El caso de El Calabozo: cuerpos calcinados que reclaman justicia a dos años de la reapertura del proceso penal

Leonor Arteaga*

En 1982 corrían tiempos peligrosos en El Salvador. La guerra civil oficialmente había empezado dos años antes, y para entonces, las fuerzas de seguridad ya habían cometido una serie de masacres contra población campesina en todo el país. En agosto de ese año le llegó el turno al departamento de San Vicente. La Fuerza Armada lanzó una importante operación en áreas consideradas por el gobierno como semilleros de la insurgencia. A medida que se difundía la noticia de la ofensiva militar, las comunidades empezaban a huir hacia las montañas, pero no todas las personas lograron ponerse a salvo. Sigue leyendo

Ciudadanos, jueces y estado de derecho

Luis Pásara*

No hay democracia ni estado de derecho sin ciudadanos. La esencia de esa relación fue puesta en relieve en la definición de ciudadanía propuesta por Marshall: “sentido directo de pertenencia a una comunidad, con base en la lealtad a una civilización que es compartida. Es una lealtad de hombres libres dotados de derechos que son protegidos por un orden legal común a ellos” (Marshall T. H. y Tom Bottomore, Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992, p. 24). El ciudadano, agente fundador del estado de derecho, es un hombre libre a cuya “condición corresponde inseparablemente la igualdad ante la ley” (Bendix, R. Nation-Building and Citizenship. Studies of our Changing Social Order. New York: John Wiley & Sons, 1964, p. 72), entendida no solo como formulación legal sino como un conjunto de prácticas efectivas, regidas por derechos y obligaciones susceptibles de ser coactivamente exigidos (Tilly, Charles, ed., Citizenship, Identity and Social History, International Review on Social History, supplement, num. 3, 1995). La vía para exigirlos y reconocerlos, en su momento, es la administración de justicia.

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Comentario sobre el caso Bolivia vs. Chile ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico

Salvador Herencia-Carrasco*

La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) significó un duro golpe para las aspiraciones marítimas de Bolivia. El 1 de octubre de 2018, la CIJ emitió su sentencia desestimando todas las pretensiones bolivianas, concluyendo que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. Sigue leyendo

La justicia española en tela de juicio

Luis Pásara*

En el curso de un año, la justicia española ha seguido un proceso de creciente presencia pública que desemboca ahora en una marcada pérdida de prestigio, derivada de un conjunto de decisiones –más que discutibles, arbitrarias– que han adquirido notoriedad y han generado un importante rechazo social. Todo comenzó con la opción tomada por el gobierno anterior, del Partido Popular, de reconvertir el conflicto político del independentismo catalán en una multiplicidad de procesos judiciales. Algunos de ellos se libraron en el terreno constitucional, para obtener la anulación de decisiones adoptadas por órganos de la Generalitat catalana; pero otros, más hirientes, se confiaron a la vía penal para procesar y encarcelar a los dirigentes del independentismo.

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Las paradojas de la justicia en El Salvador: el caso Saca

Xenia Hernández*

En septiembre de 2018, el expresidente de El Salvador entre los años 2004 y 2009, Elías Antonio Saca, fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal penal, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Deberá devolver al Estado $260 millones de dólares, de los $301 millones a los que, según investigaciones periodísticas, ascendería lo sustraído. El caso ha estado en el centro de la atención pública, ya que esta es la primera vez en la historia salvadoreña que un exmandatario recibe una condena por actos de corrupción realizados durante su administración[1]; pero también por los cuestionados resultados del trabajo de investigación y persecución penal de la Fiscalía General de la República (FGR).

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El éxito social de la prisión preventiva

Luis Pásara*

Los 36 meses de prisión preventiva impuestos el 31 de octubre a Keiko Fujimori –hija del dictador Alberto Fujimori y fracasada candidata presidencial en 2011 y 2016– han dado lugar en Perú a numerosas y multitudinarias manifestaciones de satisfacción, al tiempo que los apoyos al fiscal que solicitó la medida y al juez que la dispuso han inundado las redes sociales. Pocos días antes de que el juez Richard Concepción diera a conocer su decisión, ya una encuesta indicaba que tres de cada cinco peruanos consideraban que la heredera Fujimori debía afrontar en prisión el proceso que se le sigue por lavado de activos agravado, cargo que corresponde a la recepción de algo más de un millón de dólares que aparentemente la empresa brasileña Odebrecht entregó para su primera campaña electoral.

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La Corte Interamericana y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las virtudes del caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

Juan Jesús Góngora*

El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

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