Indulto a Fujimori vulnera control de convencionalidad y derecho de acceso a la justicia de las víctimas

Juana María Ibáñez Rivas*

Hace más de 20 y 15 años, respectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió las sentencias en Barrios Altos y La Cantuta, dos casos emblemáticos y trágicamente representativos del período de conflicto armado de carácter no internacional en el Perú (1980-2000). 

En la sentencia Barrios Altos (2001), la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida de 15 personas y el derecho a la integridad de cuatro que fueron heridas gravemente (una de las cuales resultó incapacitada de manera permanente), en noviembre de 1991, en un inmueble en Lima, en el vecindario conocido como “Barrios Altos”. En la sentencia La Cantuta (2006), la Corte declaró responsable al Perú por violaciones al derecho a la vida, la integridad y libertad personal en perjuicio de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”-La Cantuta, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992 (dos fueron ejecutados y, los otros ocho, desaparecidos forzadamente). En ambos casos, se demostró que las violaciones fueron resultado de la actuación del “Grupo Colina”, adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional, que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. En las referidas sentencias, la Corte IDH ordenó al Estado investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos.

La sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de 17 de marzo de 2022 que restituye los efectos de la Resolución Suprema de 24 de diciembre de 2017 que concedió un indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su libertad[1] representa un incumplimiento de las decisiones de la Corte IDH, así como una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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Apoyar sin revictimizar: Los desafíos del acompañamiento psicosocial

Héctor Rosemberg Aparicio*

Podemos entender la revictimización desde el concepto del trauma psicosocial: “Etimológicamente, trauma significa herida. En psicología, se suele hablar de trauma para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona que la deja marcada, es decir, deja en ella un residuo permanente… se utiliza el término nada usual de trauma psicosocial para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de una guerra”[1].  Por tanto, toda persona expuesta a una situación crítica, como un conflicto armado, tiene un daño emocional extremo, que trasciende a todas las personas que están a su alrededor y perdura hasta que no siga un proceso reparador. Cuando el Estado vuelve sobre este trauma, ya sea de forma directa con sus acciones o discursos, pero también con la pasividad y silencio sobre las víctimas, entonces revictimiza y sigue dañando, causando más dolor.

Lo anterior puede ocurrir con alguna frecuencia en los equipos estatales dedicados a implementar programas de reparación o la búsqueda de personas desaparecidas, pues por un lado son quienes llevan más alivio a las víctimas, pero en sus intervenciones también pueden ser los más propensos a revictimizar. Por eso vale la pena recordar a Martín Baró cuando nos dice que “todos los equipos implicados en procesos de búsqueda de personas desaparecidas e investigaciones forenses deben ante todo garantizar que no se generará más daño a las víctimas, sino que se fomentará la realización de acciones que tengan un carácter reparador[2]”.

El Salvador es un país de víctimas y también de experiencias y aprendizas sobre acompañamiento psicosocial, desde la sociedad civil y desde el estado. Ese país sufrió por alrededor de doce años (1980-1992) una guerra civil, siendo las principales causas las condiciones sociales, la desigualdad económica y con ello la represión política. Se le puso fin con los Acuerdos de Paz entre la entonces guerrilla del FMLN y el gobierno salvadoreño firmados en Chapultepec, México. Se sabe que la violencia política de ese periodo dejó al menos 75, 000 víctimas, entre ellas varios miles de personas desaparecidas, incluyendo niños y niñas. 

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El Salvador and the false discourse on judicial independence

Ursula Indacochea Prevost*

Versión en español aquí.

Last Wednesday, March 16, a public hearing was held before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to address the situation of judicial independence in El Salvador. In it, the petitioning organizations presented to this international body a reading of various decisions, facts and arbitrary reforms that occurred in 2021, as a strategy to capture the justice system, executed with the deliberate aim of neutralizing its ability to control power and protect human rights

The State, for its part, deployed an opposite narrative: all these acts would have obeyed, rather, to the objective of «strengthening and modernizing» a justice system «inefficient and conducive to widespread impunity». In this note, I intend to answer some of these arguments to demonstrate that there are reasonable grounds to consider that the state’s commitment to judicial independence is not sincere or, even, that there is a manipulation or appropriation of the discourse in defense of judicial independence, for purposes contrary to those stated.

As a starting point, it is worth briefly summarizing the civil society approach. It was argued that the Salvadoran justice system -which includes both the judiciary and the Attorney General’s Office- has been the object of a strategy of capture by the political power currently in government, executed in various stages. 

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El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

English version here.

El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

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Corte Interamericana debe ponerse al día con los estándares internacionales sobre el derecho a la libre determinación indígena

Daniel Cerqueira*

En los próximos meses la Corte Interamericana (Corte IDH) decidirá un caso más en su amplio repertorio de precedentes relacionados con la concesión de megaproyectos en territorios indígenas, en el cual confluyen actos de violencia, corrupción y daños ambientales. El caso se refiere a la violación de derechos de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente, cuyo territorio ancestral se ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Dicha comunidad reivindica la titulación colectiva de su territorio, pero no así un proceso de consulta previa, libre e informada (CPLI), en tanto la extracción de níquel en sus tierras ha sido autorizada desde hace varias décadas y es incompatible con su modo de vida y prioridades de desarrollo. El caso reviste especial importancia para que la Corte IDH se ponga al día con los desarrollos recientes sobre libre determinación indígena. 

Pasados 15 años desde que la Corte IDH dictó la emblemática sentencia en el Caso Saramaka vs. Surinam, los precedentes del Sistema Interamericano (SIDH) sobre CPLI han inspirado el marco normativo y jurisprudencial de diversos países de América Latina, de donde provienen 15 de los 24 Estados parte del Convenio 169 de la OIT, principal tratado internacional en la materia. Pese al estatus de edén jurídico de la consulta previa, la región sigue siendo la más peligrosa del planeta para los y las líderesas indígenas empeñadas en proteger sus recursos naturales. Dicha paradoja nos obliga a reflexionar críticamente sobre las narrativas basadas exclusivamente en la CPLI, y considerar otras obligaciones estatales de cara a los pueblos indígenas igualmente reconocidas por la comunidad internacional.

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Pegasus: the «legalization of espionage» in El Salvador?

Julia Gavarrete*

Versión en español aquí.

In El Salvador 35 people -among journalists and activists- were tapped with Pegasus. In the newspaper El Faro alone, there were 22 of us. We revealed this on January 13, 2022, after three months of having subjected our cell phones to exhaustive analysis. It was espionage through a sophisticated software called Pegasus which is capable of hacking into phones, infecting them, and gaining access to everything: information, videos, photographs, and text messages. Everything means everything. Citizen Lab and Access Now were the two organizations that analyzed our phone devices from the beginning. Both concluded there was «obsessive espionage» to which most of El Faro’s staff was subjected: 17 months of interventions, from June 2020 to November 2021, and in some cases uninterruptedly. Those who’s phones were intervened included the directors, editors, administrative staff and journalists. In those months, those who had access to our information, knew the places we frequented -just by taking a look at the geolocation- and even our family problems. One would think that there were enough details to start a serious investigation to identify who was behind it and activate the alarms of an entire country, right? I put it this way because that’s what happened in Poland, where five cases of spying were enough to generate a huge scandal.

The news of espionage broke in Poland almost at the same time as it broke in El Salvador. When it was revealed in Poland that 35 people were spied on with a program that costs millions of dollars and that according to NSO Group, the manufacturer, is only sold to governments and state security apparatuses, the Polish Senate had already begun a discussion on the use of the software against members of the opposition, among other officials. John Scott-Railton, one of Citizen Lab’s researchers who led the investigation in El Salvador, was interviewed by the Polish Senate and was asked about the use of this program and its scope. As a result, the Senate asked the Polish government to investigate where the espionage came from, against whom it was used, as well as to consider the urgent need of enacting laws to prevent espionage of this level from happening again.

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Pegasus: ¿la “legalización del espionaje” en El Salvador?

Julia Gavarrete*

English version here.

En El Salvador, 35 personas -entre periodistas y activistas- fueron intervenidas con Pegasus. Solo en el periódico El Faro, fuimos 22. Así lo revelamos el 13 de enero de 2022, luego de tres meses de haber sometido a análisis exhaustivos nuestros  celulares. Se trató de un espionaje a través de un software sofisticado denominado Pegasus, capaz de entrar a los teléfonos, infectarlos y tener acceso a todo: información, videos, fotografías, mensajes de texto. Todo significa todo. Citizen Lab y Access Now fueron las dos organizaciones que analizaron nuestros dispositivos telefónicos desde el inicio. Ambas concluyeron el “obsesivo espionaje” al que estuvo sometido la mayor parte del personal de El Faro: 17 meses de intervenciones, de junio de 2020 a noviembre de 2021, y en algunos casos de manera ininterrumpida. Desde la dirección, jefaturas editoriales, personal administrativo y periodistas intervenidos. En esos meses, quienes tuvieron acceso a nuestra información, conocieron los lugares que frecuentamos -con solo echar un vistazo a la geolocalización- y hasta de nuestros problemas familiares. Suficientes detalles como para iniciar una investigación seria para identificar quién estaría detrás y activar las alarmas de un país entero, ¿no? Lo digo de esta manera porque, al menos, eso es lo que pasó en Polonia, donde cinco casos de espionaje bastaron para generar un gran escándalo. 

La noticia de espionaje en Polonia ocurrió casi de manera paralela a la de El Salvador. Cuando en el país se revelaba que 35 personas fueron espiadas con un programa que cuesta millones de dólares y que, según NSO Group, la empresa fabricante, solo se vende a gobiernos y aparatos de seguridad del Estado, el Senado polaco ya había instalado una discusión sobre el uso del software en contra de miembros de la oposición, entre otros funcionarios. John Scott-Railton, uno de los investigadores de Citizen Lab, y quien lideró la investigación en El Salvador, fue entrevistado por el Senado de Polonia. A él se le preguntó sobre el uso de este programa y sus alcances. De ahí que el Senado pidió al gobierno de Polonia que investigara de dónde provenía el espionaje, contra quiénes se usó, además de considerar como necesidad urgente el promulgar leyes que impidan que un espionaje de este nivel vuelva a pasar. 

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A New Law and New Justices, but the Same Old Political Control over Venezuela’s Supreme Court

Carlos Lusverti*

Leer en español aquí.

On January 19, 2022, the Venezuelan National Assembly, whose members were  elected in the disputed elections of December 2020, adopted a new law that will affect  the Supreme Court (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). On its face, the law does not comply which international human rights standards on judicial independence. 

The Venezuelan Supreme Court is Venezuela’s highest judicial body, supervising the governance and administration of the judiciary. This supervision extends both to its judicial review function and its oversight of administrative matters, including budget and disciplinary controls. The new proposed law reduces the number of justices in the Supreme Court from 32 to 20 and changes the composition of the Judiciary Nomination Committee tasked with nomination of Supreme Court justices, so that there is a greater number of political members from Venezuela’s National Assembly. The law also renews the terms of all the current sitting justices, not only those who are about to finish their terms. Likewise, it also establishes that the National Assembly will appoint other administrative offices in the judiciary, such as the General Inspector of Courts and the Director of the National School of the Judiciary. 

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Nueva ley y nuevos jueces, pero el mismo control político de siempre sobre el Tribunal Supremo de Venezuela

Carlos Lusverti*

Read here in English.

El 19 de enero de 2022, la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyos miembros fueron electos en unas controvertidas elecciones de diciembre de 2020, aprobó una nueva ley respecto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La ley, a primera vista, no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial. 

El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano judicial de Venezuela, que supervisa el gobierno y la administración del Poder Judicial. Esta supervisión se extiende tanto a sus funciones de revisión judicial como a la supervisión de asuntos administrativos, incluyendo control presupuestario y disciplinario. La nueva Ley reduce el número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20 y modifica la composición de la Comisión encargada de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, para que haya un mayor número de miembros políticos procedentes de la Asamblea Nacional de Venezuela. La Ley también renueva por completo los mandatos de los magistrados en funciones, no sólo de los que están a punto de terminar su mandato. Asimismo, determina que la Asamblea Nacional nombrará otros cargos administrativos del Poder Judicial, como al Inspector General de Tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

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Ser mujer y jueza en Guatemala, ayer y hoy

Claudia Escobar Mejía Ph.D.*

En la Guatemala de los años 70 no era común que las mujeres se desarrollaran profesionalmente o que trabajaran fuera de casa. Menos aún, que lo hicieran como abogadas y desde espacios como la judicatura o la magistratura. Las primeras mujeres abogadas tuvieron que abrirse espacio en un ambiente reservado para los hombres, o que funcionaba bajo las dinámicas y reglas que imponía el patriarcado. Para poder atravesar esas barreras, actuar con ética y honestidad era su mejor carta de presentación.  

Tuve el privilegio de crecer bajo el amparo de una de esas pioneras que abrió brecha en Guatemala. Mi mamá, Mirna Mejía Ordóñez de Escobar, fue una maestra de escuela pública que soñaba con ser jueza. Había crecido viendo a su padre trabajar en los juzgados y sentía una verdadera vocación por la justicia. Sabía que la justicia es el camino de la paz. Apoyada por mi padre, mientras mis hermanas y yo crecíamos, ella estudiaba para ser abogada. No se conformaba con aprobar los cursos porque era muy exigente consigo misma, quería aprender y destacar, y lo lograba al ser de las mejores estudiantes de su clase. Sus compañeros la recuerdan con admiración por su desempeño académico y por estar siempre embarazada; y no es para menos, pues en nueve años tuvo cuatro hijas. Este es un rasgo especialmente significativo, pues para muchas mujeres la forma en que son distribuidas las tareas y el cuidad de la familia de forma desigual entre hombres y mujeres, es una de las principales barreras para acceder a la educación, y en el caso de las mujeres abogadas, para destacar en sus carreras profesionales. Pero en su caso, tuvo la suerte de contar con el respaldo total de un hombre adelantado en su tiempo, que asumió el cuidado de sus hijas sin reparos. En mis recuerdos ella está sentada cómodamente sobre sus piernas en el sofá de la casa, rodeada de libros, leyes y expedientes, mientras mi padre nos lee cuentos a mis hermanas y a mí sentadas sobre sus rodillas.

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