El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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General Elections in Peru 2021: The pandemic has won

David Lovatón Palacios*

Spanish version here.

On April 11, the general elections took place in Peru to elect the new President and Congress for the period 2021-2026, with an absolutely unpredictable and discouraging result from a democratic perspective. The following is a brief analysis of what the two presidential candidates who have made it to the second round of elections represent and the very difficult scenarios that may arise in the next five years for Peru.

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Elecciones generales en Perú 2021: Ganó la pandemia

David Lovatón Palacios*

Versión en inglés aquí.

El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.

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Super network of Corruption in Venezuela

Eduardo Salcedo-Albarán*  & Luís Jorge Garay-Salamanca**

In 2019 Venezuela had the same Perception Corruption Index of Yemen, the country with “the largest humanitarian crisis in the world”[1]. With a score of 15/100 and ranking 176 among 179 countries, even North Korea and the Democratic Republic of Congo had a higher score than Venezuela: 18/100.[2]  The low Perception Corruption Index in Venezuela reflects the general opacity, clientelism and mismanagement that characterize most sectors and branches of the Venezuelan public administration today; conditions that sustain the most complex network of macro-corruption and institutional cooptation in the world.

A corruption network is a model that informs how individuals and companies -referred to as nodes/agents- interact to execute corrupt acts and accomplish other illicit objectives. Elaborated through a criminal networks analysis, those models allow an understanding of the subnetworks, the central nodes/agents, the levels of responsibility, and the resources flowing across indirect paths.

Before modeling and analyzing the situation of corruption in Venezuela, Lava Jato was the most complex network of transnational corruption known through empirical analysis. Originating in Brazil with eleven of the most powerful companies in the country, Lava Jato extended across Latin America involving local companies, as well as mayors, governors and presidents who received bribes as donations during electoral processes. Donations and direct bribes paid to candidates and public servants across Latin America reached approximately USD $800 million, according to judicial investigations conducted until 2019.

Considering the institutional effects of Lava Jato in various Latin American countries, in 2018 Vortex Foundation partnered with the Brazilian civic organization Humanitas360 to analyze the case in Brazil; as a result, a network of 906 nodes/agents that established 2,693 interactions was identified.[3] Then, in 2019 Vortex Foundation partnered with the Peruvian chapter of Transparency International, Proética, to analyze Lava Jato including Peru; the result was a network with 1,399 nodes/agents who established 3,758 interactions.[4] Both networks were defined as “macro” because their complexity reached the extension and diversity of macro-criminal networks[5].

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Súper red de Corrupción en Venezuela

Eduardo Salcedo-Albarán* & Luís Jorge Garay-Salamanca**

En 2019 Venezuela obtuvo el mismo Índice de Percepción de Corrupción que Yemen, el país con “la mayor crisis humanitaria del mundo[1]. Con un puntaje de 15/100 y ocupando el puesto 176 entre 179 países, incluso Corea del Norte o la República Democrática del Congo obtuvieron mejores puntajes que Venezuela: 18/100.[2]

El pésimo Índice de Percepción de Corrupción en Venezuela refleja la opacidad generalizada, el clientelismo, y la mala gestión que caracteriza a la mayoría de los sectores y ramas mas de la administración pública del país; condiciones que sustentan a la que se ha convertido en la red de macro-corrupción y cooptación institucional más compleja del mundo.

Una red de corrupción es un modelo que informa cómo los nodos/agentes – que representan a individuos y empresas – interactúan para cometer actos de corrupción y obtener objetivos ilícitos. Aplicando metodologías y protocolos del análisis de redes criminales, con estos modelos se puede entender características de la estructura como, por ejemplo, quiénes son los nodos/agentes centrales, cuáles son sus niveles de responsabilidad, cuáles son las principales formas de interacción, y cuáles los recursos que fluyen a través de las rutas indirectas.

Antes de modelar y analizar la situación de corrupción en Venezuela, Lava Jato era la red de corrupción transnacional más compleja que se hubiera investigado empíricamente. Originada con once de las empresas más poderosas de Brasil, Lava Jato se extendió por Latinoamérica involucrando empresas, alcaldes, gobernadores, y presidentes que gestionaron sobornos en forma de donación durante procesos electorales. Las donaciones y los sobornos pagados directamente a candidatos y funcionarios públicos en el contexto de Lava Jato alcanzaban USD$ 800 millones según investigaciones judiciales adelantadas hasta 2019.

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Resarciendo daños en El Salvador: la experiencia de reparaciones a víctimas de la guerra

Leonor Arteaga*

¿Se puede devolver un ser querido ejecutado a su familia? ¿Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas de una tortura? ¿Cómo “regresarle” el proyecto de vida arrebatado a una persona desaparecida? Son algunas de las preguntas frecuentes que surgen cuando hablamos de “reparación” en casos de crímenes atroces, de sistema. Aunque dolorosa, la respuesta obvia es que no es posible retornar a la misma situación en la que nos encontrábamos antes de que se cometieran esas crueldades. Lo que sí es posible, y necesario, es encontrar formas de dar nuevo sentido a lo vivido, mediante acciones desde lo social y público que compensen el daño sufrido, las cuales deben tener un sustento común: el reconocimiento de lo acontecido, el valor de la persona o personas afectadas y el trato con dignidad.

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¿Se tortura en las prisiones de El Salvador? Una pregunta para la Corte Suprema

Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]

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Lack of access to safe water aggravates the COVID-19 pandemic in Venezuela

Carlos Lusverti*

Access to safe water and sanitation is a human right, yet millions of persons in Venezuela do not have this right protected or guaranteed in the country.

One of the most important preventive measures that the World Health Organization recommends to avoid the transmission of the SARS-CoV2 virus is for people to constantly wash and sanitize hands. Despite this, millions of people cannot do this in Venezuela.

In 2018, at least 82% of the population did not receive continuous water service and 75% of public healthcare centers reported problems accessing the water supply.  Similar issues have been raised by the International Commission of Jurists (ICJ) with respect to the impact of the COVID-19 pandemic elsewhere, for example in India and South Africa. Yet water scarcity remains particularly acute in Venezuela. In 2020, the Venezuelan Observatory of Public Services reported that 63.8% of the population considered the water service to be inadequate in the face of the COVID-19 pandemic, and a mere 13.6% of the population in cities had a regular water supply.

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) has recently reported that several regions inside Venezuela had limited access to water, indicating that “there [was] a critical need to ensure adequate water, sanitation and hygiene services in health, nutrition, education and protection facilities”. Even before the COVID-19 pandemic arrived, the country already was facing a “complex humanitarian emergency” (a humanitarian crisis where there is a considerable breakdown of authority that in Venezuela is not due to an environmental disaster or armed conflict), and the lack of access to water affected at least 4.3 million persons.  

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Falta de acceso al agua potable agrava la pandemia por COVID-19 en Venezuela

Carlos Lusverti*

El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano, sin embargo, millones de personas en Venezuela no tienen este derecho protegido o garantizado.

Una de las más importantes medidas preventivas que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para evitar la trasmisión del virus SARS-CoV2 es el frecuente lavado y desinfección de manos. A pesar de esto, en Venezuela millones de personas no pueden hacerlo.

En 2018, al menos el 82% de la población no recibía servicio continuo de agua y el 75% de los centros de salud públicos informó tener problemas con el suministro de agua. La  Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha señalado problemas similares sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en otros lugares del mundo, por ejemplo en India y Sudáfrica, aunque la escasez de agua sigue siendo especialmente aguda en Venezuela. En 2020, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos informó que el 63.8% de la población consideraba que el servicio de agua era inadecuado para enfrentar la pandemia de COVID-19 y solo el 13.6% de la población en ciudades tenía suministro regular de agua.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)recientementeinformóque varias regiones en Venezuela tenían un acceso limitado al agua, señalando que “existía una necesidad urgente de asegurar una necesidad crítica de garantizar servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en salud, nutrición, instalaciones de educación y protección” (Traducción propia). Incluso antes del inicio de la pandemia por COVID-19, el país ya estaba enfrentando una “emergencia humanitaria compleja” (una crisis humanitaria donde existe un considerable colapso de la autoridad que en Venezuela no es resultado de un desastre ambiental ni un conflicto armado), donde la falta de acceso al agua afecta al menos 4.3 millones de personas.

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La otra historia: el robo de niños y niñas en la guerra de El Salvador

Héctor Rosemberg* y Leonor Arteaga Rubio**

En el contexto de la guerra civil que vivió El Salvador, desde al menos 1980 hasta 1992[1], gran parte de la población salvadoreña fue objeto de innumerables violaciones a los derechos de humanos, por ser considerada por el gobierno y la fuerza armada como simpatizantes y semilleros de la guerrilla. En particular, la práctica de la desaparición forzada fue utilizada desde los años setenta como un mecanismo de persecución de opositores políticos y, posteriormente, en los ochenta como una importante estrategia de la política contrainsurgente, planificada y ejecutada desde las altas esferas del poder político, militar y empresarial, con el apoyo del aparato de seguridad del Estado y de sus estructuras paramilitares[2].

Una de las más horrorosas facetas de ese accionar represivo consistió en el robo y sustitución de identidad de niños y niñas, hijos e hijas de quienes se perseguía, desaparecía o mataba. En la gran mayoría de casos se les mantenía con vida[3] para que luego los perpetradores o sus familias se los apropiaran; o eran entregados a otras familias allegadas que simplemente los “inscribían” como hijos propios; o bien eran llevados a distintas instituciones del circuito jurídico de niñez de la época para ser dados en adopciones pseudo legales, tanto dentro de El Salvador como adopciones internacionales.

El mayor número de desapariciones de niños y niñas se registró entre 1980 y 1984[4].  Las personas afectadas eran en su mayoría muy pequeñas, pues eran menos capaces de protegerse, huir o esconderse del peligro[5]. Además, las posibilidades de que fueran consideradas como enemigos por las fuerzas armadas eran menores[6].

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