Daniel Kempken*

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Se necesita una tríada de instituciones estatales fuertes, articulación de la sociedad civil y apoyo internacional. Entre los instrumentos más eficaces se incluyen las acciones contra el lavado de dinero, la extinción de dominio ilegalmente adquirido y exponer públicamente las actividades delictivas y la infiltración en las instituciones estatales. 

En los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente que los países latinoamericanos están bajo la amenaza del crimen organizado. En muchos casos, instituciones estatales están siendo infiltradas. Este fenómeno va de la mano con un aumento extremo del narcotráfico. La producción mundial de cocaína se ha duplicado en los últimos 10 años, con América Latina desempeñando un papel prominente. Un ejemplo destacado es Ecuador, que hace apenas cinco años era considerado un país estable y relativamente seguro. Incluso en países con bajos niveles de corrupción, como Costa Rica y Chile, se observan tendencias preocupantes.

Ante esta realidad, surge la pregunta sobre qué requisitos mínimos deben cumplirse para luchar contra el crimen organizado y la infiltración estatal en todo el subcontinente.

Instituciones estatales fuertes y eficaces pueden realizar una buena labor de prevención, así como ejercer una gran presión investigadora y reducir la impunidad. Son un elemento clave en la lucha contra la delincuencia organizada. En consecuencia, el crimen organizado trata de debilitar dichas instituciones y, si es posible, infiltrar en ellas al mayor número posible de personas de su confianza. 

En casos extremos, como el de la llamada Grand Corruption (gran corrupción), se produce una colaboración entre organismos gubernamentales, empresas corruptas y el crimen organizado. Cuanto más avanzado está un proceso de este tipo, más complicado resulta para los gobiernos, parlamentos u órganos judiciales íntegros tomar medidas contra las fuerzas criminales. El gobierno del nuevo presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, que asumió el cargo con una clara agenda anticorrupción, se enfrenta a esta gran resistencia delictiva.

A nivel institucional, es esencial implementar requisitos mínimos en procedimientos de selección de jueces, juezas y fiscales. Personas juzgadoras y responsables en los puestos clave de la persecución penal deben ser nombradas únicamente sobre la base de criterios objetivos de méritos, integridad, confiabilidad y capacidad. Debe encontrarse un procedimiento que excluya tanto la influencia política como la influencia de grupos de interés o, en el peor de los casos, de la delincuencia organizada. 

Se debe reforzar la independencia y las capacidades de las instituciones judiciales que actúan con integridad. Esto significa crear o mantener un marco jurídico adecuado que garantice la independencia judicial y la persecución penal. La independencia y la integridad son principios clave del poder judicial, y deben reforzarse mutuamente para prevenir el riesgo de corrupción dentro del mismo. En los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial existe un conjunto de normas internacionales sobre integridad judicial que deben aplicarse.

El caso de las cárceles ecuatorianas demuestra que estas no sólo pueden degenerar en mundos paralelos y escuelas del crimen; también pueden convertirse en centros de mando del crimen organizado. Por lo tanto, es de suma importancia que las cárceles se gestionen de manera eficiente y libre de influencias externas.

Cuanto mayor es la influencia del crimen organizado en un estado, más se necesita la clara articulación y presión de parte de la sociedad civil. En la medida en que los principios democráticos no estén suspendidos de jure o de facto por una autocratización del sistema político, las ciudadanas y ciudadanos pueden enviar una señal clara contra la corrupción y la infiltración del estado con sus votos en las elecciones, como sucedió en Honduras en 2021 y en Guatemala en 2023. 

La presión de las calles puede influir positivamente en el desarrollo político, como se pudo observar durante la toma de posesión del presidente Arévalo, o en los procesos de establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). A través de observatorios creados por organizaciones de la sociedad civil se puede crear transparencia. Los desarrollos erróneos pueden contrarrestarse creando conciencia pública en cuanto a actuaciones de corrupción o infiltración de instituciones del estado. 

Las sociedad civil también pueden dar voz a las víctimas de la corrupción y de la delincuencia organizada. Esto puede desempeñar un papel especialmente importante cuando las medidas del estado contra el crimen organizado suponen al mismo tiempo una amenaza concreta para los principios del estado de derecho y los derechos humanos, lo que se puede observar actualmente en El Salvador.

La política de mano dura con un enfoque más diferenciado del gobierno ecuatoriano muestra lo difícil que es encontrar el equilibrio adecuado entre la necesaria represión del crimen organizado y el respeto de los derechos humanos. La obligatoriedad internacional de los derechos humanos debe incluirse como un criterio necesario en el catálogo de requisitos mínimos para combatir la delincuencia. 

El apoyo de la comunidad internacional es especialmente importante en los casos de infiltración avanzada de un estado. Puede tratarse de apoyo político, como lo necesita actualmente el nuevo presidente guatemalteco. La cooperación internacional también puede amparar reformas y enjuiciamientos en el ámbito del derecho penal mediante su asesoramiento, la presencia internacional o su participación en juicios. El modelo más amplio es la propuesta de una Corte Internacional Anticorrupción, que garantizaría la independencia de las juezas y jueces. Sin embargo, no es muy probable que un tribunal de este tipo pueda establecerse a corto plazo. Las misiones híbridas como la CICIG, la MACCIH o la posible CICIH para Honduras también defienden la independencia y la integridad del poder judicial en los procesos penales necesarios.

En los últimos años, se ha reconocido ampliamente que la lucha contra el lavado de dinero junto con la extinción de dominio son medidas eficaces de combatir la corrupción y el crimen organizado. Los activos adquiridos mediante actividades ilícitas son el talón de Aquiles de la delincuencia organizada. Por ello, el dinero debe rastrearse en las investigaciones penales. Los instrumentos de investigación financiera y de la incautación de bienes deben estar disponibles y ser utilizados. 

Los gobiernos de países particularmente afectados e infiltrados por la delincuencia organizada pueden encontrarse ante un dilema. Si la economía y las inversiones dependen en una medida significativa de activos adquiridos ilegalmente, medidas coherentes contra el lavado de dinero pueden perjudicar el desarrollo económico del país y causar descontento entre la población. Se plantea la cuestión de la voluntad política de tomar medidas serias contra el blanqueo de dinero. Tomando en cuenta dicha situación, será útil que existan instituciones fuertes, honestas e independientes que puedan llevar a cabo investigaciones, persecución penal y confiscaciones de dominio ilícito.

Especialmente en la persecución de los delitos de corrupción y lavado de dinero, es esencial mejorar la cooperación con diversas instituciones ajenas a la persecución penal propiamente dicha, como las autoridades de supervisión bancaria o financiera, oficinas de auditoría o tribunales de cuentas. Debido a la naturaleza transnacional de los flujos de dinero, la asistencia jurídica y la cooperación internacional adquieren especial importancia.

El instrumento de la colaboración eficaz ha demostrado ser muy útil. Además, hay que encontrar formas de proteger eficazmente a las y los fiscales y juezas y jueces, que a menudo están gravemente amenazados. 

Todavía no ha sido posible implementar en ningún país una estrategia universal e integral contra el crimen organizado y la infiltración en las instituciones estatales. Es imprescindible un análisis concreto y multidisciplinar en los países afectados. Éste debe determinar también cuáles de los elementos mínimos mencionados son aplicables. El punto de partida suele ser una tríada de instituciones estatales fuertes, la articulación de la sociedad civil y el apoyo internacional. 

Siempre es útil crear transparencia y hacer visibles las maquinaciones concretas de la delincuencia organizada, con sus consecuencias a menudo drásticas. Esto se aplica igualmente a los casos de infiltración en las instituciones estatales de personas que representan intereses privados o que incluso quieren promover intereses criminales en el poder legislativo, ejecutivo o jurisdiccional. Aquí, deben ser nombrados lo más claramente posible tanto el caballo cómo los caballeros criminales, como se dice en un modismo alemán.

* Daniel Kempken es consultor independiente sobre cuestiones relacionadas con el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. De 2017 a 2019, fue jefe de la Unidad de Gobernanza, Democracia y Estado de Derecho del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Anteriormente desempeñó diversas funciones en la cooperación gubernamental y la diplomacia alemanas.

Imagen de portada: AP Photo/Fernando Llano