América Latina: Derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia

David Lovatón Palacios*

Esta nota analiza muy brevemente qué está pasando en América Latina en torno a la restricción de derechos civiles e incluso políticos, en el marco de las diversas medidas excepcionales -pero justificadas- de emergencia adoptadas para enfrentar la pandemia mundial del Covid19. Para ello me he apoyado en excelente notas nacionales escritas por mis colegas de DPLF y algunos destacados invitados, cuyos enlaces aparecen al final de esta nota.

Antes de entrar al tema permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser consciente que millones de personas en América Latina sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta emergencia, el continente debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, que brinde servicios públicos básicos como salud.

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The weakening of the Peruvian police in times of crisis

César Bazán Seminario*

The global dilemma between authoritarian and democratic law enforcement expressed itself legally recently in Peru: on March 28, 2020, Peruvian Congress enacted Law 31012, the poorly named so-called “Police Protection Law,” which does a disservice to the strengthening of the police and democracy during the current health crisis.

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El debilitamiento de la policía peruana en tiempos de crisis

César Bazán Seminario*

El vaivén mundial entre fuerzas del orden autoritarias y fuerzas del orden democráticas se expresó legalmente esta semana en el Perú: el 28 de marzo de 2020, el congreso promulgó la ley 31012, mal llamada ley de protección policial, que le hace un flaco favor al fortalecimiento de la policía y de la democracia en medio de la crisis sanitaria.

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Estado de emergencia y libertades públicas en el Perú

César Landa*

El 6 de marzo en el Perú se tuvo conocimiento público del “paciente cero” infectado con el coronavirus, proveniente de Europa; a los pocos días  la OMS declaró al Covid-19 como una pandemia por su expansión mundial. Así, el 11 de marzo el gobierno decretó la emergencia sanitaria, la suspensión del reinicio de las clases escolares y universitarias; días después estableció la prohibición de reuniones de más de 300 personas, y, la cuarentena para todas las personas que arribaran de los países de Asia y Europa con focos epidémicos. Asimismo, ante el incremento exponencial de pacientes con los síntomas del Covid-19, el 15 de marzo el gobierno declaró por quince días el estado de emergencia en todo el país, por catástrofe sanitaria, suspendiendo los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho de reunión, de conformidad con el artículo 137-1 de la Constitución.

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Jurisprudencia de la Corte IDH en casos sobre DESCA: entre lo retorico y lo impredecible

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso ANCEJUB-SUNAT vs. Perú

Daniel Cerqueira*

En los últimos dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha empeñado en ampliar sus estándares con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Un número creciente de sentencias reconoce la justiciabilidad directa del art. 26 de la Convención Americana (CADH), referido a los DESC, y detalla las obligaciones estatales frente a derechos como salud, trabajo, estabilidad laboral, seguridad social, derechos ambientales, entre otros. Estos esfuerzos recientes remontan a pronunciamientos obiter dicta y votos disidentes que, desde finales de los ochenta, han sostenido su competencia contenciosa en torno a los DESC. Pero el salto jurisprudencial más ambicioso tuvo lugar en agosto de 2017, con la sentencia del Caso Lagos del Campo vs. Perú. Se trata del primer fallo que declara la violación directa de un derecho social, hasta entonces considerado justiciable de manera indirecta o por conexidad, bajo ciertos derechos civiles y políticos protegidos en la CADH.

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El nuevo sistema peruano para nombrar y sancionar a jueces y fiscales: ¿Cambiar todo para que no cambie nada?

Ernesto de la Jara Basombrío*

En el Perú está a punto de concluir (el 30 de diciembre) el concurso público convocado para elegir a los miembros de la recientemente creada Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano constitucional autónomo creado mediante reforma constitucional aprobada a partir de un referéndum ciudadano. Se trata de una institución con súper poderes, entre los que están: nombrar a los jueces y fiscales de todas las instancias y de todo el país; evaluarlos cada tres años y medio y ver si los ratifica o los cesa cada vez que cumplan 7 años más en el cargo. La JNJ es el único ente que puede destituir a jueces y fiscales directamente -incluso a magistrados supremos- sin tener que pasar por el Congreso.

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Crisis política en Perú: crónica de una disolución anunciada (pero que pudo evitarse)

David Lovatón Palacios*

El pasado 30 de septiembre será recordado como uno de los episodios políticos más inciertos en nuestra historia republicana que, felizmente, viene encontrando una solución pacífica dentro de los cauces constitucionales. Cuando en julio del 2016 asumió la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski, se instaló en el país una enrarecida y conflictiva relación entre el Gobierno y el Parlamento, pues éste último era ampliamente dominado por el fujimorismo, cuya lideresa Keiko Fujimori perdió la presidencia por muy estrecho margen y en segunda vuelta electoral. Kuczynski se quedó con el cargo por algo más de 40,000 votos –la capacidad del Estadio Nacional de Lima-, de un universo de alrededor de 23 millones de electores. La lideresa fujimorista nunca llegó a asimilar la derrota electoral y sus parlamentarios tampoco. Cabe mencionar también que en la historia republicana del Perú, los Presidentes que no contaron con mayoría parlamentaria nunca completaron su mandato producto de golpes militares.

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