Lucía Chávez*
La corrupción es definida por la organización Transparencia Internacional como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”. Esta misma organización define la corrupción a gran escala como los “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.” [1]
Es de conocimiento y reconocimiento público los extremos a los que ha llegado la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado, y las consecuencias para los derechos humanos de los actos criminales que se cometen con motivo de esas alianzas. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos[2], es claro en identificar estos nexos a partir del estudio del caso Ayotzinapa. Pero otro caso muy claro en donde se conjugan corrupción, crímenes atroces y manifiestos[3], que al ser cometidos por el propio gobierno constituyen violaciones a los derechos humanos y que además gozan de total impunidad, es el caso de Nayarit, en México.
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