Desde el cambio de milenio, los yacimientos de cobre de Perú se han convertido en el foco de los inversores chinos. En la defensa de sus intereses económicos, el Estado chino y sus empresas mineras se apoyan en las relaciones coloniales de explotación y en el legado autoritario del presidente Alberto Fujimori.

César Bazán Seminario* y Fabricio Rodríguez^*

A 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el sur de los Andes peruanos, se encuentra una de las minas de cobre más grandes de Sudamérica. De Las Bambas se extrae anualmente más del 2% del cobre mundial. La región de Apurímac, donde se encuentra la mina, es un territorio escasamente poblado del país. El viaje entre la mina y Cusco, la ciudad con aeropuerto más cercana en el sureste de los Andes peruanos, tarda más de seis horas por la vía terrestre.

La minería es un motor de la economía peruana. Desde inicios de la década del 2000, diferentes empresas mineras internacionales se han interesado cada vez más por los yacimientos de cobre de Apurímac. Desde entonces, las protestas contra la minería han sido recurrentes: la población en áreas afectadas critica la contaminación ambiental, la repartición injusta de ganancias, las violaciones de los derechos humanos, los desalojos de tierras y la corrupción.

Esta problemática es particularmente visible en Cotabambas, donde el consorcio minero chino Las Bambas inició sus operaciones en 2015. Desde entonces la mina se ha apoyado sistemáticamente en el aparato de seguridad estatal para proteger sus intereses. Una y otra vez, las protestas ciudadanas han sido objeto de violentas represiones. En 2015, por ejemplo, 15 000 manifestantes protestaron contra la mina, alegando perjuicios por el impacto medioambiental por el cambio del proyecto. Cuando los y las manifestantes intentaron entrar en la mina, fueron fuertemente reprimidos y posteriormente criminalizados. Tres personas murieron en aquella ocasión y en el 2016 murió una más.

Es precisamente en el sector minero donde confluyen, por un lado, las estructuras autoritarias, que el presidente Alberto Fujimori consolidó en los años 90 y, por otro lado, la violencia (post)colonial. Está claro que China no tuvo participación alguna en la colonización de Sudamérica y la presencia de empresas mineras chinas es reciente. Sin embargo, éstas se benefician de las condiciones de colonialidad y de las continuidades autoritarias en la historia peruana. En este sentido, puede decirse que las empresas mineras chinas aprovechan el legado de la colonización europea a favor los intereses económicos de la nueva élite política y económica en Pekín, fenómeno que genera nuevas relaciones de para-colonialidad.

La minería tiene raíces coloniales

En Perú, como en la mayoría de países latinoamericanos, la minería está estrechamente entrelazada con la historia colonial. Cuando los colonizadores europeos llegaron a los territorios hoy llamados «América”, generaron teorías y mecanismos jurídicos que facilitaron la extracción de recursos minerales para el enriquecimiento de las potencias europeas. También trataron a los pueblos indígenas y africanos como parte de una «naturaleza salvaje» que había que someter en función de un proyecto civilizatorio y eurocéntrico. Estas jerarquías racializadas también garantizaban la mano de obra necesaria para que la extracción y el transporte del oro, la plata y otros bienes fueran realizables. La constitución de tales relaciones de racismo y opresión fueron decisivas para los entrelazamientos Norte-Sur y continúan moldeando la dinámica fundamentalmente injusta de la economía global, en la que China funge como nuevo centro de producción y consumo a gran escala.

Sin embargo, en estos debates el estado chino suele replegarse en la crítica del colonialismo europeo. Éste señala que la propia China fue víctima de la agresión imperialista durante el «siglo de la humillación» entre 1839 y 1940. Pese a esto, el caso de Las Bambas en Perú muestra que la dinámica expansionista de las inversiones mineras chinas se inscribe hoy en unas relaciones de dominación desiguales. La minería del cobre, elemento clave para la conductividad eléctrica, sirve principalmente a la expansión política, económica, tecnológica y militar de la República Popular China. Aunque muchos subrayan su peso en la economía peruana, la extracción de cobre se basa en la explotación de mano de obra y de ecosistemas en territorios antiguamente colonizados. Así pues, las jerarquías sociales producidas por el colonialismo europeo son cruciales para el expansionismo chino.

De hecho, antes de pasar a manos de inversores chinos, la titularidad de la mina de cobre de Las Bambas era de la empresa suizo-británica Glencore/Xstrata. En 2014, el consorcio liderado por MMG Ltd, el brazo transnacional de la empresa estatal china China Minmetals, adquirió la mina. Dentro del consorcio, MMG se quedó con el 62,5% de las acciones de la empresa, el fondo estatal chino Guoxin International Investment, con el 22,5%, y la empresa estatal CITIC Metal, con el 15% de las acciones. La operación fue copatrocinada por el Banco de Desarrollo de China (CDB), que aportó una combinación de capital en acciones y préstamos respaldados por el gobierno.

Continuidades autoritarias

El desarrollo de Las Bambas y la represión de las protestas se basan también en el legado autoritario del fujimorismo. Durante la década de 1990, y con la ayuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fujimori construyó un modelo de crecimiento autoritario, orientado a las exportaciones y de carácter neoliberal. Las privatizaciones y la liberalización del sector extractivo sirvieron como una suerte de garantía frente a los acreedores, ya que el país estaba endeudado y sumido en una grave crisis económica. En 1992, Fujimori dio un golpe militar, tras el cual se disolvió el Congreso Nacional y los cargos del Poder judicial fueron ocupados por algunos de sus aliados más cercanos. El autoritario gobierno de Fujimori no viró con la aprobación de la constitución de 1993 que en teoría postulaba un orden democrático.  Por el contrario, abusando de los poderes presidenciales, el gobierno hizo uso del aparato de seguridad estatal para perseguir oponentes políticos, resguardar el modelo económico y debilitar la institucionalidad democrática.

En dicho período, se fortaleció el conservadurismo sostenido en sus instituciones tutelares, como la iglesia y las fuerzas armadas. Las poblaciones racializadas fueron víctimas del autoritarismo fujimorista, a través de esterilizaciones forzadas que vulneraron brutalmente los derechos de mujeres indígenas, o la estrategia antisubversiva, que aprisionó injustamente a centenares de personas inocentes. Este periodo profundizó las marcas de la violencia (pos)colonial racializada en las relaciones estado-sociedad.

De hecho, el aparato policial autoritario continúa sirviendo al Estado peruano como guardián de la agenda extractivista en territorios indígenas. El marco institucional peruano promueve que la policía utilice métodos antiterroristas contra los defensores ambientales. Dado que la mayoría de las minas peruanas están situadas en zonas indígenas a lo largo del cinturón de cobre volcánico de los Andes, es también allí donde la unidad antiterrorista enfrenta a las protestas sociales.

Policías “prestados”

La mercantilización de los servicios de seguridad del Estado iniciada por Fujimori sigue influyendo en el sector minero. En 2002, el gobierno del presidente Alejandro Toledo aprobó una reforma de la Policía Nacional que permite a esta firmar acuerdos extraordinarios de seguridad con empresas privadas. En 2016, la policía peruana había firmado unos 200 contratos con empresas privadas, en los que estaban implicadas al menos 31 compañías mineras provenientes de distintos países.

En el caso de Las Bambas, MMG pagaba el equivalente a 30 dólares estadounidenses al día por los servicios de cada policía «prestado». La empresa también les proporcionaba alojamiento y atención médica en las instalaciones de la mina. Además, el acuerdo entre la mina y la oficina regional de la Policía Nacional en Cusco establecía que «la Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos cuando la vida de los trabajadores de Las Bambas y/o sus contratistas esté en peligro».

Sin embargo, en septiembre de 2015 tuvieron lugar varios disturbios en Las Bambas, demostrando que las propias fuerzas policiales están moldeadas por jerarquías (pos)coloniales: los 24 policías heridos en los enfrentamientos estaban muy lejos de pertenecer a las élites de la sociedad peruana. Este patrón se repite en otros conflictos mineros de la región. Esto significa que las personas racializadas son más susceptibles de convertirse en víctimas de actos violentos, sea por conformar parte del aparato de seguridad del Estado, o por enfrentar procesos de criminalización y represión como protestantes.

*Investigadores asociados del Instituto Arnold Bergstraesser (ABI) de Friburgo

*Pontificia Universidad Católica del Perú

Foto: Ejatlas.org