Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

De otro lado, la sentencia declara infundada la demanda en la parte ambiental, convalidando las diferentes medidas contenidas en la Ley No 30230, que debilitan la institucionalidad estatal que protege el medio ambiente. Nuestras principales críticas en la parte ambiental de la sentencia son[1]:

  1. La Constitución peruana establece mandatos claros al Estado con el fin de proteger el medio ambiente: “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales” (artículo 67 de la Constitución), “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas” (artículo 68 de la Constitución) y “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”. (artículo 69 de la Constitución).
  2. El derecho fundamental al disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, no solo implica el derecho subjetivo a un medio ambiente, sino la obligación del Estado de preservarlo. En palabras del Tribunal Constitucional, “el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute”. Es precisamente esta institucionalidad ambiental, que permite una protección adecuada, la que ha sido debilitada con la ley 30230.
  3. A pesar de todos estos mandatos, el TC acaba de convalidar las siguientes medidas: a) la reducción de la facultad sancionadora de la OEFA contenida en el artículo 19 de la Ley 30230; b) la reducción del presupuesto de la OEFA establecido en el artículo 12 de la Ley No 30230; c) el traslado de la competencia de creación de Zonas Reservadas (Área Natural Protegida) del Ministerio del Ambiente a la Presidencia del Consejo de Ministros en el art. 20 de la Ley 30230, lo que significa que ya no será el MINAM sino un organismo político con es el Consejo de Ministros quien decida sobre la creación de este tipo de áreas protegidas; d) la reducción de los plazos para opinar sobre los EIA contenida en el artículo 21 de la Ley 30230, que establece que las opiniones sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) vinculantes o no vinculantes deberán emitirse en un plazo máximo de 45 días hábiles; e) la desnaturalización del ordenamiento territorial y de la zonificación ecológica y económica contenida en el artículo 22 de la Ley 30230, sobre todo cuando redefine al ordenamiento territorial para quitarle su carácter concertador, pero también decisorio sobre los usos del territorio, considerándolo solamente orientador. Y por si quedara alguna duda, establece la prohibición expresa de asignar, mediante el ordenamiento territorial, usos y establecer exclusiones de usos; 6) el traslado de la competencia de determinar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) contenida en el artículo 23 de la Ley Nº 30230; y 7 ) establece que los ECA y LMP deben basarse en criterios de protección de la salud y el ambiente y en el análisis del impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas.
  4. Las libertades de empresa, de comercio y de industria tiene reconocimiento constitucional, pero como el propio artículo 59 de la Constitución lo señala, el ejercicio de estas actividades no puede poner en peligro el orden público, la salud y el medio ambiente.
  5. Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene la discrecionalidad, en ejercicio de su función de gobierno, de diseñar e implementar políticas públicas para lograr sus objetivos, estas no pueden afectar derechos fundamentales ni bienes jurídicos constitucionales. En este caso, la derogación de las reglas contenida en la Ley 30230, eran “necesarias” para concretar la protección del medio ambiente. Como dice el Tribunal Constitucional, “la revalorización de los derechos fundamentales como “conquistas frente a la mayoría” o como “límites al poder político” exige pues asumir una postura según la cual el legislador o cualquier otra autoridad política tienen un límite en su libertad de configuración normativa de la Constitución, tanto en un sentido negativo (de respeto)”.
  6. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la obligación de “remover” todos los obstáculos legales y fácticos que impiden el ejercicio de las obligaciones allí contenidas. En este caso, el Estado peruano no ha cumplido con remover los obstáculos contenidos en la ley 30230, que impiden una protección efectiva del medio ambiente. En palabras de la Corte IDH, “el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención”.
  7. Si uno revisa otras sentencias recientes en materia ambiental del Tribunal Constitucional, como por ejemplo, la STC 00011-2015-PI (f.j. 15) sobre uso de plaguicidas tóxicos, o más antiguas como la STC 03347-2007-PA (f.j. 5) sobre protección de áreas naturales protegidas, uno encuentra que el TC en la sentencia materia de análisis, se olvidó de su función de “prevenir” las violaciones al derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado (No 00012-2015-PI, f.j. 172).
  8. El Tribunal Constitucional desconoce la obligación del Estado de “preservar” el medio ambiente y la dimensión objetiva del derecho al medio ambiente. El tribunal ha señalado que el contenido del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado comprende dos elementos 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve[2]. Es esta última obligación la que sustentaba el pedido de nulidad de varios artículos de la Ley 30230, por parte de los demandantes.
  9. Cuando un Estado reconoce un derecho fundamental, reconoce tres obligaciones, 1) la desarrollar órganos o instituciones de protección, 2) desarrollar procesos o procedimientos para concretar la protección, y 3) asignar presupuesto para que esos mecanismos de protección de materialicen[3]. Es eso lo que no ha cumplido el Tribunal Constitucional en el presente caso en materia de institucionalidad ambiental.

Consideramos que esta sentencia sienta un mal precedente en la protección del ambiente. En un contexto donde la población viene tomando más conciencia de la importancia de proteger el ambiente, el Tribunal Constitucional tomó e camino contrario y perdió una oportunidad de emitir una sentencia que lo cautele.

 

*Abogado, Instituto de Defensa Legal (IDL), Lima, Perú

 

[1] Sobre este parte nos hemos pronunciado en https://www.enfoquederecho.com/2020/06/14/pueblos-indigenas-le-ganan-batalla-a-gobierno-en-defensa-de-sus-territorios-indigenas/.

[2] Tribunal Constitucional, 00048-2004-AI/TC, f.j. 17.

[3] Ver ALEXY, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales”. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 454 y sgts.

Estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria: en Perú, el Tribunal Constitucional hace historia

Ronald Gamarra*

En lo que constituye una reacción inesperada y singularmente positiva, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido una histórica sentencia declarando la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.

Seguir leyendo

La desaparición forzada en Perú: propuesta de un sistema nacional de reparaciones a víctimas

Giovanna F Vélez Fernández*

La desaparición forzada de personas cuando se comete contra población civil de forma generalizada o sistemática es considerada por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad debido a los múltiples derechos que vulnera entre los que podemos citar: la vida, la libertad individual, la integridad, seguridad personal, derecho a la verdad, el debido proceso entre otros. En el Perú la desaparición forzada fue una práctica ejecutada entre los años 1983 y 2000, teniendo entre sus principales víctimas a la población rural, campesinos quechuablantes, en su mayoría jóvenes entre los 15 a 35 años, tal como señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Seguir leyendo

América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

Seguir leyendo

The weakening of the Peruvian police in times of crisis

César Bazán Seminario*

The global dilemma between authoritarian and democratic law enforcement expressed itself legally recently in Peru: on March 28, 2020, Peruvian Congress enacted Law 31012, the poorly named so-called “Police Protection Law,” which does a disservice to the strengthening of the police and democracy during the current health crisis.

Seguir leyendo

El debilitamiento de la policía peruana en tiempos de crisis

César Bazán Seminario*

El vaivén mundial entre fuerzas del orden autoritarias y fuerzas del orden democráticas se expresó legalmente esta semana en el Perú: el 28 de marzo de 2020, el congreso promulgó la ley 31012, mal llamada ley de protección policial, que le hace un flaco favor al fortalecimiento de la policía y de la democracia en medio de la crisis sanitaria.

Seguir leyendo

Estado de emergencia y libertades públicas en el Perú

César Landa*

El 6 de marzo en el Perú se tuvo conocimiento público del “paciente cero” infectado con el coronavirus, proveniente de Europa; a los pocos días  la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia por su expansión mundial. Así, el 11 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria, la suspensión del reinicio de las clases escolares y universitarias; días después estableció la prohibición de reuniones de más de 300 personas, y, la cuarentena para todas las personas que arribaran de los países de Asia y Europa con focos epidémicos. Asimismo, ante el incremento exponencial de pacientes con los síntomas del Covid-19, el 15 de marzo el gobierno declaró por quince días el estado de emergencia en todo el país, por catástrofe sanitaria, suspendiendo los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho de reunión, de conformidad con el artículo 137-1 de la Constitución.

Seguir leyendo

Jurisprudencia de la Corte IDH en casos sobre DESCA: entre lo retorico y lo impredecible

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso ANCEJUB-SUNAT vs. Perú

Daniel Cerqueira*

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha empeñado en ampliar sus estándares con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Un número creciente de sentencias reconoce la justiciabilidad directa del art. 26 de la Convención Americana (CADH), referido a los DESC, y detalla las obligaciones estatales frente a derechos como salud, trabajo, estabilidad laboral, seguridad social, derechos ambientales, entre otros. Estos esfuerzos recientes remontan a pronunciamientos obiter dicta y votos disidentes que, desde finales de los ochenta, han sostenido su competencia contenciosa en torno a los DESC. Pero el salto jurisprudencial más ambicioso tuvo lugar en agosto de 2017, con la sentencia del Caso Lagos del Campo vs. Perú. Se trata del primer fallo que declara la violación directa de un derecho social, hasta entonces considerado justiciable de manera indirecta o por conexidad, bajo ciertos derechos civiles y políticos protegidos en la CADH.

Seguir leyendo

El nuevo sistema peruano para nombrar y sancionar a jueces y fiscales: ¿Cambiar todo para que no cambie nada?

Ernesto de la Jara Basombrío*

En el Perú está a punto de concluir (el 30 de diciembre) el concurso público convocado para elegir a los miembros de la recientemente creada Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano constitucional autónomo creado mediante reforma constitucional aprobada a partir de un referéndum ciudadano. Se trata de una institución con súper poderes, entre los que están: nombrar a los jueces y fiscales de todas las instancias y de todo el país; evaluarlos cada tres años y medio y ver si los ratifica o los cesa cada vez que cumplan 7 años más en el cargo. La JNJ es el único ente que puede destituir a jueces y fiscales directamente -incluso a magistrados supremos- sin tener que pasar por el Congreso.

Seguir leyendo

Crisis política en Perú: crónica de una disolución anunciada (pero que pudo evitarse)

David Lovatón Palacios*

El pasado 30 de septiembre será recordado como uno de los episodios políticos más inciertos en nuestra historia republicana que, felizmente, viene encontrando una solución pacífica dentro de los cauces constitucionales. Cuando en julio del 2016 asumió la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski, se instaló en el país una enrarecida y conflictiva relación entre el Gobierno y el Parlamento, pues éste último era ampliamente dominado por el fujimorismo, cuya lideresa Keiko Fujimori perdió la presidencia por muy estrecho margen y en segunda vuelta electoral. Kuczynski se quedó con el cargo por algo más de 40,000 votos –la capacidad del Estadio Nacional de Lima-, de un universo de alrededor de 23 millones de electores. La lideresa fujimorista nunca llegó a asimilar la derrota electoral y sus parlamentarios tampoco. Cabe mencionar también que en la historia republicana del Perú, los Presidentes que no contaron con mayoría parlamentaria nunca completaron su mandato producto de golpes militares.

Seguir leyendo