Indulto a Fujimori vulnera control de convencionalidad y derecho de acceso a la justicia de las víctimas

Juana María Ibáñez Rivas*

Hace más de 20 y 15 años, respectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió las sentencias en Barrios Altos y La Cantuta, dos casos emblemáticos y trágicamente representativos del período de conflicto armado de carácter no internacional en el Perú (1980-2000). 

En la sentencia Barrios Altos (2001), la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida de 15 personas y el derecho a la integridad de cuatro que fueron heridas gravemente (una de las cuales resultó incapacitada de manera permanente), en noviembre de 1991, en un inmueble en Lima, en el vecindario conocido como “Barrios Altos”. En la sentencia La Cantuta (2006), la Corte declaró responsable al Perú por violaciones al derecho a la vida, la integridad y libertad personal en perjuicio de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”-La Cantuta, quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992 (dos fueron ejecutados y, los otros ocho, desaparecidos forzadamente). En ambos casos, se demostró que las violaciones fueron resultado de la actuación del “Grupo Colina”, adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional, que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. En las referidas sentencias, la Corte IDH ordenó al Estado investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos.

La sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de 17 de marzo de 2022 que restituye los efectos de la Resolución Suprema de 24 de diciembre de 2017 que concedió un indulto humanitario a Alberto Fujimori y dispuso su libertad[1] representa un incumplimiento de las decisiones de la Corte IDH, así como una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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Pegasus: ¿la “legalización del espionaje” en El Salvador?

Julia Gavarrete*

English version here.

En El Salvador, 35 personas -entre periodistas y activistas- fueron intervenidas con Pegasus. Solo en el periódico El Faro, fuimos 22. Así lo revelamos el 13 de enero de 2022, luego de tres meses de haber sometido a análisis exhaustivos nuestros  celulares. Se trató de un espionaje a través de un software sofisticado denominado Pegasus, capaz de entrar a los teléfonos, infectarlos y tener acceso a todo: información, videos, fotografías, mensajes de texto. Todo significa todo. Citizen Lab y Access Now fueron las dos organizaciones que analizaron nuestros dispositivos telefónicos desde el inicio. Ambas concluyeron el “obsesivo espionaje” al que estuvo sometido la mayor parte del personal de El Faro: 17 meses de intervenciones, de junio de 2020 a noviembre de 2021, y en algunos casos de manera ininterrumpida. Desde la dirección, jefaturas editoriales, personal administrativo y periodistas intervenidos. En esos meses, quienes tuvieron acceso a nuestra información, conocieron los lugares que frecuentamos -con solo echar un vistazo a la geolocalización- y hasta de nuestros problemas familiares. Suficientes detalles como para iniciar una investigación seria para identificar quién estaría detrás y activar las alarmas de un país entero, ¿no? Lo digo de esta manera porque, al menos, eso es lo que pasó en Polonia, donde cinco casos de espionaje bastaron para generar un gran escándalo. 

La noticia de espionaje en Polonia ocurrió casi de manera paralela a la de El Salvador. Cuando en el país se revelaba que 35 personas fueron espiadas con un programa que cuesta millones de dólares y que, según NSO Group, la empresa fabricante, solo se vende a gobiernos y aparatos de seguridad del Estado, el Senado polaco ya había instalado una discusión sobre el uso del software en contra de miembros de la oposición, entre otros funcionarios. John Scott-Railton, uno de los investigadores de Citizen Lab, y quien lideró la investigación en El Salvador, fue entrevistado por el Senado de Polonia. A él se le preguntó sobre el uso de este programa y sus alcances. De ahí que el Senado pidió al gobierno de Polonia que investigara de dónde provenía el espionaje, contra quiénes se usó, además de considerar como necesidad urgente el promulgar leyes que impidan que un espionaje de este nivel vuelva a pasar. 

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La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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The Urgent Need to Consolidate Democracy and the Rule of Law in Haiti

Gaël Pétillon*

Versión en español aquí. 

According to the Haitian Constitution, the legislative, executive, and judicial powers constitute the essential foundation on which the State’s organization is based. Within the exercise of their respective powers, duties, and functions, they are entirely independent. However, since January 2020, the failure to hold legislative elections has resulted in a gradual deterioration of this branch of power, the mandate of all deputies and two thirds of the senate having ended. The assassination of President Jovenel Moïse on the night of July 6th to 7th, as well as the death of the President of the Court of Cassation have worsened the situation from an institutional standpoint. This situation has exacerbated the dysfunction of the three branches: the National Assembly and the Superior Council of the Judiciary (Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire – CSPJ) are now null, while the executive struggles to lead the nation effectively. An institutional vacuum is being created on top of the political and health crisis. Moreover, the recent earthquake of August 14, 2021 generated additional urgent needs, further exacerbating the aforementioned shortcomings and suggesting an upcoming deterioration of the human rights situation in Haiti.

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Las raíces del problema: nuestras recomendaciones a la Administración Biden para enfrentar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

Ursula Indacochea* y Katharine Valencia**

English version available here.

La Administración del presidente Joe Biden tiene muy claro que uno de los principales problemas de su agenda es la gestión adecuada de la migración masiva de personas a los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ha apostado por distanciarse de las políticas violatorias de los derechos humanos y de la narrativa hostil y criminalizante de su antecesor en el cargo, Donald Trump; en su lugar, ha prometido una aproximación humanitaria y medidas efectivas para atacar el verdadero problema de fondo: la inseguridad, la desesperanza y la falta de oportunidades y de bienestar en los países de origen, que obligan a las personas a migrar. 

Esta estrategia, bautizada como “la estrategia de raíces”, viene construyéndose con intervención de varias agencias y descansa sobre una premisa acertada: el carácter estructural de las causas de la migración y el entendimiento de que no se resolverán ni en el corto plazo ni únicamente con la transferencia de recursos financieros a los gobiernos. ¿Por dónde empezar?

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El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño

Juan Carlos Sánchez Mejía*

Arraigada impunidad

A lo largo de la historia, las víctimas de violaciones de derechos humanos nunca han sido la principal preocupación de la justicia salvadoreña. Por ejemplo, no se conocen actuaciones institucionales relevantes para esclarecer los sucesos de 1932, que dieron lugar al asesinato de miles de personas indígenas y campesinas en manos del ejército[1]. Tampoco la justicia se ocupó de la represión que sufrieron cientos de personas opositoras a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta. Testimonios de sobrevivientes y familiares, investigaciones académicas y notas de prensa de la época reportan innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otros oprobiosos actos en contra de la dignidad humana, sin que hayan sido identificados los responsables de estas atrocidades; o sí se sabe quiénes son, estos no han sido acusados. 

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Fighting Corruption in Mexico? The Paradoxes of the Cienfuegos Case

Ximena Medellín Urquiaga*

Versión en español aquí.

Few people could have predicted that Salvador Cienfuegos would return to the public eye so forcefully, years after leaving his post as Mexico’s Secretary of National Defense. Nonetheless, the retired general is now at the center of an international scandal that could undermine the legitimacy of the anti-corruption discourse of the current administration of President Andrés Manuel López Obrador.

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¿Lucha contra la corrupción en México? Las paradojas del caso Cienfuegos

Ximena Medellín Urquiaga*

English version here.

Difícilmente alguien hubiera podido predecir que Salvador Cienfuegos regresaría al debate público con tal fuerza, años después de haber dejado su cargo como Secretario de la Defensa Nacional en México. Sin embargo, hoy por hoy, la figura del General en retiro se sitúa en el centro de un escándalo de dimensiones internacionales, que puede tirar por tierra la legitimación del discurso contra la corrupción del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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La consulta popular: entre la constitución y la justicia transicional en México

Issa Cristina Hernández Herrera*, Jorge Peniche** y Daniel E. Torres Checa***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve cientos de casos al año, pero solo algunos consagran su posición en el imaginario colectivo. La sesión del jueves pasado que resolvió la constitucionalidad de la consulta popular es uno de ellos. No solo por el impacto político que tuvo su resolución, sino sobre todo, por los procesos de justicia que podrían derivar de la nueva pregunta planteada por el máximo Tribunal. 

Ante el justificado reclamo por paz, verdad y justicia, el discurso que envuelve a la consulta popular coquetea cada vez más con mecanismos de justicia transicional (JT). Con el fin de contribuir al debate, este texto propone estudiar la resolución desde tres aproximaciones distintas: la interpretación de la Corte sobre la consulta popular, las implicaciones de la nueva pregunta y, finalmente, una aproximación general sobre las consultas populares y su valor en la justicia transicional.

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Interferencias indebidas a órganos de la justicia internacional: el reciente caso de la CPI

Michelle Reyes Milk*

El pasado 2 de septiembre, el mundo del Derecho Penal Internacional fue una vez más sacudido por un nuevo acto de intimidación contra la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la administración de Trump, esta vez dirigido a la más alta autoridad en materia de investigación: la propia Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda. En concreto, a inicios de este mes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció que Estados Unidos tomaría una serie de medidas contra la Fiscal Bensouda y contra un integrante clave de su equipo, Phakiso Mochochoko, Director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, que incluyen la imposición efectiva de sanciones contra dichos altos funcionarios, incluyendo congelamiento de sus activos y bloqueo de sus propiedades. Asimismo, se podrían adoptar sanciones contra otras personas que brinden apoyo material a las potenciales investigaciones contra nacionales estadounidenses.

La medida implementa la Orden Ejecutiva 13298 adoptada en junio de este año por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, denominada “Bloqueo de las Propiedades de Ciertas Personas Asociadas con la Corte Penal Internacional”, adoptada argumentando una amenaza contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, así como una emergencia nacional.

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