The importance of controlling Leviathan

Adriana García García*

In the mid-17th century, the English philosopher Thomas Hobbes used the image of a biblical monster, the Leviathan, to illustrate the power of the State and its function of maintaining social order. It has since remained a symbol of fear-invoking power and unmatched sovereign strength.

The foundation for the potentially monstrous power of the Leviathan is one of the main obligations of the State, perhaps the most primary one of them all:  to maintain security within its territory. If a State does not fulfill that function, all other possible aspirations, from the offer of high-quality public services, to economic development and the respect and promotion of fundamental rights, are deeply compromised and, in extreme circumstances, can become even impossible.

The problem is that, to fulfill the responsibility of providing security, the State needs to have a monopoly on the legitimate use of violence.

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Corte Interamericana cierra la puerta a la reelección presidencial indefinida: Comentarios a la Opinión Consultiva 28/21 (Parte I)*

Daniel Cerqueira**

El pasado 13 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH). Solicitada por Colombia, la opinión interpreta los tratados relevantes del SIDH, a la luz de la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La decisión cierra la puerta a la interpretación heterodoxa que algunas cortes de la región han hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), según la cual los presidentes en ejercicio poseen un derecho humano a disputar la reelección de forma indefinida. Este artículo comenta algunos aspectos de la opinión y subraya su relevancia en un continente en donde el continuismo presidencial ha sido la antesala del debilitamiento del Estado de Derecho y de conflictos políticos y sociales, casi siempre enmarcados en graves violaciones de derechos humanos. A modo de consideraciones finales, el artículo comenta algunas imprecisiones argumentativas de la OC 28/21 que han sido recogidas en el voto disidente de los jueces Pazmiño y Zaffaroni y en parte de la doctrina.

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La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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A Opinião Consultiva 26/20 da Corte Interamericana de Direitos Humanos: ao sair não feche a porta

Lucas Carlos Lima e Lucas Mendes Felippe

Texto originalmente publicado no portal JOTA, disponível aqui.

Versão em espanhol aqui.

A Opinião Consultiva (OC) 26 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH), de 9 de novembro de 2020, explicitou os efeitos jurídicos em matéria de direitos humanos gerados pela saída de um Estado da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e da Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA). O objetivo desse ensaio é apresentar uma primeira reação sobre algumas opções inovadoras e outras cautelosas adotadas pela CtIDH, no que tange: ao procedimento da jurisdição consultiva, aos critérios jurídicos sobre a retirada dos tratados e às obrigações dos Estados remanescentes em relação aos denunciantes.

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Opinión Consultiva 26/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: no cierre la puerta al salir

Lucas Carlos Lima y Lucas Mendes Felippe

Texto publicado originalmente en el portal JOTA, disponible aquí.

Versión en portugués aquí.

La Opinión Consultiva (OC) 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH), adoptada el 9 de noviembre de 2020, explicó los efectos jurídicos en materia de derechos humanos que genera la denuncia de un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El propósito de este ensayo es presentar una primera reacción sobre algunas opciones innovadoras y cautelosas adoptadas por la CtIDH, con respecto a: el procedimiento de la jurisdicción consultiva, los criterios jurídicos sobre la denuncia a los tratados y las obligaciones de los demás Estados en relación con el país denunciante.

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El derecho a la protesta social y los estándares interamericanos

Edison Lanza*

English version here.

La pandemia del Covid-19 ha afectado no sólo la salud y la vida humana en la región. En muchos países, las restricciones de los Estados para enfrentar la pandemia se enfocaron en restringir las libertades de expresión y asociación, las reuniones públicas y otros fundamentos centrales de la democracia. Aunque algunas medidas de excepción podrían ser legítimas bajo la Convención Americana para enfrentar esta calamidad, otras fueron claramente abusivas y tuvieron como objeto mitigar o impedir los renovados ciclos de protestas. Estas restricciones llegaron en un momento especialmente conflictivo en la región, en relación con los movimientos ciudadanos que en los últimos dos años salieron a la calle para alzar su voz contra la inequidad estructural, la corrupción o para ejercer la defensa misma de la democracia.

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The Right to Social Protest and the Inter-American Standards

Edison Lanza*

Versión en español aquí.

The COVID-19 pandemic has not only affected human health and life in the region. In many countries, State restrictions in response to the pandemic focused on curtailing the freedoms of expression and association, public assembly, and other central tenets of democracy. While some emergency measures may be legitimate under the American Convention as a means of dealing with this calamity, others were clearly abusive and aimed at blunting or preventing renewed cycles of protest. These restrictions came at a particularly turbulent time in the region, with citizens’ movements taking to the streets over the past two years to raise their voices against structural inequality or corruption, or to defend democracy itself.

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Is there a Human Right to Indefinitely Run for Reelection?

The Inter-American Court must decide whether the misuse of the conventionality control circumvents the power of the constitutional bodies

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

Ver versões em português.

In the next few months, the Inter-American Court of Human Rights (I/A Court) shall issue an advisory opinion in order to clarify whether presidential reelection is a right arising from the American Convention on Human Rights and, if so, whether it can be restricted. This article addresses one of the aspects which will probably be elaborated upon in said opinion, that is to say the inadequate use of the conventionality control with a view to modifying, by means of a judicial decision, constitutional provisions whose scope should only be scrutinized by mechanisms of constitutional creation or reform under the rule of law.

Until the beginning of this century, the judicial activity of courts in Latin America with regard to controversies related to the regulation of presidential elections were limited to the adjudication of formal requirements of the legislative process. In exceptional cases, national courts were called upon to determine the date of entry into force of constitutional reforms or new Constitutions which introduced the possibility of presidential reelections.

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Direito humano à reeleição indefinida ou descontrole de convencionalidade?

A Corte Interamericana deve emitir pronunciamento sobre o uso inadequado do controle de convencionalidade para desvirtuar a esfera de decisão do poder constituinte

Daniel Cerqueira*

Publicado em inglês em Verfassungsblog.

Versión en español aquí.

Nos próximos meses, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) emitirá um parecer consultivo para determinar se a figura da reeleição presidencial pode ser considerada como um direito emanado da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, nesse caso, se o mesmo pode ser limitado. Este artigo trata de um dos aspectos que deverão ser explicados no referido parecer: o uso inadequado do controle de convencionalidade com o objetivo de modificar, pela via judicial, disposições constitucionais cujo alcance deveria estar subordinado aos mecanismos de criação ou reforma constitucionais em um Estado de Direito.

Até o início deste século, a atuação dos Poderes Judiciários da América Latina no que diz respeito a controvérsias sobre a regulamentação da reeleição presidencial se limitaram a resolver questões relacionadas aos requisitos formais do processo legislativo. Em casos excepcionais, os tribunais nacionais foram chamados a interpretar disposições sobre o momento de entrada em vigor de reformas constitucionais ou novas Constituições Políticas que consagraram a reeleição presidencial.

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Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador: Primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia sexual en instituciones educativas

Catalina Martínez Coral, Carmen Cecilia Martínez* y Lita Martínez**

El 24 de junio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló el caso Guzmán Albarracín y otros Vs. Ecuador condenando al Estado ecuatoriano por no proteger a Paola Guzmán Albarracín, una niña adolescente que desde sus 14 años fue víctima de violencia sexual por parte del Vicerrector del colegio público al que asistía en la ciudad de Guayaquil. El caso, presentado por el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil) establece por vez primera estándares para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual en entornos educativos.

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