La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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La observancia de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Publicado originalmente en Guardiana.

A propósito de la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Bolivia se ha abierto en un debate público en muchos casos falso o desinformado al menos— sobre el carácter obligatorio de esta decisión para el país.

Conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la facultad de declarar que reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención, o solo para casos específicos. En el caso de Bolivia, el 27 de julio de 1993 el Estado reconoció de manera amplia la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, declarando su “reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido”.

Una de las formas en que esta Corte se pronuncia sobre la interpretación de la CADH es precisamente mediante las opiniones consultivas. Recordemos que el artículo 64.1 de la convención señala que “[l]os Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

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La consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México es contraria a los derechos humanos

José Antonio Guevara Bermúdez*

El pasado domingo primero de agosto se celebró una consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena –el partido político al que pertenece– que podríamos calificar de histórica por ser la primera que abiertamente contraviene las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y que fue un fracaso en términos de participación.

La consulta como forma de participación ciudadana en los asuntos públicos está regulada por la Constitución (artículo 35, f. VIII) y la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP), instrumentos que disponen que las mismas pueden ser solicitadas por el presidente de la República, un porcentaje de legisladores (diputados o senadores) o un determinado número de electores. 

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Economic Actors and Transitional Justice Policies in Latin America

Nelson Camilo Sánchez*

Versión en español aquí.

A few days ago, the Special Jurisdiction for Peace (la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), the transitional tribunal established in Colombia by the peace agreements signed in 2016, issued a very important decision providing clarification for cases of civilians murdered during the conflict who were presented to the government as enemy casualties in combat (a macabre practice that in Colombia was known by the euphemism “false positives”).

The JEP’s decision included, among other significant things, this court’s first indictment of a “civilian third party”. The peace agreement uses the term “civilian third party” to refer to those persons who, without being part of an armed group, participated in the commission of grave human rights violations. Many of these third parties had eminently economic motivations and, to satisfy them, sponsored the armed actors in various ways, including providing economic, logistical, and political support. 

The relationship between economic actors and armed groups in times of repression and war is not unique to the Colombian conflict. Victims of human rights violations have recounted how economic elites, companies (transnational and national) and other business agents (formal and informal) have been complicit in human rights violations in every corner of the globe.  

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Actores económicos y políticas de justicia transicional en América Latina

Nelson Camilo Sánchez*

English version here.

Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional establecido en Colombia a partir de los acuerdos de paz firmados en 2016, emitió una decisión muy importante para el esclarecimiento de casos de asesinato de civiles para presentarlos como bajas enemigas hechas en combate (una práctica macabra que en Colombia se conoció con el eufemístico nombre de “falsos positivos”).

La decisión de la JEP incluyó, entre otras cosas significativas, la primera imputación de un “tercero civil” hecha por este tribunal. El acuerdo de paz usa el término “tercero civil” para referirse a aquellas personas que sin hacer parte de un grupo armado participaron en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Muchos de estos terceros tuvieron motivaciones eminentemente económicas y, para satisfacerlas, auspiciaron a los actores armados a partir de varias formas, incluyendo apoyo económico, logístico y político. 

La relación entre actores económicos y grupos armados en épocas de represión y guerra no es exclusiva del conflicto colombiano. Víctimas de violaciones a derechos humanos han relatado cómo élites económicas, empresas (transnacionales y nacionales) y otros agentes de negocios (formales e informales) han sido cómplices de violaciones a derechos humanos en todos los rincones del globo.  

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El ABC de la Consulta Popular en México

Daniela Malpica Neri*

El 1 de agosto de 2021, las y los mexicanos fuimos llamados a participar en la primera consulta popular en nuestro país. Este ejercicio generó mucha controversia y polarización, por decir lo menos. En el presente espacio pretendo abordar de manera breve y sencilla cómo surgió esta figura de participación directa de la democracia en México, el origen de la pregunta y el proceso hasta llegar a la boleta, así como un breve análisis de sus resultados y las posibilidades que la pregunta representó para conocer la verdad de violaciones graves a derechos humanos en nuestro país. 

Origen de la consulta popular en México

Además de las elecciones para los cargos públicos de los poderes ejecutivo y legislativos, México incluyó la figura de consulta popular como mecanismo de participación ciudadana en el año de 2012. Su regulación secundaria, la Ley Federal de Consulta Popular, se publicó dos años después, el 14 de marzo de 2014. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió desde su periodo de campaña diversas consultas populares. Con esto en mente, y en específico para la consulta que nos espera el próximo domingo, decidió que se requería de modificaciones para asegurarse de la constitucionalidad y vinculatoriedad de las consultas[1]. Por ello, se logró modificar la Constitución el pasado 20 de diciembre de 2019 para quedar como la conocemos ahora. 

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The Rule of Law Concept of the People’s Republic of China: A great challenge

Daniel Kempken*

Leer versión en español aquí.

China’s new Rule of Law Concept contradicts in central points the internationally established conception of the Rule of Law. The Chinese proposal stands for rule by law. These ideas should be countered in the international debate as well as by further promoting the current Rule of Law model in cooperation with partner countries and civil society. However, existing judicial dialogues and legal cooperation with China itself should also be continued in an appropriate manner. 

China’s five-year plan to build the rule of law (2020 – 2025) contains a conception of law that departs from the current UN conception of Rule of Law in fundamental respects and contradicts the interests of both the European Union and the United States. The main sticking points are the strict rejection of the separation of powers/independence of the judiciary, a completely different understanding of human rights, data, and privacy protection as well as democracy. Furthermore, digital systems are to replace the decisions of an independent judiciary in important areas.

The bottom line is that ruling by law is taking the place of the Rule of Law. In particular, the digital elements of the Chinese model are reminiscent of a 4.0 version of the dystopia of a total surveillance state described by George Orwell in his novel 1984.

According to the Five-Year Plan, the declared goal is to promote Chinese-style rule of law internationally. For this purpose, China is relying on participation in UN bodies, international cooperation, judicial dialogues, exchange programs and new arbitration procedures. This announcement should set alarm bells ringing. The concept adds a new dimension to legal development, as China challenges the existing international consensus on Rule of Law. 

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Stockholders’ Human Rights Insufficiently Protected by the IACHR

Arturo C. Porzecanski*

Versión en español aquí.

The principle that a state incurs international responsibility when it expropriates the property of foreign investors without adequate compensation is well established in international law. Provisions relating to the protection of property abroad may be found in international agreements dating back to the late 19thcentury; but in the wake of the conclusion of thousands of bilateral and regional investment and trade agreements during the 1990s and early 2000s, by now provisions relating to the protection of cross-border investments are commonplace in most countries around the globe.

Far less has been established, however, about the international responsibility that a state may incur when it decides to expropriate without due compensation the property of its citizens. Except for domestic investors in Europe, virtually all others around the globe have been restricted to whatever remedies may be available under the local laws of their respective states. In the case of Europe, the European Convention on Human Rights (entered into force in 1953) provided that “every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions,” the EU Charter of Fundamental Rights (2012) conditioned any deprivation on “fair compensation being paid in good time”, and the European Court of Human Rights has put teeth on those clauses through its landmark rulings.

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Los derechos de accionistas insuficientemente protegidos por la CIDH

Arturo C. Porzecanski*

English version here.

El principio bajo el cual un Estado incurre en responsabilidad internacional cuando expropia la propiedad de inversionistas extranjeros sin una compensación adecuada está bien establecido en el derecho internacional. Cláusulas relacionadas con la protección de la propiedad en el extranjero pueden encontrarse en acuerdos internacionales que datan de finales del siglo XIX; pero a raíz de la conclusión de miles de tratados bilaterales y regionales de inversión y comercio durante la década de 1990 y principios de los 2000, ahora las cláusulas relacionadas con la protección de inversiones transfronterizas se han vuelto comunes en casi todos los países alrededor del globo.

Sin embargo, aún están por aclararse algunos aspectos de la responsabilidad internacional de un Estado cuando decide expropiar sin compensación la propiedad de sus propios ciudadanos. Exceptuando a los inversionistas locales en Europa, prácticamente todos los demás alrededor del globo han tenido que atenerse a los remedios judiciales disponibles bajo las leyes de sus respectivos Estados. En el caso de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (vigente desde 1953) especificó que “toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes” y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2012) condicionó toda privación al pago “en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado fuerza a esas cláusulas a través de fallos emblemáticos.

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Afro-descendant activism takes center stage in Cuba’s July protests

Caleb Weaver*

Versión en español aquí.

Massive and seemingly spontaneous protests erupted across Cuba on Sunday, July 11, with thousands of people taking to the streets in over fifty cities, including a crowd of 2,000 in central Havana. Although these protests appear to have taken Cuba’s government by surprise, President Miguel Díaz-Canel quickly rallied the one-party state’s response, deploying the National Police (PNR) and armed forces (FAR), including special forces known as “black berets,” and calling government supporters into the streets for counter-protests. The streets of Havana and other cities remained ‘militarized’ for the following several days.

As the dust settled on the protests, civil society and independent media began to denounce a series of abuses in the government’s response, including one confirmed death: 36-year-old Diubis Laurencio Tejeda, who witnesses say was shot in the back during a confrontation between police and protestors in the La Güinera neighborhood of Havana. Tragically, Diubis’ mother died by suicide a week later, with family members reporting that she had been bereft since her son’s death. Other documented abuses include beatings, arbitrary detentions, and sexual assault of detaineesOne set of viral videos shows a special forces member bursting into a house with his gun drawn and the aftermath of an apparent shooting in the house.

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