Elecciones presidenciales en Perú evidencian un país profundamente dividido

David Lovatón Palacios*

El zorro de arriba y el zorro de abajo – José María Arguedas

País de Jauja una utopía posible, cual es la de la convivencia respetuosa y enriquecedora entre culturas – Edgardo Rivera Martínez

El pasado domingo 6 de junio tuvo lugar la segunda vuelta electoral entre dos presidenciables que obtuvieron la más alta votación en las elecciones generales del pasado 11 de abril: el izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre y la derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Al momento de escribir este artículo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había procesado el 99.82% de las actas electorales; el resultado, aunque muy ajustado, es claro: Castillo obtuvo el 50.204% y Fujimori el 49.796% de la votación. Por una diferencia de tan sólo 71,441 votos, en un universo electoral de casi 25 millones de votantes, lo más probable es que Pedro Castillo será el próximo presidente de la República para el quinquenio 2021-2026.

Sin embargo, Fujimori y su partido aún no reconocen este resultado, han anunciado que pelearán voto a voto y han oficializado ante la justicia electoral la impugnación de alrededor de 800 actas que supondría la revisión de alrededor de 500,000 votos, arguyendo que se habrían cometido en esas mesas de votación graves irregularidades para favorecer a Pedro Castillo.

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Elecciones generales en Perú 2021: Ganó la pandemia

David Lovatón Palacios*

Versión en inglés aquí.

El pasado 11 de abril tuvieron lugar en Perú las elecciones generales para elegir al nuevo Presidente(a) y Congreso de la República para el periodo 2021-2026, con un resultado absolutamente imprevisto y desalentador desde una perspectiva democrática. A continuación, un breve análisis de lo que representan los dos candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta electoral y los muy difíciles escenarios que se pueden presentar en el próximo quinquenio para el Perú.

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La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad

Josefina Miró Quesada Gayoso*

El pasado 25 de febrero, el onceavo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en un hecho sin precedentes en la historia del Perú, reconoció el derecho a una muerte digna de Ana Estrada. Ana, quien a sus 44 años padece de una enfermedad muscular en etapa avanzada, es la primera peruana que solicita al Estado ejercer su derecho, y consecuentemente, acceder a un procedimiento médico de eutanasia, cuando ella así lo requiera. A nivel latinoamericano, solo Colombia cuenta con una declaración similar. En 1997, de manera contundente, despenalizó para ciertos casos el delito de homicidio piadoso, reconoció este derecho y lo posicionó como un asunto de derechos humanos (sentencia C-239).

El caso de Ana no sólo es una conquista judicial, sino política y social que cruza fronteras. La muerte digna, tema que ha sido históricamente (y lo sigue siendo) tabú en una sociedad y en una región mayoritariamente católica, ha sido colocado como agenda pública. En el Perú, el debate sobre la vida y la muerte ha sido abordado ampliamente en los medios de comunicación, en las aulas universitarias, en eventos académicos, en los hospitales y otros ambientes de salud, en las reuniones familiares, y hasta en el Congreso de la República, donde ya hay un proyecto de ley que busca despenalizar y legalizar la eutanasia[i].

Pasar de percibir la libertad de decidir sobre nuestro proceso de muerte como un delito, a entenderlo como un derecho, requiere un cambio radical en nuestra valoración del comportamiento. Exige desterrar estigmas, despejar dudas, poner a un lado las convicciones personales o religiosas, aprender que la muerte es parte de la vida, entender y empatizar a quienes piden respetar su derecho. La ley, por sí sola, no cambiará esta percepción. De ahí, la importancia de hacer pedagogía sobre la muerte digna que trascienda los pasillos del Poder Judicial. La historia de Ana conmueve y facilita que nosotros podamos hablar de ello. Empiezo, entonces, por ahí, para compartir luego unas reflexiones sobre este histórico fallo y entender los alcances de este derecho emergente que se abre paso en el Perú y en, cada vez más, países del mundo[ii].

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Perú: una semana turbulenta con tres presidentes

David Lovatón Palacios*

Y cuándo nos veremos con los demás, al borde

de una mañana eterna, desayunados todos!

(La cena miserable, César Vallejo)

La noche del pasado lunes 9 de noviembre comenzaron los días política y socialmente más turbulentos e inciertos que el Perú ha vivido en las últimas dos décadas, desde la fuga de Alberto Fujimori al Japón y el inicio de la transición democrática en noviembre del año 2000. La elección del parlamentario Francisco Sagasti como Presidente de la República, de conformidad con las reglas de sucesión presidencial previstas en el artículo 115° constitucional, sin duda es un bálsamo para la democracia peruana pero tan sólo una tregua frente a las redes de corrupción que mantienen secuestrado el Parlamento. A continuación, una breve crónica de una vacancia presidencial y protestas sociales no anunciadas y un preliminar análisis constitucional de lo ocurrido.

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Perú: nueva crisis política de una república bicentenaria pero aún adolescente

David Lovatón Palacios*

El Perú: retrato de un país adolescente

(Luis Alberto Sánchez)

Una nueva crisis política tuvo en vilo a todo el país. En sesión del pleno del Parlamento del pasado 10 de septiembre, un congresista difundió tres (03) audios de conversaciones privadas sostenidas por el presidente de la República, sus asistentes más cercanas y un personaje de la farándula nacional. Sólo en uno de dichos audios se escuchan algunas afirmaciones del presidente que podrían acarrear una posible responsabilidad penal por obstrucción de la justicia luego, por cierto, de las respectivas investigaciones fiscales y judiciales. Sin embargo, estos audios bastaron para que, al día siguiente, un grupo importante de congresistas aprobara una moción de vacancia por la causal de “incapacidad moral permanente” contemplada en el artículo 113.2° de la Constitución. Si bien el pasado 18 de septiembre la mayoría del Parlamento rechazó esta vacancia presidencial, cualquier cosa pudo pasar y cualquier cosa aún puede ocurrir hasta las elecciones generales de abril del 2021. En forma innecesaria e irresponsable, sumaron una nueva crisis política a la catástrofe sanitaria y económica que el Perú viene padeciendo como consecuencia de la pandemia.

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A Small Victory for Equality: Peruvian Judiciary Fully Adopts Brasilia Rules in U-turn

Javier A. de Belaunde*

Versión en español aquí.

Can discrimination be committed in the act of approval of an international anti-discrimination regulation? A few days ago, the Peruvian Judiciary notably achieved a contradictory result of this nature. This happened with the accession to the 2018 updated version of the “Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People” (Brasilia Rules). The Judiciary Executive Committee (CEPJ in its Spanish acronym), one of the highest bodies of judicial governance –composed of 5 judges of all levels– decided to exclude Peru from adherence to those aims that consider sexual orientation and gender identity as a cause of vulnerability (002-2020-CE-PJ  and 011-2020-CE-PJ).

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Un pequeño triunfo para la igualdad: Poder Judicial peruano se rectifica y adopta las Reglas de Brasilia sin exclusión

Javier A. de Belaunde*

English version here.

¿Se puede cometer un acto discriminatorio al aprobar un acuerdo internacional antidiscriminación? El Poder Judicial peruano pareció lograr lo imposible hace unos días. Esto sucedió con motivo de la adhesión a la actualización de las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (2018). El Consejo Ejecutivo (CEPJ), uno de los órganos máximos de gobierno judicial -integrado por 5 magistrados de todos los niveles-, decidió excluir de la adhesión “el extremo que constituye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género” (002-2020-CE-PJ y 011-2020-CE-PJ).

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Junta Nacional de Justicia (JNJ): Una nueva oportunidad para la justicia en el Perú

David Lovatón Palacios*

Según la experta Linn Hammergreen la reforma judicial en el Perú es una de las más antiguas en América Latina. Debe ser por el mal servicio de justicia que desde siempre han recibido y percibido los peruanos y peruanas: un sistema judicial lento, engorroso, poco confiable y sospechoso de una extendida y poco disimulada corrupción que parece formar parte del paisaje urbano.

Sólo la justicia de paz no ejercida por abogados sino por ciudadanos y ciudadanas de sus propias comunidades en zonas rurales se ha salvado de este descrédito republicano de la justicia y, a partir de la recuperación de la democracia a fines del año 2000, un puñado -cada vez más grande, felizmente- de jueces, juezas y fiscales valientes y honestos, decididos a cambiar esa historia gris de la judicatura.

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

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Estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria: en Perú, el Tribunal Constitucional hace historia

Ronald Gamarra*

En lo que constituye una reacción inesperada y singularmente positiva, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido una histórica sentencia declarando la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.

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