Resarciendo daños en El Salvador: la experiencia de reparaciones a víctimas de la guerra

Leonor Arteaga*

¿Se puede devolver un ser querido ejecutado a su familia? ¿Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas de una tortura? ¿Cómo “regresarle” el proyecto de vida arrebatado a una persona desaparecida? Son algunas de las preguntas frecuentes que surgen cuando hablamos de “reparación” en casos de crímenes atroces, de sistema. Aunque dolorosa, la respuesta obvia es que no es posible retornar a la misma situación en la que nos encontrábamos antes de que se cometieran esas crueldades. Lo que sí es posible, y necesario, es encontrar formas de dar nuevo sentido a lo vivido, mediante acciones desde lo social y público que compensen el daño sufrido, las cuales deben tener un sustento común: el reconocimiento de lo acontecido, el valor de la persona o personas afectadas y el trato con dignidad.

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El sistema de controles policiales en El Salvador: ¿el gran ausente?

Leonor Arteaga y Sonia Rubio-Padilla*

En El Salvador, el enfoque represivo que ha caracterizado las políticas de seguridad pública impulsadas por sucesivas administraciones gubernamentales –de diferentes ideologías políticas– ha propiciado la comisión de torturas, ejecuciones extralegales, feminicidios y agresiones sexuales contra mujeres y población LGBTI, por parte de agentes policiales[1], que generalmente no son adecuadamente investigadas por la misma policía.  A este preocupante escenario, le agregamos las dudas que genera la figura del actual Director, Mauricio Arriaza Chicas, quién ha sido cuestionado por sus antecedentes en casos de corrupción y su rol como aliado incondicional del presidente Nayib Bukele[2], así como por representar el reposicionamiento de grupos internos que responden a intereses ilícitos.

En este contexto, poco se conoce sobre el funcionamiento de los controles internos y externos de la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar a sus miembros cuando se les atribuye la comisión de un delito o una falta disciplinaria grave. Por eso nos preguntamos: ¿cómo está formado ese sistema de controles? ¿cuál es su eficacia actual? ¿existe una intención desde el más alto nivel de mantenerlo inoperante? Responder a estas interrogantes requiere investigaciones serias y profundas; sin embargo, dada la falta de transparencia y rendición de cuentas características de la administración pública, obtener información primaria que arroje luz sobre este tema es una tarea casi imposible. Pese a ello, estamos convencidas que el esfuerzo sigue siendo válido, por eso en las siguientes líneas analizamos algunas de estas cuestiones.

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Prisión o no prisión ¿esa es la cuestión?

Leonor Arteaga*

Este artículo fue publicado originalmente en el diario digital ContraPunto.

El mes de julio de 2016 quedó marcado en mi memoria como el momento en que se rompía un hito en El Salvador: la Ley de Amnistía dejaba de existir, en términos jurídicos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la cuestionada norma que por más de 24 años obstaculizó la búsqueda de justicia para miles de víctimas del conflicto armado finalizado en 1992.

De repente, nos encontramos ante la posibilidad de romper la cadena de impunidades. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos nos preguntábamos si había llegado, por fin, la hora de los juicios en El Salvador. Paulatinamente, gracias al empuje de las y los sobrevivientes y pese a la pasividad de la Fiscalía General, los tribunales del país comenzaron a inaplicar la ley de amnistía, reabriendo las causas más simbólicas que permanecieron clausuradas por más de veinte años, como las de las masacres de El Mozote y El Calabozo, y el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Pese al tiempo transcurrido, la izquierda y la derecha partidarias siguen empecinadas en impedir que estas investigaciones alcancen a las élites económicas y políticas de ayer y hoy.

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El tiempo de saber

Anduvimos por todos lados:
por basureros, por la morgue,
por los penales, por los cuarteles
y en ningún lugar
nos daban referencia de ellos, de ellas.
En los cuarteles nos amenazaban:
nos decían que, si no nos íbamos,
ahí nos íbamos a quedar.
Pero nosotras los buscamos y,
cuando se sabía de cadáveres,
íbamos a ver si eran los desaparecidos.
Nunca pudimos saber de ninguno.

Madre Guadalupe Mejía, CODEFAM Seguir leyendo

La política de seguridad de Bukele: ¿el lado regresivo del presidente milenial?

Leonor Arteaga*

Nayib Bukele, con apenas 38 años, reclama el título del presidente más joven de Latinoamérica tras tomar posesión el pasado 1 de junio. Desde el inicio de su carrera política, ha sido un torbellino para el sistema electoral de El Salvador. Sin un título universitario, pero con una crianza privilegiada, se probó talentoso en el sector empresarial antes de virar su atención a los problemas públicos. Con dos gestiones como alcalde en su currículum y armado con una chamarra de cuero y lentes de sol, el ahora presidente se definió como un candidato sin ideología ni partido político, con capacidad de atraer inversión extranjera y desterrar la corrupción. Seguir leyendo

The case of El Calabozo: burned bodies that demand justice, two years after the reopening of the criminal process

Leonor Arteaga*

1982 was a dangerous year in El Salvador. The civil war had officially begun two years prior, and by then, security forces had already committed a series of massacres against the peasant population in the country. In August of that year the armed forces focused on the San Vicente department, launching a military operation in areas deemed to be hotbeds for insurgency. As word of the military offensive spread, the community members began running towards the hills, though not everyone reached safety.

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De Sepur Zarco a El Mozote: en búsqueda de la justicia con sentido de mujer

Leonor Arteaga*

Publicado originalmente en El Faro.

Todas somos Sepur Zarco, repetía una frase de la Alianza rompiendo el Silencio y la Impunidad, simbolizando así la solidaridad con las mujeres que vivieron repetidos abusos, trabajos forzados y violaciones sexuales que tomaron forma de esclavitud, en la base militar del mismo nombre, que operó entre 1982 y 1986, en el marco del conflicto armado en Guatemala. Todas ellas fueron abusadas mientras sus maridos, que reclamaban la tierra, habían sido desaparecidos, detenidos o asesinados. Seguir leyendo

Masacre en la UCA: la larga batalla por la justicia

Leonor Arteaga

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En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas -Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López, y Juan Ramón Moreno-, junto a su empleada Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, fueron asesinados en el interior de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), a manos de la Fuerza Armada de El Salvador.

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En El Salvador: ¿ha llegado la hora de las personas desaparecidas en el conflicto armado?

Leonor Arteaga, Oficial Sénior de Programa, DPLF

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Foto: Our Parents Bones

 El 16 de enero de 2017 se cumplirán 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador. El gobierno ha puesto en marcha un plan para su conmemoración. La iniciativa es valiosa, pero las notas celebrativas de paz resultan agridulces en un país que no ha lidiado exitosamente con el legado de masivas violaciones a los derechos humanos. Una significativa deuda es la falta de esclarecimiento de las desapariciones. La Comisión de la Verdad documentó cerca de 5,000 casos, pero según registros de la sociedad civil son más de 10,000. La mayoría detenidos o secuestrados por actores estatales y probablemente asesinados con posterioridad. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les negó todo conocimiento de lo que les pasó. Ni un solo caso ha sido resuelto por acciones estatales[1].

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The case of the El Mozote massacre: El Salvador’s first trial for grave human rights violations?

 Leonor Arteaga, Senior Program Officer, DPLF

EL SALVADOR/MASACRE/ANIVERSARIO

December 11, 2016 will mark the 35th anniversary of the El Mozote massacre -one of the most emblematic crimes of El Salvador’s armed conflict. With at least 1000 victims, it is considered to be the worst massacre ever perpetrated against civilians –men, women, and children- by armed forces in Latin America. The massacre has regained public attention due to the recent reopening of criminal investigations into the case, 23 years after it was closed under the country’s then-valid Amnesty Law, which was recently declared unconstitutional.

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