Estrasburgo y San José cierran filas: diálogo entre cortes sobre independencia judicial de fiscales (PARTE II)

Marie-Christine Fuchs

* Este artículo fue publicado originalmente en el blog Agenda Estado de Derecho, iniciativa del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. La publicación está disponible aquí.

A finales de 2020, por primera vez en sus más de 40 años de historia jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró inconvencional las destituciones arbitrarias de dos fiscales. Sorprende la espera de todos estos años, considerando que no solo jueces, sino también fiscales son objeto de crecientes amenazas a su independencia, tanto en Latinoamérica y Europa como en otras regiones. El ejemplo más reciente es la destitución arbitraria no solo de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional sino también del Fiscal General en El Salvador el 1 de mayo de 2021. 

Este artículo no solo versa sobre la pregunta si para fiscales aplican las mismas garantías judiciales que para jueces (sobre restricciones y destituciones ilegítimas de jueces véase Parte I de este artículo). También vislumbra cómo el Tribunal Interamericano buscó inspiración en los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 

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El concepto de Estado de Derecho de la República Popular China: Un desafío a gran escala

Daniel Kempken*

El nuevo concepto chino de Estado de Derecho contradice en puntos centrales la concepción internacional vigente en Naciones Unidas. El objetivo es mas bien gobernar autocráticamente con el poder de las leyes en vez de tener un Estado de Derecho. Hay que contrarrestar estas ideas en el debate internacional y mediante una mayor promoción del modelo existente de Estado de Derecho en cooperación con los países socios y con la sociedad civil. Sin embargo, diálogos existentes con la propia China sobre el Estado de Derecho y la cooperación jurídica con dicho país también deberían continuar en forma apropiada. 

El plan quinquenal chino sobre el desarrollo del Estado de Derecho (2020 – 2025) contiene una concepción de éste que se aleja de la concepción vigente en las Naciones Unidas en aspectos fundamentales y contradice los intereses tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Los principales puntos de fricción son el estricto rechazo a la separación de poderes / independencia del poder judicial, la comprensión completamente diferente de los derechos humanos, la protección de los datos y la privacidad, así como la democracia. Además, en el concepto chino se espera que sistemas digitales sustituyan las decisiones de un poder judicial independiente en ámbitos importantes.  

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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Selección adversa: el apoyo de la sociedad civil para la elección de jueces y fiscales honestos en Guatemala, Honduras y El Salvador*

Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte “amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte”.  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

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El rol de la justicia frente a los autoritarismos*

Prof. Aníbal Pérez-Liñán**

El ataque político a la justicia es un momento central en los procesos de erosión democrática. Cuando miramos los casos de autocratización en América Latina y en la Unión Europea encontramos que la captura de la justicia (en especial la captura de las cortes constitucionales), es el momento decisivo, y a menudo irreversible, en el deslizamiento hacia un régimen autoritario. Muchas personas se preguntan hoy en día por qué la captura de la justicia se ha vuelto tan importante para los líderes autoritarios, y qué podemos hacer frente a este desafío. Para explorar estas preguntas, propongo tres ideas:

La primera es que la relación entre autoritarismo y de estado de derecho no es lineal. La ciencia política ha tenido que enfrentar esta ambigüedad a lo largo de su historia intelectual.

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Noche oscura para la independencia judicial en El Salvador*

Ursula Indacochea** y Sonia Rubio Padilla***

La noche del sábado 1 de mayo de 2021, en que la Asamblea Legislativa de El Salvador decidió herir de muerte al sistema de justicia del país, puede ser una noche larga, de las que oscurecen con el paso del tiempo. Pero ninguna noche es eterna. El presidente Nayib Bukele y los diputados de su partido político Nuevas Ideas, quizás no sean hoy conscientes de la necesidad de un sistema de justicia independiente; pero la falta de seguridad jurídica y la condena de la comunidad internacional se reflejará inevitablemente en una fuga de la inversión, la contracción de la economía, y en la ausencia de las condiciones para la prosperidad. La experiencia de la región ha mostrado, sistemáticamente, que los gobiernos autoritarios y sus líderes, en algún momento luego voltean hacia la justicia buscando protección. Y es allí donde la historia, y los escombros de la justicia, les pagaron con la misma moneda.

La estrategia de captura de la Sala de lo Constitucional

La captura de la Sala de lo Constitucional de El Salvador no comenzó el 1 de mayo. Empezó mucho antes, cuando desde la tribuna privilegiada del discurso oficial, el presidente Bukele emprendió una campaña de ataques, hostigamiento y criminalización del máximo órgano constitucional. Desde el abierto desacato de sus sentencias, hasta los señalamientos a la Sala como “corrupta” o como “culpable” de las muertes y contagios durante la pandemia, Bukele fue construyendo a cuentagotas, una narrativa hostil hacia a la justicia, replicada y aumentada por sus seguidores en las redes. De ese modo, fabricaba deliberadamente una enfermedad para después aparecer con “la cura”.

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Lucha contra la corrupción con un poder judicial independiente y con integridad

Daniel Kempken*

La corrupción es un factor de inestabilidad en todo el mundo que sólo puede combatirse con un poder judicial independiente. La implementación de los enfoques prometedores dela Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC) debería ser reforzada por la comunidad internacional. Para ello, se puede aprovechar una próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU que abordará la lucha contra la corrupción, así como la 9ª Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC.

La Convención de la ONU contra la Corrupción marca el rumbo

En el derecho internacional, la conexión entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un poder judicial independiente y con integridad está estipulada en el artículo 11 de la CNUCC, que ha sido ratificada por 181 estados. El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados no se cansa en señalar que la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial deben ir de la mano. En las normas de aplicación del artículo 11 de la CNUCC y en los comentarios sobre la Convención, se exige a los Estados Parte procedimientos objetivos de selección de jueces, así como normas de integridad y transparencia. Entre los aspectos más importantes están además la protección contra la remoción, la remuneración adecuada y la seguridad personal de los jueces y juezas.

Para poner en práctica lo que establece la CNUCC, habría que insistir todavía más en esa conexión inseparable entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la independencia e integridad del poder judicial. En el marco de la cooperación internacional, hay que plantear con mas fuerza esta conexión.

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La inmunidad judicial: un arma de doble filo en Guatemala*

Hannah Jane Ahern** e Ursula Indacochea***

El 01 de febrero de 2021, la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D, emitió una orden de aprehensión contra el ex juez Mynor Mauricio Moto Morataya, a solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI). Moto era investigado por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el marco del caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” sobre corrupción y manipulación en el proceso de elección de altas Cortes que se llevó a cabo el año pasado. Moto es un personaje clave en este complejo caso de cooptación de la justicia, y hasta poco antes de ordenarse su captura, se desempeñaba como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La jueza Aifán tiene a su cargo casos de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado, casos de macro corrupción y otros delitos de alto impacto, lo que le ha expuesto a amenazas de violencia, hostigamientos, campañas de desprestigio, y otros intentos a obstaculizar su trabajo. Reconociendo las amenazas, presiones y represalias que ha enfrentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares, ordenando al Estado de Guatemala que proteja su vida e integridad de protección. Aifán es reconocido en Guatemala, pero también a nivel internacional como luchadora en contra de la corrupción y a favor de la transparencia e independencia de los sistemas de justicia. Es recipiente del premio International Women of Courage del Departamento del Estado de Estados Unidos para el año 2021.

La orden de captura contra Moto causó revuelo, pues se produjo luego de que fuera elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar la Corte de Constitucionalidad del país, y de que fuera irregularmente juramentado por el Congreso el 26 de enero de 2021, pese a que aún se encontraba pendiente la resolución de impugnaciones a su nombramiento (juramentación posteriormente anulada por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad). Precisamente, para desempeñarse en su cargo, Moto había solicitado al Consejo de la Carrera Judicial que se le colocara en la situación de “excedencia” hasta el 13 de abril de 2021, lo cual le fue concedido. Por tanto, cuando Aifán ordenó su captura, Moto ya no se desempeñaba como juez, ni tampoco había asumido el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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Bolivia: Independencia judicial en la encrucijada

Ramiro Orias* y Úrsula Indacochea**

Bolivia enfrenta el efecto combinado de varias crisis coyunturales –política, electoral, económica, social– a la que vino a sumarse la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Un peligroso ‘coctel’ que aumenta la tensión y pone en riesgo el proceso de transición democrática y el restablecimiento de la normalidad institucional. Este escenario, además, profundiza una crisis estructural, de larga data, la crisis judicial.

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Los desafíos de la transición judicial en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Este articulo fue originalmente publicado por Agenda Estado de Derecho.

El sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982; los vicios y debilidades que traía se han vistos agravados y extendidos en la última década. Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política selectiva, develan un problema con raíces más profundas, que han hecho que la justicia en Bolivia haya perdido su capacidad de cumplir su rol tutelar de los derechos de sus ciudadanos.

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