El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela: ¿Síntomas o causas de la crisis de derechos humanos?

Ramiro Orias Arredondo*

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, luego de su visita oficial a Venezuela realizada del 19 al 21 de junio de 2019, publicó sus conclusiones y recomendaciones, en cumplimiento del mandato establecido por la resolución n.° 39/1 del Consejo de Derechos Humanos. El informe ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, y destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

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La reelección indefinida de Daniel Ortega ante la CIDH

Ramiro Orias*

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público su Informe de Admisibilidad No. 179/18, del 26 de diciembre de 2018, sobre la petición presentada por Fabio Gadea -ex candidato presidencial del Partido Liberal Independiente (PLI)- vs Nicaragua, por la afectación de sus derechos a la participación política, en su dimensión de sufragio pasivo; es decir el derecho a ser elegido.

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Bolivia: los desafíos del nuevo Fiscal General del Estado

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Luego de seis años de gestión, conforme manda la Constitución boliviana, la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo un proceso de concurso público de preselección ha designado -con el voto de dos tercios de sus miembros- al abogado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General del Estado, quien asume, en un momento de grave crisis, la conducción del Ministerio Público, cuya credibilidad pública es tal vez la más baja desde su creación. La manera como se condujo el caso Alexander, donde un médico inocente y sin las suficientes evidencias fue condenado a 20 años de cárcel, refleja enormes debilidades en cuanto profesionalismo e integridad, así como escasez de capacidades para la investigación forense en la persecución penal, sumado a prácticas de opacidad y abuso de poder que han hecho que esta organización deje de cumplir con su rol de defensor de los intereses generales de la sociedad.

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Los retos pendientes del Ministerio Público de Bolivia

Ramiro Orias*

Publicado originalmente en Página Siete.

Una de las innovaciones adoptadas por la constitución boliviana de 2009, fue la diferenciación de roles en las funciones de defensa del Estado y la sociedad. Así, la Procuraduría General del Estado es la institución encargada de defender y precautelar los intereses del Estado, mientras que al Ministerio Público se le encomienda la defensa de los intereses generales de la sociedad, dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Sigue leyendo

Garantías para una justicia independiente en Bolivia y el Reglamento de Preselección de candidatos a las más Altas Cortes

 Ramiro Orías y Ursula Indacochea

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 Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

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Conclusiones de la Cumbre de Justicia: Un Balance Crítico a la Luz de los DD.HH. Parte I

Ramiro Orias A.

Oficial de Programa DPLF

Ramiro FOTO

Los días 10 y 11 de junio tuvo lugar en la ciudad de Sucre la denominada “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, convocada por el gobierno del Presidente Evo Morales, con una amplia participación de actores sociales y representantes de los órganos judiciales, que abordaron diversos aspectos en relación a la situación de los graves problemas que aquejan a la justicia en Bolivia, a objeto de establecer lineamientos para el cambio estructural del sistema judicial. 

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