La consulta popular: entre la constitución y la justicia transicional en México

Issa Cristina Hernández Herrera*, Jorge Peniche** y Daniel E. Torres Checa***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve cientos de casos al año, pero solo algunos consagran su posición en el imaginario colectivo. La sesión del jueves pasado que resolvió la constitucionalidad de la consulta popular es uno de ellos. No solo por el impacto político que tuvo su resolución, sino sobre todo, por los procesos de justicia que podrían derivar de la nueva pregunta planteada por el máximo Tribunal. 

Ante el justificado reclamo por paz, verdad y justicia, el discurso que envuelve a la consulta popular coquetea cada vez más con mecanismos de justicia transicional (JT). Con el fin de contribuir al debate, este texto propone estudiar la resolución desde tres aproximaciones distintas: la interpretación de la Corte sobre la consulta popular, las implicaciones de la nueva pregunta y, finalmente, una aproximación general sobre las consultas populares y su valor en la justicia transicional.

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Make frivolous litigation great again? Where things stand with the Trump campaign’s election lawsuits and the potential role of the Supreme Court

Katharine Valencia*

Versión en español aquí.

On Saturday, November 7 – four days after Election Day – most major media outlets reported that Joe Biden was the projected winner of the presidential race against incumbent Donald Trump. It is standard practice in the US for elections to be called based on unofficial vote tallies reported by states, before being officially certified several weeks later. According to current popular vote tallies, Biden received about 5.5 million more votes than Trump; but more importantly, Biden is projected to cross the threshold of 270 votes in the electoral college (the proportional state-based system for electing the president) required to win. In normal times, this would result in the losing candidate conceding the race, and the process of certifying votes would be little more than a formality in terms of the final outcome.

However, we do not live in normal times and Donald Trump is anything but a typical president. Trump declared that it is he who is the winner, and that massive fraud had occurred in swing states where tallies showed that Biden had prevailed. Indeed, Trump had signaled for months that he would not concede and that he could only lose if the election was rigged. The Trump campaign and the Republican party have filed multiple lawsuits before and after the election to contest the validity of certain ballots. In the public sphere, Trump and his supporters continue to allege widespread voter fraud, without evidence. This post will provide an overview of the current state of election litigation and consider the likelihood that the US Supreme Court could play a decisive role.

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¿Litigio frívolo en los Estados Unidos? Litigios electorales planteados por el equipo de Trump y el posible rol de la Corte Suprema

Katharine Valencia*

English version here.

El sábado 7 de noviembre —cuatro días después de la jornada electoral—la mayoría de los medios de comunicación informaron que se proyectaba que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales frente al actual presidente Donald Trump. En Estados Unidos es habitual que el resultado de las elecciones se anuncie en función de conteos de votos no oficiales informados por los estados antes de su certificación oficial, que se produce varias semanas más tarde. Según los últimos conteos de votos, Biden recibió alrededor de 5,5 millones más de votos que Trump, pero lo más importante es que se proyecta que Biden superará el mínimo de 270 votos en el Colegio Electoral (sistema proporcional vinculado a los estados que se utiliza para elegir al presidente) necesario para ganar. En épocas normales, el candidato perdedor hubiera aceptado la derrota y el proceso de certificación de votos sería poco más que una formalidad a efectos del resultado final.

Sin embargo, no vivimos en épocas normales y Donald Trump no es para nada un presidente común. Trump declaró que él es el ganador y que en los estados clave donde los conteos de votos demostraban que Biden había triunfado se había cometido un fraude masivo. Lo cierto es que desde hace meses Trump ha estado dando señales de que no aceptaría la derrota y de que solo podría perder si los comicios estuvieran amañados. El equipo de campaña de Trump y el partido republicano iniciaron varias acciones judiciales antes y después de las elecciones para impugnar la validez de determinadas boletas. En el ámbito público, Trump y sus partidarios continúan afirmando, sin aportar pruebas, que hubo fraude electoral generalizado. En este artículo se ofrece una breve descripción del estado actual de los litigios electorales y se analiza la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda desempeñar un papel decisivo.

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Proceso constituyente chileno: breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes

Gonzalo Aguilar Cavallo y María Ignacia Sandoval*

El pasado 25 de octubre en forma abrumadoramente mayoritaria (78,27% de aprobación con un 50,90% de participación del padrón electoral) el pueblo de Chile votó por iniciar el proceso para adoptar una nueva Constitución y que la misma sea elaborada por una Convención Constitucional (más no, una Asamblea Constituyente) elegida por voto popular. Una vez lista, la nueva Constitución deberá ser aprobada mediante plebiscito que tendrá lugar en el año 2022. De esta manera, Chile comienza a dar una respuesta institucional a la profunda crisis social, cultural, ambiental y política cuyos orígenes se remontan a la denominada “revolución pingüina” (año 2006, reiterada en 2011, con su punto más álgido en 2019) y que llevó a este proceso constituyente. A continuación, un breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes en este aún largo camino constitucional que recorrer.

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El estrecho camino de la justicia salvadoreña, a cuatro años de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía

Equipo DPLF en El Salvador

Han transcurrido más de cuatro años, desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la Ley de Amnistía General de 1993 era inconstitucional[1] y que, por lo tanto, debía ser expurgada del ordenamiento jurídico de salvadoreño. En efecto, el 13 de julio de 2016 en una trascendental sentencia, el alto tribunal salvadoreño resolvió una demanda que había sido presentada tres años antes por víctimas y organizaciones de derechos humanos, como parte de una larga exigencia iniciada casi tres décadas atrás, cuando la Asamblea Legislativa de aquella época, atropelladamente, decretó una amnistía absoluta e incondicional, a pocos días de haberse hecho público el Informe de la Comisión de la Verdad[2].

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Cuatro aspectos – y una ausencia – en la sentencia Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antonio de Jesus y sus Familiares vs. Brasil

Comentarios al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Melina Girardi Fachin* y Giovanny Padovam Ferreira**

El pasado 26 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el caso Emplegados de la Fábrica de Fuegos de San Antonio de Jesus y sus familiares vs. Brasil, cuyos hechos remontan a diciembre de 1998, cuando la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en una región del estado brasileño de Bahia conocida como “recôncavo baiano.” El suceso provocó la muerte de casi 70 personas, en su mayoría mujeres, muchas de ellas jóvenes, algunas niñas, todas ellas en especial condición de vulnerabilidad. Las razones para la condenación del Estado brasileño fueron las innumerables omisiones en fiscalizar y evitar las condiciones precarias de trabajo en la fábrica; garantizar la seguridad de los trabajadores; actuar para el desarrollo progresivo y generar oportunidades para las personas que viven en el “recôncavo baiano”; y, con posterioridad a los hechos, investigar a los responsables y proveer medidas de reparación.

La sentencia era bastante esperada por las víctimas del caso y por la sociedad civil brasileña en búsqueda de justicia – ¡aunque tardía! -, pero también por los usuarios del Sistema Interamericano (SIDH). Sin que tengamos la pretensión reduccionista o de abordar todos los aspectos de la sentencia, comentamos cinco puntos dignos de nota entre lo dicho y lo omitido en la decisión.

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Quatro presenças – e uma ausência – na sentença “Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil”

Comentários à recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Melina Girardi Fachin** e Giovanny Padovam Ferreira**

No último dia 26 de outubro de 2020,  a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) proferiu sentença no caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus Familiares vs. Brasil, cujos fatos remontam a dezembro de 1998, quando da explosão em uma fábrica de fogos de artifício em uma cidade do recôncavo baiano (que nomeia o caso). Na tragédia, quase 70 pessoas foram vitimadas, em sua maioria mulheres, muitas jovens, algumas crianças, todas em especial condição de vulnerabilidade. As razões para condenação do Estado brasileiro foram as suas inúmeras omissões: em fiscalizar e evitar as condições precárias de trabalho na fábrica, em zelar pela segurança dos trabalhadores; em agir para o desenvolvimento progressivo e aumento de oportunidades para pessoas no recôncavo baiano; e, após o desastre, em investigar os responsáveis e arbitrar reparações.

A sentença foi bastante esperada pelas vítimas do caso e pela sociedade civil brasileira na busca da justiça – ainda que tardia! -, mas também pelos usuários do Sistema Interamericano (SIDH). Sem ter qualquer pretensão reducionista ou exauriente, aqui se elencam cinco pontos dignos de nota entre o dito e o não dito na sentença.

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Is there a Human Right to Indefinitely Run for Reelection?

The Inter-American Court must decide whether the misuse of the conventionality control circumvents the power of the constitutional bodies

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

Ver versões em português.

In the next few months, the Inter-American Court of Human Rights (I/A Court) shall issue an advisory opinion in order to clarify whether presidential reelection is a right arising from the American Convention on Human Rights and, if so, whether it can be restricted. This article addresses one of the aspects which will probably be elaborated upon in said opinion, that is to say the inadequate use of the conventionality control with a view to modifying, by means of a judicial decision, constitutional provisions whose scope should only be scrutinized by mechanisms of constitutional creation or reform under the rule of law.

Until the beginning of this century, the judicial activity of courts in Latin America with regard to controversies related to the regulation of presidential elections were limited to the adjudication of formal requirements of the legislative process. In exceptional cases, national courts were called upon to determine the date of entry into force of constitutional reforms or new Constitutions which introduced the possibility of presidential reelections.

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Direito humano à reeleição indefinida ou descontrole de convencionalidade?

A Corte Interamericana deve emitir pronunciamento sobre o uso inadequado do controle de convencionalidade para desvirtuar a esfera de decisão do poder constituinte

Daniel Cerqueira*

Publicado em inglês em Verfassungsblog.

Versión en español aquí.

Nos próximos meses, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) emitirá um parecer consultivo para determinar se a figura da reeleição presidencial pode ser considerada como um direito emanado da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, nesse caso, se o mesmo pode ser limitado. Este artigo trata de um dos aspectos que deverão ser explicados no referido parecer: o uso inadequado do controle de convencionalidade com o objetivo de modificar, pela via judicial, disposições constitucionais cujo alcance deveria estar subordinado aos mecanismos de criação ou reforma constitucionais em um Estado de Direito.

Até o início deste século, a atuação dos Poderes Judiciários da América Latina no que diz respeito a controvérsias sobre a regulamentação da reeleição presidencial se limitaram a resolver questões relacionadas aos requisitos formais do processo legislativo. Em casos excepcionais, os tribunais nacionais foram chamados a interpretar disposições sobre o momento de entrada em vigor de reformas constitucionais ou novas Constituições Políticas que consagraram a reeleição presidencial.

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El Informe de la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela: Consideraciones sobre las dimensiones de género y los actos de violencia sexual

Beatriz Borges* y Nicole Ramia**

El pasado mes de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela. Esta misión fue creada en el 2019, en el 42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014 en Venezuela. Este informe que narra de forma detallada las atrocidades y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, presenta reflexiones e información relevante sobre las dimensiones de género de la crisis y también sobre la comisión de delitos sexuales. 

En este sentido, la misión ha destacado el uso de la violencia sexual o amenazas de violación, infligiendo dolor físico y angustia psicológica por parte de los agentes de seguridad del Estado, como técnica de represión y tortura particularmente en circunstancias de detención para obtener confesiones e información de la víctima.

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