El Ministerio Público y la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Carmen Alguíndigue Morles*

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela este año, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución N° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos.

Entre ellas, se aprecian temas complejos, de enorme importancia y gravedad, sin embargo no queda clara la identificación de la causa crónica de las situaciones descritas: el desmoronamiento d la democracia y el estado de derecho, condiciones necesarias para reconstruir la institucionalidad que permita atender las distintas recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

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Derechos humanos, pueblos indígenas y Amazonía: Comentarios al informe temático publicado recientemente por la CIDH

Cristina Blanco*

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Han pasado varias décadas desde que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) comenzó a abordar la situación de los pueblos indígenas en la región. La Comisión Interamericana (CIDH), desde mediados de los 80, y la Corte Interamericana, desde comienzos de la década de 2000, conocieron casos contenciosos y abordaron los problemas históricos enfrentados por los pueblos indígenas, en particular reivindicaciones sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Los pronunciamientos de ambos órganos han generado sólidos estándares, especialmente en materia de propiedad indígena, a un nivel de detalle que ha sido incorporado por otros sistemas internacionales de derechos humanos.

Pero nunca, hasta ahora, se había mirado desde el SIDH más allá de las fronteras estatales que separan a estos pueblos, para ver integralmente las regiones biogeográficas que comparten, como es el caso de la Panamazonía. Tal abordaje es clave pues tienen en este territorio elementos coincidentes de su historia y cosmovisión, y un presente marcado por múltiples patrones comunes de afectación a sus derechos que requieren esfuerzos conjuntos. El informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos en la Panamazonía, que la CIDH presentó hace unos días en Quito, resulta por ello novedoso y oportuno.

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Derechos humanos y estallido social: La experiencia chilena

Claudio Nash Rojas*

El estallido social

En octubre de 2019, casi como un hecho anecdótico y una nueva mala noticia, las autoridades anunciaron un alza en el transporte público de $ 30 (4 centavos de dólar). Luego de un par de días, un grupo de estudiantes comenzaron a realizar actos de protesta que consistían en entrar en masa a las estaciones de metro y saltar los torniquetes de control para evadir el pago. Las manifestaciones fueron creciendo en magnitud y las autoridades decidieron cerrar el acceso a algunas estaciones del Metro, pero esto solo generó situaciones de mayor protesta e ingresos masivos abriendo las puertas por la fuerza.

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Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos: ¿Qué implica su ingreso a ese órgano?

Ramiro Orias*

Luego de una ajustada votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela obtuvo una de las ochos sillas asignadas para la región latinoamericana en el Consejo de Derecho Humanos, con 105 votos sobre Costa Rica, que obtuvo 96. Aunque el gobierno venezolano, frente a su creciente aislamiento externo, ha tratado de mostrar este logro como una victoria diplomática, esto de ninguna manera significa un reconocimiento internacional ni laureles a la política de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. El ingreso  de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, importa más bien elevar el estándar de cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales dentro del sistema universal de derechos humanos.

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El Sínodo para la Amazonía y los derechos humanos

SÍNODO AMAZÓNICO CATÓLICO:

OPORTUNIDAD PARA ESCUCHAR LA VOZ DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) es una organización de la sociedad civil independiente de los Estados, partidos políticos, iglesias, organismos internacionales, empresas y de cualquier tipo de agremiación política, social y emprendimiento económico. Sin embargo, ello no nos impide hacer sinergias y cooperar con algunas instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales, cuando coincidimos en principios y valores a favor de los derechos humanos, la democracia o el estado de derecho en América Latina.

Ese es el caso de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM), instancia de la iglesia católica de América Latina que fue constituida el año 2014 para proteger la Amazonía y los pueblos que en ella habitan,  en sintonía con la exhortación del Papa Francisco de cuidar la “casa común” (el planeta tierra) que plasmó en su Encíclica “Laudato Si” (2015). En ese contexto, durante la visita que realizó al Perú en Enero del 2018, el Papa anunció -en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado- el inicio del “Sínodo especial para la Amazonía”, el mismo que concluirá en Roma en octubre del presente año.

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La Corte Interamericana y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las virtudes del caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

Juan Jesús Góngora*

El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

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Primeras impresiones sobre el Borrador de Protocolo Facultativo del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello y Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Red-DESC.

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A primera vista, los borradores iniciales del Instrumento Jurídicamente Vinculante (IJV) y el Protocolo Facultativo (PF) despiertan serias dudas acerca de si son realmente un aporte a los esfuerzos para que las empresas respondan por los abusos contra los derechos humanos. El borrador del IJV establece que el “acceso efectivo a la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades comerciales” es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, el PF aborda el cumplimiento de las obligaciones estatales, principalmente mediante mecanismos nacionales de aplicación y un comité internacional de expertos, ambos con escasas facultades de supervisión y monitoreo.

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