Juan Jesús Góngora*
El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.
Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello y Daniel Cerqueira*
Publicado originalmente en Red-DESC.
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A primera vista, los borradores iniciales del Instrumento Jurídicamente Vinculante (IJV) y el Protocolo Facultativo (PF) despiertan serias dudas acerca de si son realmente un aporte a los esfuerzos para que las empresas respondan por los abusos contra los derechos humanos. El borrador del IJV establece que el “acceso efectivo a la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades comerciales” es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, el PF aborda el cumplimiento de las obligaciones estatales, principalmente mediante mecanismos nacionales de aplicación y un comité internacional de expertos, ambos con escasas facultades de supervisión y monitoreo.
María Julia Dellasoppa*
El pasado miércoles 8 de agosto, con 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara de Senadores argentina rechazó el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados y, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución, sólo podrá volver a tratarse en las sesiones legislativas del año próximo. En este escenario, queda abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluya a la despenalización del aborto como uno de los puntos a tratar con el proyecto de reforma al Código Penal que se presentaría próximamente para tratamiento legislativo.
Alan Vogelfanger*
En abril de 2009, el político y periodista argentino Eduardo Mondino renunciaba a su cargo como Defensor del Pueblo de la Nación. Probablemente, ni las personas más pesimistas en ese entonces hubieran imaginado que el puesto quedaría vacante por los siguientes diez años.
Isadora Fingermann Pisani
O que é mais nocivo à saúde da democracia, a corrupção endêmica permeando todo um sistema político ou o desmoronamento de garantias fundamentais? Esta é uma dúvida que permeia a consciência de grande parte dos brasileiros em tempos de operação “Lava Jato”.
Por: Naomi Roht-Arriaza
Presidenta del Consejo Directivo de DPLF
Profesora del Hastings College of Law, Universidad de California
Por Katya Salazar y Daniel Cerqueira
Desde hace algunos meses, sectores de la opinión pública peruana vienen alzando la voz contra decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH respectivamente). Algunas voces han sido más radicales, cuestionando la vinculación misma del Estado peruano al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el cual está conformado por los órganos antes mencionados. Aunque el detonante de la última ola de ataques fue la admisión por parte de la CIDH de varias denuncias presentadas por personas condenadas por terrorismo en el Perú[1], ha sido la reciente sentencia de la Corte IDH en el caso “Chavín de Huántar” (Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros) la que ha estado en el centro de una polémica cargada de afirmaciones inexactas. Entre las numerosas afirmaciones equivocadas sobre la relación entre el SIDH y el Perú, nos limitaremos a aclarar diez: Sigue leyendo
