The Urgent Need to Consolidate Democracy and the Rule of Law in Haiti

Gaël Pétillon*

Versión en español aquí. 

According to the Haitian Constitution, the legislative, executive, and judicial powers constitute the essential foundation on which the State’s organization is based. Within the exercise of their respective powers, duties, and functions, they are entirely independent. However, since January 2020, the failure to hold legislative elections has resulted in a gradual deterioration of this branch of power, the mandate of all deputies and two thirds of the senate having ended. The assassination of President Jovenel Moïse on the night of July 6th to 7th, as well as the death of the President of the Court of Cassation have worsened the situation from an institutional standpoint. This situation has exacerbated the dysfunction of the three branches: the National Assembly and the Superior Council of the Judiciary (Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire – CSPJ) are now null, while the executive struggles to lead the nation effectively. An institutional vacuum is being created on top of the political and health crisis. Moreover, the recent earthquake of August 14, 2021 generated additional urgent needs, further exacerbating the aforementioned shortcomings and suggesting an upcoming deterioration of the human rights situation in Haiti.

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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Fighting Corruption in Mexico? The Paradoxes of the Cienfuegos Case

Ximena Medellín Urquiaga*

Versión en español aquí.

Few people could have predicted that Salvador Cienfuegos would return to the public eye so forcefully, years after leaving his post as Mexico’s Secretary of National Defense. Nonetheless, the retired general is now at the center of an international scandal that could undermine the legitimacy of the anti-corruption discourse of the current administration of President Andrés Manuel López Obrador.

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¿Lucha contra la corrupción en México? Las paradojas del caso Cienfuegos

Ximena Medellín Urquiaga*

English version here.

Difícilmente alguien hubiera podido predecir que Salvador Cienfuegos regresaría al debate público con tal fuerza, años después de haber dejado su cargo como Secretario de la Defensa Nacional en México. Sin embargo, hoy por hoy, la figura del General en retiro se sitúa en el centro de un escándalo de dimensiones internacionales, que puede tirar por tierra la legitimación del discurso contra la corrupción del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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La consulta popular: entre la constitución y la justicia transicional en México

Issa Cristina Hernández Herrera*, Jorge Peniche** y Daniel E. Torres Checa***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve cientos de casos al año, pero solo algunos consagran su posición en el imaginario colectivo. La sesión del jueves pasado que resolvió la constitucionalidad de la consulta popular es uno de ellos. No solo por el impacto político que tuvo su resolución, sino sobre todo, por los procesos de justicia que podrían derivar de la nueva pregunta planteada por el máximo Tribunal. 

Ante el justificado reclamo por paz, verdad y justicia, el discurso que envuelve a la consulta popular coquetea cada vez más con mecanismos de justicia transicional (JT). Con el fin de contribuir al debate, este texto propone estudiar la resolución desde tres aproximaciones distintas: la interpretación de la Corte sobre la consulta popular, las implicaciones de la nueva pregunta y, finalmente, una aproximación general sobre las consultas populares y su valor en la justicia transicional.

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Interferencias indebidas a órganos de la justicia internacional: el reciente caso de la CPI

Michelle Reyes Milk*

El pasado 2 de septiembre, el mundo del Derecho Penal Internacional fue una vez más sacudido por un nuevo acto de intimidación contra la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la administración de Trump, esta vez dirigido a la más alta autoridad en materia de investigación: la propia Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda. En concreto, a inicios de este mes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció que Estados Unidos tomaría una serie de medidas contra la Fiscal Bensouda y contra un integrante clave de su equipo, Phakiso Mochochoko, Director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, que incluyen la imposición efectiva de sanciones contra dichos altos funcionarios, incluyendo congelamiento de sus activos y bloqueo de sus propiedades. Asimismo, se podrían adoptar sanciones contra otras personas que brinden apoyo material a las potenciales investigaciones contra nacionales estadounidenses.

La medida implementa la Orden Ejecutiva 13298 adoptada en junio de este año por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, denominada “Bloqueo de las Propiedades de Ciertas Personas Asociadas con la Corte Penal Internacional”, adoptada argumentando una amenaza contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, así como una emergencia nacional.

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El uso de la fuerza tiene límites

Juana María Ibáñez Rivas*

En los últimos meses América Latina ha sido escenario de una serie de protestas que han movilizado a una población indignada y hastiada de las violaciones de derechos humanos y de los atentados al Estado de derecho en sus países. Como respuesta, los Estados han ordenado la actuación de las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden interno y, en algunos casos, de las fuerzas armadas. Como bien sabemos, estas últimas tienen una formación y un entrenamiento orientados a la defensa del Estado y, en esa medida, su intervención en asuntos de mantenimiento del orden interno resulta más que problemática. Protesta, criminalización de la misma, mantenimiento del orden interno, militarización de la seguridad pública son sólo algunos de los temas en juego.

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Corrupción y crímenes atroces en México: El caso Nayarit

Lucía Chávez*

La corrupción es definida por la organización Transparencia Internacional como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”. Esta misma organización define la corrupción a gran escala como los “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.” [1]

Es de conocimiento y reconocimiento público los extremos a los que ha llegado la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado, y las consecuencias para los derechos humanos de los actos criminales que se cometen con motivo de esas alianzas. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos[2], es claro en identificar estos nexos a partir del estudio del caso Ayotzinapa. Pero otro caso muy claro en donde se conjugan corrupción, crímenes atroces y manifiestos[3], que al ser cometidos por el propio gobierno constituyen violaciones a los derechos humanos y que además gozan de total impunidad, es el caso de Nayarit, en México.

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No. No hay una CICIES en El Salvador.

Celia Medrano*

En enero 2019, el aún candidato a la presidencia, Nayib Bukele, afirmó que una de sus primeras acciones sería la creación de una comisión contra la impunidad que llamaría CICIES y que esperaba el acompañamiento de Naciones Unidas[1], emulando la experiencia del país vecino Guatemala, con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG).

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