Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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Hablemos de Racismo: A propósito del caso de George Floyd y otros

Carlos Quesada*

En las últimas semanas me ha sorprendido el nivel de discusión y acción de miles de personas dentro y fuera de los Estados Unidos que han salido a las calles para protestar, de nuevo, por la brutalidad policial hacia los afroamericanos, a raíz del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Estado de Minnesota. No fue el último, de hecho, luego del asesinato del señor Floyd al menos cinco nuevos casos han salido a la luz pública, incluyendo el de Rayshard Brooks, otro afroamericano, el pasado 12 de junio en Atlanta, Estado de Georgia.

Estos casos reflejan el impacto desproporcionado del racismo estructural en todo el sistema de administración de justicia en los Estados Unidos hacia los afroamericanos: desde la interacción con los policías hasta el tipo de sentencias; pasando por las detenciones antes del juicio, la elección de los jurados y los tipos de fiscales y jueces que participan en los procesos judiciales.

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Falta de acceso a informacion pública en México: El Tren Maya que quiere marchar en total oscuridad

Enrique Gallegos Madrigal*

El megaproyecto denominado “Tren Maya” es una prioridad para el Gobierno federal mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que con dicha obra vial se sacará de la pobreza a millones de mexicanos(as) del sudeste del país. Sin embargo, pese a sus supuestas virtudes, su diseño y construcción marchan en la total opacidad, a pesar que toda la información debería ser de acceso público. A continuación, un artículo que da cuenta de los intentos legales que a la fecha se han hecho para conocer de qué va realmente este “Tren Maya”.

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Así se siente Jalisco: En medio de la violencia policial y la ineficiencia fiscal

Ramon García*

En el marco de un descontento global por la brutalidad policial, el 4 de mayo del 2020 fue asesinado un joven ciudadano jalisciense a manos de la policía local: Giovanni, albañil de profesión, fue detenido con exceso de fuerza el 3 de mayo del 2020 en la ciudad de Ixtlahuacán de los membrillos (aledaña a la capital de Jalisco) y encontrado muerto por sus familiares al día siguiente con signos de tortura.

Esto provocó una profunda indignación en la población, que revivió el hastío por la violencia en el Estado: Guadalajara, la capital de Jalisco, es una de las ciudades más violentas del mundo según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que donde desaparecen 7 (RNEPED)[1] personas cada día y se comete un homicidio cada 3 horas y media (SESNSP).[2]

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

De otro lado, la sentencia declara infundada la demanda en la parte ambiental, convalidando las diferentes medidas contenidas en la Ley No 30230, que debilitan la institucionalidad estatal que protege el medio ambiente. Nuestras principales críticas en la parte ambiental de la sentencia son[1]:

  1. La Constitución peruana establece mandatos claros al Estado con el fin de proteger el medio ambiente: “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales” (artículo 67 de la Constitución), “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas” (artículo 68 de la Constitución) y “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”. (artículo 69 de la Constitución).
  2. El derecho fundamental al disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, no solo implica el derecho subjetivo a un medio ambiente, sino la obligación del Estado de preservarlo. En palabras del Tribunal Constitucional, “el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute”. Es precisamente esta institucionalidad ambiental, que permite una protección adecuada, la que ha sido debilitada con la ley 30230.
  3. A pesar de todos estos mandatos, el TC acaba de convalidar las siguientes medidas: a) la reducción de la facultad sancionadora de la OEFA contenida en el artículo 19 de la Ley 30230; b) la reducción del presupuesto de la OEFA establecido en el artículo 12 de la Ley No 30230; c) el traslado de la competencia de creación de Zonas Reservadas (Área Natural Protegida) del Ministerio del Ambiente a la Presidencia del Consejo de Ministros en el art. 20 de la Ley 30230, lo que significa que ya no será el MINAM sino un organismo político con es el Consejo de Ministros quien decida sobre la creación de este tipo de áreas protegidas; d) la reducción de los plazos para opinar sobre los EIA contenida en el artículo 21 de la Ley 30230, que establece que las opiniones sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) vinculantes o no vinculantes deberán emitirse en un plazo máximo de 45 días hábiles; e) la desnaturalización del ordenamiento territorial y de la zonificación ecológica y económica contenida en el artículo 22 de la Ley 30230, sobre todo cuando redefine al ordenamiento territorial para quitarle su carácter concertador, pero también decisorio sobre los usos del territorio, considerándolo solamente orientador. Y por si quedara alguna duda, establece la prohibición expresa de asignar, mediante el ordenamiento territorial, usos y establecer exclusiones de usos; 6) el traslado de la competencia de determinar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) contenida en el artículo 23 de la Ley Nº 30230; y 7 ) establece que los ECA y LMP deben basarse en criterios de protección de la salud y el ambiente y en el análisis del impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas.
  4. Las libertades de empresa, de comercio y de industria tiene reconocimiento constitucional, pero como el propio artículo 59 de la Constitución lo señala, el ejercicio de estas actividades no puede poner en peligro el orden público, la salud y el medio ambiente.
  5. Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene la discrecionalidad, en ejercicio de su función de gobierno, de diseñar e implementar políticas públicas para lograr sus objetivos, estas no pueden afectar derechos fundamentales ni bienes jurídicos constitucionales. En este caso, la derogación de las reglas contenida en la Ley 30230, eran “necesarias” para concretar la protección del medio ambiente. Como dice el Tribunal Constitucional, “la revalorización de los derechos fundamentales como “conquistas frente a la mayoría” o como “límites al poder político” exige pues asumir una postura según la cual el legislador o cualquier otra autoridad política tienen un límite en su libertad de configuración normativa de la Constitución, tanto en un sentido negativo (de respeto)”.
  6. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la obligación de “remover” todos los obstáculos legales y fácticos que impiden el ejercicio de las obligaciones allí contenidas. En este caso, el Estado peruano no ha cumplido con remover los obstáculos contenidos en la ley 30230, que impiden una protección efectiva del medio ambiente. En palabras de la Corte IDH, “el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención”.
  7. Si uno revisa otras sentencias recientes en materia ambiental del Tribunal Constitucional, como por ejemplo, la STC 00011-2015-PI (f.j. 15) sobre uso de plaguicidas tóxicos, o más antiguas como la STC 03347-2007-PA (f.j. 5) sobre protección de áreas naturales protegidas, uno encuentra que el TC en la sentencia materia de análisis, se olvidó de su función de “prevenir” las violaciones al derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado (No 00012-2015-PI, f.j. 172).
  8. El Tribunal Constitucional desconoce la obligación del Estado de “preservar” el medio ambiente y la dimensión objetiva del derecho al medio ambiente. El tribunal ha señalado que el contenido del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado comprende dos elementos 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve[2]. Es esta última obligación la que sustentaba el pedido de nulidad de varios artículos de la Ley 30230, por parte de los demandantes.
  9. Cuando un Estado reconoce un derecho fundamental, reconoce tres obligaciones, 1) la desarrollar órganos o instituciones de protección, 2) desarrollar procesos o procedimientos para concretar la protección, y 3) asignar presupuesto para que esos mecanismos de protección de materialicen[3]. Es eso lo que no ha cumplido el Tribunal Constitucional en el presente caso en materia de institucionalidad ambiental.

Consideramos que esta sentencia sienta un mal precedente en la protección del ambiente. En un contexto donde la población viene tomando más conciencia de la importancia de proteger el ambiente, el Tribunal Constitucional tomó e camino contrario y perdió una oportunidad de emitir una sentencia que lo cautele.

 

*Abogado, Instituto de Defensa Legal (IDL), Lima, Perú

 

[1] Sobre este parte nos hemos pronunciado en https://www.enfoquederecho.com/2020/06/14/pueblos-indigenas-le-ganan-batalla-a-gobierno-en-defensa-de-sus-territorios-indigenas/.

[2] Tribunal Constitucional, 00048-2004-AI/TC, f.j. 17.

[3] Ver ALEXY, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales”. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 454 y sgts.

¿Los inocentes a las Cortes de Guatemala?

Ursula Indacochea*

El proceso de elección de Cortes en Guatemala está llegando a su etapa final. En los próximos días, se debe convocar al Pleno del Congreso para que los diputados, de forma individual y a viva voz, elijan a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de todas las cortes de apelaciones del país, a partir de las nóminas enviadas por las Comisiones de Postulación. Una porción importante de aspirantes, sin embargo, están bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por su vinculación a un grave caso de corrupción judicial. No es cualquier caso: se trata del intento de manipulación corrupta de esta misma elección. Ellos y ellas alegan que excluirlos por ese motivo sería inconstitucional y que debe presumirse que son inocentes.

En este contexto, es fundamental reflexionar acerca de los alcances de la presunción de inocencia y su aplicación los procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas. Se trata de uno de los momentos fundamentales de la justicia, y la existencia de denuncias penales, investigaciones y procesos sancionadores -judiciales o administrativos- en curso contra personas candidatas, es un elemento que debe ser cuidadosamente ponderado por los órganos evaluadores, nominadores y electores. Este post tiene el propósito de dar algunas luces que contribuyan a aclarar este tema.

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La esperada futura experiencia de justicia transicional en el continente americano: Venezuela

Eduardo Trujillo Ariza*

El continente americano, con sus desbalances históricos, que obedecen en buena medida a un desarrollo económico diverso, mayor o menor estabilidad en sus democracias, coqueteos con autoritarismos militaristas, autoritarismos socialistas y modernamente los populismos, sin duda es un continente con particularidades propias, pero en buena medida y salvo contadas excepciones, durante las transcurridas dos décadas del siglo XXI, ha sido un continente en paz.

Esa realidad macro del continente americano, cuando se focaliza en cada uno de los países que lo componen, adquiere unos matices particulares producto de situaciones como conflictos armados de grupos guerrilleros y paramilitares, actuación impune de cárteles de narcotráfico, violencia política, racismo, xenofobia y delincuencia común, entre otras. En consecuencia, esa paz de la visión macro, en una visión micro, no es del todo cierta.

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Canadian companies can be sued for human rights violations abroad

Isabel Davila Pereira*

Versión en español aquí.

On February 28, 2020, the Supreme Court of Canada (‘SCC’ or ‘the Court’) issued a landmark decision opening the path to hold corporations civilly liable for violations of international human rights law. The majority of the Court held that customary international law is part of Canadian law[1] and that international human rights law must be understood today as applying to corporations as well as to states.

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Compañías canadienses pueden ser demandadas por violaciones de derechos humanos en el extranjero

Isabel Dávila Pereira*

English version here.

El 28 de febrero de 2020 la Corte Suprema de Canadá publicó una decisión emblemática que permitiría establecer la responsabilidad civil de compañías canadienses por violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero. La mayoría de la Corte sostuvo que el derecho internacional consuetudinario forma parte del derecho canadiense[1] y que en la actualidad debe entenderse que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable a corporaciones, al igual que a Estados.

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Estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria: en Perú, el Tribunal Constitucional hace historia

Ronald Gamarra*

En lo que constituye una reacción inesperada y singularmente positiva, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido una histórica sentencia declarando la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.

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