El juicio Plan Cóndor en Italia desde una perspectiva uruguaya

Analía Banfi*

 En un momento en que la incertidumbre es la constante a nivel mundial tras el estallido de la pandemia del COVID-19, y en que los Estados no logran una respuesta concertada, nos acercamos al cierre de un proceso judicial de más de dos décadas que revela la gran capacidad de coordinación que supieron tener las dictaduras del Cono Sur de América. No se trató, sin embargo, de una coordinación en pos de un bien público como la salud, sino de perseguir fuera de fronteras y desaparecer a sus propios nacionales.

Algunos meses antes del inicio de los primeros brotes de la pandemia en Italia, la Corte de Apelaciones de Roma daba a conocer los fundamentos de su condena a prisión perpetua dictada contra veinticuatro represores por asesinatos cometidos en el marco del Plan Cóndor, consistente en la cooperación para la represión entre varias de las dictaduras del Cono Sur en la década de 1970 y principios de 1980. ¿Cómo se llegó a esta condena? ¿Por qué un tribunal europeo juzgó delitos ocurridos en otro continente hace más de 40 años?

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Corrupción judicial en las Américas

Algunas reflexiones desde el caso chileno

Claudio Nash (Ph.D.)*

Durante años, Chile ha destacado en los rankings latinoamericanos por su baja percepción de corrupción. Esto ha generado un riesgo evidente, cual es, que las instituciones y la ciudadanía no han estado lo suficientemente alertas para combatir situaciones de evidente corrupción, como ha sido la corrupción política y, ahora, la corrupción judicial.

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La reelección indefinida en América Latina

Reflexiones a propósito de la solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ramiro Orias A.*

De conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el pasado 21 de octubre de 2019 el Estado de Colombia presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una solicitud de opinión consultiva a fin de que se interprete el alcance de la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta solicitud de opinión consultiva está dirigida a precisar si el presunto derecho de un Presidente a ser reelegido en forma indefinida constituiría un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se pide a la CorteIDH que interprete si ese derecho puede ser limitando o prohibido legítimamente, y que determine los efectos sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos en el eventual caso que un Estado propicie o prolongue la permanencia de un gobernante aplicando esta figura.

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Los derechos humanos en tiempos de COVID-19

Abraham Abrego*

El Salvador fue uno de los primeros países en reaccionar ante la pandemia del COVID-19, cerrando las fronteras y estableciendo una amplia cuarentena domiciliar. Esto le trajo reconocimientos al Presidente Nayib Bukele, quien goza de alta popularidad en el país, pero también críticas, como veremos.

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El nuevo mundo en tiempos de pandemia

Jorge Padilla Cordero*

La Organización Mundial para la Salud (OMS) reportaba para el primer fin de semana de abril más de un millón de personas contagiadas alrededor del mundo, con el impacto fatal de casi 16.000 personas fallecidas en Italia, cerca de 12.000 en España y en un incremento significativo en los Estados Unidos la cifra ha superado los 8.000 terribles decesos. Sin lugar a dudas, una lista de mortalidad que se encuentra a la cabeza mundial. Adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad mayoritariamente conforman el mapa de esta fatalidad. En otras latitudes como Costa Rica, la crisis ha golpeado al sector laboral formal e informal al darse el cierre de cerca del 45% de negocios asociados a la gastronomía lo que se traduce en más de 100.000 personas desempleadas temporalmente. En México la epidemia se ha expandido en horas alcanzando cerca de 2.000 casos confirmados y aproximadamente un centenar de fallecidos.  La desesperanza llega al sur del continente americano con un cerco de emergencia que no perdona condición social ni económica.

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Distanciamiento social en las prisiones latinoamericanas

Miguel Sarre* y Juan Morey**

La actual crisis sanitaria impone la adopción oportuna de medidas preventivas. En reclusión, éstas deben ser generales, contundentes e inmediatas y estar orientadas a generar condiciones de factibilidad. Una moratoria urgente de la prisión preventiva, adoptada bajo control judicial, es un medio eficaz de reducir significativamente la población presa y, a partir de ello, instrumentar en reclusión las acciones preventivas recomendadas.

La emergencia sanitaria ya reconocida en Latinoamérica ha hecho aún más evidentes ciertas iniquidades sociales. Una de ellas es la situación que viven las personas privadas de la libertad. Independientemente de la responsabilidad penal que se les impute o que se les haya probado, nadie ordenó que se les destinara a vivir en la situación de hacinamiento en la que se encuentran en prácticamente todas las prisiones de la región.

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América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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The weakening of the Peruvian police in times of crisis

César Bazán Seminario*

The global dilemma between authoritarian and democratic law enforcement expressed itself legally recently in Peru: on March 28, 2020, Peruvian Congress enacted Law 31012, the poorly named so-called “Police Protection Law,” which does a disservice to the strengthening of the police and democracy during the current health crisis.

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El debilitamiento de la policía peruana en tiempos de crisis

César Bazán Seminario*

El vaivén mundial entre fuerzas del orden autoritarias y fuerzas del orden democráticas se expresó legalmente esta semana en el Perú: el 28 de marzo de 2020, el congreso promulgó la ley 31012, mal llamada ley de protección policial, que le hace un flaco favor al fortalecimiento de la policía y de la democracia en medio de la crisis sanitaria.

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From hope to skepticism: The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES)

Last week, as the number of COVID-19 cases in El Salvador climbed to at least 32, Salvadoran Congress approved a two-billion dollar loan for emergency government funding to combat the pandemic. Because Congress approved the funds during a state of emergency, the executive branch has more discretion in how the money is spent than it would under normal conditions. At the same time, government restrictions on freedom of the press have been ramped up, making it more difficult for journalists to obtain and share information. Salvadoran civil society is already monitoring these actions for potential corruption; however, the increased powers afforded to the executive branch – and increased restrictions on civil society – in the current crisis mean that now, more than ever, El Salvador must have effective anti-corruption mechanisms in place. The International Commission Against Impunity in El Salvador (CICIES), established last year, should be playing a visible and vigilant role right now; in this article, DPLF outlines some of the major concerns about CICIES, its formation, and its current status, all of which may impede its ability to play such a role.

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