Vítimas de crimes ambientais no Brasil buscam reparação e justiça em tribunais europeus

Como o litigio transnacional pode ajudar a superar a impunidade corporativa?

Daniel Cerqueira* e Letícia Aleixo**

Ver versões em espanhol e inglês.

Diante da incapacidade do Estado brasileiro de brindar respostas efetivas às vítimas de crimes ambientais, foram apresentadas algumas ações judiciais em países europeus nos quais as empresas responsáveis pelos danos se encontram registradas. O presente ensaio busca contribuir para a discussão sobre o litígio transnacional como estratégia para superar a captura corporativa dos processos de licenciamento e fiscalização ambiental no Brasil, a partir da análise dos antecedentes e desenvolvimentos posteriores aos colapsos de barragens ocorridos no estado de Minas Gerais, com participação de empresas de mineração e de engenharia com sede no Reino Unido e na Alemanha.

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Victims of environmental crimes in Brazil seek redress and justice in European courts

How can transnational litigation help to overcome corporate impunity?

Daniel Cerqueira* and Letícia Aleixo**

See Spanish and Portuguese versions.

The Brazilian State’s inability to respond effectively to victims of environmental crimes has led to several legal actions in European countries, where companies responsible for the harm are registered. This essay aims to contribute to the discussion on cross-border litigation as a strategy for counteracting the corporate takeover of environmental permitting and inspection procedures in Brazil, by examining the history and developments in the wake of the dam collapses in Minas Gerais that involved mining and engineering companies based in the United Kingdom and Germany.

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Víctimas de crímenes ambientales en Brasil buscan reparación y justicia en tribunales europeos

¿Cómo el litigio transnacional puede ayudar a superar la impunidad corporativa?

Daniel Cerqueira* y Letícia Aleixo**

Ver versiones en portugués e inglés.

Ante la incapacidad del Estado brasileño de brindar respuestas efectivas a las víctimas de crímenes ambientales, se han presentado algunas acciones judiciales en países europeos, en donde empresas responsables por los daños se encuentran registradas. El presente ensayo busca contribuir a la discusión sobre el litigio transnacional como estrategia para superar la captura corporativa de los procesos de licenciamiento y fiscalización ambiental en Brasil, a partir del análisis de los antecedentes y desarrollos posteriores a los colapsos de embalses ocurridos en el estado de Minas Gerais, con la participación de empresas mineras y de ingeniería con sede en el Reino Unido y Alemania.

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Jurisprudencia de la Corte IDH en casos sobre DESCA: entre lo retorico y lo impredecible

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso ANCEJUB-SUNAT vs. Perú

Daniel Cerqueira*

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha empeñado en ampliar sus estándares con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Un número creciente de sentencias reconoce la justiciabilidad directa del art. 26 de la Convención Americana (CADH), referido a los DESC, y detalla las obligaciones estatales frente a derechos como salud, trabajo, estabilidad laboral, seguridad social, derechos ambientales, entre otros. Estos esfuerzos recientes remontan a pronunciamientos obiter dicta y votos disidentes que, desde finales de los ochenta, han sostenido su competencia contenciosa en torno a los DESC. Pero el salto jurisprudencial más ambicioso tuvo lugar en agosto de 2017, con la sentencia del Caso Lagos del Campo vs. Perú. Se trata del primer fallo que declara la violación directa de un derecho social, hasta entonces considerado justiciable de manera indirecta o por conexidad, bajo ciertos derechos civiles y políticos protegidos en la CADH.

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El nuevo sistema peruano para nombrar y sancionar a jueces y fiscales: ¿Cambiar todo para que no cambie nada?

Ernesto de la Jara Basombrío*

En el Perú está a punto de concluir (el 30 de diciembre) el concurso público convocado para elegir a los miembros de la recientemente creada Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano constitucional autónomo creado mediante reforma constitucional aprobada a partir de un referéndum ciudadano. Se trata de una institución con súper poderes, entre los que están: nombrar a los jueces y fiscales de todas las instancias y de todo el país; evaluarlos cada tres años y medio y ver si los ratifica o los cesa cada vez que cumplan 7 años más en el cargo. La JNJ es el único ente que puede destituir a jueces y fiscales directamente -incluso a magistrados supremos- sin tener que pasar por el Congreso.

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Violencia, corrupción, impunidad y justicia transicional en América Latina

Daniel Vázquez*

América Latina ha pasado por largos procesos de transición a la democracia, comenzando con República Dominicana y Ecuador en 1978, Perú (1980), Honduras (1981), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Guatemala, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay y Panamá en 1989, Chile (1990) y México (2000). Como resultado de esta ola transicional, hubo una gran expectativa en que estos procesos de democratización tuvieran un impacto positivo en la disminución de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, entre otras cosas, porque la élite político-económica de la región utilizó prácticas no constitucionales para obtener el poder político. En consecuencia, los golpes de Estado, fueron y hoy en día son en algunos países de la región, una práctica común que desvió la atención de los Estados sobre la necesidad de consolidar y dotar de calidad los procesos democráticos, esto es, construir un sólido Estado de Derecho, elaborar pesos y contrapesos con órganos realmente autónomos, priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental y, especialmente, hacer de la distribución igualitaria de recursos económicos y políticos el principal objetivo de gobierno para generar sociedades políticas más horizontales.

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El “Tren Maya”: Simulación y engaño gubernamental

Romel Rubén González Díaz* y Elisa Cruz Rueda**

La implementación del megaproyecto de infraestructura ferroviaria conocido como el “Tren Maya” en México, una de las principales propuestas del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, ha sido recibida con gran preocupación y generado críticas de diversos sectores de la sociedad civil, debido a que no se estaría consultando debidamente a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, a la luz de los estándares internacionales del derecho a la consulta previa reconocidos por México. A continuación, una opinión crítica en torno de dicho megaproyecto.

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