Ley de Amnistía en México: Más allá de los mitos

Isabel Erreguerena, Maïssa Hubert y Viridiana Valgañon*

El pasado 20 de abril, en medio de una controversial sesión extraordinaria del Senado de la República, se aprobó una Ley de Amnistía que permitiría la liberación de cientos de personas privadas de libertad en México. Esto provocó una ola de críticas tanto por el contexto de contingencia sanitaria, como por sus objetivos y contenidos. Frente a una amplia campaña de desinformación, desde Equis Justicia para las Mujeres nos parece importante deconstruir varios mitos que se vienen difundiendo sobre los alcances de esta Ley.  A lo largo de este artículo, explicaremos su origen, el debate relativo a su adopción en medio de la pandemia, y los retos que se tendrán que superar para su implementación.

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La desaparición forzada en Perú: propuesta de un sistema nacional de reparaciones a víctimas

Giovanna F Vélez Fernández*

La desaparición forzada de personas cuando se comete contra población civil de forma generalizada o sistemática es considerada por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad debido a los múltiples derechos que vulnera entre los que podemos citar: la vida, la libertad individual, la integridad, seguridad personal, derecho a la verdad, el debido proceso entre otros. En el Perú la desaparición forzada fue una práctica ejecutada entre los años 1983 y 2000, teniendo entre sus principales víctimas a la población rural, campesinos quechuablantes, en su mayoría jóvenes entre los 15 a 35 años, tal como señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

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Movilidad humana y COVID-19: Una respuesta desde la interamericanización

Mariela Morales Antoniazzi* y Juana María Ibáñez Rivas**

Desde hace algunos meses el mundo enfrenta una emergencia de salud sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, caracterizada por ser multidimensional, multinivel y con una multiplicidad de efectos devastadores e inimaginables en todas las esferas de la vida. Como bien lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas, el virus no discrimina, pero sus impactos sí.

Ciertamente, esta crisis genera desafíos diferenciados para las distintas regiones y América Latina no es la excepción. Consciente de ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha reaccionado de manera inmediata, emitiendo resoluciones, declaraciones y comunicados, y adoptando medidas con el fin de orientar a los Estados en este particular contexto. De esta manera, ambos órganos han recordado el contenido y alcance de las obligaciones estatales frente a los derechos humanos de toda persona bajo su jurisdicción, y la naturaleza reforzada de protección de aquéllas cuando se trata de grupos afectados de forma desproporcionada debido a su mayor vulnerabilidad, destacando entre ellos, las personas en situación de movilidad humana. La interamericanización se constituye así en el referente para definir los límites de cualquier política o medida que afecte los derechos humanos de las personas migrantes en la región.

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Guaranteeing Peasants’ Rights in the Face of COVID-19 and Building a “New Normal”

Ana María Suárez Franco and Andrea Nuila*

Versión en español aquí.

According to the FAO (2019), 90% of family farms produce more than 80% of the world’s food. Farming, fishing, pastoralist, landless, and indigenous communities all help to ensure that the world is properly fed, based on a balanced relationship with nature. Paradoxically, the same people who feed us are subjected to systematic violations of their rights every day (United Nations Human Rights Council Advisory Committee, 2012). These include water, land, and seeds grabbing; the destruction of their livelihoods by extractive activities, the pollution and destruction of ecosystems and their diversity, the spraying of pesticides harmful to their health, the loss of their food sovereignty, the insecure working conditions of agricultural workers, the extreme burden of care work and violence against women in rural areas,  the criminalization of environmental and human rights defenders, and the fraying of the social fabric, among others. These and other violations tend to be intersectional in nature, affecting specific groups to varying degrees both because they are peasants and because of their ethnicity, religion, age, sexual orientation, socioeconomic status, or other factors.

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Los derechos de las campesinas y campesinos y la necesidad de garantizarlos frente al COVID-19 y en la construcción de una “nueva” normalidad

Ana María Suárez Franco y Andrea Nuila*

English version here.

Según la FAO (2019), el 90% de las granjas de agricultura familiar produce más del 80% de los alimentos que consumimos globalmente. Las comunidades campesinas, pescadoras, pastoras, sin tierra e indígenas, contribuyen a alimentar adecuadamente a la humanidad, a partir de una relación balanceada con la naturaleza. Paradójicamente, las mismas personas que nos alimentan se ven sometidas diariamente a violaciones sistemáticas de sus derechos (Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2012). Estas incluyen, el acaparamiento del agua, la tierra y las semillas, la destrucción de sus medios de vida a causa de las actividades extractivas, la contaminación y destrucción de los ecosistemas y su diversidad, la aspersión de pesticidas perjudiciales para su salud, la pérdida de su soberanía alimentaria, las precarias condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas, la carga extrema de las labores de cuidado y la violencia que sufren las mujeres en las zonas rurales,  la criminalización de la defensa ambiental y los derechos humanos, la destrucción el tejido social, entre otras. Estas y otras violaciones suelen tener un carácter interseccional, afectando en diverso grado a grupos específicos tanto por ser campesinos como por su origen étnico, religión, edad, orientación sexual, estatus socio-económico, entre otras.

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Justicia Transicional y el Marco de Transición Democrática para Venezuela

Ofelia Riquezes* y Frank O. Mora**

La versión en inglés de este artículo fue publicada por Global Americans el 7 de mayo de 2020.

Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una política de “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, incrementando las presiones económicas sobre individuos y la economía venezolana con la intención de impulsar una transición democrática en el país. Ante la resiliencia de Maduro, Washington subió las apuestas en marzo de 2020 al anunciar acusaciones de narcoterrorismo en contra del dictador y su círculo de allegados y desplegar activos aéreos y navales de Estados Unidos al Caribe y el Pacífico Oriental en una operación antinarcóticos presuntamente dirigida a intimidar al régimen de Venezuela.

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La epidemia de la corrupción en el sistema de justicia guatemalteco

Claudia Escobar Mejía*

En medio de la crisis del coronavirus algunos países se enfrentan también a una epidemia en el sistema de justicia. Los grupos criminales aprovechan la situación para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad de sus fechorías. Uno de los riesgos más probables es que la pandemia sea utilizada por los ladrones de cuello blanco y por los políticos corruptos para apropiarse del dinero destinado a la ayuda humanitaria y así enriquecer sus bolsillos.  Por esta y otras razones a los criminales les interesa controlar la justicia.

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Sistemas judiciales durante la pandemia: la experiencia de Sudamérica

Carolina Villadiego Burbano*

Una primera versión de este artículo fue publicada por la autora en inglés en la página web de la Comisión Internacional de Juristas el 29 de abril de 2020. Disponible aquí.

En América Latina, los gobiernos adoptaron varias medidas para enfrentar la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19. Algunos, decretaron estados de excepción y adoptaron medidas restrictivas de derechos y libertades (cuarentenas, medidas de aislamiento preventivo, toque de queda, entre otras). Asimismo, los sistemas de justicia adoptaron medidas específicas para proteger el derecho a la salud y garantizar el acceso a la justicia.

Este artículo describe algunas medidas adoptadas por los poderes judiciales en América del Sur, y propone algunas reflexiones personales y preliminares acerca de los factores que deben analizarse para evaluar su proporcionalidad y eficacia. Es importante tener en cuenta que el poder judicial cumple distintos roles en un Estado de derecho: protege derechos fundamentales, revisa judicialmente decisiones gubernamentales, garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo, al debido proceso y los derechos de las personas privadas de la libertad. Por ello, esta labor es muy importante durante la emergencia sanitaria, como recordó la Comisión Internacional de Juristas.

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Autoritarismo presidencial: una amenaza a la salud de la democracia

Juan Carlos Sánchez*

Desde el principio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha enviado señales preocupantes que han encendido alarmas en amplios sectores nacionales y en la comunidad internacional, que van desde dictar importantes órdenes ejecutivas vía Twitter, amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desconocer fallos judiciales o atacar inescrupulosamente a quienes considera sus adversarios políticos.

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The story of a shipwrecked sailor named Sergio Moro

On the rise and fall (for now) of Operation Car Wash’s patron in Brazil

Daniel Cerqueira*

Originally published in Global Americans

See Portuguese and Spanish versions.

Just over a year ago, many Brazilians were surprised by Jair Bolsonaro’s appointment of then Federal Judge Sergio Moro as Minister of Justice and Security. Up until then, the judge who convicted former President Lula da Silva had often said that his vocation was the law and not politics, but he explained his change of heart by asserting that this was a technical position and that there was a need to promote reforms and ensure the continuity of anti-corruption efforts. Moro’s joining the administration lent significant political capital to Bolsonaro, whose approval ratings were consistently lower than those of the former judge. Together with Economy Minister Paulo Guedes, Moro helped to secure the acceptance of the administration by an important segment of Brazil’s middle and upper classes.

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