La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la “Lista Engel” en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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Y finalmente… la CIDH visitó Colombia

María Clara Galvis Patiño*

La CIDH y su experiencia en visitas

Para cumplir con el mandato que le asignaron los Estados de la OEA de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuenta con varios mecanismos de monitoreo, dentro de los que se encuentran las visitas de observación in loco y las visitas de trabajo.

La CIDH tiene 60 años de experiencia en la realización de visitas a los países de la OEA. Desde 1961, cuando hizo su primera visita de observación in loco, a la República Dominicana, ha realizado 102 visitas de este tipo. En contextos de crisis de derechos humanos como las registradas en los últimos años en el marco de protestas sociales en varios países de la región (Nicaragua, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú), las visitas son de particular importancia, pues permiten observar directamente en el terreno la situación de derechos humanos. La CIDH ha realizado 10 visitas a Colombia: 6 de observación in loco[1], una visita preliminar[2], una visita temática[3] y dos visitas de trabajo[4].

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Selección adversa: el apoyo de la sociedad civil para la elección de jueces y fiscales honestos en Guatemala, Honduras y El Salvador*

Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte “amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte”.  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

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El rol de la justicia frente a los autoritarismos*

Prof. Aníbal Pérez-Liñán**

El ataque político a la justicia es un momento central en los procesos de erosión democrática. Cuando miramos los casos de autocratización en América Latina y en la Unión Europea encontramos que la captura de la justicia (en especial la captura de las cortes constitucionales), es el momento decisivo, y a menudo irreversible, en el deslizamiento hacia un régimen autoritario. Muchas personas se preguntan hoy en día por qué la captura de la justicia se ha vuelto tan importante para los líderes autoritarios, y qué podemos hacer frente a este desafío. Para explorar estas preguntas, propongo tres ideas:

La primera es que la relación entre autoritarismo y de estado de derecho no es lineal. La ciencia política ha tenido que enfrentar esta ambigüedad a lo largo de su historia intelectual.

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La democracia colombiana en las calles

Vivian Newman* 

A pesar de que las protestas han venido aumentando en Colombia desde los años noventa, con la firma de los acuerdos de paz en 2016 se ha sentido un pronunciado crecimiento. Hasta entonces, salvo contadas excepciones, las marchas estaban estigmatizadas como infiltradas por la guerrilla, lo que las limitaba a presencia de sindicatos, universidades públicas, población lgbti y trabajadores informales, excluyendo a otras minorías con reclamos legítimos y a una inmensa sociedad indiferente. Ahora, gran parte de la sociedad colombiana ha incrementado la expresión pública de sus inconformidades y el gobierno, desconectado de las calles, no ha sabido entender ni manejar la nueva democracia.

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La última ofensiva de Maduro: criminalización de la organizaciones de la sociedad civil a través de nuevas regulaciones

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Rafael Uzcátegui*

En menos de 48 horas más de 650 organizaciones, venezolanas y de otros países, acordaron suscribir un comunicado de rechazo a la obligación de registrarse en el país caribeño ante una oficina contra el terrorismo, entregando datos de las personas a las que atienden. Esto representa la ultima decisión del gobierno de Nicolás Maduro para cerrar el espacio cívico en Venezuela.

El pasado 30 de marzo apareció en la Gaceta Oficial, la publicación estatal que difunde leyes y normativas aprobadas en Venezuela, la Providencia Administrativa número 001-2021 mediante la cual se dictaba la normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Este larguísimo nombre cumplía la profecía que organizaciones de derechos humanos como Provea habían hecho meses atrás: El año 2021 sería un período de ofensiva gubernamental contra la sociedad civil, luego que habían logrado erosionar la vocería y la cohesión del liderazgo político del país. Al imponer la cuarentena del silencio a los partidos de oposición, la persecución se enfilaría contra el resto de la sociedad con capacidad para documentar y denunciar, en un momento en que la mirada internacional sobre la situación de los derechos humanos pudiera escalar mecanismos de presión sobre Miraflores.

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¿Se tortura en las prisiones de El Salvador? Una pregunta para la Corte Suprema

Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]

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Derecho humano al agua en México: Nueva ley de aguas debe incorporar un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural

Anaid Paola Velasco Ramírez* y Francisco Xavier Martínez Esponda**

Hace siete (07) años México espera una nueva Ley de aguas a partir de una reforma del artículo 4° de la Constitución federal que consagró el derecho humano al agua en el año 2012. El debate jurídico ha girado en torno a qué modelo de desarrollo legislativo debe adoptarse: uno que se limite a considerar a este vital recurso natural como un servicio administrativo u otro innovador que incorpore un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural. Sobre el particular, dos expertos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) nos ilustran sobre este interesante y actual debate legislativo y que podría ser un buen (o mal) referente normativo en otros países de América Latina.

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El derecho a la protesta social y los estándares interamericanos

Edison Lanza*

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La pandemia del Covid-19 ha afectado no sólo la salud y la vida humana en la región. En muchos países, las restricciones de los Estados para enfrentar la pandemia se enfocaron en restringir las libertades de expresión y asociación, las reuniones públicas y otros fundamentos centrales de la democracia. Aunque algunas medidas de excepción podrían ser legítimas bajo la Convención Americana para enfrentar esta calamidad, otras fueron claramente abusivas y tuvieron como objeto mitigar o impedir los renovados ciclos de protestas. Estas restricciones llegaron en un momento especialmente conflictivo en la región, en relación con los movimientos ciudadanos que en los últimos dos años salieron a la calle para alzar su voz contra la inequidad estructural, la corrupción o para ejercer la defensa misma de la democracia.

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Colombia: Los derechos humanos como instrumento de paz

Sébastien Coquoz*

Este artículo forma parte del volumen 2 de la Sociedad de Bien Común “revelar la humanidad, combatir la inhumanidad”.

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Una situación global alarmante

Según uno de los últimos discursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Zeid Ra’ad Al Hussein, llevado a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos, la situación actual en el mundo es alarmante: conflictos en Medio Oriente, hambruna en África, trato de inmigrantes que buscan llegar a Europa, son solo algunos de los ejemplos. Durante los primeros tres años de su mandato, dice, el mundo de ha vuelto “oscuro y más peligroso”.[1]

Los medios internacionales informan de un país que parece ir en la dirección opuesta, avanzando hacia la paz después de más de 50 años de conflicto: Colombia. Obviamente, el panorama no es del todo brillante en este vasto país andino de América del Sur (aproximadamente del doble del tamaño de Francia[2]): la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC[3] se enfrenta a muchos obstáculos[4], el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN[5] parece estar estancado o incluso en retroceso, y las actividades de los grupos armados y bandas criminales, así como el incremento en los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, muestran que el país está lejos de haber alcanzado la paz. Pero el proceso está en marcha y la población colombiana afectada por el conflicto espera poder beneficiarse poco a poco.

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