Corruption on the Gualcarque River — Will Its Victims Have their Day in Court?

Naomi Roht-Arriaza**

Who are the victims of grand corruption?  The answer used to be “no one” or, at best, the state itself.  But especially with the advent of a human rights approach to corruption in the Inter-American and United Nations human rights systems, that perception is slowly changing.  Grand corruption affects the full range of human rights of individuals and groups.  When rights are violated, states have an obligation under international law to investigate, prosecute, and provide redress.  The UN Convention Against Corruption mirrors this requirement in Article 35. 

And yet national courts have been reluctant to recognize the rights of those who have suffered damage — either to participate in proceedings involving grand corruption or to recognize them as victims due compensation.  In part, the reluctance stems from difficulties legal doctrine creates for establishing the causal link between a specific act of corruption and harm to a specific person or group.   To create the same “justice cascade” as in human rights cases, corruption victims should be able to seek relief through either a criminal or civil action and as either individuals or communities or through representative organizations.  Where a state prosecutor has brought charges, victims should be able, as they can in  France and Spain, to be full participants in the prosecution.      

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Fraude en el Río Gualcarque – ¿Tendrán las víctimas su día en los tribunales?*

Naomi Roht-Arriaza**

¿Quiénes son las víctimas de la gran corrupción?  Hasta hace poco, la respuesta solía ser “nadie” o, en el mejor de los casos, el propio Estado.  Pero, especialmente con la llegada de un enfoque de la corrupción desde los derechos humanos en los sistemas internacionales de protección, tanto interamericano como de las Naciones Unidas, esa percepción está cambiando lentamente.  La gran corrupción afecta toda la gama de derechos humanos de individuos y de grupos.  Cuando se violan estos derechos, los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de investigar, perseguir, procesar y otorgar reparación.  La Convención de la ONU contra la Corrupción refleja el requisito de acceso a la justicia en su artículo 35.

Sin embargo, los tribunales nacionales se han mostrado reacios a reconocer los derechos de quienes han sufrido daños, ya sea para participar en los procesos judiciales relacionados con la gran corrupción o para ser reconocidas como víctimas que deben ser reparadas.  En parte, la reticencia se debe a las dificultades que crea la doctrina jurídica para establecer el vínculo causal entre un acto específico de corrupción y el daño a una persona o grupo concreto. Para crear la misma “cascada de justicia” que se aprecia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas de la corrupción deberían poder solicitar reparación mediante una acción penal o civil, sea como individuos o comunidades o a través de organizaciones que los representen.  Cuando un fiscal haya presentado cargos, las víctimas deberían poder, como en Francia y España, participar plenamente en el proceso.     

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Honduras, where the “shield” against corruption has worked

CESPAD*

How are the corruption cases left by the MACCIH advancing before the Honduran courts? How much have the reforms to some laws approved by the deputies of the National Congress affected them? A brief and worrisome panorama shows that the “shielding” of corruption networks has worked in this Central American country.

To analyze the issue, the corruption case known as “Red de Diputados” becomes emblematic. In December 2017, the binomial formed by the Support Mission against Corruption and Impunity (MACCIH), and the Special Prosecutorial Unit against Impunity for Corruption (UFECIC, today called UFERCO), presented this case, initiating a criminal action against five deputies of the National Congress in collusion with three members of an NGO called the National Association of Producers and Industries of Neighborhoods and Colonies of Honduras (ANPIBCH), through which they illegally appropriated public funds that were intended for social projects.

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Honduras, donde el “blindaje” a la corrupción sí ha funcionado

CESPAD*

¿Cómo avanzan los casos de corrupción que dejó la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras? ¿Qué tanto han afectado las reformas a algunas leyes que aprobaron las y los diputados del Congreso Nacional? Un breve y preocupante panorama evidencia que el “blindaje” a las redes de corrupción sí ha funcionado en este país centroamericano.

Para analizar el tema, el caso de corrupción conocido como “Red de Diputados” se vuelve emblemático. En diciembre del 2017, el binomio conformado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, hoy llamada UFERCO), presentó este caso, dando inicio a una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), a través de la que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.

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Honduras: New Ministry of Transparency as an obstacle to the fight against corruption

AP photo/Moises Castillo, File

Mario Sorto*

Versión en español aquí

In 2020, corruption once again ranked as one of the country’s leading problems. Although corruption perception is on the rise, government efforts have focused not on resolving the problem, but rather on confronting corruption scandals with communication strategies and the creation of institutions that lack legitimacy.

The fight against corruption continues to be one of the main challenges facing Honduran society. But it also continues to be one of the main issues around which the efforts, actions, and resources of broad sectors of society can coalesce to find a solution to the multidimensional crisis the country is facing. However, the role of the authorities within the country’s institutional framework complicates this fight, as [many] of the [public] institutions are controlled by corruption networks that include actors from the public and private sectors and organized crime, as evidenced by the corruption cases unearthed by the MACCIH-UFECIC.[i]

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Honduras: el nuevo Ministerio de Transparencia como obstáculo para el combate a la corrupción

AP photo/Moises Castillo, File

Mario Sorto*

English version here

En el 2020, la corrupción se posicionó nuevamente como uno de los principales problemas de país, y aunque la percepción sobre este tema va cada vez más en aumento, los esfuerzos de la administración pública no han estado encaminados en resolver la problemática, sino, en confrontar los escándalos de corrupción con estrategias de comunicación y con la creación de instituciones con escasa legitimidad.

La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos que tiene la sociedad hondureña. Pero también sigue siendo uno de los principales temas alrededor del cual se pueden unificar esfuerzos, acciones y recursos de amplios sectores de la sociedad en busca de una salida a la crisis multidimensional que atraviesa el país. Sin embargo, el papel de las autoridades que forman parte de la  institucionalidad hondureña dificulta esta lucha pues [muchas] de las instituciones [públicas] están controladas por redes de corrupción integradas por actores del sector público, privado y por el crimen organizado, tal como lo evidenciaron los casos de corrupción develados por el binomio MACCIH-UFECIC [i].

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La OEA y Honduras: ¿cómo curar una herida auto-infligida?

Eric L. Olson

JUAN JIMENEZ POST

Juan Jiménez ha renunciado. Su renuncia representa otro duro golpe a los incipientes esfuerzos por combatir la corrupción en Honduras, a la reputación de la OEA y, en última instancia, a la del propio gobierno de Honduras. ¿El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se moverá rápidamente para reparar esta herida auto-infligida? ¿O se inclinará ante las continuas presiones del gobierno hondureño para socavar a Jiménez y la misión de la OEA?

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Las reformas penales como mecanismos de control social en Honduras

Joaquín A. Mejía

human hands in handcuffs

Las recién aprobadas reformas penales deben situarse en un contexto marcado por cuatro características fundamentales para entender la realidad hondureña: Primero, el control y sometimiento de la institucionalidad democrática al Poder Ejecutivo; segundo, el deslizamiento de la toma de decisiones en materia de seguridad y justicia desde el Congreso Nacional hacia el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más que un órgano de coordinación de poderes e instituciones, se ha convertido en un supra gobierno presidido por el Presidente Juan Orlando Hernández.

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Consumado el rompimiento del orden constitucional en Honduras

Joaquín Mejía

Abogado, académico y defensor de derechos humanos

La opinión de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la opinión de DPLF.

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La reciente inscripción de la candidatura del presidente Juan Orlando Hernández por parte del Tribunal Supremo Electoral hondureño no puede entenderse sin el contexto de subordinación y control casi absoluto de la institucionalidad democrática por parte del Poder Ejecutivo, desde la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, hasta las Fuerzas Armadas.

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