La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción. 

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa: Reflexiones en torno a la próxima elección

Evelyn Villarreal Fernández*

Costa Rica atraviesa por uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente. En este período el Ministerio Público (MP) ha sido cuestionado por su efectividad en casos de alto perfil anteriores y, sin duda, será sometido a un fuerte escrutinio en el desarrollo del caso más reciente denominado “Cochinilla“. En medio de esta investigación, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio se acogió de inmediato y anticipadamente a su derecho de pensión, después de recibir críticas por la inhibición que había presentado para no ser parte del caso[1]. 

No es la primera vez que la fiscalía general queda vacante en un contexto de cuestionamientos. De hecho el nombramiento de la fiscala fue realizado en un momento donde se ventilaba otro escándalo de alto perfil (conocido como “Cemento chino“) a finales de 2017, cuando el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán fue involucrado y también se acogió a su derecho de pensión.   

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Venezuela: La pandemia del fin del mundo

José C. Ugaz SM*

De cómo la gran corrupción y su cleptocracia funcional, destruyeron una nación, condenando a la desgracia a millones de venezolanos, que pasaron del sueño de Bolívar a una pesadilla interminable.

La gran corrupción es como el coronavirus. Así como éste se introduce en los organismos en silencio y no se hace visible hasta que ya se apoderó de ellos, la corrupción va socavando las estructuras del Estado y sus instituciones, soterradamente, hasta que es muy tarde para prevenirla. Como el virus, la corrupción tampoco distingue género, edad o clase social, aunque sin duda alguna, golpea con fuerza a los más vulnerables, para quienes muchas veces resulta fatal. Y como lo estamos viendo con la COVID-19, la corrupción también profundiza la pobreza y destruye la economía. Al igual que el micro-organismo, se contagia fácilmente, se esparce sin límites, y no tiene cura, sólo puede controlarse en sus efectos terminales con ciertas vacunas. A esto se suma que no es estática, se va transformando, cual nueva cepa resistente a los anticuerpos, lo que hace muy difícil su erradicación.

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La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la “Lista Engel” en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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Súper red de Corrupción en Venezuela

Eduardo Salcedo-Albarán* & Luís Jorge Garay-Salamanca**

En 2019 Venezuela obtuvo el mismo Índice de Percepción de Corrupción que Yemen, el país con “la mayor crisis humanitaria del mundo”[1]. Con un puntaje de 15/100 y ocupando el puesto 176 entre 179 países, incluso Corea del Norte o la República Democrática del Congo obtuvieron mejores puntajes que Venezuela: 18/100.[2]

El pésimo Índice de Percepción de Corrupción en Venezuela refleja la opacidad generalizada, el clientelismo, y la mala gestión que caracteriza a la mayoría de los sectores y ramas mas de la administración pública del país; condiciones que sustentan a la que se ha convertido en la red de macro-corrupción y cooptación institucional más compleja del mundo.

Una red de corrupción es un modelo que informa cómo los nodos/agentes – que representan a individuos y empresas – interactúan para cometer actos de corrupción y obtener objetivos ilícitos. Aplicando metodologías y protocolos del análisis de redes criminales, con estos modelos se puede entender características de la estructura como, por ejemplo, quiénes son los nodos/agentes centrales, cuáles son sus niveles de responsabilidad, cuáles son las principales formas de interacción, y cuáles los recursos que fluyen a través de las rutas indirectas.

Antes de modelar y analizar la situación de corrupción en Venezuela, Lava Jato era la red de corrupción transnacional más compleja que se hubiera investigado empíricamente. Originada con once de las empresas más poderosas de Brasil, Lava Jato se extendió por Latinoamérica involucrando empresas, alcaldes, gobernadores, y presidentes que gestionaron sobornos en forma de donación durante procesos electorales. Las donaciones y los sobornos pagados directamente a candidatos y funcionarios públicos en el contexto de Lava Jato alcanzaban USD$ 800 millones según investigaciones judiciales adelantadas hasta 2019.

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Fraude en el Río Gualcarque – ¿Tendrán las víctimas su día en los tribunales?*

Naomi Roht-Arriaza**

¿Quiénes son las víctimas de la gran corrupción?  Hasta hace poco, la respuesta solía ser “nadie” o, en el mejor de los casos, el propio Estado.  Pero, especialmente con la llegada de un enfoque de la corrupción desde los derechos humanos en los sistemas internacionales de protección, tanto interamericano como de las Naciones Unidas, esa percepción está cambiando lentamente.  La gran corrupción afecta toda la gama de derechos humanos de individuos y de grupos.  Cuando se violan estos derechos, los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de investigar, perseguir, procesar y otorgar reparación.  La Convención de la ONU contra la Corrupción refleja el requisito de acceso a la justicia en su artículo 35.

Sin embargo, los tribunales nacionales se han mostrado reacios a reconocer los derechos de quienes han sufrido daños, ya sea para participar en los procesos judiciales relacionados con la gran corrupción o para ser reconocidas como víctimas que deben ser reparadas.  En parte, la reticencia se debe a las dificultades que crea la doctrina jurídica para establecer el vínculo causal entre un acto específico de corrupción y el daño a una persona o grupo concreto. Para crear la misma “cascada de justicia” que se aprecia en los casos de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas de la corrupción deberían poder solicitar reparación mediante una acción penal o civil, sea como individuos o comunidades o a través de organizaciones que los representen.  Cuando un fiscal haya presentado cargos, las víctimas deberían poder, como en Francia y España, participar plenamente en el proceso.     

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Lucha contra la corrupción con un poder judicial independiente y con integridad

Daniel Kempken*

La corrupción es un factor de inestabilidad en todo el mundo que sólo puede combatirse con un poder judicial independiente. La implementación de los enfoques prometedores dela Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC) debería ser reforzada por la comunidad internacional. Para ello, se puede aprovechar una próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU que abordará la lucha contra la corrupción, así como la 9ª Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC.

La Convención de la ONU contra la Corrupción marca el rumbo

En el derecho internacional, la conexión entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un poder judicial independiente y con integridad está estipulada en el artículo 11 de la CNUCC, que ha sido ratificada por 181 estados. El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados no se cansa en señalar que la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial deben ir de la mano. En las normas de aplicación del artículo 11 de la CNUCC y en los comentarios sobre la Convención, se exige a los Estados Parte procedimientos objetivos de selección de jueces, así como normas de integridad y transparencia. Entre los aspectos más importantes están además la protección contra la remoción, la remuneración adecuada y la seguridad personal de los jueces y juezas.

Para poner en práctica lo que establece la CNUCC, habría que insistir todavía más en esa conexión inseparable entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la independencia e integridad del poder judicial. En el marco de la cooperación internacional, hay que plantear con mas fuerza esta conexión.

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La inmunidad judicial: un arma de doble filo en Guatemala*

Hannah Jane Ahern** e Ursula Indacochea***

El 01 de febrero de 2021, la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D, emitió una orden de aprehensión contra el ex juez Mynor Mauricio Moto Morataya, a solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI). Moto era investigado por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el marco del caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” sobre corrupción y manipulación en el proceso de elección de altas Cortes que se llevó a cabo el año pasado. Moto es un personaje clave en este complejo caso de cooptación de la justicia, y hasta poco antes de ordenarse su captura, se desempeñaba como titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

La jueza Aifán tiene a su cargo casos de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado, casos de macro corrupción y otros delitos de alto impacto, lo que le ha expuesto a amenazas de violencia, hostigamientos, campañas de desprestigio, y otros intentos a obstaculizar su trabajo. Reconociendo las amenazas, presiones y represalias que ha enfrentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares, ordenando al Estado de Guatemala que proteja su vida e integridad de protección. Aifán es reconocido en Guatemala, pero también a nivel internacional como luchadora en contra de la corrupción y a favor de la transparencia e independencia de los sistemas de justicia. Es recipiente del premio International Women of Courage del Departamento del Estado de Estados Unidos para el año 2021.

La orden de captura contra Moto causó revuelo, pues se produjo luego de que fuera elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar la Corte de Constitucionalidad del país, y de que fuera irregularmente juramentado por el Congreso el 26 de enero de 2021, pese a que aún se encontraba pendiente la resolución de impugnaciones a su nombramiento (juramentación posteriormente anulada por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad). Precisamente, para desempeñarse en su cargo, Moto había solicitado al Consejo de la Carrera Judicial que se le colocara en la situación de “excedencia” hasta el 13 de abril de 2021, lo cual le fue concedido. Por tanto, cuando Aifán ordenó su captura, Moto ya no se desempeñaba como juez, ni tampoco había asumido el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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Honduras, donde el “blindaje” a la corrupción sí ha funcionado

CESPAD*

¿Cómo avanzan los casos de corrupción que dejó la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras? ¿Qué tanto han afectado las reformas a algunas leyes que aprobaron las y los diputados del Congreso Nacional? Un breve y preocupante panorama evidencia que el “blindaje” a las redes de corrupción sí ha funcionado en este país centroamericano.

Para analizar el tema, el caso de corrupción conocido como “Red de Diputados” se vuelve emblemático. En diciembre del 2017, el binomio conformado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, hoy llamada UFERCO), presentó este caso, dando inicio a una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), a través de la que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.

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