El uso de la fuerza tiene límites

Juana María Ibáñez Rivas*

En los últimos meses América Latina ha sido escenario de una serie de protestas que han movilizado a una población indignada y hastiada de las violaciones de derechos humanos y de los atentados al Estado de derecho en sus países. Como respuesta, los Estados han ordenado la actuación de las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden interno y, en algunos casos, de las fuerzas armadas. Como bien sabemos, estas últimas tienen una formación y un entrenamiento orientados a la defensa del Estado y, en esa medida, su intervención en asuntos de mantenimiento del orden interno resulta más que problemática. Protesta, criminalización de la misma, mantenimiento del orden interno, militarización de la seguridad pública son sólo algunos de los temas en juego.

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El control de la ética profesional de los abogados y abogadas en México

Jorge Cardoso y Emiliano Polo*

El control de la ética profesional encuentra distintas regulaciones según la profesión y la latitud en la que se ejerza. En el caso de México, la discusión sobre la ética profesional de los abogados y abogadas llevaba varios años pausada. El último gran debate se produjo en 2015, con motivo de una iniciativa de reforma constitucional que pretendió imponer la colegiación obligatoria al gremio jurídico, iniciativa que encontró fuertes objeciones y resistencias.[1]

El caso reciente que llamaremos Cruz Azul-Junquera ha revivido la discusión. Como veremos, se trata de un caso actual, con amplia cobertura mediática, que invita a la reflexión sobre la necesidad y conveniencia de mejorar y fortalecer los controles de la ética profesional de los abogados y abogadas en México, de cara a la confianza que la sociedad deposita en nosotros.

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Los desafíos de la transición judicial en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Este articulo fue originalmente publicado por Agenda Estado de Derecho.

El sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982; los vicios y debilidades que traía se han vistos agravados y extendidos en la última década. Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política selectiva, develan un problema con raíces más profundas, que han hecho que la justicia en Bolivia haya perdido su capacidad de cumplir su rol tutelar de los derechos de sus ciudadanos.

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Corrupción y crímenes atroces en México: El caso Nayarit

Lucía Chávez*

La corrupción es definida por la organización Transparencia Internacional como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”. Esta misma organización define la corrupción a gran escala como los “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.” [1]

Es de conocimiento y reconocimiento público los extremos a los que ha llegado la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado, y las consecuencias para los derechos humanos de los actos criminales que se cometen con motivo de esas alianzas. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos[2], es claro en identificar estos nexos a partir del estudio del caso Ayotzinapa. Pero otro caso muy claro en donde se conjugan corrupción, crímenes atroces y manifiestos[3], que al ser cometidos por el propio gobierno constituyen violaciones a los derechos humanos y que además gozan de total impunidad, es el caso de Nayarit, en México.

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The Mayan Train Raises a New Leviathan in Mexico: Civil Society Organizations

David Lovatón Palacios*

Versión en español aquí.

Mexican President Andrés Manuel López Obrador recently embraced an unfounded smear campaign against civil society organizations (CSOs) and international foundations that have supported initiatives and decisions that—on legal grounds—challenge or oppose the “Mayan Train” mega-project in the Yucatán Peninsula and other states in southeastern Mexico. It seems that the president is beginning to suffer from the binary and decidedly authoritarian political syndrome seen in many Latin American rulers: either you’re with me or you’re against me.

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El Tren Maya erige un nuevo Leviatán en México: las organizaciones de sociedad civil

David Lovatón Palacios*

English version here.

Recientemente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho suya una infundada campaña de desprestigio en contra de organizaciones de sociedad civil (OSC) y fundaciones internacionales que hemos respaldado iniciativas y pronunciamientos que -dentro del marco de la ley- cuestionan o se oponen al megaproyecto denominado “Tren Maya” en la Península de Yucatán y otros Estados del sureste mexicano. Al parecer, el presidente está comenzando a padecer del conocido síndrome político, binario y ciertamente autoritario, de muchos gobernantes latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra.

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Es que no hay mujeres

Macarena Sáez Torres*

Hace unos días revisaba en internet videos antiguos de programas de conversación política de la televisión latinoamericana de los años setenta y ochenta. Dos cosas me llamaron la atención. La primera fue la cantidad de humo que había en esos programas. Esto era antes que empezara a difundirse información sobre la adicción que produce el tabaco y la paulatina prohibición de fumar en espacios cerrados. Lo segundo, es que se trataba casi exclusivamente de conversaciones entre hombres. Era aún la época en que las leyes, las constituciones y el lenguaje utilizaban el masculino como género subsidiario que englobaba a todas las personas. Cuando un hombre hablaba de “los hombres” debía entenderse “personas” y si había mujeres en el debate, era para hablar de la familia o de temas “de mujeres” (moda, costura, cocina, cuidado, etc.). 

Afortunadamente y gracias a la lucha de muchas mujeres, el siglo XXI no acepta con benevolencia el uso del masculino para englobar a todas las personas y en la mayoría de los espacios las mujeres tienen voz propia, preparadas para hablar en todas las áreas del conocimiento, en casi todos los lugares del mundo. Aun así, los paneles donde todos los invitados son hombres son bastante comunes y, a diferencia del humo de cigarrillo en la televisión, su existencia no sorprende. Quienes organizan dichos paneles y quienes participan en ellos no parecen ver ningún problema. En tiempos de pandemia, donde los paneles virtuales se han multiplicado, abundan las invitaciones con cinco fotos de connotados intelectuales o dieciséis fotos de orgullosos abogados o tres fotos de importantes políticos, representando ideas conservadoras y progresistas (la invisibilización de la intelectualidad femenina no es privativa de un sector en particular). Incluso cuando se trata de temas que afectan exclusiva o mayoritariamente a las mujeres vemos “expertos” listos para explicarnos algo que los oradores difícilmente experimentarán en carne propia.

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Escazú: un acuerdo por la democracia y el ambiente

Ivan Lanegra*

El amplio reconocimiento del derecho humano al ambiente contrasta con el acelerado deterioro de las condiciones ambientales, tanto a escala global como local. Así, las conquistas formales y el reconocimiento de la urgencia de construir una forma sostenible de prosperidad tienen como correlato la crisis climática, el deterioro acelerado de los ecosistemas, situación que afecta principalmente a los más vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas. No hay ninguna sorpresa en lo descrito. Como es bien conocido, los derechos necesitan de políticas públicas efectivas que los garanticen, más cuando hay que generar cambios significativos en patrones de comportamiento muy arraigados en las sociedades. Este es el caso de la cuestión ambiental, que demanda transformar patrones de consumo y producción, impulsados no solo por procesos formales, sino también por mecanismos informales e incluso delictivos.

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Livre determinação indígena: entre o Direito Internacional e a tragédia

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

English version here.

O impacto da pandemia do Covid-19 para os povos indígenas e o contexto de violência e esbulho territorial nos obriga a pensar soluções desde os mais variados âmbitos jurídicos e políticos.

2020 tem sido um ano particularmente trágico para os povos indígenas em todo o planeta e, em particular, na região amazônica. Ali, a expansão do Covid-19 ocorre de forma paralela à ação oportunista de madeireiros ilegais, garimpeiros, grileiros e governos dispostos a flexibilizar a concessão de megaprojetos extrativos sob o argumento de que é necessário promover investimentos nesta região em resposta à crise econômica provocada pela pandemia.

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Indigenous self-determination and international law

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

Ver versões em português.

The impact of the COVID-19 pandemic on indigenous peoples, along with the context of violence and territorial dispossession to their detriment, forces us to think of solutions from the most varied legal and political spheres. On the occasion of the International Day of the World’s Indigenous Peoples, celebrated on August 9, this essay summarizes the way in which international law has addressed self-determination, with an emphasis on the need to strengthen its application to indigenous peoples. This is because of the imperative to preserve the existence of such peoples and their cultures, and the need to mitigate the effects of environmental crises of which the exposure to pathogens displaced from their natural habitat – such as SARS-COVID-2 –  is only one manifestation.

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