La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

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Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

El recrudecimiento de actos violentos

Desde hace más de dos años, los haitianos se enfrentan a un aumento de pandillas, con presencia de grupos armados en varios barrios de la capital y otras provincias. Este fenómeno ha dado lugar a numerosas y graves violaciones de los derechos humanos, como masacres, secuestros, violaciones y asesinatos callejeros. Algunos barrios, bajo el control de grupos armados que se enfrentan regularmente para ganar más territorio, están abandonados a su suerte, ya que los bandidos han expulsado a la policía de los recintos.

La proliferación de estos grupos y la recurrencia de los enfrentamientos violentos han provocado el desplazamiento de cerca de diez mil haitianos y haitianas, afectando especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas que viven en la pobreza, así como los discapacitados. Usualmente viviendo en refugios improvisados, estas personas desplazadas internas, son objeto de todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Al huir de sus hogares, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia sexual.

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Dilemas para la justicia y la verdad a la luz del informe de GIEI-Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Luego de los hechos de violencia que sucedieron en Bolivia en el marco de la crisis política, electoral y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de  derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que dejaron un saldo aproximado de 800 heridos y 37 personas fallecidas en diversos lugares del país.

Después de ocho meses de intenso trabajo, pese a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, el GIEI-Bolivia presentó su informe final, que refleja un enorme esfuerzo investigativo para contribuir a esclarecer esos hechos. Uno de los mayores valores de este informe, es que aborda –con mucho detalle y rigor – los principales hechos de violencia y graves violaciones de derechos humanos cometidas, tomando como norte las voces de las propias víctimas, que constituyen el centro de las preocupaciones y recomendaciones del documento, sin diferenciar su posición política o sector social. El informe concluye remarcando la necesidad de: “Reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”[1]. Sin ello no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social.

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