Naomi Roht-Arriaza**

¿Quiénes son las víctimas de la gran corrupción?  Hasta hace poco, la respuesta solía ser “nadie” o, en el mejor de los casos, el propio Estado.  Pero, especialmente con la llegada de un enfoque de la corrupción desde los derechos humanos en los sistemas internacionales de protección, tanto interamericano como de las Naciones Unidas, esa percepción está cambiando lentamente.  La gran corrupción afecta toda la gama de derechos humanos de individuos y de grupos.  Cuando se violan estos derechos, los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de investigar, perseguir, procesar y otorgar reparación.  La Convención de la ONU contra la Corrupción refleja el requisito de acceso a la justicia en su artículo 35.

Sin embargo, los tribunales nacionales se han mostrado reacios a reconocer los derechos de quienes han sufrido daños, ya sea para participar en los procesos judiciales relacionados con la gran corrupción o para ser reconocidas como víctimas que deben ser reparadas.  En parte, la reticencia se debe a las dificultades que crea la doctrina jurídica para establecer el vínculo causal entre un acto específico de corrupción y el daño a una persona o grupo concreto. Para crear la misma “cascada de justicia” que se aprecia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas de la corrupción deberían poder solicitar reparación mediante una acción penal o civil, sea como individuos o comunidades o a través de organizaciones que los representen.  Cuando un fiscal haya presentado cargos, las víctimas deberían poder, como en Francia y España, participar plenamente en el proceso.