Claudio Nash (Ph.D.)*
Durante años, Chile ha destacado en los rankings latinoamericanos por su baja percepción de corrupción. Esto ha generado un riesgo evidente, cual es, que las instituciones y la ciudadanía no han estado lo suficientemente alertas para combatir situaciones de evidente corrupción, como ha sido la corrupción política y, ahora, la corrupción judicial.
Estefania Medina y Adriana Greaves*
Si el día de hoy alguien entrara a nuestra casa y se llevara todas nuestras pertenencias, o si estuviéramos caminando por la calle y una persona nos atacara con un arma de fuego para quitarnos la bolsa o el celular, pareciera que es muy fácil identificar de qué clase de delitos se trata y quiénes son las víctimas que sufren el daño causado por estos hechos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona o un grupo de personas desvían miles de millones de recursos públicos que estaban destinados a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, y a la educación, de sectores vulnerables como adultos mayores o niños? ¿Quiénes pueden ser identificados como las víctimas de la corrupción?
José C. Ugaz S.M.*
Después de aprobarlo el 6 diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha publicado hace pocas semanas atrás el informe temático titulado “Corrupción y derechos humanos”.
Tal como lo señala en su introducción, el informe pretende “…dar cuenta del impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente, para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente.”
Claudio Nash*
El tema de la corrupción ha ido ganando un espacio propio en la discusión de derechos humanos (DDHH) a nivel internacional y el Informe sobre “Derechos Humanos y Corrupción” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el esfuerzo más completo de abordaje integral del tema que haya hecho por un organismo internacional a la fecha.
Daniel Vázquez*
América Latina ha pasado por largos procesos de transición a la democracia, comenzando con República Dominicana y Ecuador en 1978, Perú (1980), Honduras (1981), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Guatemala, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay y Panamá en 1989, Chile (1990) y México (2000). Como resultado de esta ola transicional, hubo una gran expectativa en que estos procesos de democratización tuvieran un impacto positivo en la disminución de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, entre otras cosas, porque la élite político-económica de la región utilizó prácticas no constitucionales para obtener el poder político. En consecuencia, los golpes de Estado, fueron y hoy en día son en algunos países de la región, una práctica común que desvió la atención de los Estados sobre la necesidad de consolidar y dotar de calidad los procesos democráticos, esto es, construir un sólido Estado de Derecho, elaborar pesos y contrapesos con órganos realmente autónomos, priorizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental y, especialmente, hacer de la distribución igualitaria de recursos económicos y políticos el principal objetivo de gobierno para generar sociedades políticas más horizontales.
Luis Pásara*
Hace pocos días, en Italia fiscales y jueces contribuyeron decisivamente al descalabro de Matteo Salvini cuando dispusieron, primero, que los náufragos rescatados por el barco de la ong catalana Proactiva Open Arms debían desembarcar, abriéndosele proceso al ministro Salvini por el delito de secuestro, y luego, que el barco podía volver a navegar libremente. Las desautorizaciones que la justicia dictó respecto de las decisiones de Salvini abrieron la vía para que otros dos partidos pactasen formar gobierno, desplazando al líder ultraderechista.
Cruz Silva del Carpio*
El mundo nos mira. Somos el país de Suramérica que a pesar de los constantes ciclos de bonanza económica y de robo sistemático de sus ganancias, como nos lo recordó Alfredo Quiroz, está a punto de someter a la justicia a uno de sus eternos personajes políticos. Justamente, el más escurridizo ante la justicia: Alan García.
Victoria Amato*
“Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible.” Así se tituló la Declaración de Líderes del G20 consensuada durante la reunión del G20 que se realizó en Argentina. La agenda de la cumbre se centró en el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Se trataron también asuntos relativos al desarrollo, la industria y el comercio mundial, se realizaron numerosas reuniones bilaterales y se firmaron importantes acuerdos comerciales entre países. Hubo un tema, sin embargo, que apenas rozó la agenda oficial. La lucha contra el flagelo de la corrupción quedó para el anteúltimo párrafo del documento: “Mantenemos nuestro compromiso para prevenir y combatir la corrupción, y liderar con el ejemplo,” manifestaron tibiamente los mandatarios de las principales naciones del mundo. El reclamo de la sociedad civil no fue escuchado en su totalidad y todo culminó con viejos compromisos no implementados y nuevas promesas anticorrupción.
Gonzalo Salas*
¿Es que acaso no vemos que el Perú está tomado por el crimen organizado? Operadores mediáticos de los grupos económicos y políticos implicados en el caso Odebrecht en este país, propagan a los cuatro vientos que el Fiscal Anticorrupción José Domingo Pérez (el No. 1 del Equipo Especial Lava Jato) está parcializado contra Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular (actualmente en prisión preventiva), en el proceso judicial que se le sigue por el delito de lavado de activos (en un caso conocido como “Los cócteles de Fuerza Popular” en el que se habría disfrazado dinero ilícito que provendría de la constructora brasilera Odebrecht, bajo la forma de donaciones fantasma para la campaña política presidencial en el año 2011). Acto seguido, entra en escena el Fiscal de la Nación del Perú, Pedro Chávarry, amenazando con remover a Pérez del caso.
Xenia Hernández*
En septiembre de 2018, el expresidente de El Salvador entre los años 2004 y 2009, Elías Antonio Saca, fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal penal, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Deberá devolver al Estado $260 millones de dólares, de los $301 millones a los que, según investigaciones periodísticas, ascendería lo sustraído. El caso ha estado en el centro de la atención pública, ya que esta es la primera vez en la historia salvadoreña que un exmandatario recibe una condena por actos de corrupción realizados durante su administración[1]; pero también por los cuestionados resultados del trabajo de investigación y persecución penal de la Fiscalía General de la República (FGR).
