Rodrigo Llanes Salazar*

Con el inicio de las precampañas el pasado 20 de noviembre ha arrancado el proceso electoral 2023-2024. En esta coyuntura, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos y comunitarios están exponiendo los temas sobre los que trabajan para posicionarlos en las agendas públicas.

Así, el pasado 6 de diciembre, la Red de Litigio Estratégico de la Península de Yucatán (también conocida como Red Peninsular) presentó en conferencia de prensa la “Agenda con perspectiva de derechos humanos para las autoridades de los tres niveles de gobierno para la Península de Yucatán”.

La Red Peninsular fue creada en 2017 y en ella participan organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, particularmente de derechos de pueblos indígenas y del medio ambiente en la región. Al inicio del documento, la Red Peninsular señala que “el incremento de megaproyectos establecidos en territorios campesinos e indígenas, en su gran mayoría bajo tenencia ejidal, ha significado un aumento en la conflictividad social”.

Solo en este año que concluye, se han registrado conflictos en los que incluso se ha recurrido al uso de la fuerza pública, como en los casos de Sitilpech e Ixil. Como ya se ha expuesto anteriormente en estas páginas, Amnistía Internacional, una de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, publicó un informe sobre criminalización de la protesta en México, incluyendo el caso de Sitilpech.

Asimismo, la Red observa el grave problema de “degradación ambiental, producto de la ausencia de medidas que hagan efectivo el principio precautorio y el derecho de información y participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental”.

Se dice comúnmente que los períodos de las administraciones públicas no congenian muy bien con los tiempos de la planeación ambiental. En México, los cargos a elección, como los que se disputarán el próximo año, duran tres o seis años. La planificación ambiental requiere ver mucho más allá de seis años.

Pero la situación se ha agravado y la crisis climática ya no es un problema del futuro, sino del presente. Lo vemos con las tormentas más severas que han golpeado a la península —recordemos Cristóbal en 2020—, situación que contrasta con la sequía que sufrimos este año. Son situaciones extremas que, según especialistas, cada vez serán más comunes. Las crecientes olas de calor también son fenómenos que sufrimos en carne propia.

Los problemas anteriores tienen causas concretas. Una de ellas es la deforestación, que en la península de Yucatán está estrechamente asociada a la ganadería, a la agricultura industrializada y a desarrollos urbanos.

Por otra parte, aunque sea difícil de apreciar la contaminación del agua de Yucatán, pues en el estado no saltan a la vista ríos turbios, como el río Santiago en Jalisco, diversos estudios han documentado que el agua de cenotes y pozos se encuentra altamente contaminada con plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en México y en otros países, con nitratos y otras sustancias tóxicas asociadas con las industrias porcina y avícola, con metales pesados, entre otros contaminantes que se traducen en problemas de salud pública. Diversos habitantes de la región también han denunciado que el agua de sus pozos se ve cada vez más sucia, con mal olor y color.

La Red Peninsular diagnostica que “las administraciones de los tres niveles de gobierno poco han hecho en los últimos años para garantizar el bien común, el interés público y la función social y ambiental de la propiedad con una perspectiva intercultural, y por el contrario mantienen el impulso de un modelo económico basado en la inversión empresarial que margina y fomenta el despojo territorial en contra de los pueblos y la afectación ambiental para la mayoría de la sociedad”.

La anterior sentencia es un claro desafío para los principales candidatos a la gubernatura de Yucatán y a otros cargos de elección popular para el próximo año: ¿podrán impulsar políticas que incorporen realmente los derechos de libre determinación de los pueblos, del principio precautorio con respecto al medio ambiente, de participación ciudadana y acceso a la información?, ¿o, más bien, se ofrecerá continuidad a políticas desarrollistas de viejo cuño reticentes al acceso a la información? (recordemos que el gobierno federal ha intentado en varias ocasiones blindar proyectos como el “Tren Maya” clasificándolo como de “seguridad nacional”), ¿se continuará con el impulso a proyectos que benefician a unas pocas minorías bajo la justificación de que generan muchos empleos precarios?

En este escenario, la agenda presentada por la Red Peninsular incluye cinco ejes: 1. Derechos de los pueblos indígenas; 2. Derecho al medio ambiente sano; 3. Derecho humano al agua; 4. Cuestión agraria; y 5. Criminalización de la protesta social.

Sobre el primer punto, los derechos de los pueblos indígenas, la Agenda de la Red enfatiza el reconocimiento del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas, esto es, su derecho a decidir las formas en que desean organizarse política, económica, social y culturalmente.

Desde luego, el anterior es un punto sumamente complejo, pues las formas de organización actuales de las comunidades indígenas son diversas. En cualquier caso, implica que el gobierno, en sus tres niveles, escuche no sólo a las autoridades municipales y agrarias, o a las figuras que se han autonombrado “gobernadores indígenas”, sino a los diversos sectores de las comunidades: apicultoras/es, migrantes, jóvenes y también a las organizaciones y colectivos indígenas que cuestionan los megaproyectos de los gobiernos estatal y federal. Y no sólo que los escuche, sino, ante todo, que respete sus formas de organización.

En cuanto al segundo punto, el derecho al medio ambiente sano, la Agenda de la Red propone revertir los recortes al presupuesto ambiental y “buscar un modelo menos extractivista, priorizando la sustentabilidad”. Particularmente, propone “prohibir los cultivos transgénicos y la utilización de plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana y los ecosistemas como el Fipronil y el Glifosato”. Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha establecido en su Recomendación 82/2018 la prohibición del uso de plaguicidas altamente peligrosos.

Otra propuesta puntual es la “prohibición y cierre paulatino de la operación de las fábricas porcícolas y avícolas en la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes que se encuentran en operación”. Esta propuesta se conecta directamente con el tercer eje de la Agenda, el derecho humano al agua, y su primera propuesta: el reconocimiento del “territorio kárstico como vulnerable a la extracción y contaminación del agua”.

De acuerdo con diversos índices de vulnerabilidad del acuífero kárstico de Yucatán (como el elaborado por la doctora Yameli Aguilar, que recibió el primer lugar del premio nacional “Agua Sustentable, Perspectivas Universitarias” de la Fundación de Ingenieros Civiles Asociados), la zona de recarga del Anillo de Cenotes, ubicada en el centro de Yucatán, es la más vulnerable a la contaminación del acuífero subterráneo, ya que, entre la región se caracteriza por una reducida distancia con el manto acuífero, su suelo altamente poroso filtra muy poco los contaminantes y la zona presenta una alta densidad de cenotes.

El Anillo de Cenotes es nuestra zona más vulnerable, pero es donde se concentran las granas porcícolas y avícolas, ya que, paradójicamente, algunos de los rasgos que hacen a la región muy vulnerable a la contaminación, también la vuelven muy atractiva para la instalación de las industrias, como es el acceso al acuífero. Los próximos gobiernos federal, estatal y municipales de la región deben de poner un alto a la contaminación de esta vulnerable región e impulsar proyectos alternativos adecuados a las características geológicas, geográficas y culturales de la zona, como los relacionados con el ecoturismo o los geoparques.

Por cuestiones de espacio no puedo detenerme en todas las propuestas de la Agenda de la Red Peninsular, todas ellas urgentes y formuladas a partir de la experiencia del trabajo académico o de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero sí aprovecho el espacio para hacer un llamado a las precandidatas y candidatos del proceso electoral en curso a conocer la Agenda y, sobre todo, a comprometerse con las causas de los pueblos y comunidades indígenas y del medio ambiente, del cual dependemos todas las personas. — Mérida, Yucatán.

*Investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales-UNAM.

Foto: AP images / Eduardo Verdugo

Este artículo se publicó originalmente en Diario de Yucatán.