Garantías para una justicia independiente en Bolivia y el Reglamento de Preselección de candidatos a las más Altas Cortes

 Ramiro Orías

Oficial de Programa Sénior DPLF

 

Ursula Indacochea

Oficial de Programa Sénior,

Coordinadora del Área de Independencia Judicial en DPLF

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 Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

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En Defensa de la Independencia Judicial

Claudia Escobar

Fellow en NED

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Guatemala es un pequeño país en Centroamérica que no acapara la atención de la prensa internacional y cuando lo hace es principalmente por asuntos relacionados con la violencia o la inestabilidad política. Sin embargo, últimamente el país ha sido reconocido por los esfuerzos realizados por la lucha contra la impunidad y la corrupción.

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El Poder Judicial de Ecuador: un reciente libro pone al descubierto los peores fallos

Björn Arp

Abogado de derechos humanos y miembro de la Federación Interamericana de Abogados

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Un libro publicado por el Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, y la Federación Interamericana de Abogados de Washington, D.C. pone al descubierto algunas de las peores sentencias del Poder Judicial de Ecuador, después de su reforma de 2011-2013. El libro es una buena muestra del trabajo que queda por delante para lograr un Poder Judicial auténticamente independiente del gobierno e imparcial en las decisiones judiciales que adopta.

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Sin carrera judicial no habrá independencia judicial en Bolivia

Eddie Cóndor Chuquiruna

Director Ejecutivo de Fundación Buen Gobierno

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La Constitución Política del Estado (art. 178-II), establece que la garantía de la independencia judicial se sustenta en la autonomía presupuestaria y la carrera judicial.

La autonomía presupuestaria, que debería ser objeto de referéndum constitucional, se materializaría en el otorgamiento de un porcentaje -fijo- del presupuesto general del Estado, suficiente que haga viable los distintos servicios de justicia, sin tener que depender de Gobierno alguno; que permitan gastos recurrentes, operativos, de funcionamiento, inversiones y por otra parte, la institucionalización de todos los cargos judiciales.

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Conclusiones de la Cumbre de Justicia: Un Balance Crítico a la Luz de los DD.HH. Parte I

Ramiro Orias A.

Oficial de Programa DPLF

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Los días 10 y 11 de junio tuvo lugar en la ciudad de Sucre la denominada “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, convocada por el gobierno del Presidente Evo Morales, con una amplia participación de actores sociales y representantes de los órganos judiciales, que abordaron diversos aspectos en relación a la situación de los graves problemas que aquejan a la justicia en Bolivia, a objeto de establecer lineamientos para el cambio estructural del sistema judicial. 

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Bolivia: elegir o no a los jueces

 

Luis Pásara

Senior Fellow en DPLF

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Los días 3 y 4 de junio se reunirá en Sucre la Cumbre nacional de justicia plural para vivir bien, convocada por el gobierno del presidente Evo Morales. El largo título de la reunión encabeza la búsqueda de una reforma a fondo del sistema de justicia, cuyos bajos rendimientos son de sobra conocidos en el país.

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Justicia en Panamá: Entre crisis y reformas pendientes

Por: Ramiro Orías

Fellow en DPLF

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Foto: La Prensa

  1. Crisis Judicial.-

El Órgano Judicial en Panamá se encuentra en una grave y prolongada crisis, que no es reciente, pero que en el último año se ha agravado notablemente debido a denuncias de corrupción, acusaciones reciprocas y conflictos de poder entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos hechos han llevado a una situación de desestabilización institucional y baja credibilidad pública de la Corte, que ha perdido el liderazgo político que esa instancia debería tener.

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