Una de las innovaciones adoptadas por la constitución boliviana de 2009, fue la diferenciación de roles en las funciones de defensa del Estado y la sociedad. Así, la Procuraduría General del Estado es la institución encargada de defender y precautelar los intereses del Estado, mientras que al Ministerio Público se le encomienda la defensa de los intereses generales de la sociedad, dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Sigue leyendo →
Entrevista a Ariel Dulitzky, Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y ex Presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.
Los días 10 y 11 de junio tuvo lugar en la ciudad de Sucre la denominada “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, convocada por el gobierno del Presidente Evo Morales, con una amplia participación de actores sociales y representantes de los órganos judiciales, que abordaron diversos aspectos en relación a la situación de los graves problemas que aquejan a la justicia en Bolivia, a objeto de establecer lineamientos para el cambio estructural del sistema judicial.
Foto: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información
Al día siguiente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró la inconstitucionalidad de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro instaló una Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reparación, iniciativa que ya había sido descartada en enero pasado. Según el anuncio presidencial[1], esta Comisión será presidida por el vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y tendrá como secretario permanente a Larry Devoe, el ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, y como miembros permanentes a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, y a la Ministra para Relaciones Exteriores. También se señaló que se incorporarían tres voceros del Comité de Víctimas de las Guarimbas; una integrante del Frente contra el Sicariato Campesino y el presidente del Comité de Víctimas del Golpe de Estado de 2002. Esta comisión a su vez estaría integrada por cuatro representantes oficialistas del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, así como cuatro delegados del bloque opositor, quienes ya adelantaron que no participarán.
The Judiciary in Panama is in the midst of a serious and prolonged crisis. While it is not new, it has worsened noticeably within the past year due to reports of corruption, back-and-forth accusations, and power struggles among the Justices of the Supreme Court (CSJ). These events have led to a climate of institutional destabilization and the low public credibility of the Court, which has lost the political leadership it should possess.
El Órgano Judicial en Panamá se encuentra en una grave y prolongada crisis, que no es reciente, pero que en el último año se ha agravado notablemente debido a denuncias de corrupción, acusaciones reciprocas y conflictos de poder entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos hechos han llevado a una situación de desestabilización institucional y baja credibilidad pública de la Corte, que ha perdido el liderazgo político que esa instancia debería tener.
