga de la inversión, la contracción de la economía, y en la ausencia de las condiciones para la prosperidad. La experiencia de la región ha mostrado, sistemáticamente, que los gobiernos autoritarios y sus líderes, en algún momento luego voltean hacia la justicia buscando protección. Y es allí donde la historia, y los escombros de la justicia, les pagaron con la misma moneda.

La estrategia de captura de la Sala de lo Constitucional

La captura de la Sala de lo Constitucional de El Salvador no comenzó el 1 de mayo. Empezó mucho antes, cuando desde la tribuna privilegiada del discurso oficial, el presidente Bukele emprendió una campaña de ataques, hostigamiento y criminalización del máximo órgano constitucional. Desde el abierto desacato de sus sentencias, hasta los señalamientos a la Sala como “corrupta” o como “culpable” de las muertes y contagios durante la pandemia, Bukele fue construyendo a cuentagotas, una narrativa hostil hacia a la justicia, replicada y aumentada por sus seguidores en las redes. De ese modo, fabricaba deliberadamente una enfermedad para después aparecer con “la cura”.

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¿Por qué y para qué la CIDH en Colombia?

Silvia Serrano Guzmán*

Miles de solicitudes motivaron que el pasado viernes 14 de mayo la CIDH le solicitara al Estado de Colombia su anuencia para una visita al país. Además, se le ha solicitado a la Comisión la conformación de un grupo de investigación independiente. Aquí defiendo que estas solicitudes están más que justificadas y comento la importancia de que se materialicen.

Desde el 28 de abril no ha habido un día en el que no se hayan reportado denuncias de violaciones de ddhh por parte de la fuerza pública que incluyen detenciones arbitrarias, muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza, desapariciones y violencia sexual. Existen videos que muestran a la fuerza pública usando armas letales e indiscriminadas. En este marco, el Gobierno optó por implementar la asistencia militar en las labores de orden público con los riesgos que ya conocemos. A esto se suma un clima de estigmatización de la protesta desde las más altas autoridades del Estado y una inexplicable omisión de dichas autoridades en condenar inequívocamente esos hechos. Pareciera que se entiende que condenar las violaciones de ddhh de la fuerza pública significa aceptar la – también grave – violencia que excede el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Pero si este panorama no fuera lo suficientemente grave, también hemos visto a civiles armados disparándole a manifestantes con fuerza pública observando tranquilamente la situación, reviviendo el fantasma (que nunca se fue) del paramilitarismo.

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Maduro’s latest offensive: criminalization of civil society organizations through new regulations

Lee la versión en español aquí.

Rafael Uzcátegui*

In less than 48 hours more than 650 organizations, Venezuelan and from other countries, agreed to sign a communiqué rejecting the obligation to register in the Caribbean country before a counter-terrorism office, handing over data of the people they serve. This represents the latest decision of the government of Nicolás Maduro to close the civic space in Venezuela.

Last March 30, Administrative Ruling number 001-2021 appeared in the Official Gazette, the state publication that disseminates laws and regulations approved in Venezuela, by means of which the regulations for the Unified Registry of Obligated Parties before the National Office Against Organized Crime and Financing of Terrorism were dictated. This very long name fulfilled the prophecy that human rights organizations such as Provea had made months ago: 2021 would be a period of governmental offensive against civil society, after they had managed to erode the voice and cohesion of the political leadership of the country. By imposing the quarantine of silence on the opposition parties, the persecution would be focused against the rest of the society with the capacity to document and denounce, at a time when the international oversight on the human rights situation could escalate mechanisms of pressure on Miraflores.

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La última ofensiva de Maduro: criminalización de la organizaciones de la sociedad civil a través de nuevas regulaciones

Read the English version here.

Rafael Uzcátegui*

En menos de 48 horas más de 650 organizaciones, venezolanas y de otros países, acordaron suscribir un comunicado de rechazo a la obligación de registrarse en el país caribeño ante una oficina contra el terrorismo, entregando datos de las personas a las que atienden. Esto representa la ultima decisión del gobierno de Nicolás Maduro para cerrar el espacio cívico en Venezuela.

El pasado 30 de marzo apareció en la Gaceta Oficial, la publicación estatal que difunde leyes y normativas aprobadas en Venezuela, la Providencia Administrativa número 001-2021 mediante la cual se dictaba la normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Este larguísimo nombre cumplía la profecía que organizaciones de derechos humanos como Provea habían hecho meses atrás: El año 2021 sería un período de ofensiva gubernamental contra la sociedad civil, luego que habían logrado erosionar la vocería y la cohesión del liderazgo político del país. Al imponer la cuarentena del silencio a los partidos de oposición, la persecución se enfilaría contra el resto de la sociedad con capacidad para documentar y denunciar, en un momento en que la mirada internacional sobre la situación de los derechos humanos pudiera escalar mecanismos de presión sobre Miraflores.

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¿Camino a una dictadura millenial?*

Katya Salazar**

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente peruano Alberto Fujimori informaba en un mensaje a la nación su decisión dedisolver el Congreso de la República por ser un obstáculo a sus planes para enfrentar la crisis económica, el narcotráfico y el terrorismo que azotaban al país, evento recordado como el “Autogolpe” o “Fujimorazo”. Asimismo, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Construccional por las mismas razones. Según el guión que presentó esa noche al pueblo peruano, estas instituciones, integradas por los supuestos “holgazanes y corruptos de siempre”, impedían el desarrollo y pacificación del país, por lo que era necesario reformarlas. Dos años antes, Fujimori ganaba las elecciones gracias a una mayoría que vio en él la posibilidad de un cambio. Había ganado el “outsider”, enemigo del establishment y de los partidos políticos tradicionales, el de la mano dura que llegaba a poner orden en el país, cercano al pueblo, conocedor de sus necesidades y las soluciones.

Imágenes del ese autogolpe de estado ocurrido hace casi 30 años en Perú, volvieron a nuestras mentes cuando el 9 de febrero último vimos a las Fuerzas Armadas salvadoreñas entrar por la fuerza a la Asamblea Legislativa por órdenes del Presidente, invocando el articulo 87 de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la “insurrección”. Nayib Bukele, el mandatario “millenial” que llegó para darle un aire fresco a la política salvadoreña, que disfruta de los selfies y gobierna por Twitter, quería mostrarle a la Asamblea Legislativa de su país que sus amenazas iban en serio si ésta seguía negándose a aprobar un préstamo para su plan de combate a la violencia. Muchos temimos estar presenciando los momentos previos de un Fujimorazo y respiramos “aliviados” cuando el Presidente, después de ingresar a la Asamblea Legislativa y orar, informó que le había preguntado a Dios qué hacer y que éste le había dicho que tuviera paciencia, esto es, que suspendiera sus planes de cerrar al Congreso.

Este audaz acto de intimidación nunca antes visto en El Salvador, recibió una unánime condena internacional y llevó a que algunas voces lo calificaran  como el  paso inicial  en el camino a convertirse en el primer “dictador millenial” de la región.

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El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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General Elections in Peru 2021: The pandemic has won

David Lovatón Palacios*

Spanish version here.

On April 11, the general elections took place in Peru to elect the new President and Congress for the period 2021-2026, with an absolutely unpredictable and discouraging result from a democratic perspective. The following is a brief analysis of what the two presidential candidates who have made it to the second round of elections represent and the very difficult scenarios that may arise in the next five years for Peru.

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Elecciones generales en Perú 2021: Ganó la pandemia

David Lovatón Palacios*

Versión en inglés aquí.

El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.

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