Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte III): El esquema de negocios en el caso «Alimentos para Venezuela» y la respuesta de las autoridades mexicanas

Jan-Michael Simon

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En la primera parte de esta serie se analizaron dos causas penales en curso en los EE. UU. sobre el blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano. Una de estas trata de comisiones clandestinas en compras de productos alimenticios exportados desde México y destinados a un programa social del Estado venezolano (caso Alimentos para Venezuela).

En la segunda parte, se analizó cómo la justicia de México aborda el caso Alimentos para Venezuela en su propio territorio. Comparada con las consecuencias de una condena en EE. UU., dónde se esperan altas penas y el decomiso del total de los capitales involucrados, se demuestra que la respuesta mexicana al caso, de buscar concluir el caso por medio de acuerdos reparatorios, es poco significante e ignora reglas básicas de la prevención del delito y estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, al tiempo que difícilmente compagina con estándares interamericanos en materia de corrupción y derechos humanos.

La tercera parte de la serie analiza el esquema de negocios en el caso Alimentos para Venezuela, y la calidad de la respuesta de las autoridades mexicanas de cara a la naturaleza ilícita de este esquema. El autor concluye, en base de los indicios disponibles, que el esquema de negocios buscaría disimular la fuente financiera de las comisiones clandestinas mediante un cálculo compensatorio oculto. Este cálculo absorbería cantidades de productos reducidas por transacciones comerciales sobrevaloradas, en transacciones a precios muy bajos con productos de la misma y/o similar categoría de calidad inferior.

Se concluye que las autoridades mexicanas no establecieron ni revelaron la naturaleza ilícita del esquema de negocios. Esto abre la interrogante sobre cuáles son los razonamientos fácticos y jurídicos que harían que el caso fuera susceptible de acuerdos de reparación. Esto incluye preguntas sobre quién tendría el derecho a la reparación y estaría facultado para firmar acuerdos de reparación.

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La corrupción y la incapacidad de las instituciones en Latinoamérica

Jaime Chávez Alor*

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a nivel mundial para el desarrollo nacional. Afecta el goce y disfrute de derechos civiles y económicos, genera discriminación en la implementación de políticas públicas violando derechos humanos e incapacita a las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera plena.

En Latinoamérica la corrupción ha tenido un impacto significativo en los gobiernos y espacios públicos, convirtiéndose así en una de las mayores y más complejas problemáticas que la ciudadanía identifica en su sociedad y entorno. A partir de ello, el combate a la corrupción ha sido una creciente prioridad en la agenda pública de los países de la región. Sin embargo, sigue habiendo una discrepancia en la mayoría de los países entre la agenda pública en discurso y la realidad.

La legislación insuficiente o inadecuada para hacer frente a la corrupción, la debilidad institucional que deriva en una falta de implementación de las políticas anticorrupción, así como investigaciones ineficaces para sancionar actos de corrupción, merman el Estado de derecho.

Desde el punto de vista del derecho privado, la ausencia de garantías legales afecta el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Todo análisis de inversión implica comparar posibles destinos basados en la confiabilidad del Estado de derecho, incluyendo, por supuesto, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Además de desarrollar un plan de negocios, los inversionistas de cualquier país evalúan también, sobre todo en negocios que tocan o involucran el gobierno, el régimen anticorrupción, incluida la viabilidad de mitigar los riesgos de corrupción estatal, demoras excesivas o imprevisibilidad en la toma de decisiones regulatorias y judiciales, así como otras divergencias del Estado de derecho. Los riesgos de este tipo elevan el costo percibido de hacer negocios y, para las empresas que respetan la ley, disuaden la inversión.

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Cuando la corrupción no tiene rastro de dinero: las sanciones pasan por alto casos cruciales

Holly Dranginis*, Brittany Benowitz** y Kailey Wilk***

Este artículo fue originalmente publicado en Just Security, donde también está disponible una versión en inglés.

En la orilla occidental del lago Izabal en Guatemala, un estado de sitio instituido por el gobierno guatemalteco envolvió al pueblo de El Estor el octubre pasado. Las fuerzas de seguridad del Estado, incluidas unidades de la policía nacional, condujeron redadas violentas que resultaron en más de 60 arrestos. Esta fue la última de una historia de fuertes medidas contra los residentes allí, que son principalmente miembros de la comunidad indígena maya Q’echi’. Tal represión es una característica constante de la cleptocracia en Guatemala y recuerda un período de violencia tan extrema y dirigida contra las poblaciones indígenas, como para ser reconocida ampliamente como un genocidio.

Muchos jueces y fiscales valientes en Guatemala han buscado restaurar el estado de derecho y poner fin al acaparamiento ilegal de tierras que ha alimentado la violencia. Sin embargo, sus esfuerzos se han visto bloqueados por redes corruptas que han capturado las tres ramas del gobierno. La comunidad internacional ha respondido sancionando a pocos actores de nivel inferior involucrados en esquemas de corrupción, pero hasta ahora no ha perseguido a los autores intelectuales que usan su influencia para asegurar nombramientos de alto nivel en el sector judicial para sus amigos. Para abordar este desafío, los funcionarios encargados de las sanciones necesitan enfocarse menos en los operadores de bajo nivel que entregan sobornos y más en el tráfico de influencias de alto nivel.

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Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado venezolano (Parte II): rendición de cuentas en México

Jan-Michael Simon

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En la primera parte de esta serie, el autor analizó dos causas penales en curso ante la justicia de los EE. UU.: caso Viviendas y caso Alimentos para Venezuela. Ambas tratan de operaciones comerciales con capitales comprometidos por corrupción de la inversión del Estado venezolano en el bienestar de su población. En la presente contribución, en cambio, se examina cómo la justicia de México lidió con la ramificación del caso Alimentos para Venezuela en su territorio. El autor concluye que existe una marcada disparidad en cómo la justicia mexicana y la estadounidense enfrentan este tipo de casos. Se concluye que la respuesta mexicana ignora las reglas más básicas de la prevención del delito y estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, al tiempo que difícilmente compagina con los estándares interamericanos en materia de corrupción y derechos humanos, desarrollados por la CIDH. En la tercera parte de esta serie se evaluará la respuesta mexicana de cara al esquema probable de negocios en el caso Alimentos para Venezuela y de su probable magnitud real.

Introducción

Grandes jurados en el Distrito Judicial del Sur de Florida acusan actualmente en dos causas penales a actores cercanos a la administración de Nicolás Maduro del blanqueo de centenares de millones de dólares americanos en territorio estadounidense. Estas representan solo una fracción del total de las causas penales ante la justicia de los EE. UU. que involucran a la administración de Maduro.

La primera causa (denominada caso Viviendas para Venezuela) trata de capitales comprometidos por corrupción en el sector público de construcción de viviendas sociales. La segunda (caso Alimentos para Venezuela), trata de capitales comprometidos por esquemas de corrupción de subsidios públicos para alimentos para la población, principalmente, entre los años 2016 y 2019. Ambas implican un total de recursos comprometidos de aproximadamente USD 2.000 millones.

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Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte I): Rendición de cuentas ante la justicia de los EE. UU.

Jan-Michael Simon

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En un contexto notoriamente conocido a nivel internacional, de corrupción pública generalizada en Venezuela, se espera que la justicia de Estados extranjeros reaccione de manera efectiva cuando su territorio es utilizado para blanquear capitales comprometidos por prácticas corruptas en territorio venezolano. En la primera parte de una serie de blogs, el autor analiza dos causas penales en curso ante la justicia de los EE. UU. (caso Viviendas y caso Alimentos para Venezuela). El autor concluye que, en caso de una sentencia condenatoria, las penas privativas de libertad serán probablemente altas y se decomisará el total de los capitales implicados en el blanqueo. En una segunda parte de la serie de blogs, se analizará cómo la justicia mexicana lidió con la ramificación del caso Alimentos para Venezuela en territorio mexicano.

Introducción

Actualmente, ante la justicia de los EE. UU., se desarrolla un proceso penal contra un autonombrado “agente antibloqueo” de Venezuela. Este proceso representa otro paso en la búsqueda de rendición de cuentas en el extranjero por la corrupción del Estado venezolano. Su imagen como “embajador venezolano, [quien] ha suministrado alimentos básicos… para satisfacer las necesidades de los programas de bienestar social en Venezuela”, contrasta con acciones legales en los EE. UU. emprendidas contra él y sus socios.

Las autoridades estadounidenses los acusan de conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales y blanqueo de instrumentos monetarios de cientos de millones de dólares americanos. Estos provendrían de los negocios transnacionales de los acusados, vinculados a actos de corrupción del Estado venezolano en la inversión en el bienestar de su población, particularmente, corrupción pública relacionada con la importación de alimentos básicos.

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La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción. 

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa: Reflexiones en torno a la próxima elección

Evelyn Villarreal Fernández*

Costa Rica atraviesa por uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente. En este período el Ministerio Público (MP) ha sido cuestionado por su efectividad en casos de alto perfil anteriores y, sin duda, será sometido a un fuerte escrutinio en el desarrollo del caso más reciente denominado «Cochinilla«. En medio de esta investigación, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio se acogió de inmediato y anticipadamente a su derecho de pensión, después de recibir críticas por la inhibición que había presentado para no ser parte del caso[1]. 

No es la primera vez que la fiscalía general queda vacante en un contexto de cuestionamientos. De hecho el nombramiento de la fiscala fue realizado en un momento donde se ventilaba otro escándalo de alto perfil (conocido como «Cemento chino«) a finales de 2017, cuando el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán fue involucrado y también se acogió a su derecho de pensión.   

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Venezuela: La pandemia del fin del mundo

José C. Ugaz SM*

De cómo la gran corrupción y su cleptocracia funcional, destruyeron una nación, condenando a la desgracia a millones de venezolanos, que pasaron del sueño de Bolívar a una pesadilla interminable.

La gran corrupción es como el coronavirus. Así como éste se introduce en los organismos en silencio y no se hace visible hasta que ya se apoderó de ellos, la corrupción va socavando las estructuras del Estado y sus instituciones, soterradamente, hasta que es muy tarde para prevenirla. Como el virus, la corrupción tampoco distingue género, edad o clase social, aunque sin duda alguna, golpea con fuerza a los más vulnerables, para quienes muchas veces resulta fatal. Y como lo estamos viendo con la COVID-19, la corrupción también profundiza la pobreza y destruye la economía. Al igual que el micro-organismo, se contagia fácilmente, se esparce sin límites, y no tiene cura, sólo puede controlarse en sus efectos terminales con ciertas vacunas. A esto se suma que no es estática, se va transformando, cual nueva cepa resistente a los anticuerpos, lo que hace muy difícil su erradicación.

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La importancia de la lista Engel: contra la corrupción y en defensa de la democracia

Katharine Valencia*

Adaptado de un artículo publicado originalmente en Revista Factum.

Versión en inglés aquí.

En las últimas semanas se ha prestado mucha atención a la «Lista Engel» en Centroamérica. La lista de actores corruptos y antidemocráticos publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 1 de julio fue muy esperada, especialmente después de que en mayo se publicó una lista de funcionarios corruptos centroamericanos solicitada por la congresista Norma Torres. Con la lista de Torres allanando el camino, un total de 55 individuos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos en la Lista Engel, incluyendo jueces de alto nivel, miembros del Congreso y (en el caso de El Salvador) funcionarios de la administración presidencial. 

Muchos de los incluidos en la lista o asociados a los nombrados han tratado de restarle importancia o han afirmado la falta de pruebas contra ellos. Pero, ¿qué significa realmente la inclusión en la lista Engel? ¿Qué importancia tiene desde la perspectiva de Estados Unidos y qué peso tiene?

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

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La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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