A mitad del camino: el gobierno de AMLO y los derechos indígenas en México

Rodrigo Llanes Salazar*

En la primera mitad de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como es conocido) prometió una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. Como parte de esta nueva relación, en su toma de protesta como mandatario, AMLO fue el primer presidente mexicano en recibir el bastón de mando por parte de actores políticos indígenas. El gobierno de AMLO transformó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), nombrando como director a un especialista en derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, y anunció una nueva reforma constitucional que incorporaría los Acuerdos de San Andrés, esto es, los acuerdos a los que llegaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado Mexicano en 1996 para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros derechos.

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El Salvador: acceder democráticamente al poder para anular al Estado de derecho

Juan Carlos Sánchez*

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador generó entusiasmo en algunos sectores y escepticismo en otros, sobre el rumbo por el que podría transitar la joven democracia salvadoreña bajo su mandato. No porque en la campaña presidencial se haya perfilado claramente su rostro autoritario, sino por el estilo heterodoxo, marcado por una estrategia populista, con el que encaró y derrotó a los partidos tradicionales en febrero de 2019. Estilo que provocó dudas y recelos en una parte de la población por su discurso carente de propuestas, pero que le valió la confianza de una amplia mayoría del electorado que lo colocó en tan sólo dos años y dos elecciones consecutivas –una presidencial y otra legislativa– en una posición política favorable para controlar a todo el aparato estatal, como nadie antes la había tenido por las vías institucionales. 

Aunque existían antecedentes de comportamiento poco transparentes y prácticas de nepotismo cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012–2015) y San Salvador (2015–2018), no se logró dimensionar la crisis en la que estaría sumergido El Salvador hasta los pocos meses de iniciar su mandato como Presidente. Quizás ingenuamente se cifró esperanzas en la sensatez política que venía acumulando el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, en la contención de los mecanismos institucionales de control, así como en la incidencia que podía ejercer la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Se esperaba que, como había sucedido en el pasado, estos elementos fueran suficientes para contrarrestar las amenazas que ya se advertían en quien, hasta ese momento, eran tan solo un joven con aspiraciones presidenciales. 

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La urgente necesidad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Haití

Gaël Pétillon*

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Según la Constitución haitiana, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituyen el fundamento esencial sobre el que se basa la organización del Estado. En el ejercicio de sus respectivos poderes, deberes y funciones, son totalmente independientes. Sin embargo, desde enero de 2020, la ausencia de elecciones legislativas ha provocado un deterioro progresivo de este poder, habiendo finalizado el mandato de todos los diputados y de dos tercios del senado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en la noche del 6 al 7 de julio, así como la muerte del presidente del Tribunal de Casación han agravado la situación desde el punto de vista institucional. Esta situación ha agravado la disfunción de los tres poderes: la Asamblea Nacional y el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ) son ahora nulos, mientras que el ejecutivo se esfuerza por dirigir la nación con eficacia. Se está creando un vacío institucional que se suma a la crisis política y sanitaria. Además, el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021 generó necesidades urgentes adicionales, exacerbando aún más las deficiencias mencionadas y sugiriendo un próximo deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití.

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Democracia Militante y Bicentenario de la Independencia*

César Landa**

Con motivo de los doscientos años del aniversario de la independencia del Perú, hemos llegado a una etapa de reflexión acerca del estado de la Nación, en relación a las promesas de libertad, justicia e independencia con que el general José de San Martin juró junto al pueblo de Lima, el 28 de julio de 1821, el fin del colonialismo de la monarquía española. 

Con una mirada del presente se podría señalar que, si bien aun queda mucho por expandir el bienestar, fortalecer la democracia y la vida sujeta a la Constitución, mucho también se ha avanzado en cada época; en el siglo XIX aboliendo la esclavitud de los afroperuanos y el tributo indígena –trabajo gratuito-, y, en el siglo XX reconociendo el derecho al sufragio de las mujeres, los analfabetos, mayores de 18 años, y militares y policías. Asimismo, el reconocimiento de la propia independencia política y el aseguramiento de la integridad territorial -aunque mermada en conflictos internacionales-, ha ido configurando al Estado.

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El concepto de Estado de Derecho de la República Popular China: Un desafío a gran escala

Daniel Kempken*

El nuevo concepto chino de Estado de Derecho contradice en puntos centrales la concepción internacional vigente en Naciones Unidas. El objetivo es mas bien gobernar autocráticamente con el poder de las leyes en vez de tener un Estado de Derecho. Hay que contrarrestar estas ideas en el debate internacional y mediante una mayor promoción del modelo existente de Estado de Derecho en cooperación con los países socios y con la sociedad civil. Sin embargo, diálogos existentes con la propia China sobre el Estado de Derecho y la cooperación jurídica con dicho país también deberían continuar en forma apropiada. 

El plan quinquenal chino sobre el desarrollo del Estado de Derecho (2020 – 2025) contiene una concepción de éste que se aleja de la concepción vigente en las Naciones Unidas en aspectos fundamentales y contradice los intereses tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Los principales puntos de fricción son el estricto rechazo a la separación de poderes / independencia del poder judicial, la comprensión completamente diferente de los derechos humanos, la protección de los datos y la privacidad, así como la democracia. Además, en el concepto chino se espera que sistemas digitales sustituyan las decisiones de un poder judicial independiente en ámbitos importantes.  

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Honduras, donde el “blindaje” a la corrupción sí ha funcionado

CESPAD*

¿Cómo avanzan los casos de corrupción que dejó la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras? ¿Qué tanto han afectado las reformas a algunas leyes que aprobaron las y los diputados del Congreso Nacional? Un breve y preocupante panorama evidencia que el “blindaje” a las redes de corrupción sí ha funcionado en este país centroamericano.

Para analizar el tema, el caso de corrupción conocido como “Red de Diputados” se vuelve emblemático. En diciembre del 2017, el binomio conformado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, hoy llamada UFERCO), presentó este caso, dando inicio a una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), a través de la que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.

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Retos de la pandemia del Covid-19 para el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos

Carlos Ayala Corao*

La humanidad está sufriendo la amenaza y los efectos concretos de una enfermedad infecciosa global producida por el Coronavirus (Covid-19), con graves consecuencias para la salud de las personas contagiadas, que en algunos casos, incluidos los de personas adultas mayores o de personas con ciertas condiciones preexistentes, puede causar la muerte. Es también conocido, que este virus es de fácil y rápida transmisión, lo cual llevó a que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud[1] (OMS) declarase una situación grave de “pandemia”, realizando conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una serie de recomendaciones a los Estados y a las personas, sobre las medidas para proteger la salud y prevenir su propagación[2].

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Cerrar los refugios seguros para la delincuencia organizada del Estado de Venezuela: “Estado de derecho invertido”, impunidad y desafíos en la cooperación internacional para la extradición entre Estados Unidos y España

Jan-Michael Simon

Resumen

Los actores delictivos vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela, tanto dentro como fuera del país, se benefician con el sistema imperante en Venezuela, basado en un “Estado de derecho invertido” y la impunidad. El presente artículo señala los desafíos internacionales que han surgido al intentar llevar a la justicia a los actores delictivos en el extranjero. Los procesos penales que, en la actualidad, se encuentran en trámite en Estados Unidos y en España permiten conocer el espectro de las actividades delictivas y la magnitud de los activos robados. La delincuencia organizada del Estado de Venezuela se ha caracterizado como “una empresa de corrupción con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, que hace que Odebrecht parezca un mero carterista del centro de Caracas”. Esta es una comparación interesante, si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha referido al precedente de “Odebrecht” como el “mayor caso de soborno transnacional de la historia”. Muchos casos relacionados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela recién comienzan a salir a la luz. Aun así, los casos en EE. UU. y España ponen en evidencia que las operaciones delictivas implican relaciones transnacionales ilícitas a nivel global entre actores de diferentes nacionalidades y residencias.

En función de tres estudios de casos, este artículo llega a la conclusión de que exfuncionarios públicos de alto nivel vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela que residen en España, han buscado refugio allí mientras intentaban eludir investigaciones en Estados Unidos. También se concluye que, a fin de que España no sea un refugio seguro para este tipo de delitos, las autoridades españolas deben tomar medidas de buena fe que posibiliten la persecución penal y asegurar la debida diligencia, o bien disponer la extradición de estas personas a Estados Unidos. De lo contrario, el sector de la justicia española contribuiría a la impunidad de los actores implicados en la delincuencia organizada del Estado de Venezuela.

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Ciudadanos, jueces y estado de derecho

Luis Pásara*

No hay democracia ni estado de derecho sin ciudadanos. La esencia de esa relación fue puesta en relieve en la definición de ciudadanía propuesta por Marshall: “sentido directo de pertenencia a una comunidad, con base en la lealtad a una civilización que es compartida. Es una lealtad de hombres libres dotados de derechos que son protegidos por un orden legal común a ellos” (Marshall T. H. y Tom Bottomore, Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992, p. 24). El ciudadano, agente fundador del estado de derecho, es un hombre libre a cuya “condición corresponde inseparablemente la igualdad ante la ley” (Bendix, R. Nation-Building and Citizenship. Studies of our Changing Social Order. New York: John Wiley & Sons, 1964, p. 72), entendida no solo como formulación legal sino como un conjunto de prácticas efectivas, regidas por derechos y obligaciones susceptibles de ser coactivamente exigidos (Tilly, Charles, ed., Citizenship, Identity and Social History, International Review on Social History, supplement, num. 3, 1995). La vía para exigirlos y reconocerlos, en su momento, es la administración de justicia.

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A partir de la situación en México. Corrupción y violencia: ¿Estado de derecho en América Latina?

Autor: David Lovatón Palacios*

foto2Todos, absolutamente todos los abogados y abogadas de América Latina aprendemos en las Escuelas de Derecho –bien o mal- la noción de “Estado de Derecho” que, en pocas palabras, es el imperio de la ley. Esta noción o idea es parte tanto de la tradición jurídica del common law como del civil law, aunque es evidente que en la primera tiene una impronta política y cultural mucho más antigua; la Carta Magna de 1215, Inglaterra. Mientras en el common law es conocido como “rule of law”, en la tradición europea continental lo es como “Estado de derecho”[1]. Seguir leyendo