Adelanto de elecciones y reforma constitucional en Perú: Ante choque de poderes, que el árbitro final decida

David Lovatón Palacios*

El pasado 28 de julio el presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, pronunció el tradicional mensaje a la nación en la sede del Parlamento. Fue un largo discurso por momentos  tedioso al describir las medidas que había realizado o había decidido implementar su gobierno en salud, educación, carreteras, etc. Hasta que en los últimos diez minutos del discurso soltó una nueva bomba política que no sólo hizo salir de la modorra a algunos congresistas, sino que arrancó airadas protestas y gritos de algunos parlamentarios fujimoristas: el Presidente anunció su propuesta de reforma constitucional para recortar el periodo del actual Congreso de la República y del actual Gobierno -que deben culminar el 28 de julio del 2021-, al 28 de julio del 2020.[1]

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Irresponsabilidad editorial y Estado de Derecho

A propósito del amarillismo informativo de Perú21 en contra del constitucionalista Pedro Grández

Daniel Cerqueira y Ursula Indacochea*

En un Estado de Derecho, la opinión de una persona sobre el actuar de los funcionarios estatales cuenta con un blindaje jurídico que exime al autor o autora de la opinión de sanciones. Las opiniones que versan sobre asuntos de interés público se enmarcan en los llamados “discursos especialmente protegidos” por el ordenamiento constitucional de cualquier Estado que se llame democrático, y por tratados internacionales tales como la Convención Americana (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 19). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado dicha máxima, al afirmar que “las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección bajo la Convención Americana[1].”

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Impericia jurídica, insolencia histórica e incoherencia diplomática: a propósito del manotazo de cinco países de Sudamérica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira*

El pasado 23 de abril la cancillería chilena publicó un comunicado en que el gobierno de Sebastián Piñera y sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay manifestaron una serie de inconformidades con el actuar de la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El comunicado hace alusión a una declaración suscrita por los cancilleres de los referidos países, con críticas genéricas a los órganos del Sistema Interamericano (SIDH), sin explicaciones ni ejemplos concretos de decisiones de dichos órganos. Hasta ahora, no hay claridad ni siquiera sobre la fecha de adopción de la declaración, la cual no ha sido publicada en las páginas oficiales de todas las cancillerías que la suscribieron.

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Perú, aquí se va a defender lo ganado

Cruz Silva del Carpio*

El mundo nos mira. Somos el país de Suramérica que a pesar de los constantes ciclos de bonanza económica y de robo sistemático de sus ganancias, como nos lo  recordó Alfredo Quiroz, está a punto de someter a la justicia a uno de sus eternos personajes políticos. Justamente, el más escurridizo ante la justicia: Alan García.

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Cuatro problemas límite en las reformas de nuestra justicia

Luis Pásara*

Cincuenta años atrás empezó la reforma de la justicia en el Perú. Se estableció un consejo para que los nombramientos no se efectuaran en instancias políticas. Como resultado se produjo una renovación de jueces y fiscales, al tiempo que se introdujeron cambios en códigos y leyes. A partir de entonces, las reformas han recorrido buena parte de América Latina.

A los cambios en la composición de las instituciones se agregaron la renovación en la infraestructura física e informática y, luego, la reingeniería de flujos y procesos. Se incrementaron significativamente los montos presupuestales dedicados a la justicia y con el apoyo, en ocasiones complaciente, de la cooperación internacional se multiplicaron proyectos piloto para diversos asuntos. Debe notarse que la mayor parte de estas experiencias no han sido evaluadas. Las inversiones han sido enormes y los resultados son escasos y desiguales. La insatisfacción ciudadana ha crecido y hoy en día prevalece en la región un gran escepticismo respecto de cambiar la justicia.

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El “Cártel de Lima”: La red de organizaciones criminales que infiltraron las instituciones peruanas

Gonzalo Salas*

¿Es que acaso no vemos que el Perú está tomado por el crimen organizado? Operadores mediáticos de los grupos económicos y políticos implicados en el caso Odebrecht en este país, propagan a los cuatro vientos que el Fiscal Anticorrupción José Domingo Pérez (el No. 1 del Equipo Especial Lava Jato) está parcializado contra Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular (actualmente en prisión preventiva), en el proceso judicial que se le sigue por el delito de lavado de activos (en un caso conocido como “Los cócteles de Fuerza Popular” en el que se habría disfrazado dinero ilícito que provendría de la constructora brasilera Odebrecht, bajo la forma de donaciones fantasma para la campaña política presidencial en el año 2011). Acto seguido, entra en escena el Fiscal de la Nación del Perú, Pedro Chávarry, amenazando con remover a Pérez del caso.

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Comentario sobre el caso Bolivia vs. Chile ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico

Salvador Herencia-Carrasco*

La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) significó un duro golpe para las aspiraciones marítimas de Bolivia. El 1 de octubre de 2018, la CIJ emitió su sentencia desestimando todas las pretensiones bolivianas, concluyendo que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. Sigue leyendo