¿Se tortura en las prisiones de El Salvador? Una pregunta para la Corte Suprema

Desde hace varios años, pareciera que el Estado de El Salvador se empeña en consolidar una aterradora reputación sobre de la manera en la que personas privadas de la libertad son tratadas dentro de las bartolinas y cárceles salvadoreñas. Basta con mirar las imágenes que despliega el buscador en internet o dar un vistazo a aquéllas publicadas por el presidente Nayib Bukele para entender que las exiguas condiciones de vida en las prisiones no son sólo producto de la negligencia o el descuido. Al contrario, son el resultado de una política de Estado premeditada; una estrategia guiada por la falsa creencia de que mientras más insoportable sea la vida en prisión, la probabilidad de que alguien decida delinquir va a disminuir proporcionalmente.[1] Ello se ha materializado en dos escenarios que, aunque opuestos, resultan igualmente inconstitucionales.[2] Por un lado, un entorno de hacinamiento e insalubridad para la población penitenciaria, en general. Por el otro lado, y para quienes se atribuyen los delitos más graves, un régimen de aislamiento permanente en mazmorras totalmente cubiertas de acero para bloquear la entrada de luz natural y evitar cualquier posibilidad de visibilidad hacia el exterior.[3]

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Derecho humano al agua en México: Nueva ley de aguas debe incorporar un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural

Anaid Paola Velasco Ramírez* y Francisco Xavier Martínez Esponda**

Hace siete (07) años México espera una nueva Ley de aguas a partir de una reforma del artículo 4° de la Constitución federal que consagró el derecho humano al agua en el año 2012. El debate jurídico ha girado en torno a qué modelo de desarrollo legislativo debe adoptarse: uno que se limite a considerar a este vital recurso natural como un servicio administrativo u otro innovador que incorpore un enfoque de derechos, ambiental y pluricultural. Sobre el particular, dos expertos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) nos ilustran sobre este interesante y actual debate legislativo y que podría ser un buen (o mal) referente normativo en otros países de América Latina.

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El derecho a la protesta social y los estándares interamericanos

Edison Lanza*

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La pandemia del Covid-19 ha afectado no sólo la salud y la vida humana en la región. En muchos países, las restricciones de los Estados para enfrentar la pandemia se enfocaron en restringir las libertades de expresión y asociación, las reuniones públicas y otros fundamentos centrales de la democracia. Aunque algunas medidas de excepción podrían ser legítimas bajo la Convención Americana para enfrentar esta calamidad, otras fueron claramente abusivas y tuvieron como objeto mitigar o impedir los renovados ciclos de protestas. Estas restricciones llegaron en un momento especialmente conflictivo en la región, en relación con los movimientos ciudadanos que en los últimos dos años salieron a la calle para alzar su voz contra la inequidad estructural, la corrupción o para ejercer la defensa misma de la democracia.

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Colombia: Los derechos humanos como instrumento de paz

Sébastien Coquoz*

Este artículo forma parte del volumen 2 de la Sociedad de Bien Común “revelar la humanidad, combatir la inhumanidad”.

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Una situación global alarmante

Según uno de los últimos discursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Zeid Ra’ad Al Hussein, llevado a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos, la situación actual en el mundo es alarmante: conflictos en Medio Oriente, hambruna en África, trato de inmigrantes que buscan llegar a Europa, son solo algunos de los ejemplos. Durante los primeros tres años de su mandato, dice, el mundo de ha vuelto “oscuro y más peligroso”.[1]

Los medios internacionales informan de un país que parece ir en la dirección opuesta, avanzando hacia la paz después de más de 50 años de conflicto: Colombia. Obviamente, el panorama no es del todo brillante en este vasto país andino de América del Sur (aproximadamente del doble del tamaño de Francia[2]): la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC[3] se enfrenta a muchos obstáculos[4], el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN[5] parece estar estancado o incluso en retroceso, y las actividades de los grupos armados y bandas criminales, así como el incremento en los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, muestran que el país está lejos de haber alcanzado la paz. Pero el proceso está en marcha y la población colombiana afectada por el conflicto espera poder beneficiarse poco a poco.

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El Informe de la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela: Consideraciones sobre las dimensiones de género y los actos de violencia sexual

Beatriz Borges* y Nicole Ramia**

El pasado mes de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela. Esta misión fue creada en el 2019, en el 42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014 en Venezuela. Este informe que narra de forma detallada las atrocidades y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, presenta reflexiones e información relevante sobre las dimensiones de género de la crisis y también sobre la comisión de delitos sexuales. 

En este sentido, la misión ha destacado el uso de la violencia sexual o amenazas de violación, infligiendo dolor físico y angustia psicológica por parte de los agentes de seguridad del Estado, como técnica de represión y tortura particularmente en circunstancias de detención para obtener confesiones e información de la víctima.

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Venezuela: Corrupción y Crímenes de Lesa Humanidad

Carmen Alguíndigue Morles*

El Informe de la Misión de Determinación de Hechos recientemente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos contiene un apartado específico sobre el fenómeno de la corrupción en Venezuela, en el que se hace mención sobre el casi centenar de investigaciones en distintas jurisdicciones del mundo, el mal manejo de los asuntos económicos y en general el desdibujamiento de la independencia de poderes públicos, a medida que el poder Ejecutivo se ha extendido.

Esta misión internacional independiente deja claro que la existencia y mantenimiento de este fenómeno de la corrupción “es un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos, al generar beneficios económicos personales a los responsables….”, afirmando que “un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos[1]”. Este aporte, al igual que todos los hallazgos encontrados es fundamental en el examen preliminar que se adelanta desde 2018 sobre Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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Democracia y Derechos Humanos: A propósito de la Sentencia en el Caso Petro Urrego Vs. Colombia

Ramiro Orias Arredondo*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en fecha 8 de julio del 2020 ha pronunciado su Sentencia en el caso Petro Urrego vs Colombia, con referencia a violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación general por el término de quince años del señor Gustavo Francisco Petro Urrego como Alcalde de Bogotá como efecto de una sanción impuesta por el Procurador General de la Nación de Colombia.

Esta sentencia es importante porque ratifica decisiones anteriores con relación a la inconvencionalidad de sanciones administrativas que restringen o limitan derechos políticos de un funcionario público que ocupan cargos de elección popular.

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Compañías canadienses pueden ser demandadas por violaciones de derechos humanos en el extranjero

Isabel Dávila Pereira*

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El 28 de febrero de 2020 la Corte Suprema de Canadá publicó una decisión emblemática que permitiría establecer la responsabilidad civil de compañías canadienses por violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero. La mayoría de la Corte sostuvo que el derecho internacional consuetudinario forma parte del derecho canadiense[1] y que en la actualidad debe entenderse que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable a corporaciones, al igual que a Estados.

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¿Hacia la Inter-Americanización del régimen de Empresas & Derechos Humanos? Comentario en torno al reciente informe de la CIDH

Salvador Herencia-Carrasco*

Una version previa de este artículo fue publicado en inglés en el portal Rights as Usual.

A fines de enero, la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su esperado informe “Empresas & Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. Dada su importancia, el propósito de este artículo es precisar qué es lo que las conclusiones de la REDESCA/CIDH podrían significar para el régimen de Empresas & Derechos Humanos (EDH) en las Américas.

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Covid-19 y la desigualdad racial en Colombia: El caso del departamento del Chocó

Ely Cossio*

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Tiempos excepcionales requieren medidas extraordinarias, sin embargo, existen lugares en Colombia, donde la carencia de lo esencial dada la marginalidad y el rezago histórico, harían cualquier medida extraordinaria exigua. El olvido negligente del gobierno central es de hecho el común denominador de los antiguamente llamados “territorios nacionales”[1], pero solo en el departamento del Chocó ese rasgo se epitomiza en términos absolutos.

Visto a la luz de la capacidad para enfrentar un virus tan letal como el COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas en el mundo, los pronósticos en el departamento del Chocó son aterradores. Hoy en día, los chocoanos carecen de la preparación y los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para hacer frente a un evento epidemiológico de este tipo.

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