No hay que empezar de cero: Recomendaciones iniciales para un proceso de justicia transicional en Venezuela*

Katya Salazar** y Ramiro Orías***

¿Qué haremos con el legado de gran corrupción y graves violaciones de derechos humanos que dejará este gobierno? ¿Algún día tendremos una ‘verdad oficial’ sobre lo que ocurrió? ¿Está el sistema de justicia venezolano preparado para juzgar a los responsables de los delitos cometidos? ¿Qué reformas hay que implementar para que estos hechos no se repitan? ¿Cómo aprovechar las herramientas del derecho internacional y la experiencia comparada? 

Venezuela vive un contexto de corrupción institucionalizada, donde se han venido cometiendo graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática y generalizada[1], en el marco de un “proceso gradual de desintegración de las instituciones democráticas y de colapso del Estado de derecho[2], dando lugar a una situación de total impunidad que sólo exacerba las vulneraciones[3].

El objetivo de este artículo es esbozar algunas recomendaciones iniciales que, basadas en el marco legal de la justicia transicional y la experiencia comparada, puedan ser útiles para los dilemas que debe asumir una transición exitosa en Venezuela.

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Hacia la cooptación del poder judicial: ¿qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador?*

Leonor Arteaga Rubio**

El viernes 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe (ver: arts. 88 y 152.1). Esta decisión permitiría al actual presidente Nayib Bukele buscar la reelección en 2024, y de esta manera la Sala emula a otras cortes en el continente que han intervenido a través de cuestionados fallos sobre la prohibición a la limitación de la reelección presidencial, habitualmente en ausencia de un amplio consenso nacional y en beneficio del poder de turno.  

La decisión del tribunal constitucional -ahora controlado por el gobierno- se suma a otras acciones contrarias a la democracia y el Estado de derecho que ha protagonizado la actual administración desde su llegada al poder en junio de 2019 y, particularmente en los últimos meses. 

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La criminalización de la interrupción del embarazo: ¿es posible un cambio de la situación en Honduras?

Lucas Valderas Martos*

La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) ha aceptado a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 20 organizaciones sociales contra el artículo 196 del Código Penal y el artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras. La primera de estas normas criminaliza cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo; la segunda, prohíbe cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo y establece un procedimiento de reforma constitucional agravado para el levantamiento de esta prohibición. 

La decisión de la CSJ permitirá por primera vez una discusión jurídica sobre la criminalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto constituye una novedad histórica para Honduras, que permanece entre los cinco países de América Latina que a la fecha mantiene una posición de criminalización absoluta, como lo destacó la Plataforma Somos Muchas, promotora del recurso.

Efectivamente, si el fondo del recurso fuera aceptado por la Corte, cambiaría drásticamente el marco normativo que regula el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Como primer impacto, se produciría la derogación del artículo 196 del vigente código penal, lo que paralizaría la persecución penal abierta contra mujeres por este delito, tanto en aplicación del nuevo código como por el que le antecedió, vía la aplicación retroactiva de la norma más favorable.

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The Forced Exile

Juan Francisco Sandoval*

Versión en español aquí.

On March 5, 2003, I joined Guatemala’s Public Prosecutor’s Office as an intern, as part of my mandatory criminal practice, during my undergraduate studies in legal and social sciences at the State University of San Carlos, Guatemala (Universidad de San Carlos de Guatemala). I never imagined that this initial internshipwould turn into a love for the defense of truth and justice, and that I would later participate in the prosecution and trial of three Guatemalan presidents, a vice president, dozens of legislators, state ministers, magistrates,and judges. All of these officials, and in turn cases, shared the common characteristic of having served as part of illicit political and economic networks that sought to generate impunity for their crimes.

The opportunity to work in public service allowed me to bring a little hope to the people of Guatemala who –like the majority of Latin American countries– have been destined to a history and  life of eternal resistance in the face of injustice.

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El obligado exilio

Juan Francisco Sandoval*

English version here

El 5 de marzo de 2003 ingresé como pasante en el Ministerio Público, como parte de la obligatoria práctica penal, durante mis estudios de pregrado de ciencias jurídicas y sociales en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Jamás imaginé que aquel inicio se convertiría en amor por defensa de la verdad y la justicia, y que me involucraría en la acusación y juzgamiento de tres presidentes de mi país, una vicepresidenta, decenas de legisladores, ministros de Estado, magistrados y jueces, todos con el común denominador de haber servido a redes políticas económicas ilícitas que buscaron generar impunidad en sus actuaciones al servicio del crimen.

La oportunidad del servicio público me permitió llevar un poco de esperanza al pueblo de Guatemala que —al igual que a la mayoría de pueblos latinoamericanos— el destino, la historia, les ha representado una vida de eterna resistencia ante las injusticias.

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El Salvador: acceder democráticamente al poder para anular al Estado de derecho

Juan Carlos Sánchez*

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador generó entusiasmo en algunos sectores y escepticismo en otros, sobre el rumbo por el que podría transitar la joven democracia salvadoreña bajo su mandato. No porque en la campaña presidencial se haya perfilado claramente su rostro autoritario, sino por el estilo heterodoxo, marcado por una estrategia populista, con el que encaró y derrotó a los partidos tradicionales en febrero de 2019. Estilo que provocó dudas y recelos en una parte de la población por su discurso carente de propuestas, pero que le valió la confianza de una amplia mayoría del electorado que lo colocó en tan sólo dos años y dos elecciones consecutivas –una presidencial y otra legislativa– en una posición política favorable para controlar a todo el aparato estatal, como nadie antes la había tenido por las vías institucionales. 

Aunque existían antecedentes de comportamiento poco transparentes y prácticas de nepotismo cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012–2015) y San Salvador (2015–2018), no se logró dimensionar la crisis en la que estaría sumergido El Salvador hasta los pocos meses de iniciar su mandato como Presidente. Quizás ingenuamente se cifró esperanzas en la sensatez política que venía acumulando el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, en la contención de los mecanismos institucionales de control, así como en la incidencia que podía ejercer la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Se esperaba que, como había sucedido en el pasado, estos elementos fueran suficientes para contrarrestar las amenazas que ya se advertían en quien, hasta ese momento, eran tan solo un joven con aspiraciones presidenciales. 

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La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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Venezuela: ¿qué faltó en el informe de la Alta Comisionada sobre DESCA?

Fernando M. Fernández*

El informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, se refiere en casi su totalidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Lamentablemente, su análisis sobre la situación de los DESCA en Venezuela lo hace sin profundizar en el contexto –que no estuvo bien documentado– y usando una metodología que no fue la más sólida.

En cuanto a los derechos civiles y políticos (DCP), el informe reitera todo lo dicho anteriormente en otros reportes y arroja nuevos datos, especialmente en materia de detenciones y persecución a defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros graves asuntos. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas, atina a mantener la vigilancia de este sector vulnerable. El gobierno rechazó inmediatamente estos señalamientos. Hecha esta observación, se continúa con los comentarios sobre los DESCA. 

En el punto 3, el informe indica que sus fuentes son: “… información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas a víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consideró información y datos oficiales proporcionados por el gobierno, incluyendo un cuestionario enviado por el ACNUDH para los fines del informe.” En otras palabras, no hubo una investigación propia y exhaustiva de la cronología de los hechos, ni sobre causas y efectos sobre los DESCA.

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The importance of controlling Leviathan

Adriana García García*

In the mid-17th century, the English philosopher Thomas Hobbes used the image of a biblical monster, the Leviathan, to illustrate the power of the State and its function of maintaining social order. It has since remained a symbol of fear-invoking power and unmatched sovereign strength.

The foundation for the potentially monstrous power of the Leviathan is one of the main obligations of the State, perhaps the most primary one of them all:  to maintain security within its territory. If a State does not fulfill that function, all other possible aspirations, from the offer of high-quality public services, to economic development and the respect and promotion of fundamental rights, are deeply compromised and, in extreme circumstances, can become even impossible.

The problem is that, to fulfill the responsibility of providing security, the State needs to have a monopoly on the legitimate use of violence.

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Corte Interamericana cierra la puerta a la reelección presidencial indefinida: Comentarios a la Opinión Consultiva 28/21 (Parte I)*

Daniel Cerqueira**

El pasado 13 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH). Solicitada por Colombia, la opinión interpreta los tratados relevantes del SIDH, a la luz de la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La decisión cierra la puerta a la interpretación heterodoxa que algunas cortes de la región han hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), según la cual los presidentes en ejercicio poseen un derecho humano a disputar la reelección de forma indefinida. Este artículo comenta algunos aspectos de la opinión y subraya su relevancia en un continente en donde el continuismo presidencial ha sido la antesala del debilitamiento del Estado de Derecho y de conflictos políticos y sociales, casi siempre enmarcados en graves violaciones de derechos humanos. A modo de consideraciones finales, el artículo comenta algunas imprecisiones argumentativas de la OC 28/21 que han sido recogidas en el voto disidente de los jueces Pazmiño y Zaffaroni y en parte de la doctrina.

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