Eric L. Olson
Juan Jiménez ha renunciado. Su renuncia representa otro duro golpe a los incipientes esfuerzos por combatir la corrupción en Honduras, a la reputación de la OEA y, en última instancia, a la del propio gobierno de Honduras. ¿El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se moverá rápidamente para reparar esta herida auto-infligida? ¿O se inclinará ante las continuas presiones del gobierno hondureño para socavar a Jiménez y la misión de la OEA?
Katerina Parsons
Con políticos en los bolsillos de los narcotraficantes y cientos de millones de dólares robados de las arcas del gobierno, Honduras ha estado atormentada por las acusaciones de corrupción rampante, enriquecimiento ilícito y crimen organizado.
Joaquín A. Mejía
Las recién aprobadas reformas penales deben situarse en un contexto marcado por cuatro características fundamentales para entender la realidad hondureña: Primero, el control y sometimiento de la institucionalidad democrática al Poder Ejecutivo; segundo, el deslizamiento de la toma de decisiones en materia de seguridad y justicia desde el Congreso Nacional hacia el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más que un órgano de coordinación de poderes e instituciones, se ha convertido en un supra gobierno presidido por el Presidente Juan Orlando Hernández.
Joaquín Mejía
Abogado, académico y defensor de derechos humanos
La opinión de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la opinión de DPLF.
La reciente inscripción de la candidatura del presidente Juan Orlando Hernández por parte del Tribunal Supremo Electoral hondureño no puede entenderse sin el contexto de subordinación y control casi absoluto de la institucionalidad democrática por parte del Poder Ejecutivo, desde la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, hasta las Fuerzas Armadas.
Daniel Cerqueira
Oficial de Programa Sénior de DPLF
En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, jefes de Estado y altas autoridades siguen el ritual iniciado por la ONU y participan de solemnidades para homenajear a los pueblos indígenas. Organismos internacionales realizan sesiones especiales y sus comités especializados emiten comunicados para recordar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque dicha costumbre es replicada desde hace varios años en los países de América Latina, no hay muchas razones para celebrar el 9 de agosto este año.
Laura Palmese
Pasante en DPLF
Desde el asesinato de Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015, los ojos de la comunidad internacional no han parpadeado ante la situación que viven los defensores del ambiente y los derechos humanos en Honduras. Entre otras declaraciones, Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness dijo que “por primera vez, grupos ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, colectivos de lucha contra la corrupción, grupos de derechos indígenas, periodistas y grupos de derechos de las mujeres, se unieron en indignación.”
Por: Laura Palmese H.
Pasante DPLF
Mientras se desarrolla el II Congreso Internacional de Minería en Honduras, hoy 13 de julio de 2016, el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Minería continúa durmiendo el sueño de los justos. Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios presentaron el recurso hace más de dos años ante la Corte Suprema de Justicia. La oposición a la política de puertas abiertas a la industria extractiva sin salvaguardas ambientales y sociales ya había iniciado mucho antes, en particular por las comunidades afectadas por los proyectos concesionados a lo largo del país. Por eso, durante el llamado proceso de “socialización” de la propuesta de ley, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron ampliamente las mejoras y correcciones que debían hacerse. Sin embargo, el Congreso Nacional hizo oídos sordos al clamor popular y aprobó la Ley como quiso.
