Election workers look at a ballot during a partial recount of presidential and congressional elections in Tegucigalpa, Honduras, Tuesday, Dec. 5, 2017. The head of the election tribunal has not declared a winner for the Nov. 26 presidential elections. (AP Photo/Fernando Antonio)

El riesgo de elecciones generales sin justicia electoral en Honduras

Rafael Jerez*

El post 2017 en el sistema electoral

Las últimas elecciones generales celebradas en Honduras el 26 de noviembre de 2017 estuvieron marcadas por la tensión constitucional por motivo de la reelección presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, calificadas de ¨muy baja calidad técnica y carente de integridad¨ por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro[1], y en las que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se registraron por lo menos 23 fallecidos en un contexto postelectoral de graves violaciones a los derechos humanos[2].  

Partiendo de este escenario, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y de organizaciones de la sociedad civil se promovió un proceso de reforma integral del sistema electoral. En diciembre de 2018, una misión de expertos en materia electoral de la OEA presentó un compendio de propuestas de reforma electoral al Congreso Nacional, una de las principales fue la separación institucional de la administración electoral y la resolución de los reclamos que se deriven de los procesos electorales y de la democracia interna de los partidos políticos[3].

Después de 15 años de vigencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como organismo encargado de organizar los procesos electorales y resolver reclamos como instancia administrativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como máxima autoridad judicial en materia electoral, el 24 de enero de 2019 el Congreso Nacional reformó la Constitución de la República dando creación a un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Con esta reforma, el CNE asumió las competencias administrativas en materia electoral y el TJE la condición de máxima autoridad en materia de justicia electoral formando parte orgánica del Poder Judicial.

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La libertad de expresión de jueces, juezas y fiscales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ursula Indacochea*

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos coinciden en la íntima conexión de la libertad de expresión y la democracia[1]. Por su importancia para la construcción de sociedades plurales, la formación de la opinión pública libre y el ejercicio de otros derechos (como el derecho a participar en los asuntos públicos), tales sistemas exigen que cualquier limitación a la libertad de expresión sea rigurosamente examinada y supere un análisis estricto de validez. 

Los jueces, juezas y fiscales, al igual que los demás ciudadanos, también gozan del derecho a expresarse libremente, y estas expresiones tienen una especial relevancia cuando se refieren a asuntos de interés público. La libertad de expresión de las y los operadores de justicia, además, tiene varios puntos de contacto con la garantía de la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. En esta oportunidad me referiré a dos de ellos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este tema. 

El primer punto de contacto se produce cuando se imponen sanciones disciplinarias a jueces y fiscales por el ejercicio de su libertad de expresión, lo que tiene un efecto directo sobre la garantía de estabilidad reforzada que se deriva del principio de independencia judicial. El segundo punto de conexión se refiere a la libertad de expresión como un mecanismo de los propios jueces para la defensa o protección de su independencia frente a posibles presiones externas (o internas).

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The significance of the Engel list: against corruption and in defense of democracy

Katharine Valencia*

Adapted from an article originally published on Revista Factum.

Spanish version available here.

There has been much attention to the “Engel List” in Central America in recent weeks. The list of corrupt and undemocratic actors published by the US Department of State on July 1 was highly anticipated, especially after a list of corrupt Central American officials requested by Congresswoman Norma Torres was published in May. With the Torres list paving the way, a total of 55 individuals from El Salvador, Guatemala, and Honduras were included on the Engel List, including high-level judges, members of Congress, and (in the case of El Salvador) presidential administration officials. 

Many of those placed on the list or associated with those named have sought to downplay its importance or asserted a lack of evidence against them. But what does inclusion on the Engel list actually mean? How important is it from the US perspective and what weight does it have? 

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La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la «Lista Engel» en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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The Root of the Problem: Our Recommendations to the Biden Administration for Tackling Corruption in Central America’s Northern Triangle

Ursula Indacochea* and Katharine Valencia**

Versión en español aquí.

President Joe Biden’s Administration has been very clear that one of its top priorities is addressing the massive migration of people to the United States, mostly from Honduras, Guatemala, and El Salvador. Biden has opted to distance himself from the human rights-violating policies and the hostile and criminalizing narrative of his predecessor in office, Donald Trump; and instead, has promised a humanitarian approach and effective measures to attack the real underlying problems: insecurity, hopelessness and lack of opportunities and welfare in the countries of origin, which force people to migrate. 

This “root causes strategy» is being constructed with the involvement of several agencies, and rests on a sound premise: the need to understand the structural nature of the causes of migration, and that these causes cannot be resolved either in the short term or solely with the transfer of financial resources to governments. Where to begin, then, in addressing these issues?

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Selección adversa: el apoyo de la sociedad civil para la elección de jueces y fiscales honestos en Guatemala, Honduras y El Salvador*

Kristen Sample**

El 26 de enero de 2021, Mynor Moto fue elegido por el Congreso de Guatemala para cubrir una vacante en la Corte de Constitucionalidad a pesar de estar siendo investigado por una unidad de élite de la Fiscalía.  La sociedad civil fue enfática en sus críticas a Moto y al proceso de selección. El nuevo gobierno de Estados Unidos también se pronunció, afirmando que la presencia de Moto en la Corte «amenaza el estado de derecho… y debilitaba la integridad de la Corte».  

La toma de posesión de Moto fue bloqueada gracias a la orden de arresto emitida a pedido de los fiscales el 1 de febrero. Optó por huir en lugar de responder a los cargos que se le imputaban. 

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Corruption on the Gualcarque River — Will Its Victims Have their Day in Court?

Naomi Roht-Arriaza**

Who are the victims of grand corruption?  The answer used to be “no one” or, at best, the state itself.  But especially with the advent of a human rights approach to corruption in the Inter-American and United Nations human rights systems, that perception is slowly changing.  Grand corruption affects the full range of human rights of individuals and groups.  When rights are violated, states have an obligation under international law to investigate, prosecute, and provide redress.  The UN Convention Against Corruption mirrors this requirement in Article 35. 

And yet national courts have been reluctant to recognize the rights of those who have suffered damage — either to participate in proceedings involving grand corruption or to recognize them as victims due compensation.  In part, the reluctance stems from difficulties legal doctrine creates for establishing the causal link between a specific act of corruption and harm to a specific person or group.   To create the same “justice cascade” as in human rights cases, corruption victims should be able to seek relief through either a criminal or civil action and as either individuals or communities or through representative organizations.  Where a state prosecutor has brought charges, victims should be able, as they can in  France and Spain, to be full participants in the prosecution.      

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Fraude en el Río Gualcarque – ¿Tendrán las víctimas su día en los tribunales?*

Naomi Roht-Arriaza**

¿Quiénes son las víctimas de la gran corrupción?  Hasta hace poco, la respuesta solía ser «nadie» o, en el mejor de los casos, el propio Estado.  Pero, especialmente con la llegada de un enfoque de la corrupción desde los derechos humanos en los sistemas internacionales de protección, tanto interamericano como de las Naciones Unidas, esa percepción está cambiando lentamente.  La gran corrupción afecta toda la gama de derechos humanos de individuos y de grupos.  Cuando se violan estos derechos, los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de investigar, perseguir, procesar y otorgar reparación.  La Convención de la ONU contra la Corrupción refleja el requisito de acceso a la justicia en su artículo 35.

Sin embargo, los tribunales nacionales se han mostrado reacios a reconocer los derechos de quienes han sufrido daños, ya sea para participar en los procesos judiciales relacionados con la gran corrupción o para ser reconocidas como víctimas que deben ser reparadas.  En parte, la reticencia se debe a las dificultades que crea la doctrina jurídica para establecer el vínculo causal entre un acto específico de corrupción y el daño a una persona o grupo concreto. Para crear la misma «cascada de justicia» que se aprecia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas de la corrupción deberían poder solicitar reparación mediante una acción penal o civil, sea como individuos o comunidades o a través de organizaciones que los representen.  Cuando un fiscal haya presentado cargos, las víctimas deberían poder, como en Francia y España, participar plenamente en el proceso.     

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Honduras, where the «shield» against corruption has worked

CESPAD*

How are the corruption cases left by the MACCIH advancing before the Honduran courts? How much have the reforms to some laws approved by the deputies of the National Congress affected them? A brief and worrisome panorama shows that the «shielding» of corruption networks has worked in this Central American country.

To analyze the issue, the corruption case known as «Red de Diputados» becomes emblematic. In December 2017, the binomial formed by the Support Mission against Corruption and Impunity (MACCIH), and the Special Prosecutorial Unit against Impunity for Corruption (UFECIC, today called UFERCO), presented this case, initiating a criminal action against five deputies of the National Congress in collusion with three members of an NGO called the National Association of Producers and Industries of Neighborhoods and Colonies of Honduras (ANPIBCH), through which they illegally appropriated public funds that were intended for social projects.

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Honduras, donde el “blindaje” a la corrupción sí ha funcionado

CESPAD*

¿Cómo avanzan los casos de corrupción que dejó la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras? ¿Qué tanto han afectado las reformas a algunas leyes que aprobaron las y los diputados del Congreso Nacional? Un breve y preocupante panorama evidencia que el “blindaje” a las redes de corrupción sí ha funcionado en este país centroamericano.

Para analizar el tema, el caso de corrupción conocido como “Red de Diputados” se vuelve emblemático. En diciembre del 2017, el binomio conformado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, hoy llamada UFERCO), presentó este caso, dando inicio a una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), a través de la que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.

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