El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

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El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos. 

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

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Corte Interamericana debe ponerse al día con los estándares internacionales sobre el derecho a la libre determinación indígena

Daniel Cerqueira*

En los próximos meses la Corte Interamericana (Corte IDH) decidirá un caso más en su amplio repertorio de precedentes relacionados con la concesión de megaproyectos en territorios indígenas, en el cual confluyen actos de violencia, corrupción y daños ambientales. El caso se refiere a la violación de derechos de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente, cuyo territorio ancestral se ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Dicha comunidad reivindica la titulación colectiva de su territorio, pero no así un proceso de consulta previa, libre e informada (CPLI), en tanto la extracción de níquel en sus tierras ha sido autorizada desde hace varias décadas y es incompatible con su modo de vida y prioridades de desarrollo. El caso reviste especial importancia para que la Corte IDH se ponga al día con los desarrollos recientes sobre libre determinación indígena. 

Pasados 15 años desde que la Corte IDH dictó la emblemática sentencia en el Caso Saramaka vs. Surinam, los precedentes del Sistema Interamericano (SIDH) sobre CPLI han inspirado el marco normativo y jurisprudencial de diversos países de América Latina, de donde provienen 15 de los 24 Estados parte del Convenio 169 de la OIT, principal tratado internacional en la materia. Pese al estatus de edén jurídico de la consulta previa, la región sigue siendo la más peligrosa del planeta para los y las líderesas indígenas empeñadas en proteger sus recursos naturales. Dicha paradoja nos obliga a reflexionar críticamente sobre las narrativas basadas exclusivamente en la CPLI, y considerar otras obligaciones estatales de cara a los pueblos indígenas igualmente reconocidas por la comunidad internacional.

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Venezuela en su Tercer Examen Periódico Universal: No hay peor Estado que el que no quiere escuchar

Magdalena Alabí*

Las Naciones Unidas (ONU) reúne a 193 Estados miembros con la misión, entre otras, de proteger y promover el desarrollo de los derechos humanos. Para abordar esta ambiciosa y transcendental misión, la ONU cuenta con diversas herramientas entre las que figura el Examen Periódico Universal (EPU). El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas que evalúa la situación de todos los derechos humanos en todos y cada uno de sus Estados miembros. La particularidad de este examen es que consiste en una evaluación inter pares: son los demás Estados quienes evalúan y extienden recomendaciones para mejorar la situación del Estado evaluado. Por ello, el EPU se ofrece como una plataforma única para visibilizar las graves violaciones de los derechos humanos, especialmente aquellas que los Estados bajo revisión desean ocultar.

La semana pasada fue la tercera vez que Venezuela se somete al EPU, y su participación generó aún mayor preocupación en el mundo de los derechos humanos. En síntesis, Venezuela se concentró en justificar las limitaciones de su desempeño como consecuencia de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) y en evadir las graves acusaciones documentadas por la sociedad civil y los órganos de la ONU. 

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Sin salud ni acceso a la justicia: la situación de personas privadas de la libertad en Venezuela durante la pandemia

Carlos Lusverti y Carolina Villadiego Burbano**

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El 13 de marzo de 2020, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia para “preservar y proteger la salud pública” y para mitigar y erradicar el riesgo derivado de la pandemia de COVID-19. Se ordenó el cierre obligatorio y la suspensión de las actividades no esenciales. Esto tuvo un impacto negativo en las personas privadas de la libertad, pues se suspendieron las visitas de familiares y abogados a las cárceles y a los centros de detención. Además, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el cierre de juzgados el 15 de marzo , excepto para asuntos penales urgentes. 

Hacinamiento y limitación de visitas: la realidad de las prisiones y los centros de detención 

Dado que no hay información ni estadísticas públicas sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Venezuela, es necesario acudir a los datos de organizaciones de la sociedad civil, como los del Observatorio Venezolano de Prisiones. Estos, destacan que, en promedio, el hacinamiento carcelario es del 171,83%.

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No hay que empezar de cero: Recomendaciones iniciales para un proceso de justicia transicional en Venezuela*

Katya Salazar** y Ramiro Orías***

¿Qué haremos con el legado de gran corrupción y graves violaciones de derechos humanos que dejará este gobierno? ¿Algún día tendremos una ‘verdad oficial’ sobre lo que ocurrió? ¿Está el sistema de justicia venezolano preparado para juzgar a los responsables de los delitos cometidos? ¿Qué reformas hay que implementar para que estos hechos no se repitan? ¿Cómo aprovechar las herramientas del derecho internacional y la experiencia comparada? 

Venezuela vive un contexto de corrupción institucionalizada, donde se han venido cometiendo graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática y generalizada[1], en el marco de un “proceso gradual de desintegración de las instituciones democráticas y de colapso del Estado de derecho”[2], dando lugar a una situación de total impunidad que sólo exacerba las vulneraciones[3].

El objetivo de este artículo es esbozar algunas recomendaciones iniciales que, basadas en el marco legal de la justicia transicional y la experiencia comparada, puedan ser útiles para los dilemas que debe asumir una transición exitosa en Venezuela.

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Escuchar a Venezuela

Ana Lorena Delgadillo*

English version here. Publicado originalmente en Proceso.

En días recientes tuve la oportunidad de visitar Venezuela por segunda vez. Mi primer viaje lo hice en diciembre de 2018, cuando recuerdo haber sido testigo de gran escasez y desabasto de alimentos y medicinas. Esta vez me encontré con una Venezuela diferente, pero no en mejor situación. 

Venezuela rompe el corazón, pero impregna con su humanidad y cariño. Es imposible no pensar, mientras uno platica con las y los venezolanos, cómo se fue destruyendo su democracia y sus instituciones. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló en su informe de 2020, que desde 2014 se han cometido  graves violaciones de derechos humanos y se identificaron, de igual forma, patrones y “crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”. 

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La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la «Lista Engel» en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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Y finalmente… la CIDH visitó Colombia

María Clara Galvis Patiño*

La CIDH y su experiencia en visitas

Para cumplir con el mandato que le asignaron los Estados de la OEA de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuenta con varios mecanismos de monitoreo, dentro de los que se encuentran las visitas de observación in loco y las visitas de trabajo.

La CIDH tiene 60 años de experiencia en la realización de visitas a los países de la OEA. Desde 1961, cuando hizo su primera visita de observación in loco, a la República Dominicana, ha realizado 102 visitas de este tipo. En contextos de crisis de derechos humanos como las registradas en los últimos años en el marco de protestas sociales en varios países de la región (Nicaragua, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú), las visitas son de particular importancia, pues permiten observar directamente en el terreno la situación de derechos humanos. La CIDH ha realizado 10 visitas a Colombia: 6 de observación in loco[1], una visita preliminar[2], una visita temática[3] y dos visitas de trabajo[4].

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Selección adversa: el apoyo de la sociedad civil para la elección de jueces y fiscales honestos en Guatemala, Honduras y El Salvador*

Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte «amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte».  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

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El rol de la justicia frente a los autoritarismos*

Prof. Aníbal Pérez-Liñán**

El ataque político a la justicia es un momento central en los procesos de erosión democrática. Cuando miramos los casos de autocratización en América Latina y en la Unión Europea encontramos que la captura de la justicia (en especial la captura de las cortes constitucionales), es el momento decisivo, y a menudo irreversible, en el deslizamiento hacia un régimen autoritario. Muchas personas se preguntan hoy en día por qué la captura de la justicia se ha vuelto tan importante para los líderes autoritarios, y qué podemos hacer frente a este desafío. Para explorar estas preguntas, propongo tres ideas:

La primera es que la relación entre autoritarismo y de estado de derecho no es lineal. La ciencia política ha tenido que enfrentar esta ambigüedad a lo largo de su historia intelectual.

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