El concepto de Estado de Derecho de la República Popular China: Un desafío a gran escala

Daniel Kempken*

El nuevo concepto chino de Estado de Derecho contradice en puntos centrales la concepción internacional vigente en Naciones Unidas. El objetivo es mas bien gobernar autocráticamente con el poder de las leyes en vez de tener un Estado de Derecho. Hay que contrarrestar estas ideas en el debate internacional y mediante una mayor promoción del modelo existente de Estado de Derecho en cooperación con los países socios y con la sociedad civil. Sin embargo, diálogos existentes con la propia China sobre el Estado de Derecho y la cooperación jurídica con dicho país también deberían continuar en forma apropiada. 

El plan quinquenal chino sobre el desarrollo del Estado de Derecho (2020 – 2025) contiene una concepción de éste que se aleja de la concepción vigente en las Naciones Unidas en aspectos fundamentales y contradice los intereses tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Los principales puntos de fricción son el estricto rechazo a la separación de poderes / independencia del poder judicial, la comprensión completamente diferente de los derechos humanos, la protección de los datos y la privacidad, así como la democracia. Además, en el concepto chino se espera que sistemas digitales sustituyan las decisiones de un poder judicial independiente en ámbitos importantes.  

La conclusión es que la estrategia de China supone gobernar autocráticamente con el poder de las leyes (Rule by Law) en vez de tener un Estado de Derecho (Rule of Law). En particular, los elementos digitales del modelo chino recuerdan a una versión 4.0 de la distopia de un estado de vigilancia total descrito por George Orwell en su novela “1984”.

Según su Plan Quinquenal, el objetivo declarado es promover el Estado de Derecho al estilo chino a nivel internacional. Para ello, China apuesta por la participación en los organismos de la ONU, la cooperación internacional, los diálogos sobre el tema del Estado de Derecho, los programas de intercambio y los nuevos procedimientos de arbitraje. Este anuncio debería hacer saltar las alarmas. El concepto añade una nueva dimensión al desarrollo judicial de parte de la República Popular China pues se cuestiona abiertamente el consenso internacional existente sobre el Estado de Derecho. 

La estrategia tiene un horizonte de realización de casi 15 años. Mientras tanto, los planes de China estarán sujetos a diversas influencias internas y externas. Estados Unidos y Europa deberían aprovechar ese tiempo para trabajar activamente en el mantenimiento de la concepción actual de Estado de Derecho. Hay esencialmente tres maneras de hacerlo:

1. Un papel activo en el debate internacional

Tras la caída de la cortina de hierro, los sistemas jurídicos socialistas perdieron importancia. Se consolidó una concepción global del Estado de Derecho, configurada principalmente por la ONU, el Consejo de Europa, la OSCE, la Unión Europea y los Estados Unidos, que se basa en valores y decisiones fundamentales como la separación de poderes y la independencia del poder judicial, los derechos humanos y la igualdad ante la ley. Dicho concepto fue reafirmado en 2012 por la Resolución A-RES-67-1 de Naciones Unidas (Declaration of the High Level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and International Levels).

Sin embargo, ya en 2015, surgió un incipiente conflicto sistémico durante los debates sobre la Agenda 2030 y el ODS 16. El compromiso fue no establecer Estado de Derecho como objetivo, sino mas bien ‘acceso a la justicia’, una formulación que también puede alinearse con las nociones de países con tendencias autocráticas sobre el Estado de Derecho. A partir de ahí, el concepto de Estado de Derecho, antes ampliamente aceptado, se ha puesto cada vez más en entredicho. China es el caso más destacado en este panorama y a través de su nuevo Plan Quinquenal también el más manifiesto y al mismo tiempo el mas operativo.

Si se examina a fondo, el concepto de Estado de Derecho en Naciones Unidas revela una cierta inexactitud en la definición y la correspondiente confusión terminológica. Esta vaguedad abre posibilidades de cuestionar la terminología hasta en sus aspectos fundamentales[1]. El Plan Quinquenal chino aborda esta debilidad, emprendiendo y profundizando la polarización que ya se observó durante los debates sobre ODS 16 así como en años posteriores. 

Por lo tanto, en las futuras negociaciones en el ámbito internacional, es imprescindible defender el actual concepto del Estado de Derecho adoptado por Naciones Unidas. A este respecto, hay que tener presente, entre otras cosas, que la misma parte china también utiliza el término Estado de Derecho cuando promueve sus ideas, pero lo entiende como algo muy diferente. 

En este contexto es fundamental que las futuras declaraciones establezcan referencias claras a las formulaciones existentes, hasta ahora indiscutibles, y, si es posible, las reafirmen. Por eso, las negociaciones requieren profundos conocimientos jurídicos comparativos, así como una atención especial a la diferente terminología utilizada.

2. Reforzar la promoción del Estado de Derecho tradicional en los países socios

Según su Plan Quinquenal, China tiene la intención de intensificar la cooperación jurídica bilateral y promover su concepto alternativo del Estado de Derecho. Se esperan actividades particulares en los países que forman parte del proyecto de inversión a gran escala de la Nueva Ruta de la Seda. Por ejemplo, China espera que sus países socios se sometan al arbitraje chino. Ya se está invitando y formando a abogadas y abogados de varios países o partidos amigos con esta finalidad.

Estos esfuerzos no caerán en saco roto en todos los países. Así, la competencia entre diferentes sistemas jurídicos va a resultar mas evidente. En cuanto a América Latina, es relevante que varios países como Uruguay disfruten de lazos económicos con China muy estrechos. Otros como Ecuador ya sufren de una deuda insostenible con China. Lo mismo se aplica a algunos países europeos como Montenegro. Hace pocas semanas China apoyó indirectamente el golpe judicial orquestado por el Gobierno de El Salvador, indicando a través de su Embajada en San Salvador que “la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son los principios mas importantes de la Carta de la ONU”. Al mismo tiempo, la República Popular ofrece vacunas contra la COVID-19 y una cooperación económica fortalecida a los países centroamericanos.

Con esta situación geopolítica, la cooperación jurídica de Estados Unidos y Europa, basada en el Estado de Derecho tradicional, es mas importante que nunca.  Abogados, jueces y fiscales no sólo son ‘expertos’ en el sentido de la cooperación al desarrollo clásica. También son embajadores de su forma de entender el Estado de Derecho y la democracia; ellos y ellas pueden convencer tanto a través del asesoramiento como en el diálogo. De este modo, es posible hacer un contrapeso a otras concepciones del Estado de Derecho en los países socios que no deben subestimarse. 

Los sistemas jurídicos existentes en estados democráticos respetan y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanas y ciudadanos. Por eso organizaciones de la sociedad civil son contrapartes naturales en proyectos de fomento del Estado de Derecho, sea que organicen observatorios de los sistemas judiciales, sea que reclamen y fomenten el acceso a la justicia, así como la independencia e integridad de los sistemas judiciales. 

3. Diálogo sobre el Estado de Derecho y cooperación jurídica entre países europeos y China

La Unión Europea tenía un diálogo sobre asuntos legales con la República Popular China hasta 2019. También existe desde hace 20 años un diálogo sobre el estado de derecho y cooperación jurídica entre Alemania y China. A primera vista el argumento en contra de una cooperación continua con China puede ser que apoyaría y legitimaría un sistema diametralmente opuesto a la protección de los derechos humanos, así como a valores e intereses establecidos. De hecho, se enviaría una clara señal política al poner fin a su cooperación. 

Pero es de temer que esa señal no vaya a tener ningún efecto duradero, incluso podría ser en el interés de la parte china. No es por nada que la propia China ha puesto fin al diálogo sobre derechos humanos con Alemania. Por lo tanto, es aún más importante que mantengamos lo que aun existe en el tema del Estado de Derecho.

Además de las diferencias fundamentales descritas anteriormente, el concepto chino de Estado de Derecho contiene objetivos que coinciden en parte con ideas europeas y norteamericanas o podrían ser en el interés de los países que cooperan con China económicamente: se trata, por ejemplo, de la seguridad jurídica y la eficiencia de los sistemas judiciales, de un derecho civil fiable o de la digitalización del poder judicial, así como de la regulación de la economía digital, de las finanzas por internet y de la inteligencia artificial. El desarrollo del arbitraje internacional, la lucha contra la corrupción y la delincuencia transnacional o la devolución de bienes robados también son temas de interés común.

En estas subáreas, un diálogo sobre el Estado de Derecho puede ser útil para ambas partes. La seguridad jurídica en el derecho civil y mercantil, por ejemplo, interesa a las empresas de otros países. Sabemos por el diálogo sobre el Estado de Derecho que ha llevado Alemania, que China ha conseguido éxitos impresionantes en las dos últimas décadas, por ejemplo, en el ámbito de los servicios jurídicos. Así, a pesar de todas las diferencias fundamentales, el diálogo con China puede aportar ideas valiosas para el desarrollo los propios sistemas de justicia. 

Las oportunidades de influir en el poder judicial chino pueden ser pequeñas, pero existen. Por ejemplo, los programas de formación y de diálogo de la cooperación alemana llegaron a aproximadamente el 10% de los jueces chinos. Aparte de las disposiciones fundamentales tomadas de sistemas jurídicos socialistas, el derecho chino contiene muchos elementos del sistema jurídico angloamericano y del sistema jurídico europeo continental. 

Por último, pero no por ello menos importante, el conocimiento profundo del sistema jurídico chino, así como del sentido y finalidad de los cambios jurídicos previstos, tiene un valor en el debate internacional que difícilmente puede subestimarse. Estos conocimientos de fondo no pueden obtenerse únicamente de la ciencia jurídica y de estudios académicos en derecho comparado. El diálogo y la cooperación revelan una imagen mucho más completa de la situación real y mejoran considerablemente la posición negociadora. 

Cuanto mejor se comprenda el sistema jurídico chino y su función en el contexto político general, mejor se puede posicionar en el discurso internacional un concepto de Estado de Derecho que garantice la independencia del poder judicial, los derechos fundamentales y humanos, así como la igualdad ante la ley y la protección de los datos y de la privacidad. En este contexto, diálogo y cooperación de países de la Unión Europea que tienen sistemas jurídicos consolidados con el poder judicial chino no es un pacto con el diablo, sino un enfrentamiento necesario con un sistema competidor. 


[1] Arajärvi, Noora, The Rule of Law in the 2020 Agenda, KFG Working Paper series, Nr. 9, 2017, 6, 28 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2992016


Consultor independiente en temas de Estado de derecho y anticorrupción. De 2017 a 2019, fue jefe de la Unidad de Gobernanza, Democracia y Estado de Derecho en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Previamente desempeñó varias funciones en la cooperación y la diplomacia del gobierno alemán.

Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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