La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad

Josefina Miró Quesada Gayoso*

El pasado 25 de febrero, el onceavo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un hecho sin precedentes en la historia del Perú, reconoció el derecho a una muerte digna de Ana Estrada. Ana, quien a sus 44 años padece de una enfermedad muscular en etapa avanzada, es la primera peruana que solicita al Estado ejercer su derecho, y consecuentemente, acceder a un procedimiento médico de eutanasia, cuando ella así lo requiera. A nivel latinoamericano, solo Colombia cuenta con una declaración similar. En 1997, de manera contundente, despenalizó para ciertos casos el delito de homicidio piadoso, reconoció este derecho y lo posicionó como un asunto de derechos humanos (sentencia C-239).

El caso de Ana no sólo es una conquista judicial, sino política y social que cruza fronteras. La muerte digna, tema que ha sido históricamente (y lo sigue siendo) tabú en una sociedad y en una región mayoritariamente católica, ha sido colocado como agenda pública. En el Perú, el debate sobre la vida y la muerte ha sido abordado ampliamente en los medios de comunicación, en las aulas universitarias, en eventos académicos, en los hospitales y otros ambientes de salud, en las reuniones familiares, y hasta en el Congreso de la República, donde ya hay un proyecto de ley que busca despenalizar y legalizar la eutanasia[i].

Pasar de percibir la libertad de decidir sobre nuestro proceso de muerte como un delito, a entenderlo como un derecho, requiere un cambio radical en nuestra valoración del comportamiento. Exige desterrar estigmas, despejar dudas, poner a un lado las convicciones personales o religiosas, aprender que la muerte es parte de la vida, entender y empatizar a quienes piden respetar su derecho. La ley, por sí sola, no cambiará esta percepción. De ahí, la importancia de hacer pedagogía sobre la muerte digna que trascienda los pasillos del Poder Judicial. La historia de Ana conmueve y facilita que nosotros podamos hablar de ello. Empiezo, entonces, por ahí, para compartir luego unas reflexiones sobre este histórico fallo y entender los alcances de este derecho emergente que se abre paso en el Perú y en, cada vez más, países del mundo[ii].

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Bolivia: The Unfinished Democratic Transition

Ramiro Orias*


The failed elections of October 20, 2019 marked a critical milestone in the consolidation of democracy in Bolivia. Whatever the various interpretations of the moment—whether it was electoral fraud or a coup d’état—this episode of political conflict and citizen protest will be remembered in the country’s long-term historical memory as the end of the 14-year government of President Evo Morales, the longest continuous presidential term in the history of the republic.

The political crisis and social upheaval that the country experienced reflected a prolonged, gradual, and cumulative process of institutional weakening, which not only jeopardized the performance of the electoral system but also was rooted in the continuous erosion of the justice system’s capacity to protect citizens’ rights and guarantee the separation and independence of the branches of government.

There are several fundamental data points for understanding how Bolivian democracy deteriorated to the point of constitutional emergency: the inapplicability of constitutional term limits to the presidency; the authorization of the incumbent president’s candidacy for a fourth consecutive term; the subsequent nullification of the elections of October 20, 2019; the resignation of former President Evo Morales and his untimely departure to seek political asylum; the constitutional succession of President Jeanine Añez; her frustrated candidacy and subsequent withdrawal; the successive postponements of the date for new elections following the declaration of a public health emergency in the face of the COVID-19 pandemic; and the extension of terms of office in the executive branch, the legislature, and subnational governments beyond the regularly established limits.

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Estado de Derecho en Perú: asediado por la pandemia y la corrupción

David Lovatón*

El 26 de abril del 2020 escribí en este mismo espacio un artículo titulado “Quarantine, State of Emergency, State of Enforcement, and the Pandemic in Peru”, con el que intenté dar cuenta de cómo el coronavirus había impactado en el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros aspectos, destaqué que, a pesar de nuestras debilidades institucionales y la precariedad de nuestro sistema de salud, esta excepcional situación no se había traducido en graves violaciones de derechos humanos ni rupturas del Estado de derecho, salvo situaciones aisladas.

Hoy, a casi un año del inicio de esta prolongada pandemia, del estado de emergencia decretado el 15 de marzo del 2020 y prorrogado todo este tiempo, de la imposición de diversos niveles de confinamiento y restricciones a libertades civiles como el libre tránsito y el derecho de reunión y una severa recesión económica, el balance es negativo no sólo porque es previsible que en marzo del presente año alcancemos la cifra oficial de 50,000 fallecidos y de alrededor de 1´300,000 contagiados,[1] sino también porque ha habido un severo debilitamiento institucional que explicaría, entre otras causas, que el Perú es uno de los países más golpeados por el covid-19 en AL.

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Honduras, where the “shield” against corruption has worked

CESPAD*

How are the corruption cases left by the MACCIH advancing before the Honduran courts? How much have the reforms to some laws approved by the deputies of the National Congress affected them? A brief and worrisome panorama shows that the “shielding” of corruption networks has worked in this Central American country.

To analyze the issue, the corruption case known as “Red de Diputados” becomes emblematic. In December 2017, the binomial formed by the Support Mission against Corruption and Impunity (MACCIH), and the Special Prosecutorial Unit against Impunity for Corruption (UFECIC, today called UFERCO), presented this case, initiating a criminal action against five deputies of the National Congress in collusion with three members of an NGO called the National Association of Producers and Industries of Neighborhoods and Colonies of Honduras (ANPIBCH), through which they illegally appropriated public funds that were intended for social projects.

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Honduras, donde el “blindaje” a la corrupción sí ha funcionado

CESPAD*

¿Cómo avanzan los casos de corrupción que dejó la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras? ¿Qué tanto han afectado las reformas a algunas leyes que aprobaron las y los diputados del Congreso Nacional? Un breve y preocupante panorama evidencia que el “blindaje” a las redes de corrupción sí ha funcionado en este país centroamericano.

Para analizar el tema, el caso de corrupción conocido como “Red de Diputados” se vuelve emblemático. En diciembre del 2017, el binomio conformado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, hoy llamada UFERCO), presentó este caso, dando inicio a una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), a través de la que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.

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Bolivia: La Transición Democrática Inconclusa

Ramiro Orias*

Las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 marcan un hito fundamental en el proceso de consolidación de la democracia boliviana. Más allá de la interpretación coyuntural que unos y otros le dan a este hecho, qué si fue fraude electoral o que si fue golpe de Estado, para la memoria histórica de largo plazo, este episodio de conflicto político y protesta ciudadana será recordado como el punto final de los 14 años de gobierno del Presidente Evo Morales, el periodo presidencial continuo más prolongado de su historia republicana.

La inaplicabilidad de los límites constitucionales a la reelección presidencial, la habilitación de la candidatura del presidente en funciones a un cuarto mandato consecutivo, así como la posterior anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019, la renuncia del ex presidente Evo Morales, su salida intempestiva hacia el asilo político, la sucesión constitucional de la presidenta Janine Añez, su candidatura frustrada y posterior declinación, las sucesivas postergaciones de la fecha para unas nuevas elecciones en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del Covid-19, la prórroga de los mandatos en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales, por términos más allá de los regularmente establecidos, constituyen datos fundamentales para comprender cómo se llegó a descomponer la democracia boliviana, hasta un extremo de excepcionalidad constitucional.  

La crisis política y el estallido social que el país vivió en ese momento reflejó un proceso gradual y acumulado de debilitamiento institucional que se venía arrastrando, que no sólo comprometió el desempeño del sistema electoral, sino que encuentra sus raíces en la erosión progresiva del sistema de administración de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar la separación e independencia de los poderes públicos.

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La Masacre de Camargo: El recordatorio de la impunidad sistémica en México

Ana Lorena Delgadillo Pérez*

El 23 de enero de 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados y con impactos de bala en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Estado de Tamaulipas. Los hechos, que habrían ocurrido el día 22, fueron reportado por policías estatales en base a una alerta ciudadana. Desde que se dieron a conocer los hechos, se presumió que algunas de las víctimas eran migrantes guatemaltecos originarios de Comitancillo (San Marcos, Guatemala), pues personas originarias de este lugar reportaron haber recibido llamadas indicando que sus familiares eran parte de las víctimas. Las autoridades de Guatemala procedieron a la toma de muestras para su envío a México y las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades de Tamaulipas. El primero de febrero, se difundió en prensa que la Fiscalía General de República de México había iniciado también un expediente de investigación, debido a que uno de los 2 vehículos localizados era propiedad del Instituto Nacional de Migración. El 2 de febrero se dio a conocer la posible implicación de 12 policías estatales en los hechos.

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Nueva ley obligará a empresas alemanas a actuar con debida diligencia dentro y fuera del país

Susanne Friess*

Ropa alemana cosida a mano por niños/as. Carros alemanes con materias primas extraídas por empresas mineras que destruyen el medio ambiente. Café en tazas alemanas recogido por trabajadores impedidos de organizarse en sindicatos. Estos y otros abusos similares se encuentran miles de veces en los productos alemanes. La etiqueta “Made in Germany” fue un sinónimo de calidad y del “comerciante honrado” en el pasado. Hoy en día, MISEREOR (la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo) lamentablemente ha podido constatar en múltiples casos que esta frase es sinónimo de explotación, violaciones a los derechos humanos y destrucción de ecosistemas en los países donde empiezan las cadenas de suministro.

El pasado 12 de febrero el gobierno alemán anunció que por fin tomará medidas vinculantes contra estos abusos, y apoyará la adopción de una “Ley de Debida Diligencia” por parte del parlamento. El anuncio vino después de años de tira y afloja: una alianza grande de organizaciones de la sociedad civil, la “Iniciativa para la Ley de Cadenas de Suministro” y con ella también MISEREOR, más de 60 empresas de renombre y fuerzas progresistas del gobierno llevaban años exigiendo que las empresas alemanas fueran legalmente obligadas a respetar los derechos humanos y a proteger el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro.

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Honduras: New Ministry of Transparency as an obstacle to the fight against corruption

AP photo/Moises Castillo, File

Mario Sorto*

Versión en español aquí

In 2020, corruption once again ranked as one of the country’s leading problems. Although corruption perception is on the rise, government efforts have focused not on resolving the problem, but rather on confronting corruption scandals with communication strategies and the creation of institutions that lack legitimacy.

The fight against corruption continues to be one of the main challenges facing Honduran society. But it also continues to be one of the main issues around which the efforts, actions, and resources of broad sectors of society can coalesce to find a solution to the multidimensional crisis the country is facing. However, the role of the authorities within the country’s institutional framework complicates this fight, as [many] of the [public] institutions are controlled by corruption networks that include actors from the public and private sectors and organized crime, as evidenced by the corruption cases unearthed by the MACCIH-UFECIC.[i]

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Honduras: el nuevo Ministerio de Transparencia como obstáculo para el combate a la corrupción

AP photo/Moises Castillo, File

Mario Sorto*

English version here

En el 2020, la corrupción se posicionó nuevamente como uno de los principales problemas de país, y aunque la percepción sobre este tema va cada vez más en aumento, los esfuerzos de la administración pública no han estado encaminados en resolver la problemática, sino, en confrontar los escándalos de corrupción con estrategias de comunicación y con la creación de instituciones con escasa legitimidad.

La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos que tiene la sociedad hondureña. Pero también sigue siendo uno de los principales temas alrededor del cual se pueden unificar esfuerzos, acciones y recursos de amplios sectores de la sociedad en busca de una salida a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Sin embargo, el papel de las autoridades que forman parte de la  institucionalidad hondureña dificulta esta lucha pues [muchas] de las instituciones [públicas] están controladas por redes de corrupción integradas por actores del sector público, privado y por el crimen organizado, tal como lo evidenciaron los casos de corrupción develados por el binomio MACCIH-UFECIC [i].

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