Ramiro Orias Arredondo*

Luego de los hechos de violencia que sucedieron en Bolivia en el marco de la crisis política, electoral y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de  derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas fallecidas en diversos lugares del país.

Después de ocho meses de intenso trabajo, pese a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, el GIEI-Bolivia presentó su informe final, que refleja un enorme esfuerzo investigativo para contribuir a esclarecer esos hechos. Uno de los mayores valores de este informe, es que aborda –con mucho detalle y rigor – los principales hechos de violencia y graves violaciones de derechos humanos cometidas, tomando como norte las voces de las propias víctimas, que constituyen el centro de las preocupaciones y recomendaciones del documento, sin diferenciar su posición política o sector social. El informe concluye remarcando la necesidad de: “Reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”^[1]. Sin ello no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social.

En el marco del conflicto, la espiral de violencia derivó en una amplia gama de graves violaciones a los derechos humanos. El GIEI documentó la vulneración de los derechos a la protesta, libre circulación y libertad de expresión, agresiones a periodistas y ataques a medios de prensa, cruzados por distintas formas de discursos de odio, discriminación e intolerancia; así como vulneraciones al debido proceso y una práctica de detenciones ilegales y de tortura, incluyendo violencia sexual contra mujeres.  El informe documenta también las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad personal ocurridos y estudia a profundidad los intensos y violentos enfrentamientos entre civiles sucedidos en Betanzos, Cochabamba, Challapata, Montero, Vila Vila y Yapacaní, señalando el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el ejército en Sacaba y Senkata, los casos más graves -donde hubo mayor número de personas que perdieron la vida-, que fueron calificados como masacres. De especial preocupación para el GIEI es que la mayoría de estas violaciones documentadas en su informe permanecen impunes, siendo obligación del Estado, establecer la responsabilidad de todas aquellas personas que contribuyeron, mediante sus acciones u omisiones, a su comisión.

En este marco, el informe propone un plan de atención y reparación integral para las víctimas, identifica los principales factores estructurales que afectan la protección de derechos humanos y la estabilidad democrática en el país, y aborda en especial los principales obstáculos para el derecho a la verdad y la justicia.

En primer lugar, el informe identifica las causas de la crisis de 2019, que se produjo como consecuencia de los intentos cuestionados para lograr una cuarta reelección consecutiva del presidente en ejercicio y el debilitamiento de las institucionales democráticas, “que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”^[2], a tal punto que no pudieron contener el estallido social ocurrido. 

Si bien el GIEI consideró las narrativas sobre los presuntos fraude electoral y golpe de Estado como elementos de contexto para la investigación, deja claro que sus conclusiones no se refieren ni incluyen una evaluación sobre ambos eventos. Asimismo, deja claro que: “De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, ni para “atizar la polarización social en el país”; estableciendo que la investigación avanzada por el GIEI no es equivalente ni sustituye una investigación penal.

A continuación, el informe identifica las fuentes de la violencia suscitada en el contexto de las protestas ciudadanas, incitadas “por discursos antagónicos y por decisiones políticas” que polarizaron al país. De la violencia que se dio entre los grupos sociales movilizados, la más extensa fue perpetrada por particulares, favorecida por acciones y omisiones de agentes del Estado, y la más intensa se originó a partir del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados del orden público.

El informe concluye que: “[E]n diversos casos examinados, las instituciones del sistema de justicia actuaron sin independencia e iniciaron procesos judiciales con evidentes fines de persecución política”, práctica que “persiste en la actualidad”. Al respecto, advierte un conjunto de falencias que han contribuido a que no se respeten las garantías al debido proceso, ni se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Es particularmente crítico con el trabajo del Ministerio Público, evidenciando un retraso injustificado en las actuaciones de la Fiscalía, así como una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de investigar con la debida diligencia estos hechos.

El GIEI observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones. Las falencias identificadas en el sistema judicial en Bolivia son un problema estructural de larga data, que el Estado debe encarar para generar confianza en las víctimas, en la sociedad, así como para consolidar la separación de poderes. 

El informe devela las principales debilidades existentes frente a la injerencia política en la justicia. Una de ellas es que la mayoría de los jueces y fiscales ocupan cargos con carácter transitorio, sumado a la falta de independencia de las entidades encargadas de los nombramientos; además del bajo presupuesto para el sistema de justicia, lo que afecta su efectividad y cobertura.

En sus recomendaciones finales, el GIEI es específico en la necesidad de mayores esfuerzos para garantizar la independencia de la carrera judicial, debiendo los jueces y juezas “ser seleccionadas/os mediante convocatorias públicas y procesos transparentes, de acuerdo con criterios objetivos de mérito y de manera absolutamente independiente de motivaciones político-partidaria”. Además, exhorta a las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o por iniciarse^[3].

El GIEI-Bolivia concluye que: “Las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la reforma de instituciones claves para el funcionamiento de la democracia” como es la administración de justicia, recomendando al Estado boliviano implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura no sea utilizada para fines políticos por el gobierno de turno, reformas que deberá estar destinadas a adecuar las instituciones a su rol democrático, de acuerdo con el marco del Estado de derecho. 

También llama la atención el escaso debate público en la búsqueda de soluciones concertadas para superar problemas resultantes del déficit de autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía en Bolivia, razón última del uso indebido del proceso penal para la persecución política. El GIEI concluye señalando que: “Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel– para fortalecer la independencia de las instituciones que deben afirmar su autonomía y funcionamiento transparente. Esto requiere medidas urgentes… diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos”.

El GIEI es contundente en reclamar investigaciones serias, efectivas, exhaustivas, diligentes, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas e imputados, así como el juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables para evitar la impunidad por estos hechos. Sin embargo, el informe no señala cómo será esto viable –en el corto plazo–  de manera genuina y con la debida diligencia, teniendo en cuenta las grandes debilidades en el sistema de justicia que el propio informe encuentra.

¿Será posible que las actuales autoridades judiciales y fiscales que no cumplieron su labor con integridad, imparcialidad y eficiencia, puedan hacerlo ahora de manera independiente y efectiva? La reforma y saneamiento del sistema de justicia será resultado de un proceso de más largo aliento, por lo que en lo inmediato se hace necesario pensar y diseñar un mecanismo ad hoc de justicia transicional, imparcial e independiente para la investigación especializada de los hechos de violencia y delitos cometidos en el marco del conflicto, con el fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Las conclusiones y recomendaciones de este informe marcan una hoja de ruta para el proceso de reencuentro democrático en Bolivia, cuyo potencial reconciliador será más amplio en la medida que sea resultado de un proceso incluyente de seguimiento, discusión y deliberación pública. En ese sentido, como parte de los próximos pasos, resulta fundamental avanzar –como el propio GIEI recomienda– en la conformación de una instancia permanente de seguimiento e implementación de las recomendaciones del informe, que sea inclusiva y plural en su composición, garantizando la participación de todos los actores llamados a intervenir, tanto de las víctimas, como del Estado y la sociedad civil organizada, bajo la coordinación y facilitación de la propia CIDH.

^[1] GIEI Bolivia, Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, 23 de julio de 2021, p. 464.

^[2] Ibid.

^[3] Ibid pp. 465-466.

* Abogado y Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).