El obligado exilio

Juan Francisco Sandoval*

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El 5 de marzo de 2003 ingresé como pasante en el Ministerio Público, como parte de la obligatoria práctica penal, durante mis estudios de pregrado de ciencias jurídicas y sociales en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Jamás imaginé que aquel inicio se convertiría en amor por defensa de la verdad y la justicia, y que me involucraría en la acusación y juzgamiento de tres presidentes de mi país, una vicepresidenta, decenas de legisladores, ministros de Estado, magistrados y jueces, todos con el común denominador de haber servido a redes políticas económicas ilícitas que buscaron generar impunidad en sus actuaciones al servicio del crimen.

La oportunidad del servicio público me permitió llevar un poco de esperanza al pueblo de Guatemala que —al igual que a la mayoría de pueblos latinoamericanos— el destino, la historia, les ha representado una vida de eterna resistencia ante las injusticias.

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El Salvador: acceder democráticamente al poder para anular al Estado de derecho

Juan Carlos Sánchez*

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador generó entusiasmo en algunos sectores y escepticismo en otros, sobre el rumbo por el que podría transitar la joven democracia salvadoreña bajo su mandato. No porque en la campaña presidencial se haya perfilado claramente su rostro autoritario, sino por el estilo heterodoxo, marcado por una estrategia populista, con el que encaró y derrotó a los partidos tradicionales en febrero de 2019. Estilo que provocó dudas y recelos en una parte de la población por su discurso carente de propuestas, pero que le valió la confianza de una amplia mayoría del electorado que lo colocó en tan sólo dos años y dos elecciones consecutivas –una presidencial y otra legislativa– en una posición política favorable para controlar a todo el aparato estatal, como nadie antes la había tenido por las vías institucionales. 

Aunque existían antecedentes de comportamiento poco transparentes y prácticas de nepotismo cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012–2015) y San Salvador (2015–2018), no se logró dimensionar la crisis en la que estaría sumergido El Salvador hasta los pocos meses de iniciar su mandato como Presidente. Quizás ingenuamente se cifró esperanzas en la sensatez política que venía acumulando el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, en la contención de los mecanismos institucionales de control, así como en la incidencia que podía ejercer la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Se esperaba que, como había sucedido en el pasado, estos elementos fueran suficientes para contrarrestar las amenazas que ya se advertían en quien, hasta ese momento, eran tan solo un joven con aspiraciones presidenciales. 

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La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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Venezuela: ¿qué faltó en el informe de la Alta Comisionada sobre DESCA?

Fernando M. Fernández*

El informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, se refiere en casi su totalidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Lamentablemente, su análisis sobre la situación de los DESCA en Venezuela lo hace sin profundizar en el contexto –que no estuvo bien documentado– y usando una metodología que no fue la más sólida.

En cuanto a los derechos civiles y políticos (DCP), el informe reitera todo lo dicho anteriormente en otros reportes y arroja nuevos datos, especialmente en materia de detenciones y persecución a defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros graves asuntos. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas, atina a mantener la vigilancia de este sector vulnerable. El gobierno rechazó inmediatamente estos señalamientos. Hecha esta observación, se continúa con los comentarios sobre los DESCA. 

En el punto 3, el informe indica que sus fuentes son: “… información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas a víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consideró información y datos oficiales proporcionados por el gobierno, incluyendo un cuestionario enviado por el ACNUDH para los fines del informe.” En otras palabras, no hubo una investigación propia y exhaustiva de la cronología de los hechos, ni sobre causas y efectos sobre los DESCA.

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The importance of controlling Leviathan

Adriana García García*

In the mid-17th century, the English philosopher Thomas Hobbes used the image of a biblical monster, the Leviathan, to illustrate the power of the State and its function of maintaining social order. It has since remained a symbol of fear-invoking power and unmatched sovereign strength.

The foundation for the potentially monstrous power of the Leviathan is one of the main obligations of the State, perhaps the most primary one of them all:  to maintain security within its territory. If a State does not fulfill that function, all other possible aspirations, from the offer of high-quality public services, to economic development and the respect and promotion of fundamental rights, are deeply compromised and, in extreme circumstances, can become even impossible.

The problem is that, to fulfill the responsibility of providing security, the State needs to have a monopoly on the legitimate use of violence.

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Corte Interamericana cierra la puerta a la reelección presidencial indefinida: Comentarios a la Opinión Consultiva 28/21 (Parte I)*

Daniel Cerqueira**

El pasado 13 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH). Solicitada por Colombia, la opinión interpreta los tratados relevantes del SIDH, a la luz de la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La decisión cierra la puerta a la interpretación heterodoxa que algunas cortes de la región han hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), según la cual los presidentes en ejercicio poseen un derecho humano a disputar la reelección de forma indefinida. Este artículo comenta algunos aspectos de la opinión y subraya su relevancia en un continente en donde el continuismo presidencial ha sido la antesala del debilitamiento del Estado de Derecho y de conflictos políticos y sociales, casi siempre enmarcados en graves violaciones de derechos humanos. A modo de consideraciones finales, el artículo comenta algunas imprecisiones argumentativas de la OC 28/21 que han sido recogidas en el voto disidente de los jueces Pazmiño y Zaffaroni y en parte de la doctrina.

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Desjudicializar el neocolonialismo: 10 ideas y 10 propuestas básicas para cambiar la justicia en Bolivia

Eduardo Rodríguez Veltzé*

Publiqué estas notas en 2012 cuando me dedicaba a la actividad académica en la Universidad Católica Boliviana. Las volví a presentar en 2016 cuando parecía recobrar actualidad el debate para abrir un proceso de reformas estructurales al sistema judicial. Hoy en 2021, vuelvo a ellas para aportar al todavía vigente asunto que ha cobrado especial interés a partir de la reciente presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

El informe aborda en un capítulo especial las situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática, entre ellas examina el funcionamiento de la justicia en Bolivia a partir de cuatro elementos: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. El GIEI advierte que «el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.

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The Urgent Need to Consolidate Democracy and the Rule of Law in Haiti

Gaël Pétillon*

Versión en español aquí. 

According to the Haitian Constitution, the legislative, executive, and judicial powers constitute the essential foundation on which the State’s organization is based. Within the exercise of their respective powers, duties, and functions, they are entirely independent. However, since January 2020, the failure to hold legislative elections has resulted in a gradual deterioration of this branch of power, the mandate of all deputies and two thirds of the senate having ended. The assassination of President Jovenel Moïse on the night of July 6th to 7th, as well as the death of the President of the Court of Cassation have worsened the situation from an institutional standpoint. This situation has exacerbated the dysfunction of the three branches: the National Assembly and the Superior Council of the Judiciary (Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire – CSPJ) are now null, while the executive struggles to lead the nation effectively. An institutional vacuum is being created on top of the political and health crisis. Moreover, the recent earthquake of August 14, 2021 generated additional urgent needs, further exacerbating the aforementioned shortcomings and suggesting an upcoming deterioration of the human rights situation in Haiti.

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La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

English version here

Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

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Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa: Reflexiones en torno a la próxima elección

Evelyn Villarreal Fernández*

Costa Rica atraviesa por uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente. En este período el Ministerio Público (MP) ha sido cuestionado por su efectividad en casos de alto perfil anteriores y, sin duda, será sometido a un fuerte escrutinio en el desarrollo del caso más reciente denominado «Cochinilla«. En medio de esta investigación, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio se acogió de inmediato y anticipadamente a su derecho de pensión, después de recibir críticas por la inhibición que había presentado para no ser parte del caso[1]

No es la primera vez que la fiscalía general queda vacante en un contexto de cuestionamientos. De hecho el nombramiento de la fiscala fue realizado en un momento donde se ventilaba otro escándalo de alto perfil (conocido como «Cemento chino«) a finales de 2017, cuando el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán fue involucrado y también se acogió a su derecho de pensión.   

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