Bolivia: los desafíos del nuevo Fiscal General del Estado

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Luego de seis años de gestión, conforme manda la Constitución boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo un proceso de concurso público de preselección ha designado -con el voto de dos tercios de sus miembros- al abogado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General del Estado, quien asume, en un momento de grave crisis, la conducción del Ministerio Público, cuya credibilidad pública es tal vez la más baja desde su creación. La manera como se condujo el caso Alexander, donde un médico inocente y sin las suficientes evidencias fue condenado a 20 años de cárcel, refleja enormes debilidades en cuanto profesionalismo e integridad, así como escasez de capacidades para la investigación forense en la persecución penal, sumado a prácticas de opacidad y abuso de poder que han hecho que esta organización deje de cumplir con su rol de defensor de los intereses generales de la sociedad.

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First impressions on the Draft Optional Protocol to the Human Rights and Business Treaty

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello, and Daniel Cerqueira*

Originally published in ESCR-Net.

Lea la versión en español aquí.

At first glance, the zero drafts of the Legally Binding Instrument (LBI) and Optional Protocol (OP) raise serious doubts as to whether they add value to the effort of making business enterprises accountable for human rights abuses. The draft LBI establishes the “effective access to justice and remedy to victims of human rights violations in the context of business activities” as one of its main purposes. However, the OP addresses enforcement mostly through national implementation mechanisms and an international committee of experts, both of which have weak oversight and monitoring powers.

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Primeras impresiones sobre el Borrador de Protocolo Facultativo del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello y Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Red-DESC.

Read the English version here.

A primera vista, los borradores iniciales del Instrumento Jurídicamente Vinculante (IJV) y el Protocolo Facultativo (PF) despiertan serias dudas acerca de si son realmente un aporte a los esfuerzos para que las empresas respondan por los abusos contra los derechos humanos. El borrador del IJV establece que el “acceso efectivo a la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades comerciales” es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, el PF aborda el cumplimiento de las obligaciones estatales, principalmente mediante mecanismos nacionales de aplicación y un comité internacional de expertos, ambos con escasas facultades de supervisión y monitoreo.

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Jueces al descubierto en Perú y España

Luis Pásara*

A partir del mes de julio, una avalancha de audios –escuchas telefónicas grabadas por la fiscalía con autorización judicial– inundaron a Perú de conversaciones entre jueces, asesores, abogados y políticos, que revelaron una red de conexiones para nombrar y ascender jueces, y para archivar casos o inclinar sentencias. El asombro ciudadano fue administrado dosificadamente: las grabaciones se hicieron públicas, día tras día, por una acreditada ONG –el Instituto de Defensa Legal, que anunció haberlas recibido anónimamente–, pese a que hubo fiscales que intentaron secuestrar las grabaciones para impedir su difusión.

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Hacia una Convención Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos

Carlos López Hurtado*

Publicado originalmente en inglés en Opinio Juris. [i] [ii]

El proyecto “zero” de uno de los tratados internacionales de derechos humanos más importantes de los últimos años, un instrumento sobre las empresas y los derechos humanos, acaba de ser presentado en Ginebra por el Embajador de Ecuador en calidad de Presidente del proceso. El “borrador cero” se enfoca fuertemente en la cuestión clave del acceso a la justicia y la reparación para aquellos que alegan daño por parte de una empresa comercial y es probable que complazca a muchos y disguste a otros, pero seguramente contribuirá a un cambio de tono y carácter de las deliberaciones que hasta ahora se han centrado principalmente en consideraciones políticas y de procedimiento. En este artículo llevamos a cabo un análisis preliminar de los elementos principales del borrador del tratado.

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Sistema de justicia en el Perú: Para entender la reforma constitucional y el referéndum

David Lovatón Palacios*

El sábado 7 de julio del 2018 iba a ser un fin de semana para disfrutar los últimos partidos del Mundial de fútbol Rusia 2018. Pero pasó a ser el inicio de un terremoto judicial y político de proporciones insospechadas en el Perú: IDL-reporteros (www.idl-reporteros.pe) dio a conocer los primeros audios de conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial, entre el entonces Presidente de la Corte de Justicia del Callao[1] -hoy detenido-, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –hoy destituidos por el Parlamento-, jueces y fiscales supremos, el actual Fiscal de la Nación, jueces, congresistas, empresarios, empleados judiciales y otras personas. En los siguientes días y semanas y hasta hoy, este mismo equipo de periodistas de investigación liderados por Gustavo Gorriti –uno de los más reconocidos periodistas en el Perú y América Latina- y otros medios de comunicación, siguen difundiendo decenas de conversaciones telefónicas.

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Corte de Constitucionalidad señala la ruta en crisis institucional en Guatemala

Claudia Escobar PhD*

La función de un Tribunal Constitucional es velar porque se respeten las normas constitucionales y lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Guatemala en el año 1985, con la promulgación de una nueva constitución que marcó el retorno a época democrática y puso fin a gobiernos autoritarios, fue creada la Corte de Constitucionalidad (CC) como un ente independiente de los otros poderes del Estado.

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