Leonor Arteaga Rubio*

El Salvador cumple hoy 87 días con un estado de excepción sin precedentes. La medida fue adoptada a pedido del presidente Nayib Bukele, para supuestamente combatir una ola de asesinatos que se intensificó a finales del mes de marzo y que son atribuidos a las pandillas que operan en el país. No obstante, una investigación periodística del medio digital El Faro reveló que los 87 asesinatos fueron una respuesta de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) ante el rompimiento de negociaciones secretas que mantenía con el gobierno desde hace al menos dos años y medio.

El congreso nacional aprobó el estado de excepción inicialmente por 30 días y, con ello, la suspensión de derechos fundamentales de la población, entre estos el derecho de defensa. También, a pedido del mandatario salvadoreño, el estado de excepción ha sido prorrogado en tres ocasiones más. De acuerdo con Bukele, se han capturado más de 40.000 personas, una cifra astronómica para un país tan pequeño y con poca capacidad carcelaria instalada. Si sumamos las más de 38,000 personas que ya estaba presas, el país tiene a más del 1% de su población en prisión y con ello llega al primer lugar mundial en hacinamiento.

En redes sociales, mientras tanto, continúan las denuncias de capturas de salvadoreños que, de acuerdo con las publicaciones, no tienen vínculos con las estructuras criminales y están recluidos en centros penales sin conocer el motivo de su detención. Sumado a las condiciones de hacinamiento y posibles torturas, las preocupaciones se elevan luego que se diera a conocer la muerte de al menos 46 personas detenidas bajo custodia estatal. 

La gente pobre sufre lo peor de estas medidas represivas. Si tienes recursos puedes transitar el estado de excepción como si nada ocurriera, pero para la mayoría de las personas que provienen de sectores de bajos ingresos la situación es difícil. Hay puestos de control militar y policial, así como detenciones y registros arbitrarios en los barrios populares. Quienes han sido más asediados por las pandillas, ahora también lo son por el mismo gobierno.

En Estados democráticos de derecho, los regímenes de excepción se utilizan para otorgar facultades extraordinarias al poder Ejecutivo que le permita afrontar diversos peligros, ya sean internos o externos, y para responder a ese momento específico. Pueden suspenderse las garantías de ciertos derechos de manera temporal mientras persistan las condiciones de anormalidad, pero el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales subsisten. 

Ante la alarmante restricción de garantías constitucionales durante el régimen de excepción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado llamados al Estado salvadoreño a implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana que respete los derechos constitucionales y la dignidad de las personas. Así pues, la CIDH examinará el jueves 23 de junio, en una audiencia temática, las medidas implementadas por el actual gobierno de ese país. 

Para contrarrestar el impacto mediático de su “estrategia” y aprovechando su alta popularidad, Bukele ha tratado de deslegitimar durante su gobierno cualquier disenso, atacando encarnizadamente a aquellos que lo critican. Tiene una relación muy tensa con la prensa, especialmente con el periodismo de investigación independiente. También ha criticado públicamente a organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil –a quienes ha acusado de apoyar a las maras– por sus críticas a las medidas tomadas en calles y las cárceles del país.

Ya en su tercer año de gobierno nos deja una gran preocupación porque vemos un guión conocido en la región, que ve en el Estado de derecho obstáculos para la solución de los problemas del país. 

* Directora del Programa de Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF). 

Fotografía: AP/Salvador Melendez