Retos de la pandemia del Covid-19 para el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos

Carlos Ayala Corao*

La humanidad está sufriendo la amenaza y los efectos concretos de una enfermedad infecciosa global producida por el Coronavirus (Covid-19), con graves consecuencias para la salud de las personas contagiadas, que en algunos casos, incluidos los de personas adultas mayores o de personas con ciertas condiciones preexistentes, puede causar la muerte. Es también conocido, que este virus es de fácil y rápida transmisión, lo cual llevó a que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud[1] (OMS) declarase una situación grave de “pandemia”, realizando conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una serie de recomendaciones a los Estados y a las personas, sobre las medidas para proteger la salud y prevenir su propagación[2].

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Cerrar los refugios seguros para la delincuencia organizada del Estado de Venezuela: “Estado de derecho invertido”, impunidad y desafíos en la cooperación internacional para la extradición entre Estados Unidos y España

Jan-Michael Simon

Resumen

Los actores delictivos vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela, tanto dentro como fuera del país, se benefician con el sistema imperante en Venezuela, basado en un “Estado de derecho invertido” y la impunidad. El presente artículo señala los desafíos internacionales que han surgido al intentar llevar a la justicia a los actores delictivos en el extranjero. Los procesos penales que, en la actualidad, se encuentran en trámite en Estados Unidos y en España permiten conocer el espectro de las actividades delictivas y la magnitud de los activos robados. La delincuencia organizada del Estado de Venezuela se ha caracterizado como “una empresa de corrupción con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, que hace que Odebrecht parezca un mero carterista del centro de Caracas”. Esta es una comparación interesante, si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha referido al precedente de “Odebrecht” como el “mayor caso de soborno transnacional de la historia”. Muchos casos relacionados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela recién comienzan a salir a la luz. Aun así, los casos en EE. UU. y España ponen en evidencia que las operaciones delictivas implican relaciones transnacionales ilícitas a nivel global entre actores de diferentes nacionalidades y residencias.

En función de tres estudios de casos, este artículo llega a la conclusión de que exfuncionarios públicos de alto nivel vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela que residen en España, han buscado refugio allí mientras intentaban eludir investigaciones en Estados Unidos. También se concluye que, a fin de que España no sea un refugio seguro para este tipo de delitos, las autoridades españolas deben tomar medidas de buena fe que posibiliten la persecución penal y asegurar la debida diligencia, o bien disponer la extradición de estas personas a Estados Unidos. De lo contrario, el sector de la justicia española contribuiría a la impunidad de los actores implicados en la delincuencia organizada del Estado de Venezuela.

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Ciudadanos, jueces y estado de derecho

Luis Pásara*

No hay democracia ni estado de derecho sin ciudadanos. La esencia de esa relación fue puesta en relieve en la definición de ciudadanía propuesta por Marshall: “sentido directo de pertenencia a una comunidad, con base en la lealtad a una civilización que es compartida. Es una lealtad de hombres libres dotados de derechos que son protegidos por un orden legal común a ellos” (Marshall T. H. y Tom Bottomore, Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992, p. 24). El ciudadano, agente fundador del estado de derecho, es un hombre libre a cuya “condición corresponde inseparablemente la igualdad ante la ley” (Bendix, R. Nation-Building and Citizenship. Studies of our Changing Social Order. New York: John Wiley & Sons, 1964, p. 72), entendida no solo como formulación legal sino como un conjunto de prácticas efectivas, regidas por derechos y obligaciones susceptibles de ser coactivamente exigidos (Tilly, Charles, ed., Citizenship, Identity and Social History, International Review on Social History, supplement, num. 3, 1995). La vía para exigirlos y reconocerlos, en su momento, es la administración de justicia.

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A partir de la situación en México. Corrupción y violencia: ¿Estado de derecho en América Latina?

Autor: David Lovatón Palacios*

foto2Todos, absolutamente todos los abogados y abogadas de América Latina aprendemos en las Escuelas de Derecho –bien o mal- la noción de “Estado de Derecho” que, en pocas palabras, es el imperio de la ley. Esta noción o idea es parte tanto de la tradición jurídica del common law como del civil law, aunque es evidente que en la primera tiene una impronta política y cultural mucho más antigua; la Carta Magna de 1215, Inglaterra. Mientras en el common law es conocido como “rule of law”, en la tradición europea continental lo es como “Estado de derecho”[1]. Seguir leyendo