Juan F. Jiménez Mayor*

La corrupción e impunidad han venido afectando gravemente a Honduras, lesionando su legitimidad democrática y generando desesperanza en la población. Desde la marcha de las antorchas del 2015 –que significó un punto de quiebre en relación a la tolerancia a los actos de corrupción– se configuró en este país una suerte de movimiento desde la sociedad civil organizada y de la propia población, que interpeló a su gobierno e instituciones públicas, a su sistema de justicia y a su clase política, exigiendo cambios y la necesidad de enfrentar este problema. Esto dio nacimiento a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MACCIH, que operó en el país desde el 2016 hasta el 2021.

La MACCIH fue una iniciativa que se inspiró en la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en Guatemala, pero tenía un mandato más amplio, combinando la judicialización de casos con la implementación de mecanismos de fortalecimiento institucional. En ese contexto, contribuyó a diseñar un modelo de acción para la prevención e interdicción de la corrupción trabajando particularmente con el Ministerio Público, contribuyendo a crear una instancia de investigación de élite y desarrollando una metodología de acción mediante equipos integrados de investigación, en donde expertos de la Misión  y los fiscales hondureños  cooperaban en el despliegue de estrategias para desarticular redes de corrupción. 

La experiencia demostró que, pese a lo profundamente enquistada que está la corrupción en las estructuras de poder del país, era posible enfrentarla si se tenía decisión por parte de los operadores de justicia y, particularmente, si se tenía una fiscalía especializada con ciertas capacidades técnicas, así como tribunales especializados en delitos de corrupción que impartan justicia con imparcialidad e independencia.

Es clave en el proceso anticorrupción contar con un sistema de justicia decidido a enfrentar el problema, pero también que pueda ser sostenido en el tiempo, es decir, que no funcione temporalmente, sino que opere de manera permanente; obviamente, también se requiere una sociedad civil vigilante y comprometida con estos procesos.

En el caso de Honduras se instaló con apoyo de la MACCIH  una fiscalía especializada denominada inicialmente Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que luego se reformó hacia la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO). Se integró por un equipo muy valioso de fiscales, forenses e investigadores, siendo que, pese a penosas circunstancias ocurridas que acabaron con el desmontaje de la Misión Internacional, muchos continúan aún en sus puestos; también debe referirse que en la actualidad la UFERCO se encuentra debilitada en cuanto a recursos, sin apoyo logístico y técnico, según he podido constatar personalmente en una reciente visita, realizada en enero de 2023.

El proceso anticorrupción hondureño, aunque corto e interrumpido abruptamente, dejó lecciones aprendidas, como que se requiere una fiscalía robusta que tenga la capacidad de investigar casos con independencia y que pueda contar con una Fiscalía General que no se entrometa en sus facultades y, contrariamente, que apoye el trabajo de los fiscales a cargo, brindando los recursos necesarios y defendiendo la autonomía institucional. La tarea del Fiscal General debiera consistir en alejar a la UFERCO  y a todos los fiscales del país, de indebidas presiones externas e internas y del control político, uno de los elementos principales en la ampliación de las espirales de impunidad en el país.

Debe precisarse que el proceso político de Honduras tiene mucho que ver con la manera en que se enfrenta la corrupción, siendo ello una aspiración de la población. De hecho, una de las principales promesas del gobierno de la presidenta Xiomara Castro fue combatir la corrupción e instalar un mecanismo internacional con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas.

Naturalmente, si se busca instaurar una política pública de lucha contra la corrupción, es necesario establecer ciertos parámetros y ajustes institucionales para lograr que el sistema de justicia pueda funcionar en términos de independencia y que se brinde al Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría General los medios para que puedan realizar un trabajo eficaz para evitar la impunidad.

Desafortunadamente, la politización de la justicia en Honduras ha sido un problema histórico  que se explica por la incidencia directa de los partidos políticos en las entidades de justicia. El país ha tenido una vieja tradición de bipartidismo que acabó hace algunos años y, desde antiguo, los partidos han tenido una injerencia directa en el proceso de designación de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, buscando mediante cuotas políticas designar a personas afines que puedan responder a directrices partidarias. Desde mi presencia en el país a cargo de la MACCIH  advertimos que este es uno de los grandes desafíos que tiene el país para lograr que la justicia funcione de manera independiente e imparcial sometida solo a la Constitución y a la ley y con ello generar las condiciones para evitar la impunidad. Precisamente la corrupción busca impunidad a través de la penetración y control de las instituciones.

En ese sentido, es crucial que exista una preocupación para que se designe a personas idóneas a cargo del sistema de justicia, principalmente en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General, a fin de reducir la posibilidad de injerencia política. Recordemos que en Honduras la conformación de la Corte se renueva íntegramente eligiendo cada siete años a los 15 magistrados y magistradas por parte del Congreso Nacional, lo que de por sí constituye un diseño que facilita la negociación e intervención política de la judicatura y cuya reforma se ha advertido como necesaria en el marco de la MIO-Honduras.

Más compleja aún es la elección del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto por parte del parlamento, pues se requiere alcanzar un alto consenso político. Debe tenerse en consideración que el papel de estos altos funcionarios es crucial en relación al problema de impunidad, pues al ser el Ministerio Público titular de la acción penal, conforme al artículo 232 de la Constitución hondureña, no existe forma de procesar a una persona por corrupción sin la previa tarea de investigación y acusación que debe realizar el fiscal competente. Además, al interior del Ministerio Público de Honduras existe un diseño institucional particular que mediatiza la labor fiscal a la autorización de investigación por parte del Director de Fiscales, un funcionario de confianza del Fiscal General que opera en los hechos como un filtro  o “aduana” que da pase o impide que se pueda iniciar la acusación fiscal; a esto hay que agregar  el problema de carencias para el auxilio en la tarea fiscal, como el apoyo de forenses y analistas financieros, cruciales en el diseño de investigación de delitos de escenarios cerrados como es la corrupción.

Téngase en cuenta que es el Fiscal General quien tiene la atribución de designación de fiscales, así como su rotación o traslado  (geográfica y competencialmente), lo que puede afectar el principio de estabilidad reforzada en el cargo que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha extendido a los fiscales  (Caso Martinez Esquivia  vs. Colombia y Caso Casa Nina Vs. Perú) y a los estándares internacionales recogidos en las Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales.

De esta forma es necesario que exista un acompañamiento al proceso de elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, para que se pueda contar con un responsable del Ministerio Público que garantice que no habrá impunidad. Requiere, evidentemente, de la sociedad civil activa y de que exista un proceso de monitoreo ciudadano, debiendo tenerse en cuenta que si se quiere enfrentar la corrupción y que pueda instalarse en el país una misión internacional que coadyuve con esta política, se requiere un Fiscal General que brinde garantías de independencia y que conduzca al Ministerio Público a la realización de investigaciones y acusaciones eficaces.

Debe recordarse que en el modelo acusatorio que tiene Honduras existen roles determinados en el proceso penal, en donde es el Fiscal quien debe investigar y acusar de forma técnica y profesional, sin que exista la posibilidad de que los jueces puedan juzgar si no llegan casos sólidos por parte del Ministerio Público. Por eso, en el combate a la corrupción e impunidad es determinante que se cuente con una fiscalía presta a cumplir su deber constitucional; entonces, existe mucho en juego con la elección del futuro Fiscal General.

Apoyar a la UFERCO

Aunque aún existe y se mantiene la UFERCO, ésta se encuentra debilitada y debiera ser tarea del futuro Fiscal General robustecerla y que pueda estar preparada para investigar y acusar las redes de corrupción instauradas en el país. Seleccionar a la persona idónea como Fiscal General de Honduras permitirá generar el ámbito de confianza para que se instale una misión internacional como lo ha planteado el gobierno nacional. Una persona no idónea hará no solo más difícil la decisión por parte de las Naciones Unidas, sino que generará un ambiente adverso que se asumirá como una oportunidad perdida para el país. Como lo hemos reiterado públicamente, es mucho lo que se juega Honduras con esta elección. 

Debemos enfatizar que la labor futura de la Fiscalía General debiera ser apoyar a la UFERCO, potenciando así la estructura de combate contra la corrupción, siendo que capacidades existen, pero es necesario que los operadores de dicha unidad especial puedan contar con el respaldo institucional y ser protegidos contra injerencias indebidas. Téngase en cuenta que, si bien Honduras requiere una profunda reforma de su sistema de justicia, esta puede tomar muchos años, por lo que se debiera apostar, mientras eso se realiza, con la constitución de equipos de élite en la fiscalía, conforme lo ha demostrado la experiencia comparada en Guatemala, Perú y Brasil, en donde son pequeños grupos unidos y muy comprometidos los que llevan adelante estos procesos. En ese sentido la UFERCO es la entidad que puede seguir liderando esta tarea y lograr los objetivos que espera la sociedad hondureña para enfrentar a los corruptos; pero, se debe comprender que estamos en un momento crucial en donde se juega el futuro del sistema anticorrupción.

Naturalmente, se requieren los  ajustes normativos  que propuso la MACCIH en el 2016: la Ley de Colaboración Eficaz o delación premiada. Entregada al Congreso desde ese año, la iniciativa ha tenido resistencias al interior del Congreso y de la clase política, pues se sabe que este instrumento ha producido importantes resultados en modelos penales como el norteamericano, italiano, brasileño y peruano, para poder desarticular redes de corrupción. De hecho, la aprobación de esta ley que aún está pendiente en el Congreso, es una de las condiciones incluidas en el memorando de entendimiento que la Organización de Naciones Unidas envió al gobierno para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Hay que tener en cuenta que la institucionalidad anticorrupción en Honduras comprende diversos órganos de investigación dentro del Ministerio Público. Si  bien la UFERCO es la más conocida por su enfoque estratégico de redes de corrupción, existe también la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), cuya tarea es investigar casos de corrupción a nivel nacional, contando con dependencias regionales en distintas ciudades del país. Además, también está la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), que trabaja en investigaciones de casos complejos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Unidad de Altos Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, dedicada a los casos contra ministros, diputados, magistrados, jueces, entre otros.

Lo que expresa este diseño institucional es que las diversas unidades de la fiscalía requieren ser consideradas desde un enfoque estratégico, pues la corrupción invade distintas esferas públicas, desde las más complejas conocidas como “redes de corrupción”, hasta aquellas que son de la cotidianeidad y que afecta al ciudadano común con pagos de sobornos  para licencias municipales o para tener acceso a servicios básicos como salud o educación. Si bien éstas últimas no son igualmente lesivas respecto al conjunto social del país como lo puede ser la corrupción política que agravia el interés general, sí afectan directamente derechos humanos de la población, los que son impedidos de ser cumplidos por el Estado si no se abonan sobornos. Así, conseguir una cama de hospital, recibir medicinas, obtener una matrícula en una escuela, entre otros aspectos, implican barreras de acceso causadas por la corrupción, por lo que es preciso que la política criminal que debe configurar la Fiscalía General de Honduras tenga en cuenta la diversa casuística en esta materia, debiendo configurarse una política de tolerancia cero sobre este fenómeno.

El enfoque de la gran corrupción se cubre con UFERCO  como una Fiscalía especializada en redes de corrupción, que son estructuras público-privadas instaladas para desviar fondos y apropiarse de forma ilegal de recursos que pertenecen a la nación. Se tratan de organizaciones clandestinas que suelen conectarse con otros grupos criminales organizados dedicados al narcotráfico, el lavado de activos, trata de personas, tráfico de armas, entre otros delitos.

El modelo desarrolla competencias para que sea la propia UFERCO la que determine los casos que asume, así como de aquellos delitos conexos que se adhieren a los principales, lo que es un asunto importante, pues la Fiscalía General puede, precisamente a partir de la conexidad de delitos, variar las competencias y sustraer los casos hacia ámbitos distintos. Pero hasta el momento, se ha determinado que los delitos de corrupción son los principales si hay conexidad con otros, siendo así que será la propia UFERCO la que lo determine; esto es así por la gravedad de los hechos y por la gran corrupción que existe. Nuevas políticas de determinación de competencia de las fiscalías que está a cargo del Fiscal General puede cambiar este criterio y eso es un riesgo que la nueva persona debe despejar.

Hay que considerar que en materia de delitos de corrupción debiera existir un compromiso por parte de quienes asuman el liderazgo del Ministerio Público, para que este proceso se enfatice y que pueda aportarse hacia un fortalecimiento institucional. Debe comprenderse que asumir esta tarea no solo es una obligación que busca legitimar el interés general de un país que exige cambios en el modo de ejercer la función pública, sino que aporta al fortalecimiento de la democracia hondureña, pues la corrupción la debilita al ahondar el abismo entre la sociedad y el Estado.

Sobre el futuro proceso de elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto

Conforme a lo estipulado por el artículo 233 de la Constitución de Honduras el Fiscal General y Fiscal General Adjunto, “serán electos por el Congreso Nacional para un período de cinco años, con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de sus integrantes, de una nómina de cinco candidatos seleccionados por una Junta Proponente, integrada en los términos que dispone la Ley.”

Además, la Constitución hondureña exige que ambos altos funcionarios del Ministerio Público, sean seleccionados de entre cinco candidatos presentados por una Junta Proponente. Se requiere según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para cada caso el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros del Congreso; se trata de una similar votación que se exige para la Corte Suprema de Justicia.

La MIO-Honduras, en sus informes sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en sus comparecencias públicas, enfatizó que existen ciertos estándares internacionales que deben tenerse en cuenta en la elección de operadores de justicia, implicando garantizar la igualdad de condiciones de las y los candidatos, sin discriminación, privilegios, ni desventajas. Asimismo, que estas designaciones deben realizarse de forma meritocrática, considerado idoneidad técnica e integridad, lo que implica que no debe elegirse a personas cuestionables.

Un acertado comunicado de junio de 2023, realizado por importantes organizaciones internacionales de la sociedad civil como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación del Debido Proceso (DPLF), Human Rights Watch (HRW), Latin America Working Group (LAWG), Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), enfatiza que la Junta Proponente que llevara adelante este proceso debe garantizar independencia y transparencia en la elección de Fiscal General y que el Congreso debiera acatar lo dispuesto por ésta, debido los antecedentes que existe en el país.

Recomendaciones

El proceso de elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto que se llevará a cabo debe considerar el momento que atraviesa el país y tomar decisiones coherentes respecto al discurso político que refiere a la corrupción como una política prioritaria del gobierno nacional.

En virtud a lo señalado, es recomendable tener en cuenta lo siguiente:

1. El Congreso Nacional debe proceder a respetar lo establecido en la Constitución y la ley para que proceda la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto y recibir una nómina de cinco finalistas provenientes de un proceso de selección que lleve a cabo una Junta Proponente.

• Debe respetarse los estándares interamericanos vinculados a la igualdad de condiciones de las y los candidatos, no discriminación, privilegios, ni desventajas y considerar la meritocracia, transparencia, participación de la sociedad civil (veeduría), idoneidad técnica e integridad.

• Puede ser importante lograr que las y los candidatos expresen su respeto por los avances existentes en la lucha contra la corrupción y, particularmente, que se comprometan a fortalecer la UFERCO y brindarle las facilidades y darles la cobertura y protección que requieran, para evitar indebidas injerencias futuras.

• Es recomendable que se promuevan ajustes institucionales para evitar las barreras burocráticas que existen y que determinan que se deba autorizar desde la Dirección de Fiscales la promoción de investigaciones y acusaciones, para que se cumpla lo establecido en artículo 232 de la Constitución, es decir, que estas sean decisiones a cargo del fiscal de investigación.

• Un compromiso que debe explicitarse por las y los candidatos es que en caso de ser elegidos/as como Fiscal General o Adjunto, apoyarán la instalación y funcionamiento  de una futura Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), en caso se formalice el acuerdo con las Naciones Unidas.

• El proceso de elección del Fiscal General debiera ser acompañado por la veeduría ciudadana nacional e internacional, como ha sido la reciente elección de magistrados/as de la Corte Suprema de Honduras. Aunque es poco el tiempo, se requiere que existan miradas sobe el proceso.

* Exvocero de la MACCIH y exmiembro de la Misión Internacional de Observación del Proceso de Selección de Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia en Honduras (MIO-Honduras). Desde el 1 de junio asumió el cargo de Embajador del Perú ante la República de Costa Rica.

Imagen: Poder Judicial de Honduras vía Facebook.