David Lovatón*

Recientemente visitó Lima el profesor argentino Roberto Gargarella y sostuvo un interesante diálogo con profesores y profesoras de derecho en torno, no sólo a algunas de sus principales tesis sobre el constitucionalismo latinoamericano, sino también con relación a algunas experiencias comparadas de reforma constitucional en nuestro continente. El presente artículo es una reacción a algunas de las reflexiones y debates que se dieron en dicho diálogo; ciertamente la responsabilidad de las ideas y reflexiones que esbozaré a continuación es sólo mía y tienen como propósito seguir aportando a la reflexión en torno a salidas institucionales a la actual crisis social y política en el Perú.

Para Gargarella uno de los aspectos medulares para renovar y relegitimar nuestras desgastadas democracias constitucionales, es abrir e institucionalizar espacios de diálogo o deliberación ciudadana en la sociedad y el Estado, a partir de un ideal regulativo que él denomina “conversación entre iguales”: “la inclusión, la deliberación y la igualdad de estatus como características de esas conversaciones. De allí en más hay que pensar en procedimientos institucionales capaces de traducir en prácticas efectivas un ideal semejante.”^[1]

Esta exhortación a renovar la vetusta “sala de máquinas” del diseño constitucional forjado al fragor de las revoluciones francesa y norteamericana —otra de las difundidas tesis de este autor—^[2], parte de la convicción del autor que este diseño constitucional enfrenta una crisis estructural y, por ende, requiere ser repensado radicalmente: “No se trata de reajustar tuercas y tornillos que han cedido, sino de repensar radicalmente cuál es el sentido, el primer propósito, de las instituciones que tenemos… hay algo que parece claro: hoy en día, las viejas instituciones son una parte significativa del problema… Ellas se han convertido en un “traje estrecho” desbordado por todos lados, incapaz de contener la variedad e intensidad de nuestras expectativas y demandas.”^[3]

Bajo este lente académico —que compartimos— de la imperiosa necesidad de renovar y repensar radicalmente la sala de máquinas de nuestras Constituciones (lo que solemos llamar la “parte orgánica” de la Constitución) y de renovarla en clave dialógica para una mayor y auténtica participación ciudadana, la actual crisis social y política en el Perú parece muy alejada de este ideal dialógico entre iguales: ni hay diálogo genuino, ni los diversos actores enfrentados parecen considerarse iguales entre sí. Muy por el contrario, hasta ahora han primado los extremos —de derecha e izquierda— y, peor aún, la negación del otro que piensa o quiere algo diferente.

Los que padecimos el conflicto armado interno que sufrió nuestro país en los ochenta y noventa del siglo XX, tuvimos la esperanza que luego de tanta muerte, terror y sufrimiento, uno de los acuerdos mínimos que habíamos logrado alcanzar como nación era NO resolver nuestras diferencias políticas, sociales o económicas, eliminando al adversario. Ese pacto no escrito hoy en día parece en riesgo cuando siguen muriendo compatriotas innecesariamente, civiles o de uniforme, en el contexto de las protestas sociales. Frente a ello, preocupa sobre manera la actitud del Parlamento y del Gobierno: parecen cada vez más dispuestos a continuar en sus cargos y a “aguantar” hasta julio del 2026, sin adelanto de elecciones generales de por medio, que es una de las demandas sociales de extendido consenso.

Es un terrible error creer que las protestas sociales han sido controladas, estamos tan sólo frente a una tregua y si no hay adelanto de elecciones generales, seguirán muriendo compatriotas en el marco de la represión y habrá un preocupante deterioro del orden democrático. En resumen, la crisis se agudiza con un Gobierno maniatado por el Parlamento y cada vez más apoyado en las Fuerzas Armadas; un sistema electoral amenazado por sectores que siguen creyendo que hubo fraude en las elecciones del 2021; un Ministerio Público liderado por una Fiscal de la Nación con una investigación disciplinaria preliminar abierta por la Junta Nacional de Justicia y que ha decidido apoyarse en los sectores políticos de extrema derecha; el uso excesivo del estado de emergencia; pedidos de amnistía para militares y policías o de denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por parte de partidos sin vocación democrática; entre otros.

¿Qué hacer? Primero, adelantar las elecciones generales para este año 2023. Si bien es cierto que muy probablemente tendremos al mismo elenco de candidatos y candidatas y que ello no resolverá diversos problemas estructurales aún pendientes, también es verdad que el anuncio del adelanto de elecciones descomprimiría en mucho el actual descontento social. Si el Parlamento no se pone de acuerdo para aprobar este adelanto de elecciones, la única “llave constitucional” que queda para ello es que la presidenta Dina Boluarte renuncie voluntariamente y despeje así el camino para este adelanto de conformidad con el artículo 115° de la Constitución. Para este primer paso es clave que la comunidad internacional siga apoyando espacios de diálogo para encontrar una solución negociada.

Segundo, abrir espacios de diálogo político y social sobre los cambios constitucionales que amplios sectores de la ciudadanía reclama en las protestas. Si bien durante muchos años una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente fue una bandera blandida por los partidos de izquierda, lo cierto es que el actual pacto constitucional plasmado en la Carta vigente de 1993 requiere ser revisado. No necesariamente en clave de una nueva Constitución ni tampoco de una asamblea constituyente, pero sí en clave de un genuino “diálogo entre iguales” en torno a temas claves como la Constitución económica; el carácter plurinacional y pluricultural de nuestro país; la gobernanza de nuestro territorio y el rediseño de gobiernos regionales y municipales; los pesos y contrapesos entre Gobierno y Parlamento; entre otros. En este segundo momento también es importante el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo para tomar en cuenta lecciones aprendidas de experiencias recientes de reforma o intentos de reforma constitucional, como la chilena.

Hay un aspecto que genera especiales sentimientos encontrados: el modelo económico consagrado por la Constitución vigente. Al respecto, ayudaría mucho al diálogo sobre este particular si nos alejamos de dos extremos: no idealicemos ni demonicemos la Constitución de 1993. No ha sido ni el motivo principal del crecimiento económico del Perú de los últimos 25 años, ni tampoco ha sido la principal culpable de la gran inequidad de dicho crecimiento económico; hay aspectos que mantener (como la autonomía del Banco Central de Reserva BCR) y aspectos que reformar del modelo económico consagrado en la Constitución vigente (como los temas ambientales). Pero nada de esto se podrá debatir si no se logra abrir un centro social y político que permita dialogar democráticamente.

Finalmente, hay un aspecto medular en esta crisis actual en el Perú: una de las principales fuentes de la extendida falta de legitimidad ciudadana de las instituciones democráticas es la captura de diversos niveles del aparato estatal —municipal, regional y nacional—, por parte de redes de corrupción y hasta del crimen organizado (como el narcotráfico o la minería ilegal).

Ya lo habíamos alertado en una nota en este mismo blog con relación al expresidente Pedro Castillo: “Castillo parece cómodo con este estilo de gobernar… Un estilo muy próximo a cómo se han gobernado varios municipios y regiones en nuestro país: con redes clientelares para comprar lealtades o devolver favores con puestos de trabajo o contrataciones de obras en la administración pública. Desde una perspectiva anticorrupción, una forma de gobernar que percibe al Estado como un botín del cual hay que beneficiarse y beneficiar a familiares y amigos. El presidente no es pues el hombre bueno del campo que no tiene idea de lo que ocurre a sus espaldas, sino el que intenta replicar en el gobierno central las malas artes de gobernar un municipio o una región.”

Este mismo esquema corrupto del Estado como botín, se repite también en el Parlamento actual, en el que muchos congresistas están más preocupados en defender intereses privados, legales o ilegales. Este paradigma de corrupción se enfrenta al paradigma del Estado de derecho que, aunque vetusto y urgido de cambios estructurales en su sala de máquinas, sigue persiguiendo el ideal republicano del bien común. Por ende, resulta clave que los sectores sociales, políticos y económicos que creemos genuinamente en el paradigma del Estado de derecho, nos enfrentemos y derrotemos políticamente a los mineros ilegales, a los narcotraficantes, a los lavadores de activos y a las redes de corrupción que han incursionado en la política con el único propósito de capturar el Estado para beneficio propio.

* Profesor principal PUCP y asesor legal sénior de DPLF.

^[1] Gargarella, Roberto. El derecho como una conversación entre iguales. Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran —por fin— al diálogo ciudadano. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2021, pp. 321.

^[2] Gargarella, Roberto. La sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas, entre lo viejo y lo nuevo. Revista Nueva Sociedad N° julio-agosto 2015 (https://www.nuso.org/articulo/la-sala-de-maquinas-de-las-constituciones-latinoamericanas/). Último acceso: 8 marzo 2023. 

^[3] Gargarella, Roberto. El derecho como una conversación entre iguales. Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran —por fin— al diálogo ciudadano. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2021, pp. 314.

Imagen de portada: AP Photo/Martin Mejia